Ausencia de virtud y creciente número de conductas públicas y privadas con mal olor

por Baldo Kresalja Rossello

Un alto porcentaje de analistas considera que el primer gobierno de Alan García Pérez (1985-1990) tuvo un balance paupérrimo. Las banderas que enarboló el entonces joven líder aprista, con arrolladora oratoria, estaban desfasadas, llegaban tarde al escenario de nuestra historia. A esto se sumó una corrupción generalizada, una gerencia pública inepta, desconcierto civil y militar en la lucha contra el terrorismo, asesinatos masivos a presos indefensos y un empobrecimiento inédito de la población al haber alcanzado la inflación récord histórico.

Nada de ello le impidió al partido aprista y a su líder, en un rapto de soberbia y malignidad que la historia juzgará, haber hecho todo lo posible para que el vencedor de las elecciones en 1990 sea un desconocido criminal que renunció más adelante a su nacionalidad: Alberto Fujimori. Sin embargo, Alan García Pérez volvería al poder en el 2006 con una plataforma social-demócrata que pronto abandonaría, apoyado en un fenómeno mediático sin precedentes, pues prácticamente todos los diarios y canales de televisión le dieron su apoyo frente a una alternativa de propuestas primarias realizada por un oficial del ejército: Ollanta Humala.1 Así, el que había sido uno de los peores gobernantes de nuestra historia, un hombre que no es ejemplo de nada, volvió al poder apoyado en una importante votación popular agresivamente influenciada por los medios citados, la clase dominante peruana y los principales conglomerados empresariales extranjeros.

En lo que va del segundo gobierno de Alan García Pérez (2006 al 2011), ha habido cambios importantes en lo que a la política económica se refiere en comparación a su primer periodo, pues ha mantenido los lineamientos neoliberales que han significado una mejora frente a la situación que dejó al terminar su primer gobierno, aunque adolece de pasivos muy significativos que no suele recordar el Presidente y sus allegados. Pero en forma más acentuada aún que en su primer gobierno no ha podido revertir la desconfianza de la mayoría de los peruanos con la finalidad con que se usan los poderes del Estado y ha continuado el desorden y la violencia de muy variadas formas. A todo ello se suma la omnipresencia de García, una especie de filósofo-rey del tercermundismo que cree presuntuosamente que todo lo sabe, motivo que contribuye a que la gestión de los bienes públicos se torne fatalmente ineficiente, a lo que se suma un presidencialismo agobiante que tolera y da ejemplo de malas costumbres. Y que gobierna con coaliciones sociales y políticas vinculadas a los grandes intereses y a los indeseables remanentes fujimoristas.

La mayoría de decisiones importantes de carácter político se toman en forma secreta y sorpresiva, por ejemplo mediante decretos de urgencia, con el aplauso de la alta tecnocracia y de los poderes fácticos. García ha tenido éxito en desmovilizar a la ciudadanía, ayudado por la debilidad de la oposición política partidaria a su gobierno. Pero su presidencialismo plebiscitario debilita la democracia y hace que se desprecie a sus instituciones. En los asuntos de mayor importancia ha cometido y sigue cometiendo graves errores, en parte por su aparentemente fanatizada conversión al neoliberalismo más extremo o por la extendida corrupción manifestada casi diariamente en escuchas ilegales, adquisiciones sobrevaluadas y manejo irresponsable en el destino de las tierras pertenecientes a las comunidades campesinas y nativas y pueblos amazónicos, que dio origen en Bagua a la peor masacre de policías en la historia del país y, hasta ahora, con total impunidad para los responsables.2

No cabe duda que la corrupción política es mayor que la que cabe en un Código Penal, pues éste traza sólo unos límites jurídicos sin por ello pretender agotarla. Lo verdaderamente significativo no es tanto la constatación de los hechos de corrupción sino la determinación de sus causas. Las degradaciones generadas por la aplicación inadecuada de los principios de la democracia generan corrupción. En el Poder Ejecutivo, por ejemplo, cuando el gobernante intenta por todos los medios quedarse en el poder o cuando públicamente afirma que puede impedir quién será su sucesor –tal como lo ha hecho Alan García- con claro desprecio a la voluntad popular libremente formada, desmantelando las esperanzadas expectativas de los más jóvenes. O también cuando impulsa la judicialización de todos los conflictos que puedan tener lugar en la confluencia cotidiana de los ciudadanos.
El gobierno aprista no ha sabido hasta la fecha fortalecer a la democracia para que ésta sepa defenderse tanto ideológica como política y militarmente; en esas tres áreas estamos más desencaminados que nunca. Como bien se sabe, una de las razones de los golpes de Estado y las políticas autoritarias reside en la corrupción, pues traen descrédito a la democracia y la gente asume que todos los políticos son deshonestos y que el sistema se viene abajo. Los casos públicos de corrupción son innumerables y han sido tratados displicentemente por el gobierno, cuando no encubriéndolos, estando en buena proporción conectados con el crecimiento de la inversión pública. Entonces, cuando las amistades o las relaciones personales interesadas para hacer negocios son privilegiadas por los gobernantes, se extiende sin remedio la partida de defunción a la lucha anticorrupción. Otra razón se encuentra en el desorden político y en la incapacidad de construir consensos.3 De otro lado, existen ejemplos concretos, como el caso de un tal Crousillat, de cómo el Poder Ejecutivo libera por razones inentendibles a quien ha sido una de las personas encargadas, a través de los medios televisivos, de engañar al pueblo del Perú y hacerle difícil que pueda optar entre diferentes propuestas políticas. Son muy pocos los que han hecho esfuerzos por recuperar la memoria cívica y poner de relieve aquellos casos de indecencia recientes y no tan recientes que siguen dinamitando la confianza en el país y en sus habitantes, pero hasta donde conocemos ninguno de esos pocos es miembro del partido aprista.

II

Puede afirmarse que la política es el arte de ejemplificar y que el espacio público está cimentado entonces sobre la ejemplaridad4. De ahí que en toda ciudad encontremos estatuas erigidas a sus personalidades ilustres, lo que se manifiesta también en el nombre de calles, plazas, teatros, etc. Ahora bien, los gobernantes y políticos como autores de las fuentes escritas de derecho controlan el monopolio estatal de la violencia legítima y ejercen un dominio muy amplio sobre nuestras libertades, derechos y patrimonio. Y es por ello que atraen la atención de los gobernados y se convierten en notoriedades públicas haciendo uso de los medios de comunicación de masas y conformándose como paradigmas morales que pueblan la conciencia de los ciudadanos dictando el recto comportamiento. Esos hombres son los que dan el tono a la sociedad, y crean pautas y expectativas de comportamiento, definiendo en la práctica el dominio de lo permitido y no permitido y suscitando hábitos colectivos; son, pues, claramente, fuentes de moralidad social.
La confianza depositada en los políticos por los ciudadanos está expresada y renovada periódicamente por medio de elecciones libres. La confianza no se compra ni se impone, la confianza se inspira. Nos preguntamos: ¿qué es una persona fiable? Alguien digno de nuestra confianza, con palabra y con honor, de una ejemplaridad personal. La rectitud en la “vida privada” funciona como un principio práctico y es determinante en la generación de confianza ciudadana hacia los políticos. Recordemos que cuando queremos emplear a alguien para una empresa o para el cuidado de un hijo los datos sobre su honestidad son importantes y que no nos conformamos con una información formal esquemática o con su llamado currículum vitae. Esto es de aplicación mayor con un gobernante.

El político debe predicar con el ejemplo, más aún cuando en el ámbito moral sólo el ejemplo predica de forma convincente, pues no lo hacen las promesas ni los discursos, los cuales usualmente carecen de convicción y aún de un mínimo de verdad. Lo verdaderamente importante no reside en que los políticos resultan elegidos porque son los mejores, sino en que, precisamente, por el dato de que resultan elegidos deben ser en conciencia los mejores.

En las democracias modernas, multiculturales y poliétnicas se toleran y protegen todas las creencias, pero no se sustenta ninguna. En ausencia de las antiguas cosmovisiones, el motor efectivo de integración ciudadana reside hoy en el ejemplo político cuando éste se abre al universalismo de su ejemplaridad. La corrupción de las costumbres individuales en los políticos explicita, de forma concreta y tangible, el espectáculo colectivo de una deshonestidad latente en el grupo, lo que a su vez tiene consecuencias desmoralizadoras. En cambio, la ejemplaridad pública es comunitaria porque es portadora de una regla universal que encierra la pretensión de ser aceptada por todos los hombres. En nuestros días lo que atrae la confianza de los ciudadanos no es tanto el acierto del programa electoral que presenta un partido político cuanto la personalidad misma de su líder, lo que éste “es” más que lo que “hace”. Comprobamos que casi todos los políticos prometen hacer más o menos lo mismo y que sus agendas políticas son casi enteramente intercambiables. La verdadera diferencia la encontramos en lo que ellos “son”.

III

La legalidad jurídica sólo crea deberes externos y no exige que “la idea de deber”, que es intención, sea fundamento en la determinación del arbitrio del gobernante. En efecto, el deber jurídico sólo se interesa por el cumplimiento externo de las promesas dadas, y no le incumbe el lado interior y emocional del yo. En las sociedades contemporáneas existe tolerancia y neutralidad estatal hacia la moral privada, incluso cuando se trata de conductas antisociales muy conocidas. Las costumbres que inducen al ciudadano hacia la virtud suelen estar ausentes. Ello es natural en una sociedad administrada por el gran capital, manifestada en poderes fácticos que actúan en la política como grupos de presión y que a través de la publicidad buscan orientar el consumo, imponer una ideología y un determinado estilo de vida. Pero hay que tener presente que ese modelo ya no alcanza para abarcar todo el poder real, porque este esta fragmentado y repartido en las sociedades modernas.

Dicho lo anterior hay que reiterar que los políticos gobiernan de dos maneras: produciendo leyes y produciendo costumbres, siendo esta última forma más profunda y duradera que la primera. No basta con que cumplan la ley, han de ser ejemplares, aunque es cierto que en nuestros días se promulgan demasiadas leyes y se dan pocos ejemplos. Es más, como se comprueba a diario, la inmoralidad de los gobernantes difunde un ejemplo negativo que luego ellos mismos se ocupan de reprimir mediante leyes más severas y restrictivas de las libertades.

Pertinente entonces recordar que Montesquieu señalaba que las leyes son siempre vacilantes en tanto no se apoyan en las costumbres, que son el único poder resistente y duradero del pueblo. Costumbres entendidas en el sentido de espíritu general que incluyen normas no escritas pero vigentes y vinculantes en una sociedad, y que son siempre el verdadero soporte de las Constituciones políticas.

Así, pues, si la población de una república sólo se exigiera a sí misma el respeto de las leyes, es probable que perecería en poco tiempo; porque no cabe duda que el verdadero poder entre los hombres se encuentra en el concurso público de sus voluntades. De ahí la importancia de referirnos a las llamadas “buenas costumbres”, que actúan de palanca sobre el individuo y lo levantan hasta las instituciones de la eticidad donde recibe bienes y valores que le dan sentido para su autorrealización, lo que sin duda fortalece la democracia y evita que caiga en la anarquía.
El ciudadano virtuoso debe aspirar a participar en el espacio público y adentrarse en el reino de la moralidad, donde reúne las condiciones para cultivar la virtud, pues así sabe anteponer el interés general sobre el privado.

La ejemplaridad pública de base igualitaria se opone al presupuesto que reserva el monopolio del manejo de lo público a una élite de políticos profesionales y a determinadas celebridades, los cuales son considerados “personas públicas” por ocupar un lugar en el espacio público o disfrutar de alguna notoriedad en los medios de comunicación social. La virtud como ejemplo es una cualidad genérica de la persona que comprende lo público y lo privado de su vida y tiene gran impacto movilizador. El amor a la patria se generaliza como costumbre social cuando ésta se sostiene en el ejemplo de personas que pueden inspirarlas y mantenerlas. El gobernante honesto, además de sabio y magnánimo, debe exhibir una regularidad, una rectitud básica; en suma, una ejemplaridad, conciliando los ánimos de su pueblo e induciéndolo a cooperar.

IV

Es preciso reconocer que las crecientes inversiones públicas durante el presente gobierno de Alan García significarán una mejora en diversos ámbitos de la vida cotidiana de los peruanos y pocos dudan de que ellas y las importantes tasas de crecimiento económico anual constituirán la base de su no oculta intención de volver a ser presidente en el año 2016. Sin embargo, esa realidad se ve seriamente cuestionada por aquellos que con amplio conocimiento económico e histórico consideran que el modelo de desarrollo promovido por el gobierno, que continúa en sus líneas maestras el experimento neoliberal iniciado en la década del ’90, es uno que asigna los recursos productivos en base a la dinámica de los libres mercados y que por eso mismo es frágil frente a los shocks externos, políticamente inestable y socialmente excluyente.5 Y que, además, se caracteriza por su especialización en productos de poco valor relativo y una pérdida continua en la balanza comercial del conocimiento, pues el aparato productivo no está diseñado para acumular conocimientos y efectuar innovación.6

El presidente García ha expuesto sus actuales ideas en materia económica en algunos artículos periodísticos,7 conocidos como “el perro del hortelano”, en los cuales plantea que muchos actúan en forma tal que sus bienes no se pueden poner en valor, invertir en ellos y generar empleos, y que hay recursos en la amazonía, en las tierras comunales, en minería y petróleo, que deberían ser explotados por grandes inversionistas privados y que de lo contrario se seguirá en la pobreza intelectual y educativa. Esos artículos generaron un intenso debate, y para los defensores del presidente –que son los menos- demuestran más que un giro ideológico del APRA, su capacidad de adaptación a las macropolíticas y a la reestructuración de sus coaliciones sociales, apuntando a un elector integrado al sistema. Pero los artículos han recibido críticas muy severas por su carácter discriminatorio, por cuanto significarían una falta de regulación sobre los recursos naturales, por la falta de reconocimiento a los conocimientos de campesinos y pueblos nativos, por su diagnóstico equivocado sobre la productividad, por proponer un sistema de organización económica que sería la multiplicación de grandes latifundios y porque todo ello iría contra la construcción de una sociedad equitativa, ambientalmente sostenible, con muchos actores, instituciones fuertes, mercados locales dinámicos y un Estado activo y al mismo tiempo descentralizado; en otras palabras, para sus críticos esos artículos representan visiones propias del siglo XIX.8

Algunos estudiosos opinan que no debe llamar la atención el giro político del APRA, pues esa práctica tiene una larga historia que nace con su fundador Víctor Raúl Haya de la Torre al fundamentar el relativismo del espacio tiempo histórico y de conducir a su partido de modo pragmático, desarrollando líneas distintas adecuadas a cada ocasión, lo que ha continuado ahora bajo el liderazgo de García. Pero inclusive esas variaciones deben tener límites, pues si no los tienen entonces reflejan más que el pragmatismo de coyuntura una ausencia de verdad o un exceso de cinismo, destinado a engatusar al prójimo para beneficio personal. Demuestra también la debilidad emotiva de quien actúa, maniquea y mesiánicamente con raptos de delirio de grandeza. No es posible explicar de otra forma las opiniones tan contradictorias y divergentes de Alan García en asuntos fundamentales que tienen que ver con la visión del mundo y del Perú y con el destino de sus habitantes. Para comprobarlo sólo basta hacer un recorrido por sus libros “El futuro diferente” (1982), “El nuevo totalitarismo” (1991) y “Para comprender el siglo XX y comenzar el siglo de la juventud” (2004).
Opiniones provenientes de destacados economistas y políticos recomiendan cambiar la estructura productiva del Perú y pasar de ser un sector primario a uno industrializado, con valor agregado y generación de empleos. En visita reciente al Perú, Michael Porter señaló que atravesamos tiempos económicamente peligrosos porque las fuerzas que explican el crecimiento reciente no son sostenibles porque no generan competitividad, y porque el Perú depende demasiado de las exportaciones de materias primas que tienen un potencial limitado para impulsar el crecimiento económico. Son varios también los economistas peruanos que opinan en el mismo sentido y ello es directamente contrario a las ideas sostenidas por el presidente García en sus artículos antes mencionados y en reiteradas declaraciones públicas. Las organizaciones empresariales y la mayoría de los centros académicos han guardado a este respecto un penoso silencio.

No cabe duda que el partido aprista es no sólo el más importante sino quizá el único partido político organizado en el Perú. Sin embargo, con motivo de sus elecciones internas ha dado muestras en múltiples ocasiones de prácticas corruptas e ilegales, con manipulación de padrones electorales y violencia física entre sus militantes. Es el resultado del ejemplo que dan sus jefes y un mensaje muy poco constructivo para los jóvenes que deseen ingresar a la política, pues ven a los partidos como un refugio de delincuentes que actúan con la coartada del servicio público. Nuestros partidos políticos han perdido la capacidad de cumplir la misión para la que supuestamente existen: intermediar las demandas sociales con el fin de alcanzar respuestas guiadas por el interés social.9 Los desmanes al interior del APRA han significado en la práctica que Alan García se haya convertido, apoyado en los medios de comunicación que sostienen el modelo económico, en dueño del partido en el sentido patrimonialista que han tenido las jefaturas políticas en el Perú, siendo uno de sus poderes el ocultamiento de información, cuya develación puede producir resultados explosivos.10

Hay otras materias sobre las cuales el Perú de García Pérez no cumple con las exigencias de una sociedad democrática moderna y, además, defensora de sus intereses históricos permanentes. Así, a pesar del énfasis que tuvo durante décadas en la doctrina aprista, el gobierno de García ha abandonado todos los intentos serios para lograr una mayor integración económica y política en Sudamérica. No se trata de una afirmación calenturienta o coyuntural. El destacado académico francés Pierre Calamè ha dicho recientemente en Lima que “la falta de integración regional y nuestra incapacidad (o falta de voluntad) para construir proyectos en común son los principales aspectos que dilatan la construcción de una verdadera democracia en América Latina y, más aún para tener una presencia mundial”. Ha señalado también que la cultura latinoamericana es de confrontación, como si el diálogo no fuera posible, y que hay una tendencia hacia el populismo. Más duro aún, ni siquiera nos considera países soberanos.11

De otro lado, el gobierno aprista ha celebrado un Acuerdo de Libre Comercio con Chile que no ha querido, como era su obligación, que se debata en el Congreso, el mismo que contiene cláusulas contrarias a los intereses del Perú. También ha realizado reiterados actos destinados al control de la prensa y la televisión, en una clara demostración de intolerancia. El presidente García se ha atrevido a afirmar públicamente que aquellos ciudadanos que no concuerdan con sus ideas son de segunda categoría; ha celebrado con Brasil acuerdos energéticos que tendrían una grave influencia negativa en nuestra amazonía, cuyos términos se desconocen; ha contribuido a que su partido se especialice en el copamiento estatal, multiplicando la burocracia para dar cabida a sus militantes en puestos de poca trascendencia. En su práctica cotidiana, García y el aprismo se han aliado con el fujimorismo, que se caracterizó por someter a los peruanos, envilecerlos y mantenerlos desinformados, atacando sistemáticamente nuestra libertad e impidiendo que se construya un elemento básico para el desarrollo como para la seguridad, que es nuestro autorespeto.

El éxito en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la existencia de gente con vocación de servicio al interior del partido aprista, la demanda ante el Tribunal de La Haya para conocer nuestros límites marítimos con Chile, la reconstrucción de grandes unidades escolares públicas, y otros aspectos que pueden calificarse de positivos, como los esfuerzos para promocionar la exportación de productos agroindustriales, no puede ocultar su pobrísimo desempeño en la lucha anticorrupción o en la gestión de asuntos vitales para la vida de miles de peruanos, como se observa en la fracasada reconstrucción de ciudades, como Pisco, que han sufrido catástrofes naturales.

La prometida reforma del Estado de la campaña electoral no solamente no se ha realizado, más bien existen claros retrocesos en algunos sectores vinculados a la transparencia y a la seguridad jurídica, pues en verdad la promoción presidencial a las grandes inversiones, especialmente en el campo energético y minero, no ha ido acompañada por el perfeccionamiento de entidades destinadas a regular el mercado y defender a los consumidores y usuarios. Es más, continuas campañas sico-sociales, algunas destinadas a crear temor en la población, aunque ponen en evidencia la debilidad de los aparatos estatales vinculados a la seguridad, sirven para adoptar medidas autoritarias e inconsultas, o a realizar por el Jefe de Estado aseveraciones sin mayores elementos de juicio, de contenido racista, que en verdad no son otra cosa que un burdo artificio de distracción.12 Grave es también el no haber podido revertir la mala imagen de la educación pública y la creación de nuevas universidades por motivos electorales. El notable educador Luis Jaime Cisneros ha afirmado que “todos los argumentos esgrimidos para su creación son de un patrioterismo ingenuo que no resiste el menor análisis”, y que mencionar la investigación como motivo es mentir y negarse al porvenir.13

Importantes reformas políticas vinculadas al capítulo económico constitucional, al sistema partidario y electoral han sido dejadas de lado, lo que hará cada vez más difícil la gobernabilidad. A pesar de ello, es preciso considerar que las dificultades que afrontamos no se resolverán renunciando a la política, sino tan sólo con la transformación de la misma. El gobierno aprista no ha contribuido a que se contemple la democracia como la concepción privilegiada del bien público, una forma de vida en la que hay maneras apropiadas para deliberar sobre valores y negociar sobre disputas. No ha contribuido a que se haga realidad el concepto de “autonomía” que connota la capacidad de razonar reflexivamente y escoger actuar entre distintos cursos de acción; principio elemental para la demarcación del poder legítimo.

Y no ha tomado en cuenta que las condiciones claves para su realización son las que conciernen a los límites necesarios a la actuación de los medios financieros y de producción, pues de lo contrario los resultados democráticos estarán sistemáticamente sesgados en beneficio de los económicamente poderosos. Si ello no se corrige, la formulación de la agenda política escapará de las manos de los ciudadanos y se formulará por los grupos de presión y los medios de comunicación, y entonces el “gobierno del pueblo” existirá en gran parte tan sólo en nombre y la visión tecnocrática acabará imponiéndose.14
Es probable que el hombre contemporáneo no este en condiciones de imaginarse un orden social distinto al capitalismo, pero ello no significa desconocer que este último tiene distintas manifestaciones y que en la sociedad política pueden edificarse “buenas costumbres”. Por tanto, a pesar de todos los logros económicos que puedan ponerse de relieve, el futuro del Perú que persigue construir Alan García, hombre de malas costumbres y carente de virtud, es el de un país en el cual las políticas públicas no se edifiquen de acuerdo a la libertad de los ciudadanos sino al capricho de los gobernantes y los intereses de los grupos de presión, donde las buenas costumbres en la vida pública y privada sean un tema exótico y desmontable por arte del cinismo y la preeminencia del interés personal. El Perú, así, será un territorio en el cual su población se debilitará y no podrá enfrentar el ímpetu siempre presente del afán de coloniaje en sus múltiples manifestaciones contemporáneas.

V

La república romana fijó un modelo de gobierno que no sólo vinculaba la libertad con la virtud sino también la libertad con la gloria cívica y el poder militar, ofreciendo una concepción de la política que conectaba la participación con el honor y la conquista. “Virtud” significaba patriotismo y espíritu público, una heroica disposición a buscar el bien común por encima de los intereses de uno mismo o de la propia familia. La virtud cívica debía predominar sobre los intereses de las facciones; es decir, los intereses comunes de los ciudadanos, orientados hacia el bien público, debían prevalecer sobre las prácticas políticas corruptas, que era la búsqueda del interés privado en los asuntos públicos. De ahí la importancia de la participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones si desean salvaguardar su libertad personal. El uso despótico y corrupto del poder político genera ineficiencia y es indeseable por sí mismo. Y al privar al individuo de una voz potencial en su propio destino socava las bases de la dignidad humana. Esta última se verá entonces amenazada porque sin la oportunidad de participar en los asuntos de interés común es difícil descubrir las propias necesidades y desarrollar las excelencias mentales de tipo intelectual, práctico y moral.

Cicerón dice en su tratado “Sobre la República” que la mayor de las posibles virtudes es el amor a la patria y ensalza a aquellas personas que dan por ella su vida.15 Por tanto, cuando ese amor a la patria se generaliza como costumbre social, la subsistencia de la república está asegurada; pero a su vez la existencia de esas costumbres está condicionada a la concurrencia de personas que con su ejemplo puedan inspirarlas y mantenerlas. Para Cicerón los dos pilares sobre los que se sostiene la república universal de Roma, son las costumbres y la excelencia moral de los hombres que la gobiernan.
Cicerón establece como axiomático que, si el hombre existe para servir a los demás y perfeccionarse en la práctica de la virtud –siendo la virtud, como es, esencialmente cosa de practicar y no sólo de predicar- la virtud más excelsa es necesariamente la que se esfuerza por ejercer el gobierno de la república. Para Cicerón la “res pública” se refiere a la “gestión pública”. Por lo tanto, lo que realmente importa no es la forma de gobierno, la estructura política, sino la virtud de los hombres que se dedican a gobernar efectivamente, razón por la cual la gloria celestial se la lleva el virtuoso gobernante.16

Teniendo presente las lecciones que nos han dejado los mejores y pensando en el futuro cercano que nos espera, recordemos que : “.... las democracias, no por corrompidas, están condenadas a muerte a causa de la corrupción. Tan sólo están condenadas a oler mal por muchos lados.....”17.. En el caso del Perú, los “compañeros” apristas y su jefe deben de saber que sus conductas no han podido ser igualadas en la tarea de hacer que nuestra democracia hieda.

1 De Althaus, Jaime, “La revolución capitalista en el Perú”, FCE, Lima, 2007, pág. 13.E, Lima, 2007
2 Rospigliosi, Fernando, “Bagua: lecciones no aprendidas”, La República, 6 de junio de 2010.
3 Zapata, Antonio, “La bola de billar”, La República, 9 de junio de 2010.
4 Javier Gomá apunta: “La extensión en los países occidentales del Estado de Derecho, la creación de una opinión pública libre, la garantía de los derechos fundamentales, la independencia de los jueces, las elecciones generales periódicas y la alternancia en el poder de los partidos gobernantes, entre otros factores derivados del advenimiento de las democracias liberales, acrece todavía más el imperativo de ejemplaridad dirigido al profesional de la política. Al residir la soberanía en el pueblo el político es ahora un representante que gestiona vicariamente negocios ajenos, suposición es fiduciaria y su responsabilidad mucho más amplia y profunda. Además de responder jurídicamente ante la ley en el orden civil, administrativo y penal, es responsable también políticamente, esto es, ante el superior que lo nombró y, en todo caso, ante el pueblo que lo eligió” (“Ejemplaridad pública”, Taurus, Madrid, 2009, pág. 263)
5 Schuldt, Jurgen, “Radiografía económica del experimento neoliberal peruano”, La República, Lima, 01.11.09.
6 Roca, Santiago, “La balanza comercial de conocimiento”, La República, Lima, 13.07.2010.
7 “El síndrome del perro del hortelano” y “El perro del hortelano contra el pobre” publicados en el diario El Comercio de Lima los días 28 de octubre del 2007 y 2 de marzo del 2008.
8 Eguren, Fernando, “Un presidente para el siglo XIX”, Revista Agraria, Lima, Noviembre 2007.
9 Alvarez Rodrich, Augusto, “Peruanos en su salsa”, La República, Lima, 02.05.2010.
10 López Jiménez, Sinesio, “El poder de los secretos”, La República, Lima, 07.05.2010.
11 El Comercio, Lima, 09.05.2009.
12 Ghibellini, Mario, “Pulmón Artificial”, Revista Somos Nº 195, Lima, 31.10.2009.
13 La República, Lima, 06.06.2010.
14 Held, David, “Modelos de democracia”, Alianza Editorial, Madrid, 2007, pág. 375 y ss.
15 M. Tulio Cicerón, “Sobre la república”, Editorial Gredos, Madrid, 1991, I, 3.
16 M.Tulio Cicerón, “Sobre la república”, Op.Cit., VI, 23, 25.
17 Bueno, Gustavo, “El fundamentalismo democrático”, Planeta, Madrid, 2004, pág. 395.

Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_ http://www.eldiplo.com.pe/ausencia-de-virtud-y-creciente-n%C3%BAmero-de-conductas-p%C3%BAblicas-y-privadas-con-mal-olor