Dolores del crecimiento

por Mirko Lauer

El drama político de este gobierno en su cuarto año se parece mucho al drama político del gobierno anterior por la misma época: para una mayoría de la población, 48 meses de buen crecimiento económico, el logro más importante desde la perspectiva oficial, parecen valer pito. Hasta ahora no hay cómo saber si la gente quiere más crecimiento, o menos desigualdad, o más chorreo, o simplemente alguna otra cosa, que el gobierno no parece saber qué es.

Para Alan García estos años han sido de lucha por imponer el crecimiento económico y sus efectos como el principal criterio de validez política. Que el discurso más bien torpe de Alejandro Toledo no lo lograra, era previsible. Pero se suponía que el talento de seductor de García unido a la presencia de muchos más recursos en una economía estable le darían la ventaja decisiva al neoliberalismo enfrentado al “antisistema”.
Toledo sufrió parecidos rigores. Produjo 60 meses de buen crecimiento sostenido, pero su gobierno y su persona fueron detestados por una gran mayoría. Haber producido ese crecimiento no parece un factor decisivo en su expectante intención de voto actual. Mientras gobernó la economía no fue un dato redentor, ni siquiera entre los sectores más favorecidos por ella. Al final sus trabajos fueron recompensados con un súbito, mezquino 30% de aprobación.

Todavía es un enigma si el reconocimiento de méritos buscado por García se dará en el mediano o largo plazo. Pero lo de más impacto en el corto plazo es que el crecimiento no ha producido aprobación mayoritaria. Pero a la vez es notorio que los políticos, incluso opositores, que sintonizan con la política económica del crecimiento realmente existente son los que dominan el campo.
Dos fenómenos confluyen para crearle esta dificultad al gobierno: de un lado la resistencia al crecimiento económico predominante en sí mismo, que viene del hemisferio norte, y es parte del bagaje de muchos discursos ecológicos; y de otro la queja contra la forma específica que ha tomado el crecimiento en el país. Esto último en lo esencial significa la constatación del poco chorreo que ha habido.

Podemos añadir una variante local: la atávica sospecha que despierta la idea misma de bonanza en el Perú, como algo transitorio, en la medida que depende de los precios internacionales, que solo beneficia a un puñado de personas, y que deja más pobreza que antes. Esto es parte de lo que está contenido en la crítica a que la producción peruana siga siendo, como siempre, sobre todo de materias primas.
En una línea de análisis, más bien sutil, algunos críticos de la política económica de este gobierno (que no es sino la prolongación de la de los anteriores tres gobiernos) no critican el crecimiento en sí mismo sino sus insuficientes y hasta contraproducentes efectos sociales. Estos son los discursos que participan del debate nacional en los medios, y que suelen ser llamados de izquierda, a pesar de que históricamente la izquierda ha sido pro-crecimiento.

Son varios los estudios que muestran que el crecimiento no gana adeptos políticos cuando no aborda a la vez la desigualdad. La gente no solo da importancia a su propio avance, sino que tiene los ojos muy puestos en que se respete la equidad. De otro modo el crecimiento es percibido como un enemigo de la movilidad social, y un mecanismo para mantener las ventajas de los ricos.
A la vez el crecimiento tal como viene existiendo también recibe él mismo críticas, y no solo en el Perú. Es considerado, entre otras cosas, antiecológico, antinacional, expoliador, agravador de la desigualdad. Aquí de alguna manera se le equipara con las recurrentes bonanzas del pasado que dejaron al país en el mismo predicamento en que se encontraba antes: un mero ejercicio de saqueo antipopular.

El gobierno ha elegido el camino de responder estas críticas mostrando las obras y los adelantos logrados a partir de una caja fiscal enriquecida por el crecimiento: un Perú que avanza produciendo inéditos niveles y formas de acceso a recursos de todo tipo. La relación de avances no es desdeñable, y supera las de otros gobiernos. Pero el impacto en la política es limitado. ¿Por qué?
El encono ideológico no tiene mucho poder explicativo en estos tiempos en que la política se maneja por temas puntuales, más que por conjuntos complejos de ideas. Una mejor explicación es que simplemente los logros se quedan cortos frente a las necesidades y las aspiraciones. Tal vez el acceso a los servicios básicos, como la telefonía o la vivienda, el agua o la energía eléctrica, valoradísimo en otro tiempo, ya no es considerado un logro decisivo, o siquiera suficiente.

En otras palabras, el crecimiento puede haber servido a muchos, pero no ha podido producir un estado de conciencia social capaz de aniquilar los sentimientos de necesidad, de postergación, de injusticia social o de protesta que marcan el siglo XX peruano y su secuela. Una versión de demasiado poco demasiado tarde, quizás.
Además no olvidemos que la economía viene creciendo unos 10 años, y los efectos sociales de ese crecimiento no han sido tan dramáticos como su proclamación desde el oficialismo o el empresariado. Hay la constatación de que la pobreza no se reduce ni remotamente a un ritmo parecido al del crecimiento.
Algunos consideran que la mejoría socioeconómica trae sus propios conflictos. Por ejemplo la conciencia de que el crecimiento enriquece más a los que ya son ricos o prósperos, y deja a los viejos bolsones de rezagados por el camino. O los efectos de la clásica revolución de las expectativas, alentada por el discurso triunfalista del capital.

Lo que el gobierno no ha podido lograr en cuatro años es un difundido sentimiento de participación en el crecimiento peruano, o que la constatación de algunas mejorías influya en la opinión política. ¿Cuáles son los factores que han interferido con esto, produciendo un electorado mayormente pro-capitalista, pero a la vez un gobierno impopular?

Un posible motivo es que García haya asumido la defensa del status quo económico como una confrontación con sus cuestionadores. La protesta ha sido etiquetada y tratada como anti-crecimiento y anticapitalista de partida. Esto a pesar de que buena parte de los conflictos en este nuevo siglo son de raigambre capitalista: precios, mercados, defensa de condiciones ambientales de producción, acceso a diversos recursos.

Esta situación, cuyo epítome es la teoría del perro del hortelano, permitió a la oposición política de izquierda reciclar muchos de esos reclamos, difundidos por todo el país, como parte de una lucha contra las bases mismas del crecimiento, y en segunda instancia del gran capital privado. No se logró formar un movimiento nacional unificado, pero sí crear desde los medios un estado de ánimo resistente a los avances del capital.
El gran argumento contra lo anterior ha sido, machaconamente, el crecimiento y sus efectos. El argumento está allí, pero no parece fácil usarlo. Hay cifras negativas para neutralizar las cifras positivas. La pobreza, aun reducida, tiene una elocuencia difícil de poner de lado. Los avisos sobre que El Perú avanza, pagados por el gobierno, son indicativos de su poca llegada al público.
Una explicación adicional podría ser que la gente reconoce el crecimiento, y lo aprecia incluso, allí donde le toca, pero se resiste a reconocer que sea realmente un mérito del gobierno. Sería más bien un sentimiento de que el mérito es de la propia sociedad, y el gobierno queda más bien como la fuente de todos los errores producidos por el camino.

Pero esta idea de una población pro-política económica y anti-gobierno es desmentida por lo que sucede en las encuestas. Los sondeos del IOP-PUCP en Lima, por ejemplo, muestran que la idea de que la economía peruana mejoraría fue bajando de 60% en enero del 2007 a 35% en enero del 2010, y la aprobación de García pasó de 59% a 36% en el mismo periodo. En ese plazo el crecimiento nunca se detuvo.
Este tipo de paralelismo no es automático. Una encuesta mundial del Pew Institute, Washington D.C., de junio pasado muestra que cuando la gente tiene una percepción de que hay pocos problemas en la economía (50% o menos) la inestabilidad política puede sin embargo ser significativa, y al revés. Como que no siempre hay premio político a una gestión económica de crecimiento.
¿Qué quiere la gente? Pareciera que no quiere un crecimiento en que el gobierno patrocina los negocios privados. No es que esté necesariamente en contra, sino que eso no es la estofa de la que está hecha su relación con la política. La gente quiere un crecimiento sumado a discursos que sintonicen con sus circunstancias: la esperanza, el consuelo, la identidad, no tanto con las limitaciones de la realidad.

Quizás no es casual que varios de los gobiernos latinoamericanos de izquierda hayan producido poco crecimiento en el quinquenio y una deleznable reducción de la desigualdad, pero que sus presidentes tengan índices de aprobación considerablemente más altos.
García asumió y planificó un quinquenio de redención de sus traspiés de 1987-1990, y eso significó asumir, con la fe del converso, el discurso del crecimiento económico como cimiento de su imagen y de su gobierno. Al no poder uncir el prestigio del crecimiento a su política, empezó desde temprano a vivir un deterioro de su imagen, que a su vez redujo el prestigio del crecimiento: un círculo vicioso heredado del toledismo y que seguramente le va a transferir a su sucesor.

¿Lo tenía calculado García? La experiencia de Toledo sugiere que ya lo sospechaba. Pero quizás pensó que la cosa era asunto de grados, que a partir de cierta intensidad del crecimiento (el famoso “paso al primer mundo”) la cosa empezaría a cambiar. Todavía no ha sucedido, y los plazos se acortan

Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_ http://www.eldiplo.com.pe/dolores-del-crecimiento

¿Arde Caracas?                                 por Maurice Lemoine

 A pesar de llevar adelante una política activa de justicia social, Venezuela sigue exhibiendo una de las tasas de homicidios más altas del mundo. ¿Cómo se explica esta violencia persistente, que el gobierno de Hugo Chávez ha desatendido durante mucho tiempo? La oposición, tanto en el interior como en el exterior del país, no se priva de instrumentalizarla en función de sus objetivos políticos.

Al expresar su hostilidad hacia la Venezuela “bolivariana”, el diario español El País raramente establece matices. Pero a veces se supera a sí mismo: “Caracas es una ciudad sangrante. De sus edificios brotan ríos de sangre, de sus montañas brotan ríos de sangre, de sus casas brotan ríos de sangre […]” (1).

Los habitantes de la capital a cuya consideración sometemos esta prosa estallan de risa golpeándose la sien con la punta del dedo índice. No obstante, sobre este tema candente, y en grados diversos, todos constatan lo mismo: “Tenemos un problema muy serio” (Tulio Jiménez, presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional); “Allá, bajo el puente, mi esposa fue atacada dos veces en dos años” (un brasileño del Movimiento de los Sin Tierra [MST] enviado a Venezuela); “Para la gente que vive en los ‘barrios’, la violencia es parte del pan cotidiano” (un habitante de la inmensa urbanización de Petare); “¡Se mata incluso a policías que tienen chaleco antibalas! Entonces nosotros… ¡Dios mío!” (una trabajadora de Ocumare del Tuy, un suburbio alejado); “En nuestras familias de las comunidades cristianas, casi todos tienen parientes cercanos asesinados. Cuando celebramos una misa comunitaria, es muy raro que no surja el tema: esta semana han matado ¡ya no sé bien a quién!...” (el padre Didier Heyraud, sacerdote en Petare).

Es cierto que con una tasa de 48 homicidios cada 100.000 habitantes en 2008, Venezuela está casi a la cabeza del ranking del espanto. En Caracas, esa tasa es más elevada aún. Se contaron 1.976 homicidios entre enero y septiembre de 2009, en una ciudad de 4,8 millones de habitantes (2)…

Para la oposición, el responsable tiene nombre: “Chávez”. Las postas mediáticas machacan: “Bajo la revolución bolivariana del presidente Hugo Chávez, la capital de Venezuela se ha elevado al rango de las ciudades más violentas del mundo” (3). Miguel Ángel Pérez, vicepresidente del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), hace manifiesta su irritación: “Nos quieren hacer creer que la inseguridad es una creación del chavismo… Lo que supone olvidar que el final de los años 1980 y el comienzo de la década de 1990 fueron terribles: ¡no se podía salir a la calle!”.

De hecho, en diciembre de 1996, dos años antes de la llegada de Chávez al poder, una revista especializada escribía: “Con un promedio de ochenta muertos por balas cada fin de semana, con ataques cotidianos en los transportes públicos, con un desarrollo exponencial de la pobreza y, finalmente, con una crisis económica que carcome al país desde hace más de quince años –la inflación es de más del 1.000% anual–, Caracas se ha convertido desde hace algunos años en una de las ciudades más peligrosas del mundo, tal vez incluso en la más peligrosa” (4). Muy pocos parecen recordarlo. En la lucha política, el olvido es un arma de una eficacia temible.
“Estamos en un año electoral –señala Pérez– (5). En estos años, la curva de lo que se llama inseguridad se dispara, amplificada hasta el infinito por los medios, porque es el caballito de batalla de la oposición”. Hay que ver, cada lunes a la mañana, ante la morgue de Bello Monte, el ejército de reporteros que se precipita, cámaras y micrófonos en mano, hacia los parientes de las víctimas del fin de semana, de preferencia mujeres viejas desconsoladas: “¿Qué siente señora?”

Provenientes de fuentes “extraoficiales”, circulan los alegatos más fantasiosos: “Hoy la tasa de homicidios [del país] supera ampliamente a 70 cada 100.000 habitantes”, miente el diario El Universal (3-6-10). Los venezolanos leen y sienten que su pulso se acelera; sobre todo, cuando viven en barrios adinerados, como Altamira, Palo Grande, La Castellana. Pero el poder tiene su cuota de responsabilidad: las oficinas de prensa de las comisarías del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron suprimidas, y no existe ninguna base de datos, a nivel nacional, que centralice las cifras con criterios comunes. Cada uno puede inventar el “balance récord” que le conviene, sin correr el riesgo de ser desmentido. Y sin nunca analizar las causas del fenómeno; sólo los efectos.

Territorios de exclusión

Comienzos del siglo XX: el oro negro brota del suelo venezolano. Los campesinos desheredados de los Andes y de los Llanos –sabanas que se extienden hasta el infinito– se precipitan hacia las ciudades: Maracay, Valencia, Maracaibo, Caracas. Allí hay trabajo, salarios, pueden recogerse algunas migajas del “milagro petrolero”. “Invadidas”, las colinas y montañas que rodean a la capital se ven rápidamente pobladas. De cualquier manera, a fuerza de ladrillos y trueques, van surgiendo construcciones precarias, sin agua ni electricidad, separadas por pasajes, callejones y abruptas escaleras. Así nacen los cinturones de miseria y, sobre este territorio de exclusión social, lo que se llama inseguridad.

Nada que no sea un clásico, le cuentan a uno aquí y allá, evocando el pasado: “Te robo un par de zapatos, un reloj, una cadena de oro, por necesidad, para sobrevivir, para tener dinero, para poder comer. Un tipo de violencia muy diferente de la que conocemos hoy en día”.

El 25 de mayo se vivió un drama común y corriente en Petare: un joven fue masacrado a cuchillazos y rematado a balazos, cuando trataba de defender a uno de sus amigos que estaba peleándose. ¿Por qué? Bueno… los conflictos entre delincuentes se originan a veces por pequeñeces. Una simple bofetada, un insulto, y se declara la guerra. Las balas silban, un cuerpo cae, digamos el de El Sapo. El Pupilo lo mató. Los amigos de El Sapo lo buscan. Encuentran a su hermano. “¡Dinos dónde se encuentra El Pupilo!” El hombre balbucea que no sabe nada. Una ráfaga sanciona su ignorancia, o su sentido de la solidaridad. Al mismo tiempo, envía al cementerio al pequeño Gabikley, de cuatro años, que jugaba por allí cerca.

¿Quiénes mueren, principalmente en los barrios populares? Los que tienen entre 15 y 25 años, pobres, de piel oscura. Sólo que… “Pasas por allí por casualidad, te encuentras en medio del tiroteo y ¡zas! ¡Es para ti!”. La mejor manera de hacerse matar es resistir: una bala en la cabeza por un teléfono celular, nada menos. Sobre el por qué del fenómeno, cada uno hace su análisis; los mismos que se escuchan en todas partes. “El padre no está, la madre tampoco, lo cuida la abuela, pero el muchacho se desvía. ¡Es culpa de los padres!” Violencia de género, violencia familiar, agresividad reproducida, hacinamiento…

De acuerdo, pero no demos más vueltas: “El factor fundamental es cultural: el venezolano es violento”. ¡De ninguna manera! Lo que ocurre, “es una pérdida de sentido moral: ya no se roba por necesidad, sino por vicio. Se ha creado toda una escala de valores en la cual la moto, la muchacha que va en el asiento trasero, la cantidad de muertos que tienes en tu cuenta, implican respeto”. Más aun cuando el alcohol corre a raudales y las armas circulan por todas partes. Se puede decir esto de esta manera, pero no olvidemos que “la televisión influye de manera determinante, con sus películas violentas y las ganas que genera, a través de la publicidad, de poseer cualquier cosa”. Sobre todo porque “la pobreza se ha reducido, hay más dinero que antes en manos de la gente y, por lo tanto más oportunidades para los delincuentes”. Y como “las leyes los favorecen, y ellos saben cómo usarlas, si los detienen, salen enseguida”.

Curiosa paradoja: en un país donde, en diez años, la tasa de pobreza ha venido cayendo del 60% a cerca del 23% de la población, y la indigencia del 25% al 5%, las cifras de la delincuencia se disparan. ¿No habrá caído el gobierno bolivariano en el análisis reduccionista que atribuye la violencia sólo a la miseria? Es posible suponerlo. Porque, yendo a lo urgente, volcando todas sus fuerzas, y con éxito, en los programas sociales relativos a la salud, la educación y la alimentación, durante mucho tiempo descuidó la inseguridad, que se suponía iba a desaparecer como por encanto como consecuencia de los progresos logrados.

Reformar la policía

Pero, ¿qué hace la policía?, preguntamos. Como en casi toda América Latina, la policía es parte del problema, y no de la solución. “Nuestro drama –confía Soraya El Aschkar, secretaria ejecutiva del Consejo General de Policía (CGP)–, es que no tenemos una policía, ¡sino ciento treinta y cinco!” En este país federal, descentralizado –una herencia del pasado–, cada gobernador, cada alcalde dispone de su propio cuerpo de seguridad. No existe ninguna norma común, ni siquiera para la formación, a menudo confiada a ex militares que, por definición, “dan luz a instituciones más militarizadas que profesionales”.

En Caracas, cinco policías municipales y la Policía Metropolitana comparten el territorio, sin coordinación, a veces incluso opuestas por divergencias políticas. En abril de 2002, elementos de tres de ellas –la Metropolitana, PoliChacao y PoliBaruta–, controladas por alcaldes de la oposición, participaron activamente en el golpe de Estado contra el presidente Chávez.

Página entera de publicidad en el diario Últimas Noticias (25-5-10): el gobernador (chavista) del estado de Anzoátegui hace pública su “tercera lista” de funcionarios expulsados de PoliAnzoátegui: veinticinco policías por, entre otras, faltas de servicio (quince), acoso sexual (dos), robo (cinco) y homicidio (uno). Represiva, desprovista de sensibilidad social, a veces implicada en la delincuencia y en los diversos tráficos, la policía es vivida como una plaga por los venezolanos. A punto tal que el ministro del Interior, Tareck El Aissami, declaró recientemente: “El 20% de los delitos y crímenes cometidos en el país los hacen policías”. Lo que lleva a El Aschkar a afirmar: “Con este modelo, desconectado de la sociedad, sin supervisión ni control interno, la violencia no disminuirá. Sólo la profunda reforma que estamos emprendiendo permitirá garantizar la seguridad”.

El 13 de mayo pasado, ya consciente de la gravedad de la situación y lanzado a una carrera contra reloj, el presidente Chávez inauguró el Centro de Formación Policial (Cefopol) en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) destinada a la implementación de una Policía Nacional Bolivariana (PNB). Nuevo enfoque, nuevos métodos, nueva filosofía: una formación técnica, pero también una sensibilización hacia los derechos humanos y al indispensable vínculo entre policía y ciudadanos. Mil cincuenta y ocho ex agentes de la Metropolitana, sin ningún prontuario a cuestas, fueron seleccionados, formados, y están en actividad en el barrio de Catia; con un balance alentador y una reducción sustancial de la inseguridad. Otros mil están terminando los cursos. Se hizo un llamado a los bachilleres para integrar el nuevo cuerpo que, al término de los tres próximos años, debería alcanzar los treinta y un mil funcionarios. Es mucho y poco al mismo tiempo, ya que se sabe que el resultado no será forzosamente inmediato.

Paramilitares y narcotráfico

Regreso a Ocumare del Tuy. Sentada en una silla de plástico, Sonia Manrique, miembro del Consejo Comunal, deja caer sus manos entre las rodillas: “¡Ahora, es a causa de la droga que un joven va a atacarte!”. La boca de su vecino Andrés Betancur se tuerce de rabia: “Menores, con armas de este calibre, más grandes que ellos… ¿De dónde vienen esas armas? Hay organizaciones mafiosas detrás de ellos”.

Un tema delicado… Según un estudio realizado en 2007, 4.200.000 colombianos viven en Venezuela, habiendo huido de su país, presentado hoy en día por muchos observadores –sin reírse– como un modelo de… “seguridad”. En su inmensa mayoría son personas honestas, decentes, aceptadas y adoptadas (6). Por lo tanto, el corazón del problema puede abordarse sin ninguna xenofobia: la violencia, en Caracas, ha cambiado de naturaleza y de grado. Con la complicidad de funcionarios de los diferentes cuerpos de policía y de la Guardia Nacional, el narcotráfico que viene del país vecino no sólo ha penetrado en Venezuela –utilizándola como zona de tránsito hacia Estados Unidos y África (7)–, sino que también ha ampliado su influencia sobre Caracas y sus barrios: tráfico a gran escala manejado por los “capos”; incorporación de jóvenes marginales mediante la oferta de cocaína a muy bajo precio, cuando no regalada (en un primer momento). “Hubo un aumento significativo del consumo –confirma el diputado Jiménez– y tenemos indicadores preocupantes en cuanto al número de adolescentes afectados”.
Son ellos los que, habiendo metido el dedo en el engranaje, sustraen, roban, agreden y a veces matan para comprarse la droga a la que se han vuelto adictos. Son ellos los que revenden, trafican y terminan por recibir una bala en la cabeza porque no tienen el dinero para pagarle a su proveedor a tiempo. Son sus bandas las que se enfrentan para controlar zonas enteras… “La lógica infernal de las redes importadas –nos confía uno de nuestros interlocutores– y la lucha por los ‘territorios’, producen no pocos de los cadáveres con los que se deleitan los diarios.”

¿Se trata de un fenómeno espontáneo, vinculado a la expansión de una criminalidad transnacional que, adaptándose a las circunstancias, aprovechando las aperturas, utilizando las vulnerabilidades, afecta tanto a Brasil –en las favelas cariocas– como a América Central y sobre todo a México? Tal vez. Salvo que…
La oposición y los medios de comunicación se regocijan cada vez que, sobre la base de revelaciones dudosas (8) o de testimonios de supuestos ex guerrilleros con sus rasgos disimulados, y encubiertos con seudónimos ridículos, Washington y Bogotá acusan: “Los jefes de la ‘narcoguerrilla’ colombiana se encuentran en Venezuela”. En cambio, hay un silencio púdico sobre –entre otras cosas– las revelaciones realizadas a rostro descubierto por Rafael García, ex jefe del servicio informático de la policía política colombiana, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Encarcelado, García reveló los vínculos entre esta institución y los paramilitares de extrema derecha, actores centrales del narcotráfico; también afirmó que el ex jefe del DAS, Jorge Noguera, se encontró en 2004 con líderes paramilitares y opositores venezolanos a fin de concertar un “plan de desestabilización” y el asesinato de Chávez.

La presencia de los “paracos” (paramilitares) en los estados fronterizos de Táchira, Apure y Zulia, es conocida desde hace mucho tiempo. En 2008, el ex director general de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), Eliécer Otaiza, denunciaba “la presencia de veinte mil [paramilitares] en el conjunto del territorio nacional, [donde] llevan a cabo acciones criminales vinculadas a los secuestros, al sicariato y al narcotráfico” (9). La penetración va en aumento. Lo que oculta la prensa venezolana, un diario de Bogotá, El Espectador, lo reveló el 31 de enero de 2009 al titular: “Las Águilas Negras (10) volaron a Venezuela”. Tras recorrer el estado de Táchira, el periodista Enrique Vivas relata cómo esos grupos han montado allí “estructuras ilegales y se han transformado en un poder que controla casi todo, ofreciendo hasta seguros de vida”. Salvo a los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), varios de los cuales fueron asesinados en febrero y marzo de 2010.

Con la complicidad de la policía regional de Zulia, bajo el dominio de gobernadores de la oposición, los “paracos” tomaron el control de algunos barrios de Maracaibo y del comercio popular de las Playitas recurriendo a la violencia o prestando dinero. Constatación de un observador: “Las autoridades de Zulia organizan numerosos pseudo encuentros de campesinos. Hay muchos que vienen de Colombia y que… no vuelven más”.

Más al interior de Venezuela, en el estado de Barinas, un habitante afirma (bajo reserva de anonimato): “Nunca hubo tantos colombianos. Compran, alquilan. Si hay un problema, ayudan financieramente a las personas. Actúan como los ‘narcos’ en Brasil. Y la violencia explotó, llegando casi al mismo nivel que en Caracas”. ¿Y entonces? ¡Esa violencia bien puede ser generada por venezolanos! ¿Y cuál es el límite entre delincuentes, aunque sean originarios del país vecino, y paramilitares? “Antes, los colombianos no se instalaban en esta zona. Iban a Caracas a buscar un empleo. Y nunca habían existido aquí, en esta escala, el sicariato, las masacres , los secuestros…”

El 23 de abril de 2007, investigando el secuestro del industrial Nicolás Alberto Cid Souto, la policía del estado de Cojedes capturó una banda dirigida por un ex dirigente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Gerson Álvarez, teóricamente “desmovilizado” pero reconvertido en el financista de las Águilas Negras. En marzo de 2008, en Zulia, fue arrestado por la CICPC el jefe narco-paramilitar Hermágoras González; se le encontraron encima documentos de identidad de la DISIP y de la Guardia Nacional. El 19 de noviembre de 2009, en Maracaibo, cayó Magally Moreno –alias “La Perla”– ex miembro de las AUC, conocida por sus vínculos con el DAS, con oficiales del ejército colombiano y con altas autoridades de ese país.

Muchos dan la voz de alarma. “A veces hay picos de inseguridad totalmente fuera de lo normal –señala Guadalupe Rodríguez, de la Coordinadora Simón Bolivar, en la ciudadela ‘chavista’ de 23 de Enero–. Esto se parece a una política de desestabilización.” Para Pérez, que estudia la cuestión de cerca: “Caracas se parece hoy a la Medellín de los años 1980. Se trata del mismo modus operandi. Intereses oscuros crean la inseguridad para hacer nacer un ‘para-Estado’”.

“¿Podemos llegar –reflexionaba ante nosotros un diplomático venezolano– hasta hablar de infiltración de una quinta columna? ¿Hasta dónde se puede afirmar que existe un plan orquestado desde el exterior?” Sabe que el ejercicio es peligroso. Conoce la interpretación a la que, infaliblemente, daría lugar semejante denuncia: acorralado por las “revelaciones” sobre su complicidad con los “terroristas” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Chávez inventa una fabulosa cortina de humo –¡el “complot extranjero”!– para, por una parte, pagarles a sus enemigos con la misma moneda y, por otra, camuflar su fracaso en la explosión de la inseguridad.

Sin embargo, fue muy cerca de Caracas, en la finca Daktari, que 116 paramilitares colombianos fueron detenidos en 2004, mientras preparaban una acción desestabilizadora y el asesinato del jefe de Estado venezolano. En el barrio de La Vega, algunos días antes del referéndum del 2 de diciembre de 2007, también fueron detenidos varios más (11). Según los testimonios recogidos, algunos colombianos compran casas en las zonas populares de La Vega, Los Teques y Petare, montan restaurantes y bares en los que venden drogas a escondidas; intentan tomar el control de los juegos legales e ilegales, de las apuestas de caballos, de la prostitución, y de las empresas y cooperativas de taxis; le prestan dinero a quien lo necesita al 7% de interés, sin ninguna garantía; ofrecen su protección (que más vale aceptar) a cambio de dinero…

Para tratar de comprender las lógicas subyacentes, la observación de lo que ocurre cerca de la frontera, en Apure y, desde hace poco, en Táchira, resulta esclarecedor. Los paramilitares crearon allí el caos, multiplicando las violencias, los asesinatos y los secuestros. Desde hace poco, distribuyen panfletos en los pueblos: “Con nosotros, no más droga, no más delincuencia, ni prostitución”. Provocar el pánico y luego presentarse como los “salvadores”: hay razones para sospechar de una estrategia cuidadosamente elaborada.

Un desafío mayor

Después de haber obtenido la seguridad de que no sería mencionado, un alto funcionario nos confió: “En el más alto nivel, pienso que hay una subestimación del peligro. Se sigue hablando de bandas de delincuentes, cuando en realidad nos enfrentamos a una organización, por no decir a un ejército de ocupación”. ¿Exagerado? Tal vez… La experiencia de las intrigas “contra-subversivas” estadounidenses en la región no facilita la tarea a los que tratan de desenredar la madeja: ¿se trata de la emergencia de empresarios de la violencia sin una verdadera fidelidad política o de una estrategia de desestabilización?

Por el momento, con excepción de algunos barrios –como el 23 de Enero, Guarenas, Guatire– que, muy politizados, con decenas de años de organización tras ellos, controlan el “territorio”, los actores sociales parecen desarmados. “Los consejos comunales todavía no están lo suficientemente desarrollados y no tienen el ojo clínico para detectar este movimiento”, analiza un brasileño que trabaja con los campesinos en el estado de Barinas. Evocando los barrios “rojos-rojitos”, Aníbal Espejo también constata: “La gente sabe… pero no tiene todavía la madurez política para enfrentar ese tipo de desafío”

El 13 de abril de 2002, dos días después de que el Presidente fuera derrocado, fue la movilización popular masiva la que, bajando de los barrios populares, impuso el retroceso de los golpistas y el retorno al poder de Chávez. “En caso de un nuevo intento de golpe de Estado, con paramilitares armados y bien organizados en los barrios, no será posible otro 13 de abril”, se alarma el intelectual Luis Britto García. Pérez, por su parte, no mira tan lejos. Simplemente constata: “Amplificado, por no decir apoyado por los medios, el caos creado por estos grupos criminales sirve a los intereses de la derecha. Cuanto más muertos haya, más votos habrá para la oposición”.

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1 Gerardo Zavarce, “Caracas, una guerra sin nombre“, El País semanal, Madrid, 18-4-10.
2 “Situación de los derechos humanos en Venezuela. Informe anual octubre 2008-septiembre 2009”, Programa venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Caracas, diciembre de 2009.
3 “Caracas, la cité de la peur”, L’Express, París, 28-5-10.
4 Raids, N° 127, París, diciembre de 1996.
5 Las elecciones legislativas tendrán lugar en septiembre de 2010.
6520.000 recibieron la nacionalidad venezolana; 200.000 gozan del estatuto de refugiados; un millón obtuvo el estatuto de “residente”; los demás son “sin papeles”. Y llegan todos los días…
7 Esto no hace de Venezuela un “narco-Estado”, como intenta hacer creer Washington; o entonces Estados Unidos, incapaz de controlar sus fronteras –su mercado interno de drogas ilícitas supera los 60.000 millones de dólares (al precio de venta al detalle)– se coloca en la primera fila de esos Estados-canalla. Según la Oficina Nacional de Drogas, las autoridades venezolanas incautaron cerca de 28 toneladas de drogas en el territorio nacional desde principios de 2010. El pasado 13 de julio, tres narcotraficantes, entre ellos Carlos Alberto “Beto” Rentería, jefe del cartel colombiano del Norte del Valle (capturado en Caracas el 4 de julio), sobre el que pesaba una orden de arresto de Interpol, fueron extraditados a Estados Unidos.
8 Véase Maurice Lemoine, “Colombia y el ciberguerrillero”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, julio de 2007.
9 Últimas Noticias, Caracas, 6-3-08.
10 Las Águilas Negras: grupo reformado después de la desmovilización de los paramilitares en el marco de una ley controvertida, denominada “Justicia y paz”, en 2005. Sobre este tema, veáse Carlos Gutiérrez, “Desmovilización de paramilitares: Colombia, el reino de la impunidad”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, octubre de 2005.
11 Vea, Caracas, 17-4-08.

Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_ http://www.eldiplo.com.pe/%C2%BFarde-caracas

Ausencia de virtud y creciente número de conductas públicas y privadas con mal olor

por Baldo Kresalja Rossello

                                                                            I

Un alto porcentaje de analistas considera que el primer gobierno de Alan García Pérez (1985-1990) tuvo un balance paupérrimo. Las banderas que enarboló el entonces joven líder aprista, con arrolladora oratoria, estaban desfasadas, llegaban tarde al escenario de nuestra historia. A esto se sumó una corrupción generalizada, una gerencia pública inepta, desconcierto civil y militar en la lucha contra el terrorismo, asesinatos masivos a presos indefensos y un empobrecimiento inédito de la población al haber alcanzado la inflación récord histórico.

Nada de ello le impidió al partido aprista y a su líder, en un rapto de soberbia y malignidad que la historia juzgará, haber hecho todo lo posible para que el vencedor de las elecciones en 1990 sea un desconocido criminal que renunció más adelante a su nacionalidad: Alberto Fujimori. Sin embargo, Alan García Pérez volvería al poder en el 2006 con una plataforma social-demócrata que pronto abandonaría, apoyado en un fenómeno mediático sin precedentes, pues prácticamente todos los diarios y canales de televisión le dieron su apoyo frente a una alternativa de propuestas primarias realizada por un oficial del ejército: Ollanta Humala.1 Así, el que había sido uno de los peores gobernantes de nuestra historia, un hombre que no es ejemplo de nada, volvió al poder apoyado en una importante votación popular agresivamente influenciada por los medios citados, la clase dominante peruana y los principales conglomerados empresariales extranjeros.

En lo que va del segundo gobierno de Alan García Pérez (2006 al 2011), ha habido cambios importantes en lo que a la política económica se refiere en comparación a su primer periodo, pues ha mantenido los lineamientos neoliberales que han significado una mejora frente a la situación que dejó al terminar su primer gobierno, aunque adolece de pasivos muy significativos que no suele recordar el Presidente y sus allegados. Pero en forma más acentuada aún que en su primer gobierno no ha podido revertir la desconfianza de la mayoría de los peruanos con la finalidad con que se usan los poderes del Estado y ha continuado el desorden y la violencia de muy variadas formas. A todo ello se suma la omnipresencia de García, una especie de filósofo-rey del tercermundismo que cree presuntuosamente que todo lo sabe, motivo que contribuye a que la gestión de los bienes públicos se torne fatalmente ineficiente, a lo que se suma un presidencialismo agobiante que tolera y da ejemplo de malas costumbres. Y que gobierna con coaliciones sociales y políticas vinculadas a los grandes intereses y a los indeseables remanentes fujimoristas.

La mayoría de decisiones importantes de carácter político se toman en forma secreta y sorpresiva, por ejemplo mediante decretos de urgencia, con el aplauso de la alta tecnocracia y de los poderes fácticos. García ha tenido éxito en desmovilizar a la ciudadanía, ayudado por la debilidad de la oposición política partidaria a su gobierno. Pero su presidencialismo plebiscitario debilita la democracia y hace que se desprecie a sus instituciones. En los asuntos de mayor importancia ha cometido y sigue cometiendo graves errores, en parte por su aparentemente fanatizada conversión al neoliberalismo más extremo o por la extendida corrupción manifestada casi diariamente en escuchas ilegales, adquisiciones sobrevaluadas y manejo irresponsable en el destino de las tierras pertenecientes a las comunidades campesinas y nativas y pueblos amazónicos, que dio origen en Bagua a la peor masacre de policías en la historia del país y, hasta ahora, con total impunidad para los responsables.2

No cabe duda que la corrupción política es mayor que la que cabe en un Código Penal, pues éste traza sólo unos límites jurídicos sin por ello pretender agotarla. Lo verdaderamente significativo no es tanto la constatación de los hechos de corrupción sino la determinación de sus causas. Las degradaciones generadas por la aplicación inadecuada de los principios de la democracia generan corrupción. En el Poder Ejecutivo, por ejemplo, cuando el gobernante intenta por todos los medios quedarse en el poder o cuando públicamente afirma que puede impedir quién será su sucesor –tal como lo ha hecho Alan García- con claro desprecio a la voluntad popular libremente formada, desmantelando las esperanzadas expectativas de los más jóvenes. O también cuando impulsa la judicialización de todos los conflictos que puedan tener lugar en la confluencia cotidiana de los ciudadanos.
El gobierno aprista no ha sabido hasta la fecha fortalecer a la democracia para que ésta sepa defenderse tanto ideológica como política y militarmente; en esas tres áreas estamos más desencaminados que nunca. Como bien se sabe, una de las razones de los golpes de Estado y las políticas autoritarias reside en la corrupción, pues traen descrédito a la democracia y la gente asume que todos los políticos son deshonestos y que el sistema se viene abajo. Los casos públicos de corrupción son innumerables y han sido tratados displicentemente por el gobierno, cuando no encubriéndolos, estando en buena proporción conectados con el crecimiento de la inversión pública. Entonces, cuando las amistades o las relaciones personales interesadas para hacer negocios son privilegiadas por los gobernantes, se extiende sin remedio la partida de defunción a la lucha anticorrupción. Otra razón se encuentra en el desorden político y en la incapacidad de construir consensos.3 De otro lado, existen ejemplos concretos, como el caso de un tal Crousillat, de cómo el Poder Ejecutivo libera por razones inentendibles a quien ha sido una de las personas encargadas, a través de los medios televisivos, de engañar al pueblo del Perú y hacerle difícil que pueda optar entre diferentes propuestas políticas. Son muy pocos los que han hecho esfuerzos por recuperar la memoria cívica y poner de relieve aquellos casos de indecencia recientes y no tan recientes que siguen dinamitando la confianza en el país y en sus habitantes, pero hasta donde conocemos ninguno de esos pocos es miembro del partido aprista.

II

Puede afirmarse que la política es el arte de ejemplificar y que el espacio público está cimentado entonces sobre la ejemplaridad4. De ahí que en toda ciudad encontremos estatuas erigidas a sus personalidades ilustres, lo que se manifiesta también en el nombre de calles, plazas, teatros, etc. Ahora bien, los gobernantes y políticos como autores de las fuentes escritas de derecho controlan el monopolio estatal de la violencia legítima y ejercen un dominio muy amplio sobre nuestras libertades, derechos y patrimonio. Y es por ello que atraen la atención de los gobernados y se convierten en notoriedades públicas haciendo uso de los medios de comunicación de masas y conformándose como paradigmas morales que pueblan la conciencia de los ciudadanos dictando el recto comportamiento. Esos hombres son los que dan el tono a la sociedad, y crean pautas y expectativas de comportamiento, definiendo en la práctica el dominio de lo permitido y no permitido y suscitando hábitos colectivos; son, pues, claramente, fuentes de moralidad social.
La confianza depositada en los políticos por los ciudadanos está expresada y renovada periódicamente por medio de elecciones libres. La confianza no se compra ni se impone, la confianza se inspira. Nos preguntamos: ¿qué es una persona fiable? Alguien digno de nuestra confianza, con palabra y con honor, de una ejemplaridad personal. La rectitud en la “vida privada” funciona como un principio práctico y es determinante en la generación de confianza ciudadana hacia los políticos. Recordemos que cuando queremos emplear a alguien para una empresa o para el cuidado de un hijo los datos sobre su honestidad son importantes y que no nos conformamos con una información formal esquemática o con su llamado currículum vitae. Esto es de aplicación mayor con un gobernante.

El político debe predicar con el ejemplo, más aún cuando en el ámbito moral sólo el ejemplo predica de forma convincente, pues no lo hacen las promesas ni los discursos, los cuales usualmente carecen de convicción y aún de un mínimo de verdad. Lo verdaderamente importante no reside en que los políticos resultan elegidos porque son los mejores, sino en que, precisamente, por el dato de que resultan elegidos deben ser en conciencia los mejores.

En las democracias modernas, multiculturales y poliétnicas se toleran y protegen todas las creencias, pero no se sustenta ninguna. En ausencia de las antiguas cosmovisiones, el motor efectivo de integración ciudadana reside hoy en el ejemplo político cuando éste se abre al universalismo de su ejemplaridad. La corrupción de las costumbres individuales en los políticos explicita, de forma concreta y tangible, el espectáculo colectivo de una deshonestidad latente en el grupo, lo que a su vez tiene consecuencias desmoralizadoras. En cambio, la ejemplaridad pública es comunitaria porque es portadora de una regla universal que encierra la pretensión de ser aceptada por todos los hombres. En nuestros días lo que atrae la confianza de los ciudadanos no es tanto el acierto del programa electoral que presenta un partido político cuanto la personalidad misma de su líder, lo que éste “es” más que lo que “hace”. Comprobamos que casi todos los políticos prometen hacer más o menos lo mismo y que sus agendas políticas son casi enteramente intercambiables. La verdadera diferencia la encontramos en lo que ellos “son”.

III

La legalidad jurídica sólo crea deberes externos y no exige que “la idea de deber”, que es intención, sea fundamento en la determinación del arbitrio del gobernante. En efecto, el deber jurídico sólo se interesa por el cumplimiento externo de las promesas dadas, y no le incumbe el lado interior y emocional del yo. En las sociedades contemporáneas existe tolerancia y neutralidad estatal hacia la moral privada, incluso cuando se trata de conductas antisociales muy conocidas. Las costumbres que inducen al ciudadano hacia la virtud suelen estar ausentes. Ello es natural en una sociedad administrada por el gran capital, manifestada en poderes fácticos que actúan en la política como grupos de presión y que a través de la publicidad buscan orientar el consumo, imponer una ideología y un determinado estilo de vida. Pero hay que tener presente que ese modelo ya no alcanza para abarcar todo el poder real, porque este esta fragmentado y repartido en las sociedades modernas.

Dicho lo anterior hay que reiterar que los políticos gobiernan de dos maneras: produciendo leyes y produciendo costumbres, siendo esta última forma más profunda y duradera que la primera. No basta con que cumplan la ley, han de ser ejemplares, aunque es cierto que en nuestros días se promulgan demasiadas leyes y se dan pocos ejemplos. Es más, como se comprueba a diario, la inmoralidad de los gobernantes difunde un ejemplo negativo que luego ellos mismos se ocupan de reprimir mediante leyes más severas y restrictivas de las libertades.

Pertinente entonces recordar que Montesquieu señalaba que las leyes son siempre vacilantes en tanto no se apoyan en las costumbres, que son el único poder resistente y duradero del pueblo. Costumbres entendidas en el sentido de espíritu general que incluyen normas no escritas pero vigentes y vinculantes en una sociedad, y que son siempre el verdadero soporte de las Constituciones políticas.

Así, pues, si la población de una república sólo se exigiera a sí misma el respeto de las leyes, es probable que perecería en poco tiempo; porque no cabe duda que el verdadero poder entre los hombres se encuentra en el concurso público de sus voluntades. De ahí la importancia de referirnos a las llamadas “buenas costumbres”, que actúan de palanca sobre el individuo y lo levantan hasta las instituciones de la eticidad donde recibe bienes y valores que le dan sentido para su autorrealización, lo que sin duda fortalece la democracia y evita que caiga en la anarquía.
El ciudadano virtuoso debe aspirar a participar en el espacio público y adentrarse en el reino de la moralidad, donde reúne las condiciones para cultivar la virtud, pues así sabe anteponer el interés general sobre el privado.

La ejemplaridad pública de base igualitaria se opone al presupuesto que reserva el monopolio del manejo de lo público a una élite de políticos profesionales y a determinadas celebridades, los cuales son considerados “personas públicas” por ocupar un lugar en el espacio público o disfrutar de alguna notoriedad en los medios de comunicación social. La virtud como ejemplo es una cualidad genérica de la persona que comprende lo público y lo privado de su vida y tiene gran impacto movilizador. El amor a la patria se generaliza como costumbre social cuando ésta se sostiene en el ejemplo de personas que pueden inspirarlas y mantenerlas. El gobernante honesto, además de sabio y magnánimo, debe exhibir una regularidad, una rectitud básica; en suma, una ejemplaridad, conciliando los ánimos de su pueblo e induciéndolo a cooperar.

IV

Es preciso reconocer que las crecientes inversiones públicas durante el presente gobierno de Alan García significarán una mejora en diversos ámbitos de la vida cotidiana de los peruanos y pocos dudan de que ellas y las importantes tasas de crecimiento económico anual constituirán la base de su no oculta intención de volver a ser presidente en el año 2016. Sin embargo, esa realidad se ve seriamente cuestionada por aquellos que con amplio conocimiento económico e histórico consideran que el modelo de desarrollo promovido por el gobierno, que continúa en sus líneas maestras el experimento neoliberal iniciado en la década del ’90, es uno que asigna los recursos productivos en base a la dinámica de los libres mercados y que por eso mismo es frágil frente a los shocks externos, políticamente inestable y socialmente excluyente.5 Y que, además, se caracteriza por su especialización en productos de poco valor relativo y una pérdida continua en la balanza comercial del conocimiento, pues el aparato productivo no está diseñado para acumular conocimientos y efectuar innovación.6

El presidente García ha expuesto sus actuales ideas en materia económica en algunos artículos periodísticos,7 conocidos como “el perro del hortelano”, en los cuales plantea que muchos actúan en forma tal que sus bienes no se pueden poner en valor, invertir en ellos y generar empleos, y que hay recursos en la amazonía, en las tierras comunales, en minería y petróleo, que deberían ser explotados por grandes inversionistas privados y que de lo contrario se seguirá en la pobreza intelectual y educativa. Esos artículos generaron un intenso debate, y para los defensores del presidente –que son los menos- demuestran más que un giro ideológico del APRA, su capacidad de adaptación a las macropolíticas y a la reestructuración de sus coaliciones sociales, apuntando a un elector integrado al sistema. Pero los artículos han recibido críticas muy severas por su carácter discriminatorio, por cuanto significarían una falta de regulación sobre los recursos naturales, por la falta de reconocimiento a los conocimientos de campesinos y pueblos nativos, por su diagnóstico equivocado sobre la productividad, por proponer un sistema de organización económica que sería la multiplicación de grandes latifundios y porque todo ello iría contra la construcción de una sociedad equitativa, ambientalmente sostenible, con muchos actores, instituciones fuertes, mercados locales dinámicos y un Estado activo y al mismo tiempo descentralizado; en otras palabras, para sus críticos esos artículos representan visiones propias del siglo XIX.8

Algunos estudiosos opinan que no debe llamar la atención el giro político del APRA, pues esa práctica tiene una larga historia que nace con su fundador Víctor Raúl Haya de la Torre al fundamentar el relativismo del espacio tiempo histórico y de conducir a su partido de modo pragmático, desarrollando líneas distintas adecuadas a cada ocasión, lo que ha continuado ahora bajo el liderazgo de García. Pero inclusive esas variaciones deben tener límites, pues si no los tienen entonces reflejan más que el pragmatismo de coyuntura una ausencia de verdad o un exceso de cinismo, destinado a engatusar al prójimo para beneficio personal. Demuestra también la debilidad emotiva de quien actúa, maniquea y mesiánicamente con raptos de delirio de grandeza. No es posible explicar de otra forma las opiniones tan contradictorias y divergentes de Alan García en asuntos fundamentales que tienen que ver con la visión del mundo y del Perú y con el destino de sus habitantes. Para comprobarlo sólo basta hacer un recorrido por sus libros “El futuro diferente” (1982), “El nuevo totalitarismo” (1991) y “Para comprender el siglo XX y comenzar el siglo de la juventud” (2004).
Opiniones provenientes de destacados economistas y políticos recomiendan cambiar la estructura productiva del Perú y pasar de ser un sector primario a uno industrializado, con valor agregado y generación de empleos. En visita reciente al Perú, Michael Porter señaló que atravesamos tiempos económicamente peligrosos porque las fuerzas que explican el crecimiento reciente no son sostenibles porque no generan competitividad, y porque el Perú depende demasiado de las exportaciones de materias primas que tienen un potencial limitado para impulsar el crecimiento económico. Son varios también los economistas peruanos que opinan en el mismo sentido y ello es directamente contrario a las ideas sostenidas por el presidente García en sus artículos antes mencionados y en reiteradas declaraciones públicas. Las organizaciones empresariales y la mayoría de los centros académicos han guardado a este respecto un penoso silencio.

No cabe duda que el partido aprista es no sólo el más importante sino quizá el único partido político organizado en el Perú. Sin embargo, con motivo de sus elecciones internas ha dado muestras en múltiples ocasiones de prácticas corruptas e ilegales, con manipulación de padrones electorales y violencia física entre sus militantes. Es el resultado del ejemplo que dan sus jefes y un mensaje muy poco constructivo para los jóvenes que deseen ingresar a la política, pues ven a los partidos como un refugio de delincuentes que actúan con la coartada del servicio público. Nuestros partidos políticos han perdido la capacidad de cumplir la misión para la que supuestamente existen: intermediar las demandas sociales con el fin de alcanzar respuestas guiadas por el interés social.9 Los desmanes al interior del APRA han significado en la práctica que Alan García se haya convertido, apoyado en los medios de comunicación que sostienen el modelo económico, en dueño del partido en el sentido patrimonialista que han tenido las jefaturas políticas en el Perú, siendo uno de sus poderes el ocultamiento de información, cuya develación puede producir resultados explosivos.10

Hay otras materias sobre las cuales el Perú de García Pérez no cumple con las exigencias de una sociedad democrática moderna y, además, defensora de sus intereses históricos permanentes. Así, a pesar del énfasis que tuvo durante décadas en la doctrina aprista, el gobierno de García ha abandonado todos los intentos serios para lograr una mayor integración económica y política en Sudamérica. No se trata de una afirmación calenturienta o coyuntural. El destacado académico francés Pierre Calamè ha dicho recientemente en Lima que “la falta de integración regional y nuestra incapacidad (o falta de voluntad) para construir proyectos en común son los principales aspectos que dilatan la construcción de una verdadera democracia en América Latina y, más aún para tener una presencia mundial”. Ha señalado también que la cultura latinoamericana es de confrontación, como si el diálogo no fuera posible, y que hay una tendencia hacia el populismo. Más duro aún, ni siquiera nos considera países soberanos.11

De otro lado, el gobierno aprista ha celebrado un Acuerdo de Libre Comercio con Chile que no ha querido, como era su obligación, que se debata en el Congreso, el mismo que contiene cláusulas contrarias a los intereses del Perú. También ha realizado reiterados actos destinados al control de la prensa y la televisión, en una clara demostración de intolerancia. El presidente García se ha atrevido a afirmar públicamente que aquellos ciudadanos que no concuerdan con sus ideas son de segunda categoría; ha celebrado con Brasil acuerdos energéticos que tendrían una grave influencia negativa en nuestra amazonía, cuyos términos se desconocen; ha contribuido a que su partido se especialice en el copamiento estatal, multiplicando la burocracia para dar cabida a sus militantes en puestos de poca trascendencia. En su práctica cotidiana, García y el aprismo se han aliado con el fujimorismo, que se caracterizó por someter a los peruanos, envilecerlos y mantenerlos desinformados, atacando sistemáticamente nuestra libertad e impidiendo que se construya un elemento básico para el desarrollo como para la seguridad, que es nuestro autorespeto.

El éxito en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la existencia de gente con vocación de servicio al interior del partido aprista, la demanda ante el Tribunal de La Haya para conocer nuestros límites marítimos con Chile, la reconstrucción de grandes unidades escolares públicas, y otros aspectos que pueden calificarse de positivos, como los esfuerzos para promocionar la exportación de productos agroindustriales, no puede ocultar su pobrísimo desempeño en la lucha anticorrupción o en la gestión de asuntos vitales para la vida de miles de peruanos, como se observa en la fracasada reconstrucción de ciudades, como Pisco, que han sufrido catástrofes naturales.

La prometida reforma del Estado de la campaña electoral no solamente no se ha realizado, más bien existen claros retrocesos en algunos sectores vinculados a la transparencia y a la seguridad jurídica, pues en verdad la promoción presidencial a las grandes inversiones, especialmente en el campo energético y minero, no ha ido acompañada por el perfeccionamiento de entidades destinadas a regular el mercado y defender a los consumidores y usuarios. Es más, continuas campañas sico-sociales, algunas destinadas a crear temor en la población, aunque ponen en evidencia la debilidad de los aparatos estatales vinculados a la seguridad, sirven para adoptar medidas autoritarias e inconsultas, o a realizar por el Jefe de Estado aseveraciones sin mayores elementos de juicio, de contenido racista, que en verdad no son otra cosa que un burdo artificio de distracción.12 Grave es también el no haber podido revertir la mala imagen de la educación pública y la creación de nuevas universidades por motivos electorales. El notable educador Luis Jaime Cisneros ha afirmado que “todos los argumentos esgrimidos para su creación son de un patrioterismo ingenuo que no resiste el menor análisis”, y que mencionar la investigación como motivo es mentir y negarse al porvenir.13

Importantes reformas políticas vinculadas al capítulo económico constitucional, al sistema partidario y electoral han sido dejadas de lado, lo que hará cada vez más difícil la gobernabilidad. A pesar de ello, es preciso considerar que las dificultades que afrontamos no se resolverán renunciando a la política, sino tan sólo con la transformación de la misma. El gobierno aprista no ha contribuido a que se contemple la democracia como la concepción privilegiada del bien público, una forma de vida en la que hay maneras apropiadas para deliberar sobre valores y negociar sobre disputas. No ha contribuido a que se haga realidad el concepto de “autonomía” que connota la capacidad de razonar reflexivamente y escoger actuar entre distintos cursos de acción; principio elemental para la demarcación del poder legítimo.

Y no ha tomado en cuenta que las condiciones claves para su realización son las que conciernen a los límites necesarios a la actuación de los medios financieros y de producción, pues de lo contrario los resultados democráticos estarán sistemáticamente sesgados en beneficio de los económicamente poderosos. Si ello no se corrige, la formulación de la agenda política escapará de las manos de los ciudadanos y se formulará por los grupos de presión y los medios de comunicación, y entonces el “gobierno del pueblo” existirá en gran parte tan sólo en nombre y la visión tecnocrática acabará imponiéndose.14
Es probable que el hombre contemporáneo no este en condiciones de imaginarse un orden social distinto al capitalismo, pero ello no significa desconocer que este último tiene distintas manifestaciones y que en la sociedad política pueden edificarse “buenas costumbres”. Por tanto, a pesar de todos los logros económicos que puedan ponerse de relieve, el futuro del Perú que persigue construir Alan García, hombre de malas costumbres y carente de virtud, es el de un país en el cual las políticas públicas no se edifiquen de acuerdo a la libertad de los ciudadanos sino al capricho de los gobernantes y los intereses de los grupos de presión, donde las buenas costumbres en la vida pública y privada sean un tema exótico y desmontable por arte del cinismo y la preeminencia del interés personal. El Perú, así, será un territorio en el cual su población se debilitará y no podrá enfrentar el ímpetu siempre presente del afán de coloniaje en sus múltiples manifestaciones contemporáneas.

V

La república romana fijó un modelo de gobierno que no sólo vinculaba la libertad con la virtud sino también la libertad con la gloria cívica y el poder militar, ofreciendo una concepción de la política que conectaba la participación con el honor y la conquista. “Virtud” significaba patriotismo y espíritu público, una heroica disposición a buscar el bien común por encima de los intereses de uno mismo o de la propia familia. La virtud cívica debía predominar sobre los intereses de las facciones; es decir, los intereses comunes de los ciudadanos, orientados hacia el bien público, debían prevalecer sobre las prácticas políticas corruptas, que era la búsqueda del interés privado en los asuntos públicos. De ahí la importancia de la participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones si desean salvaguardar su libertad personal. El uso despótico y corrupto del poder político genera ineficiencia y es indeseable por sí mismo. Y al privar al individuo de una voz potencial en su propio destino socava las bases de la dignidad humana. Esta última se verá entonces amenazada porque sin la oportunidad de participar en los asuntos de interés común es difícil descubrir las propias necesidades y desarrollar las excelencias mentales de tipo intelectual, práctico y moral.

Cicerón dice en su tratado “Sobre la República” que la mayor de las posibles virtudes es el amor a la patria y ensalza a aquellas personas que dan por ella su vida.15 Por tanto, cuando ese amor a la patria se generaliza como costumbre social, la subsistencia de la república está asegurada; pero a su vez la existencia de esas costumbres está condicionada a la concurrencia de personas que con su ejemplo puedan inspirarlas y mantenerlas. Para Cicerón los dos pilares sobre los que se sostiene la república universal de Roma, son las costumbres y la excelencia moral de los hombres que la gobiernan.
Cicerón establece como axiomático que, si el hombre existe para servir a los demás y perfeccionarse en la práctica de la virtud –siendo la virtud, como es, esencialmente cosa de practicar y no sólo de predicar- la virtud más excelsa es necesariamente la que se esfuerza por ejercer el gobierno de la república. Para Cicerón la “res pública” se refiere a la “gestión pública”. Por lo tanto, lo que realmente importa no es la forma de gobierno, la estructura política, sino la virtud de los hombres que se dedican a gobernar efectivamente, razón por la cual la gloria celestial se la lleva el virtuoso gobernante.16

Teniendo presente las lecciones que nos han dejado los mejores y pensando en el futuro cercano que nos espera, recordemos que : “.... las democracias, no por corrompidas, están condenadas a muerte a causa de la corrupción. Tan sólo están condenadas a oler mal por muchos lados.....”17.. En el caso del Perú, los “compañeros” apristas y su jefe deben de saber que sus conductas no han podido ser igualadas en la tarea de hacer que nuestra democracia hieda. 

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1 De Althaus, Jaime, “La revolución capitalista en el Perú”, FCE, Lima, 2007, pág. 13.E, Lima, 2007
2 Rospigliosi, Fernando, “Bagua: lecciones no aprendidas”, La República, 6 de junio de 2010.
3 Zapata, Antonio, “La bola de billar”, La República, 9 de junio de 2010.
4 Javier Gomá apunta: “La extensión en los países occidentales del Estado de Derecho, la creación de una opinión pública libre, la garantía de los derechos fundamentales, la independencia de los jueces, las elecciones generales periódicas y la alternancia en el poder de los partidos gobernantes, entre otros factores derivados del advenimiento de las democracias liberales, acrece todavía más el imperativo de ejemplaridad dirigido al profesional de la política. Al residir la soberanía en el pueblo el político es ahora un representante que gestiona vicariamente negocios ajenos, suposición es fiduciaria y su responsabilidad mucho más amplia y profunda. Además de responder jurídicamente ante la ley en el orden civil, administrativo y penal, es responsable también políticamente, esto es, ante el superior que lo nombró y, en todo caso, ante el pueblo que lo eligió” (“Ejemplaridad pública”, Taurus, Madrid, 2009, pág. 263)
5 Schuldt, Jurgen, “Radiografía económica del experimento neoliberal peruano”, La República, Lima, 01.11.09.
6 Roca, Santiago, “La balanza comercial de conocimiento”, La República, Lima, 13.07.2010.
7 “El síndrome del perro del hortelano” y “El perro del hortelano contra el pobre” publicados en el diario El Comercio de Lima los días 28 de octubre del 2007 y 2 de marzo del 2008.
8 Eguren, Fernando, “Un presidente para el siglo XIX”, Revista Agraria, Lima, Noviembre 2007.
9 Alvarez Rodrich, Augusto, “Peruanos en su salsa”, La República, Lima, 02.05.2010.
10 López Jiménez, Sinesio, “El poder de los secretos”, La República, Lima, 07.05.2010.
11 El Comercio, Lima, 09.05.2009.
12 Ghibellini, Mario, “Pulmón Artificial”, Revista Somos Nº 195, Lima, 31.10.2009.
13 La República, Lima, 06.06.2010.
14 Held, David, “Modelos de democracia”, Alianza Editorial, Madrid, 2007, pág. 375 y ss.
15 M. Tulio Cicerón, “Sobre la república”, Editorial Gredos, Madrid, 1991, I, 3.
16 M.Tulio Cicerón, “Sobre la república”, Op.Cit., VI, 23, 25.
17 Bueno, Gustavo, “El fundamentalismo democrático”, Planeta, Madrid, 2004, pág. 395.

Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_ http://www.eldiplo.com.pe/ausencia-de-virtud-y-creciente-n%C3%BAmero-de-conductas-p%C3%BAblicas-y-privadas-con-mal-olor

Alrededor del Mar Negro

por Jean-Arnault Dérens y Laurent Geslin

 Mar cerrado, fuertemente afectado por la contaminación, percibido a veces como un espacio “marginal”, el Mar Negro se encuentra sin embargo en el centro de la redefinición de desafíos estratégicos centrales, en los que se miden las nuevas relaciones de fuerza entre la Unión Europea, Rusia, Turquía, el Cáucaso y los países de Asia Central y Medio Oriente. Hojas de ruta.

Sinop (Turquía)

El 1º de mayo de 2010, mientras los sindicatos reunían a sus tropas en la plaza Atatürk, los barcos pesqueros del puerto de Sinop se embanderaban con los colores de la movilización antinuclear: “Sinop nükleer istemiyor!” (“¡Sinop no quiere una central nuclear!”).

El proyecto, en esta pequeña ciudad del litoral turco del Mar Negro, concentra la cólera de los habitantes. Mientras que la costa que se extiende de Estambul a Sinop sigue siendo salvaje y ha sido preservada, el tramo que va de Sinop a la frontera georgiana, de unos seiscientos kilómetros, ha sido completamente cubierto de cemento. Una autopista priva a las ciudades de todo acceso a la costa. En urbanizaciones que crecen como hongos se alinean cientos de edificios a menudo sin terminar, que albergan a una población que descendió recientemente de las montañas con la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida.

En algunos lugares incluso, la autopista se construyó sobre terrenos ganados al mar, hoy amenazados por la erosión. Para tratar de evitar el fenómeno, se construyeron diques de hormigón distanciados entre sí por algunos kilómetros. Tal vez el remedio sea peor que la enfermedad, ya que bloquean las corrientes, retienen los sedimentos y no hacen más que alejar el problema unos cientos de metros. A veces, barcos pesqueros fondean al abrigo de estos espigones, pero estos nuevos puertos, a los que sólo se puede llegar atravesando la autopista, no ofrecen ningún servicio y muchos barcos parecen abandonados.

 

La pesca, otrora floreciente en el Mar Negro, se ve amenazada por el agotamiento del recurso ictícola. Rusia impuso a Turquía una estricta limitación de las zonas de pesca. Las aguas del Mar Negro se encuentran particularmente amenazadas por la eutrofización, es decir, la presencia excesiva de materias orgánicas, especialmente de algas. Este fenómeno es consecuencia directa del exceso de nutrientes arrojados al mar, como el nitrógeno y el fósforo producidos por la explotación agrícola. La eutrofización “ahoga” al mar enrareciendo la circulación de oxígeno; un fenómeno amplificado en el Mar Negro, un mar relativamente poco salado, cuyas aguas provienen en su mayoría de los grandes ríos que allí desembocan, como el Dniéster o el Danubio.

Desde hace años, diversas organizaciones intergubernamentales, como la Comisión para la Protección del Mar Negro contra la Contaminación, alertan sobre el problema; pero, desprovistas de capacidad operativa, apenas pueden emitir recomendaciones (1). Y, mientras tanto, la protección del medio ambiente no parece ser una prioridad de los países ribereños.

Tras haber cubierto de cemento la costa, el gobierno turco apuesta ahora al desarrollo de la producción eléctrica. Los proyectos de represas se multiplican desde la privatización del mercado de la energía, hace unos quince años, y el fin del monopolio de la Türkiye Elektrik Kurumu, la compañía nacional. El Estado se contenta con desempeñar el papel de regulador del mercado a través de su agencia EPDK, y otorga los ríos en concesión a las compañías privadas por 49 años. En total, se habrían presentado no menos de mil trescientos proyectos de represas en todo el país, seiscientos de ellos en la región del Mar Negro. “La movilización permitió, por ahora, postergar un proyecto de central en nuestro valle”, explica Selco Günay, dueño de un pequeño hotel en el valle de la Firtina. “Esta represa habría cubierto el 0,14% de las necesidades energéticas del país, cuando estimamos las pérdidas ligadas al transporte de la electricidad en más del 30% sobre toda la red”. Günay es el vocero de la plataforma ecologista del valle. El movimiento de oposición a las represas congrega en efecto a toda la población de la región. Turquía, que antes compraba energía a Bulgaria, se volvió autosuficiente, pero las compañías privadas apuntan a la exportación, en particular hacia el Cáucaso, mientras que en las grandes ciudades como Estambul los precios se disparan.

Samsun (Turquía)

“Desde hace seis generaciones, los cherkeses no comen pescado”, señala Othan Dögbay, quien preside la Asociación de Cherkeses de Samsun. Estos últimos llegaron a Turquía tras la conquista rusa de las costas septentrionales del Mar Negro. “Nuestros ancestros poblaban toda la costa rusa actual, de Novorossiisk a Sochi. Desde comienzos del siglo XIX, la Rusia zarista luchó para conquistar Circasia (2). Sólo lo logró definitivamente en 1864, con el aniquilamiento de las tribus cherkeses en la batalla de Kbaada. Los sobrevivientes no tuvieron otra opción que huir al Imperio Otomano. Se concentraron cerca de las costas, esperando a los barcos que debían llevarlos (3). Muchos murieron de malaria u otras enfermedades en estas regiones insalubres; otros lo hicieron durante el trayecto. Arrojaban los cuerpos por la borda: es por eso que nos seguimos negando a comer pescado”.

Una gran causa moviliza a los cherkeses de Turquía, que serían entre cuatro y cinco millones: la oposición a los Juegos Olímpicos de Invierno que tendrán lugar en Sochi en 2014. En efecto, el sitio principal de estos Juegos será, en las montañas que dominan la ciudad, la estación de esquí de Krasnaia Poliana, que corresponde al sitio de la batalla de Kbaada. “En ruso, ‘Krasnaia Poliana’ significa ‘el claro rojo’, y los rusos sostienen que este nombre provendría del color de los helechos que crecen allí. Pero nosotros sabemos que este lugar se tiñó de rojo con la sangre de nuestros ancestros”, afirma Dögbay.
Las organizaciones cherkeses acudieron al Comité Olímpico Internacional, sin obtener respuesta satisfactoria. Reclaman el reconocimiento del “genocidio” cherkés. A comienzos de abril, una delegación del Congreso Mundial Cherkés, con sede en Estados Unidos, se reunió con parlamentarios georgianos. Como el gobierno de Mijail Saakashvili apela a cualquier recurso para oponerse a Moscú, Georgia podría ser el primer país del mundo en reconocer oficialmente este “genocidio”.

Trabzon (Turquía)

A lo largo del siglo XX, la costa del Mar Negro fue también testigo de intensas mixturas de poblaciones. Los griegos “pónticos” (4) prácticamente desaparecieron de las costas turcas del Mar Negro desde los acuerdos de Lausana (1923), que preveían intercambios de poblaciones entre Grecia y Turquía. Trabzon, la antigua Trebisonda griega, se convirtió en bastión del nacionalismo turco. Es de esta ciudad que provenía el presunto asesino del periodista armenio Hrant Dink, muerto en Estambul el 19 de enero de 2007 (5). Gültekin Yücesan, quien se proclama “revolucionario luxemburguista”, en alusión a Rosa Luxemburgo, dirige el comité local de defensa de los derechos humanos. En una larga velada, nos explica que el ejército y los diferentes servicios secretos han hecho de Trabzon un símbolo: “Aquí, la tradición militar del kemalismo (6) no ha muerto”. Sin embargo, la ciudad se caracteriza también por una práctica del islam cada vez más manifiesta y rigorista. Es necesario descender a los barrios del puerto para encontrar bares que sirven abiertamente bebidas alcohólicas, mientras jóvenes mujeres venden sus encantos a los marinos de paso. Es verdad que la clientela a la que apuntan es más rusa que turca.

Cada día, en efecto, los ferries unen Trabzon con Sochi, en Rusia. Los barcos son vetustos y los horarios inciertos, pero una multitud atareada se apresura para embarcar. Entre nuestros compañeros de viaje, hay mujeres rusas que se dedican al “comercio de maleta”, trayendo al país algunos bolsos de ropa o de artículos fácilmente revendibles; trabajadores georgianos que emigran a Rusia y deben pasar por Turquía, al haberse interrumpido todos los lazos directos entre su país y Rusia desde la guerra de 2008; pero también muchos caucásicos. Un grupo de jóvenes, de aspecto deportivo, que se comunican en ruso y en una lengua caucásica, sube a bordo, arrastrando enormes paquetes que, tras pasar el control de la aduana turca, resultan estar llenos de ejemplares del Corán.

Sujumi (Abjasia)

Este cargamento algo particular no impedirá a los pasajeros desembarcar en Sochi, donde los preparativos de los Juegos Olímpicos avanzan a buen ritmo. Desde la futura villa olímpica de Adler, en la costa, se está construyendo una autopista hacia Krasnaia Poliana. La pequeña estación balnearia de Adler está ubicada justo en la frontera de la Abjasia secesionista.

“Por supuesto, esperamos beneficios económicos de los Juegos”, asegura sonriente Viatcheslav Chilikba, asesor del Presidente abjasio. Antigua “perla” de la riviera soviética, Abjasia, Apsny en idioma abjasio, o “país del alma”, se separó de Georgia en 1994 al término de terribles combates que causaron más de ocho mil muertos. Proclamó su independencia después de la guerra de agosto de 2008 entre el ejército georgiano y las fuerzas rusas (7). Los abjasios representarían hoy alrededor del 45% de los 250.000 habitantes de la pequeña república, donde viven además armenios, rusos y griegos pónticos. La mayoría de los 250.000 georgianos huyeron de Abjasia o fueron expulsados de allí después de la guerra de 1994. Ningún retorno parece posible. “Si los refugiados regresaran, habría una nueva guerra –insiste el Presidente, Sergei Bagapsh–. La mayoría de ellos tiene sangre en las manos.”
Abjasia aún sufre un embargo impuesto por Georgia y aplicado por casi todos los países de la comunidad internacional (8). El puerto de la capital, Sujumi, coronado por una inmensa bandera abjasia que domina el Mar Negro, recibe regularmente cargueros provenientes de Trabzon. Estos buques se dirigen supuestamente a Batumi, en Georgia, pero se desvían de su ruta en el mar para dejar su cargamento en Abjasia.

Los habitantes de la capital se reúnen en los cafés frente al mar, donde los turistas siguen siendo escasos, aunque Moscú invierta masivamente en la pequeña república. Sin embargo, Sujumi niega ser un peón de Rusia. “Alojamos dos bases militares rusas, es decir diez mil hombres, para asegurar la protección de nuestros ciudadanos frente a las fuerzas georgianas y, por primera vez desde 1994, podemos dormir en paz”, se justifica Bagapsh. El tono se endurece: “Si Abjasia es un protectorado ruso, ¿no es acaso Georgia un protectorado estadounidense? ¿Y por qué se reconocería a Kosovo como un país independiente, y no a Abjasia?”.

En las inmediaciones de la capital, la vida recupera poco a poco sus derechos: las casas son habitadas aunque estén en ruinas; en todas partes surgen cafés y pequeños comercios. En la bahía de Sujumi, los edificios de la universidad del Estado abjasio muestran también las secuelas de la guerra, pero allí concurren alrededor de diez mil estudiantes. Gudisa Tskalia, de unos veinte años, estudia relaciones internacionales. Oriundo de la ciudad de Gudauta, a unos cincuenta kilómetros de allí, sueña con ser diplomático y representar a su país en el extranjero. Por el momento, sólo cuenta con el reconocimiento de Rusia, Nicaragua, Venezuela y la isla de Nauru, así como del pequeño “club” de las otras repúblicas no reconocidas, Transnistria, Osetia del Sur o la República Turca de Chipre del Norte. Las negociaciones mantenidas con Georgia bajo la égida de Naciones Unidas se encuentran en punto muerto. Abjasia obtuvo incluso, en junio de 2009, el retiro de la misión de la ONU, y cerró su territorio a los observadores militares europeos.

Batumi (Georgia)

La “frontera” entre Abjasia y Georgia pasa por el puente sobre el río Inguri, reservado a los peatones. Nos cruzamos con una multitud de georgianos residentes en Abjasia que se apresuran para ir de compras a la ciudad georgiana de Zugdidi, del otro lado del río. El paso queda sujeto a la buena voluntad de los milicianos abjasios y de los policías georgianos, y a menudo se producen incidentes en la zona fronteriza. El 8 de junio pasado, un guardia abjasio fue asesinado. Georgia no vislumbra aún otro escenario que la reconquista militar de Abjasia. Desde la “Revolución de las Rosas” que lo llevó al poder, el 23 de noviembre de 2003, Saakashvili intentó sin descanso reintegrar al Estado georgiano las entidades secesionistas de Adjaria, Abjasia y Osetia del Sur. Fue en Adjaria donde obtuvo su único éxito.

Desde entonces, el gobierno muy pro-occidental de Tiflis quiere convertirla en una atractiva vidriera de Georgia. Allegados al Presidente ocuparon todos los puestos directivos importantes, y el Estado invierte fuertemente en Batumi. En la vieja estación balnearia de un encanto anticuado, se levantan lujosos hoteles. Un Sheraton de veinticuatro pisos abrió sus puertas el pasado 1º de abril. Muchos otros edificios están en construcción: un Hyatt, un Hilton, un Radisson… Desde la guerra de 2008, los turistas abandonaron casi por completo Batumi, pero la ciudad cuenta con los turcos, atraídos por los casinos, prohibidos en Turquía y aquí mucho más numerosos que los hoteles.
El puerto comercial, muy cercano a la ciudad vieja, se encuentra también en plena renovación. Fue otorgado en concesión por 49 años a un holding kazajo del petróleo, KazTransOil. En 2009, el tráfico anual ascendía a siete millones de toneladas de petróleo, transportadas por vía férrea hacia Batumi desde Azerbaiyán, Kazajstán y Turkmenistán.

La oficina del director del puerto está decorada con el retrato de dos presidentes: Saakashvili y su par kazajo, Nursultan Nazarbayev. Zurab Shulgaia fue diplomático soviético durante 22 años –la mayor parte en los países árabes– donde se ocupaba de cooperación económica. Luego fue embajador de Georgia en Kazajstán. Fueron las autoridades kazajas, reconoce, las que le pidieron que abandonara la diplomacia y asumiera, en nombre de ellas, la dirección del puerto de Batumi.
Muy vinculado a Rusia, Kazajstán invierte masivamente en Georgia. Entre los que saben del tema, se barajan dos teorías: las empresas kazajas podrían servir de disfraz a los capitales rusos, o bien Kazajstán está buscando nuevos mercados para salir de un cara a cara demasiado exclusivo con Rusia. Shulgaia, al tiempo que reconoce lo que se pierde por la casi ruptura de las relaciones entre Georgia y Rusia, se muestra optimista: “Todas las guerras llegan a su fin”, asegura.

Poti (Georgia)

A unos cincuenta kilómetros al norte de Batumi, el puerto de Poti, bombardeado por la Flota del Mar Negro rusa durante el conflicto de agosto de 2008, también fue otorgado en concesión por 49 años al Emirato de Ras-al-Khaimah. La reconstrucción avanza a buen ritmo, y Poti está llamado a convertirse en la principal puerta de entrada marítima hacia el Cáucaso y Asia Central.
Maxim Shonin, responsable de una asociación de los puertos del Mar Negro con sede en Odessa, Ucrania, subraya la importancia del desarrollo de las relaciones entre Poti y el puerto búlgaro de Varna. La intensificación de los intercambios entre las riberas este y oeste del Mar Negro, marginando a Rusia, se inscribe en el marco del corredor de transporte Europa-Cáucaso-Asia (TRACECA). Definido en 1998, reúne a la Unión Europea y catorce Estados de la región (9). Están en juego allí no sólo el transporte de los hidrocarburos del Mar Caspio y Asia Central, sino también el acceso a Asia Menor. El puerto de Poti comunica a Armenia y, por esa vía, permite acceder fácilmente a Irán.

Una fuerte rivalidad enfrenta a los puertos de Odessa y Varna. El actual desarrollo de los intercambios tiende también a marginar a Ucrania, en pleno realineamiento con Moscú desde la victoria de Viktor Yanukovich en las elecciones presidenciales del 7 de febrero de 2010 (10). Sin embargo, del dicho al hecho hay un largo trecho, y el eje Poti-Varna sigue siendo marginal con respecto a los intercambios entre Rusia y Turquía. Shonin estima que “alrededor del 80% de los buques que atraviesan el Bósforo y los Dardanelos son rusos o se dirigen a Rusia”.

Sebastopol (Ucrania)

Durante mucho tiempo Sebastopol cristalizó las tensiones entre Ucrania y Rusia. En la época soviética, la ciudad gozaba de un estatuto especial, sin pertenecer a la República Autónoma de Crimea anexada a Ucrania. Tras la independencia ucraniana, en 1991, Rusia se negó durante mucho tiempo a reconocer la soberanía de Kiev sobre la ciudad, que conservaba el estatuto de “ciudad cerrada”: se necesitaba un pase especial para dirigirse allí. En 1997 se alcanzó un acuerdo: Moscú ya no cuestiona los derechos de Ucrania sobre Sebastopol, pero alquila los puertos para su Flota del Mar Negro. En abril pasado, Yanukovich prorrogó el contrato de locación, y el alquiler se extiende ahora hasta 2042. Habría alrededor de veinte mil militares rusos en Sebastopol, donde suelen vivir con sus familias.

En la rada de Sebastopol, junto a la inmensa estatua de Lenin, se encuentra el edificio del servicio hidrográfico de la marina rusa. La pintura está un poco ajada, y la decoración patriótica no ha cambiado desde la época soviética, pero Evgeni Georgievitch nos recibe con una enorme sonrisa y un franco apretón de manos. “La Flota del Mar Negro vigila”, asegura este oficial ruso de nacionalidad ucraniana. De hecho, durante el conflicto de agosto de 2008, fue de Sebastopol desde donde partieron los buques que aplastaron a la flota georgiana en el puerto de Poti.
Acodado a una balaustrada en las alturas de la ciudad, Andrei Chobolev observa este puerto que conoce muy bien. Dueño del diario Sevastopolskaia Gazeta, el hombre es también un cantautor muy apreciado en Sebastopol. “Para muchos de sus habitantes, Sebastopol es ante todo la ciudad que resistió a los nazis durante la guerra, el orgullo de la Unión Soviética. Ese pasado sigue muy vivo: la Unión Soviética y sus mitos heroicos todavía sobreviven entre nosotros. Sebastopol no puede ser ucraniana, pero tampoco es realmente rusa. Es un puerto, un mundo en sí, decididamente una ciudad aparte”.

Chobolev sueña en voz alta con que Sebastopol, ciudad de guerra, se convierta en una ciudad de paz, que goce de una suerte de extraterritorialidad. Aun cuando siga alojando a la Flota del Mar Negro rusa, ya que todos saben que Rusia no puede pensar en abandonar su “ciudadela del Mar Negro”, sobre todo desde que la OTAN reforzó sus bases en Bulgaria y Rumania.

Odessa (Ucrania)

Si bien las relaciones de Ucrania con Rusia se normalizaron en los últimos meses, siguen tensas con Rumania, siendo el delta del Danubio la manzana de la discordia entre ambos países. El delta se extiende sobre unos 3.500 km2, a caballo entre ambos países. Puerta de entrada al Mar Negro de la red fluvial europea, el delta es también una zona natural única en Europa, y un espacio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde 1991. Existen allí mil doscientas especies de plantas, trescientas especies de aves y cuarenta y cinco especies de peces de agua dulce.
“La protección del delta debe hacerse en cooperación con las autoridades rumanas, ya que los ecosistemas no conocen fronteras –aboga el profesor Nikolai Berlinski–. Hace unos años sufrí un ataque cardíaco a fuerza de luchar en la Academia de Ciencias de Kiev para tratar de impedir que el Estado ucraniano saqueara el delta”. Berlinski trabaja hoy para el Instituto Hidrológico de Odessa. “No estoy en contra de los canales, y mucho menos en contra de la navegación por el Danubio, pero la manera en que se acondiciona el delta es catastrófica”.

En efecto, Kiev inició en 2004 trabajos para abrir a la navegación un brazo natural del delta ubicado en territorio ucraniano, el canal de Bystroe. Desde el 14 de mayo de 2007, y luego de tres años de trabajos, cargueros y barcos portacontenedores pueden unir el Danubio con el hinterland europeo desde el Mar Negro. Durante meses, topadoras dragaron los sedimentos, y se construyó un dique marítimo de varios kilómetros en el estuario ucraniano del Danubio. Para Kiev, el objetivo comercial es importante: se trata de que los cientos de barcos ucranianos que transitan cada año por el canal de Sulina, en territorio rumano, puedan liberarse de los impuestos aduaneros rumanos, y de abrir una nueva vía de navegación internacional capaz de aportar algunas divisas extras al Estado ucraniano.

“Más allá de las consecuencias ambientales, el acondicionamiento de este canal es una idea estúpida –señala Berlinski desesperanzado–. Con la explotación intensiva de las orillas del río, el Danubio arrastra toneladas de sedimentos que hacen crecer el delta aproximadamente cuarenta metros por año. Lo que quiere decir que mantener una vía navegable en aguas profundas requiere dragar el canal continuamente…” Los sedimentos dragados actualmente en el canal de Bystroe son arrojados a cinco kilómetros de las costas, y luego arrastrados por la corriente litoral que va del norte hacia el sur. Se depositan pues en la embocadura del canal de Sulina, la otra vía navegable del delta, ubicada del lado rumano, lo que molesta particularmente a Bucarest.

Desde la caída de la Unión Soviética, ambos países están en conflicto sobre la definición del trazado que delimita la frontera marítima y las aguas territoriales de los dos Estados. Un asunto de gran importancia, cuando se sabe que 100.000 millones de metros cúbicos de gas y diez millones de toneladas de petróleo se encontrarían bajo la plataforma continental en disputa. Llevado por Rumania ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el diferendo tuvo su desenlace el 3 de febrero de 2009: la Corte acordó a Ucrania el 20% de la zona disputada, es decir, 2.500 km2, y el 80% restante, es decir, 9.700 km2, a Rumania.

Vilkovo (Ucrania)

Muy lejos de estos desafíos geopolíticos, la pequeña ciudad de Vilkovo, apodada la “Venecia ucraniana” por los canales que la irrigan, posee alrededor de ocho mil habitantes. A pesar de las promesas de los dirigentes ucranianos, que aseguraban en 2004 que el canal aportaría cuatro mil empleos a la región, la situación económica es catastrófica. “La gente se va, ya no hay trabajo, el puerto y las fábricas soviéticas cerraron –señala apenado el capitán Nikolai, ex militar reconvertido en guía turístico–. La única actividad aún rentable es cortar cañas para exportarlas a Holanda”.

Las comunicaciones con Rumania, ubicada en la otra orilla, justo en frente de Vilkovo, son casi imposibles. No existen rutas ni puentes, y la comunicación fluvial que unía Vilkovo con Tulcea, la gran ciudad rumana del delta, se ha interrumpido. Para ir a Rumania, es necesario pues emprender un viaje de varias horas, por rutas en muy mal estado. “Ahora que Rumania forma parte de la Unión Europea, necesitamos visa”, agrega el capitán Nikolai. Desentonando en medio del paisaje de cañas y pantanos, unos pequeños puestos de la policía ucraniana controlan todos los pasajes. “La frontera es mucho más hermética que en los tiempos de la URSS. Una nueva cortina de hierro divide el delta”.

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1 Véase “La région du Danube et de la mer Noire”, Europa.eu, junio de 2005.
2 Antigua región del Cáucaso de población mayoritariamente musulmana.
3 Alexandre Grigoriantz, Les Caucasiens. Aux origines d’une guerre sans fin, Gollion, Infolio, 2006.
4 Este término proviene de la denominación griega del Mar Negro, Ponto Euxino. Todavía quedan importantes comunidades pónticas en Rusia y en Crimea, aun cuando muchos griegos de la ex URSS hayan partido hacia Grecia a comienzos de los años 1990.
5 Hrant Dink fue el fundador del diario bilingüe Agos y uno de los intelectuales más influyentes de la comunidad armenia de Turquía.
6 Ideología heredada de Mustafá Kemal Atatürk (1881-1938), fundador de la República Turca, que insiste sobre la laicidad y el nacionalismo.
7 Vicken Cheterian, “El conflicto ruso-georgiano que estremeció al Cáucaso”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, abril de 2009.
8 Leon Colm, Improbable Abkhazie. Récits d’un Etat-fiction, Autrement, París, 2009; Jean Radvanyi y Nicolas Beroutchachvili, Atlas géopolitique du Caucase, Autrement, París, 2010.
9 Jean Radvanyi, “Transports et géostratégie au sud de la Russie”, Le Monde diplomatique, París, junio de 2008.
10 Mathilde Goanec, “¿Kiev regresa a la órbita rusa?”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, enero de 2010.

Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_ http://www.eldiplo.com.pe/alrededor-del-mar-negro