Actualidad :::: Dramática negociación en La Convención entre Ejecutivo y líderes radicales
Camisea al Rojo Vivo
 |
Instantáneas
que registran tensos momentos entre ministro del Ambiente Antonio Brack
y el presidente del Comité Central del Paro de La Convención, Beltrán
Serrano.
|
Algunos temían que se estaban metiendo en la boca del lobo.
El helicóptero se dirigió a la localidad de Kiteni, pequeño caserío ubicado en un recodo del río Alto Urubamba, donde se ubica la estación de bombeo PS 2 del gasoducto.
La zona fue escenario de múltiples episodios de violencia a partir de las Fiestas Patrias, cuando un grupo de revoltosos intentó tomar la estación de bombeo y cerrar las válvulas, con lo cual hubieran cortado el suministro de gas a la costa.
Las acciones de sabotaje se multiplicaron a lo largo del gasoducto la semana pasada como regreso de polvora.
La fibra óptica vital para el funcionamiento del sistema fue cortada en los puntos KP 128 y KP 150 en días sucesivos. También fueron asaltados los campamentos KP 77, 126, 128 y la estación de comunicaciones en Peladilla.
El sábado 31 de julio, el gobierno decretó el Estado de Emergencia en la provincia de La Convención y envió 350 efectivos para resguardar la infraestructura.
El miércoles 4 de agosto, una nueva refriega entre los manifestantes y las fuerzas del orden produjo dos heridos de bala y pareció ser la antesala de otro “baguazo”.
Ante los hechos de violencia, el premier canceló el viaje a la zona para negociar personalmente con los dirigentes regionales una solución al conflicto.
En cambio, Velásquez Quesquén, con los titulares del MEM, Interior y del Ambiente, se presentó voluntariamente al Congreso y forzó el debate sobre Camisea en el hemiciclo. Fueron 6 extenuantes horas.
El jefe del gabinete afirmó en el Congreso que el Estado no negociaría con los revoltosos mientras no depusieran la medida de fuerza. “No repetiremos el error de Bagua”, aseguró.
El jefe del gabinete tampoco pisó el palito tendido por la congresista Yaneth Cajahuanca de Unión por el Perú (UPP), para quien cada paso del contrato de Camisea fue producto de “aceitadas”.
“A las damas ni con el pétalo de una rosa”, se limitó a responder “Sipán”.
Un tenso compás de espera se produjo a partir de entonces a ambos lados de la cordillera, cada una de las partes atrincherada en su posición.
El fin de semana, monseñor Cabrejos viajó a Quillabamba para ablandar el terreno. El presidente de la Comisión Episcopal se reunió en la Casa de Retiro de la Iglesia del distrito de Santa Ana con más de 100 dirigentes y se produjo el milagro. El comité de lucha anunció una tregua.
Un contingente policial fuertemente apertrechado recibió a la delegación gubernamental al momento de aterrizar en Kiteni. El colegio Miguel Grau fue escenario del primer debate. La decisión de ir primero a Kiteni y luego a Quillabamba partió de una estrategia política.
En Kiteni solo se encontraban los representantes de las distintas comunidades de la zona, mas ninguna de las cabezas principales promotoras del paro. Luego de dos horas de diálogo se fijó las pautas de los principales temas.
Velásquez Quesquén aseguró que el futuro gasoducto Sur Andino será exclusivo para consumo interno y no se alterará en absoluto la Reserva de Megatoni, por donde pasará el ducto de manera subterránea 500 metros a la redonda.
La población propuso disponer de seis técnicos ambientalistas elegidos por ellos mismos para que monitoreen el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. El ejecutivo dio el sí.
Con los ánimos hasta el tope, los ministros despegaron rumbo a Quillabamba para la prueba de fuego. En el cuartel del ejército “Pachacútec” los esperaban Beltrán Serrano, presidente del comité de paro, Ricardo Gómez, presidente del Comité Central de Lucha de la provincia de La Convención y Maximiliana Puma Huamán, secretaria general de la Federación de Trabajadores de Quillabamba.
Fueron cuatro horas de debate. Velásquez Quesquén anunció que en enero se iniciará la construcción de un ramal del gasoducto que desembocará en Quillabamba y una planta de fraccionamiento de gas en Kepashiato, valorizada entre 13.5 y 25 millones de dólares, que será construida con aportes equitativos del gobierno central, gobierno regional y la Municipalidad de La Convención para garantizar gas licuado de petróleo (GLP) para el uso doméstico.
Desde el fondo de la sala se escuchó: “Y tendremos gas barato para cuando me muera”. El barullo empezó a armarse, pero el premier tenía el as bajo la manga: anunció que hasta que se construya la planta, REPSOL venderá el balón de gas en Quillabamba al mismo precio que en Lima, a S/. 33 y ya no a S/. 55.
Velásquez Quesquén aseguró que no se alterará la Reserva de Megantoni. El escándalo estuvo a punto de estallar cuando Beltrán Serrano, cabeza del paro, interrumpió la mesa y acusó al ministro del Ambiente diciéndole: “Usted cuando no era ministro era ecologista, ahora que es ministro usted ya se olvidó de serlo”.
Enérgico Brack Egg pidió que el dirigente se retractara. Durante el crispado intercambio de palabras el ministro saltó como un resorte y se dirigió hacia Beltrán, quien pensó que lo atacaría haciendo un ademán de defensa, pero en lugar de un puño encontró una mano tendida: “Yo soy un caballero y le vengo a dar la mano para expresarle mis respetos”, dijo el titular del Ambiente. Los ministros y los pobladores aplaudieron el cese del tenso momento.
La exportación del gas, reclamo central del paro, terminó por solucionarse a medias. El Primer Ministro indicó que “el gas del lote 88 será de uso exclusivo para todos los peruanos”. Además, recalcó que el gas para la exportación provendrá del lote 56.
Ricardo Gómez, presidente del comité central de lucha de La Convención, aceptó las propuestas de Velásquez Quesquén. Sin embargo señaló que suspenderán el paro solo por 30 días, hasta el 9 de septiembre próximo.
La población de La Convención, jurisdicción donde se encuentran los yacimientos de gas de Camisea, ya está curtida de promesas. En el lugar donde se produce el gas, el balón de GLP es uno de los más caros del país, y ni cuenta con electricidad suficiente.
En junio del 2008, el entonces Premier Jorge del Castillo prometió la construcción de la reclamada planta de fraccionamiento. En diciembre del mismo año, su sucesor en la PCM, Yehude Simon y el actual titular del MEM, Pedro Sánchez, aseguraron que ya se contaba con los estudios de pre-factibilidad del proyecto.
“Se trata de un gran paso”, afirmó César Guzmán-Barrón, director del centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. “Es importante que el primer acuerdo sea en beneficio de las comunidades locales”.
La PUCP dirigió la Defensoría de Camisea durante la construcción del proyecto, una exigencia de la fuente de financiamiento, el Banco Interamericano de Desarrollo. “Los proyectos deben tener rentabilidad económica pero también social”, enfatizó.
Sin embargo, la construcción de la pequeña planta de fraccionamiento tomará varios años en ejecutarse. Está condicionada al tendido del segundo ducto –trabado en el paso del Megantoni–, y carreteras que permitan sacar el producto para su distribución.
La propia ubicación de la planta de fraccionamiento del Kepashiato será materia de mayores estudios debido a su lejanía. Supuestamente la producción atendería la demanda local de GLP de toda la región Cusco, unos 20,000 barriles diarios. La demanda nacional es de 300,000 barriles diarios.
El ex viceministro de Energía, Pedro Gamio, considera otras alternativas igualmente viables, como una planta de gas comprimido o de regasificación del gas licuado producido en Melchorita, Cañete, a través de un esquema de instalaciones modulares. “La fábrica de cemento de Cashimayo en el Cusco, por ejemplo, hace tiempo pide gas”, recordó.
La protesta puso sobre el tapete el destino de los ingentes recursos del canon de Camisea. Entre el 2004 y el 2009, el canon al Cusco fue de S/. 700 millones, 35% para la región, 42% para la provincia de La Convención y 19% para el distrito de Echarate. Según Ricardo Briceño, presidente de la CONFIEP, el Cusco recibe S/. 2.5 millones de canon diarios. La población de la provincia de La Convención apenas supera las 165,000 almas.
JVQ dijo que se realizará una auditoría sobre el uso adecuado de los recursos del canon, iniciativa de Guzmán-Barrón, reconoció. Sin embargo, el problema es más complejo. El problema no es de corrupción necesariamente, sino de falta de capacidad de gestión.
Y, por cierto, de promesas incumplidas. El gobierno y el Consorcio Camisea ofrecieron beneficios extras al margen del canon después de los cinco derrames producidos, y cuyos incumplimientos hoy pasan la factura.
La bandera de lucha de “no a la exportación del gas” se alimenta de la percepción en la población que los beneficios directos del gas los saltan a la garrocha. “El Estado debe preocuparse de que el canon llegue a la población en servicios básicos como energía, educación, salud y vialidad”, dijo Guzmán-Barrón. “Si así fuera, el premier Velásquez Quesquén no tendría que prometer lo que ya fue promesa dos años atrás”. (Información: Oscar Valiente)
Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_ http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3082&S=&id=12&idE=892&idSTo=0&idA=47942
