3 dic. 2010

El Estado desigual

por Gonzalo García Núñez
La percepción ciudadana sobre el funcionamiento de los poderes públicos en el Perú es sumamente negativa1.La desaprobación presidencial ronda el 65 por ciento, entre las primeras de América Latina. Sube a más del 80 por ciento en el score del Poder Legislativo y la aprobación es menor a un digito en el Poder Judicial.
De esa desaprobación no se escapa tampoco los liderazgos de instituciones privadas, tipificadas de “explotadores” por dos de cada tres entrevistados de una renombrada firma encuestadora.
Curiosamente, ante la extendida crisis institucional, algunas entidades públicas tomadas por separado reciben una sorprendente aprobación. A menudo lindante con la unanimidad. BCR, SUNAT, municipalidades o presidencias regionales.
Lo que indica que la percepción de las instituciones es desigual y que, a menudo, contradice la valoración general que la gente tiene del Estado y el Sector privado.
Empero esta hecatombe de la imagen de los poderes públicos y sus instituciones mella al régimen democrático en su conjunto menos de lo que se supondría.
Este sistema es admitido como la forma de gobierno que los peruanos admiten como preferida. En efecto, se confirma la percepción de la democracia como forma superior al autoritarismo, en el que se confunden claramente sesgos de derecha y de izquierda. 2 mDicho de otro modo la democracia realmente existente es percibida como un régimen político legítimo y respetado por las mayorías aunque no dejan de existir opciones que le son contrarias y opuestas.3
Y al parecer esta preferencia por la democracia electoral, representativa y deliberativa, se ilustra por la inflación de candidaturas en los niveles sub nacionales, regionales, provinciales y distritales. Millares de peruanos pugnan por una alcaldía local, provincial, una consejería o presidencia regional. Euforia o carnaval, Adrianzen dixit, es una tendencia participatoria que seguramente se prolongará hasta la elección presidencial prevista para abril 2011.4 Además el país rechaza las argumentaciones extremas. En realidad los partidarios del paroxismo neoliberal, racista, golpista y violentista, cuando se develan ante la opinión, no llegan al 3%. Menos aun los que representan abiertamente los intereses con doble pasaporte. Tampoco existen los que encarnan la herencia acuerdista del senderismo.
El rasgo peligroso para la democracia política más bien parece provenir del calculado silencio sobre los grandes temas nacionales que pudiera esconder una regresión autoritaria. O del escudo del discurso corruptor sobre las obras publicas que disfraza la filiación golpista.En tal contexto, sin embargo, la pugna electoral por el gobierno revela que hay muchas visiones del rol del Estado. Y que hay riesgos que acechan al régimen democrático y sus instituciones, cuya prevención es indispensable. Existe, en consecuencia, visiones de Estado de pobres y de ricos, de limeños y provincianos. Centralistas y descentralistas. De instancias desconectadas y sin representación política, visiones de un Estado desigual5

Estado de exclusiones

Este contraste se percibe mejor con la desagregación territorial de las percepciones medidas por encuestas. Los resultados muestran acentuadamente la naturaleza heterogénea, desigual, contrapuesta, excluyente de la economía, la sociedad y la política en el Perú.
Sin duda, la contestación mayoritaria del actual rol desigual del Estado viene de la inmensa desaprobación provinciana. ¿Cuál es su origen? La pobreza. Que se mide por el acentuado déficit de atención de las instituciones que cubren la demanda de trabajo y de servicios ciudadanos de las mayorías de todo el país. Y la desigualdad. Es posible, tal vez, hablar figuradamente de “Lima y el desierto peruano”, parafraseando un apotegma viejo de los planificadores europeos.
Es una imagen que da sentido a la desigual acumulación de infraestructura y de la dotación de servicios públicos entre el concentrado medio urbano y el falente medio rural, entre el atendido sector costeño y el lejano andino amazónico. Este contraste hace crisis cuando se comparan zonas de frontera y las opuestas vitrinas de otros estados circunvecinos. Ciertamente el acceso de las comunidades originarias, andinas y los pueblos jóvenes periurbanos a redes de productos y servicios ofrecidos por las instituciones públicas es desigual en extremo. En particular la conexión a la salud pública, el agua potable y el alcantarillado, las redes de alumbrado, las aulas, la conectividad física, carreteras y vías menores, las telecomunicaciones, la seguridad y los servicios de justicia. Estos son elementos indispensables para la vida humana y ciudadana en este siglo.6
Estos debieran conformar un piso básico bien atendido y de acceso garantizado a servicios universalizados. Son los que satisfacen derechos fundamentales, recuerda Amartya Sen: Posta médica, Comisaria, Juzgado, Aula pública, Alumbrado, Teléfono comunitario, Acceso a la red carretera, Oficina bancaria, limpieza y disposición de residuos, red de datos, local municipal y sedes partidarias, casas de la cultura y de la juventud, instituciones celulares básicas de la vida democrática.
Si bien en el pasado reciente la limitación financiera del ogro benefactor era evidente, tanto o más es hoy la acendrada convicción ciudadana que no son recursos los que le faltan al Estado para construir y mantener estas instituciones económicas y democráticas básicas. La misma lectura de la desagregación territorial revela el rechazo mayoritario de la gente a la concesión de los recursos naturales, gasíferos, hídricos y energéticos, mineros y metalúrgicos, forestales y biodiversos de la Nación. Que el Estado neoliberal y privatizado -desde dentro- ha entregado a los operadores internacionales en condiciones adversas para el interés general. Tanto que ni siquiera la renta publica sirve para atender las necesidades premiosas de las mayorías rurales, alto andinas y amazónicas. Además hay asuntos más conflictivos que no resuelve el Estado desigual.
Si uno mira el catastro, el mapa de las concesiones espaciales otorgadas por este gobierno, y el territorio de comunidades amazónicas e indígenas se comprueba un recubrimiento geográfico inequívoco. Uno a uno. Esta superposición espacial explica bien el conflicto entre el patrimonio colectivo de los habitantes originarios y el individualizado interés extractivista (Carlos Monge) de la explotación comercial de esos recursos. 7 Bagua es el detonador de esta contradicción creciente entre pueblos y un Estado profundamente imbricado al interés transnacional. Allí, en la denominada “Curva del Diablo”, mueren pobladores nativos y custodios del orden en un luctuoso enfrentamiento.
Conflicto que estuvo guiado por la desafortunada interpretación del paradigma del “perro del hortelano”.8 Por eso Sinesio López no vacila en calificarlo de Estado predatorio, actor de un nuevo laudo de la Brea y Pariñas, esta vez gasífero.

Tras cuernos, palos

Nótese que este conflicto es una contradicción resultante del choque entre modos de producción y distribución de sistemas sociales históricamente diversos. Aquel que proviene del capitalismo globalizado de hoy y en el otro extremo, el que vive de la economía recolectora y de caza de los pueblos amazónicos, como hace centurias. Uno que destroza el ambiente, otro que ha sabido adaptarse al mismo y la naturaleza. Regla igual para ciudadanos desiguales, se les aplica a los ocupantes históricos del espacio una normatividad que proviene de la aprobación inconsulta de Tratados jurídicos de libre comercio. Y se dijo, sin ambages, que “antes los tratados que los pueblos originarios”.
Esto no ha hecho más que agravar las cosas. Aquí el rasero de la norma pactada por los afluentes con los EE.UU. u otras potencias se les impuso verticalmente a los demás peruanos, caso de la realidad amazónica, heterogénea y desigual, para contento de pocos y el refunfuñar de los más con relación al rol del Estado. La satisfacción de los primeros, los afluentes, está ligada a los nuevos derechos de propiedad sobre el territorio peruano en los procesos de circulación y realización del capital global otorgado por concesión omnímoda al extranjero. El desagrado de los otros, los segundos, vinculado a la desatención a sus modos de relación con la tierra, el bosque, los ríos, el hábitat diverso. Al rechazo a su derecho de consulta (OIT-169), el olvido de las necesidades de trabajo y la actividad de la pequeña y mediana producción local y regional. Al descuido de los mercados ahora concentrados en extremo y el abandono de las organizaciones que abastecen la demanda interna.9

El socavamiento del estado

Dependiente de la tributación aduanera, los impuestos a la circulación, y sujeto a las fluctuaciones de las cotizaciones internacionales de los recursos naturales, el aparato de Estado apenas se restablece de la anemia perniciosa provocada por el golpe fujimontesinista en 1992. Y en simultáneo, por el socavamiento de la autoridad pública, creado por la auto designada “guerra popular” inspirada en el catecismo de la fenecida cuatrinca china10.
En tal brutal reducción del poder público atacado por varias bandas no era dable pensar en la sobrevivencia de un aparato tecnificado y eficaz en los últimos decenios. A mediados de la década reciente se atisba recién un cierto equilibrio de las cuentas públicas. Hay un mayor saldo para inversión del Estado en infraestructura. Se observa una menor dependencia del endeudamiento con los mercados e instituciones financieras internacionales, el fin del “original sin”, por ejemplo. Inclusive hay un intento tímido de reconstituir políticas públicas y hasta un centro de cuadros gerenciales. Esto debió hacerse rápido y bien en el lustro reciente. Otra cosa hubiera sido si un régimen tributario equilibrado hubiese gravado a la excepcional y gigantesca renta conseguida por las transnacionales en tiempos de sobreprecios mundiales de los commodities andino-amazónicos.Más bien se escogió financiar el aparato del Estado con el pulmón criollo. Con la sobre explotación del personal de trabajadores públicos después de la purga neoliberal de los tempranos noventas. Esta represión salarial mantiene aun varias modalidades operativas. Primero una significativa parte de los empleados públicos se recluta sin régimen pensionario, vacaciones, compensación por tiempo de servicios y otros beneficios sociales. Legislación reciente abre algunas mejoras con los CAS, horarios, contrato a término y otros que atenúan un régimen semiesclavista que descarta sindicatos. Segundo, grandes categorías de servidores se pagan por debajo del valor de la canasta de subsistencia (S/. 2,150 a junio 2010) 11
Veamos el caso de los maestros. Es el destacamento más importante de la empleocracia. Son 488,736 docentes, de los que más de dos tercios sirven en unidades públicas, sin contar por cierto los a los de la educación superior. Según un cálculo reciente del Profesor Chiroque12, el promedio remunerativo de los maestros activos es 1,087.3 soles mensuales. Es decir, el 51% del valor de la canasta básica. Si este cálculo se hace con el ingreso de los maestros cesantes, apenas llega al 37%.según dicha fuente. Desde el 2006 los maestros activos perdieron 8.88% de su poder adquisitivo mientras que los jubilados cayeron en 11.39%, siempre Chiroque.
Además, en Loreto -pero pudo ser en cualquier región alejada- el gobierno regional distribuyó un Oficio circular en que solicitaba a las Unidades de Gestión Educativa que suspendieran -de modo temporal- el pago de conceptos remunerativos de la denominada carrera pública magisterial. No había caja. La ley de carrera pública magisterial (5.3% del total de profesores) fue presentada como analgésico a este crujir de tripas. La cúspide está formada por 50 profesores que trabajan en los Colegios Mayores. Allí la dedicación cronológica laboral es de 48 horas semanales, incluyendo sábados, casi 5,000 soles o 2 canastas básicas. Siguen 553 maestros del V Nivel magisterial a 40 horas, y 4,066 soles. Después 5,968 entre el II y V nivel, y en el Primer Nivel habría 10,943 docentes con regímenes cronológicos de 24, 25 o 30 horas por semana, con ingresos por debajo de la canasta de subsistencia.
Mientras tanto la letra de la Constitución política sigue ordenando que el trabajador “tenga derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual” y añade que “el pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación”. Lo que le queda al Estado privatizado es simplemente el incumplimiento sistemático de ese mandato constitucional, como se ha visto arriba. 13El razonamiento se extiende a otros grandes cuerpos de agentes públicos. Por ejemplo, la salud. Médicos, tecnólogos médicos, enfermeros, obstetras, sicólogos, clínicos, entre otras especialidades profesionales, pugnan en permanencia por un ingreso compatible con su condición y dedicación. Mientras, en las antípodas, licitaciones comatosas de Ministros prontamente descabezados descubren la podredumbre de la corrupción y el desorden en el control de los recursos de todos.
Caso semejante, retraso salarial, ocurre en categorías de activos y pensionistas de Universidades, Fuerzas Armadas, Policiales, agentes de municipios, cuerpos de seguridad y asistencia ciudadanas, entre otros.Luego, esto ya es claro para todos como factor de crisis del Estado, el componente de inversión fue achicado a niveles extremos, inferiores al 2.5% del presupuesto desde los 90s. Sirvió de instrumento para contener el déficit fiscal. ¿Cómo cimentar el piso mínimo de igualdad entre peruanos restringiendo la inversión pública? Por eso ninguna de las promesas electorales de los partidos llegados al gobierno fue colmada con la universalización de los servicios sociales y de proximidad.
En buen romance, en medio de la carencia extrema de más de un tercio de la población, el financiamiento público proviene en gran medida de la represión salarial, el desmantelamiento institucional de la capacidad inversora en servicios públicos, sazonados a la mentira electoral con olor a podre de la corruptela.

In fine

De allí que el descontento brote cuando se hace evidente la contradicción entre el aparataje legal, los discursos de los representantes gubernamentales y la efectividad de lo que se regula y promete.
La separación entre el mundo legal y real es otro de los factores que explican el creciente descredito de las instituciones básicas que describe Douglas North.
Profundiza, además, la crisis de valores que encierra la enajenación de la autoridad pública por la valorativa del lucro desenfrenado y la corrupción. Ciertamente, la herencia de la des institucionalización no escatima el mundo de la empresa o gestión privadas. Los recientes escándalos (petroaudios, BTR,Communicore,,,) comprometen una tejida malla de sobornos provenientes de intereses internacionales, cabilderos, cipayos y operadores públicos. 14Ni la electoral. Un candidato a la alcaldía mistiana, picardía malsana, presume de ser partidario del “robo decente”. Preguntado, responde, “decente porque yo solo pediré 10% porque hay otros indecentes que piden 30%”. 15
Ni la de valores. Otro no encuentra contradicción alguna con su protagonismo en un difundido video con Montesinos. Allí se aconsejan mutuamente en el arte del engaño electoral. nstituciones matrices como la iglesia viven también un crudo momento atravesado por mundializadas denuncias sobre pedofilia. Violencia, desplazados, emigración, globalización sin instituciones, aparecen en la agenda política del double dip, la segunda ola de la crisis mundial. Ante estos riesgos, la tarea de hacer y rehacer instituciones democráticas deviene en una obligación estratégica para enfrentar y superar estos retos dinámicos.


1 Instituto de Opinión Publica de la PUCP, Encuesta sobre valores, Lima, Sept. 2009
2 PNUD, la democracia en el Perú, Lima, Marzo 2006, 3 t., en especial el mensaje de las cifras. Véase: Nueva Sociedad, Gobernanza Global, una Mirada desde América Latina, Caracas 2002
3 PNUD,la democracia en América Latina, Buenos Aires, 2004
4 IDEA, Democracia en la Región Andina, los telones de fondo, Lima, 2005
5 Banco Mundial, Un nuevo contrato social para el Perú, Daniel Cotlear ed., Lima, 2006
6 AFD et alii, www.villesendevenir.org, Paris, 2007 muestra un compendio de las condiciones básicas de existencia urbanas.
7 Que fue percibido finamente por: Sunkel Oswaldo, Capitalismo transnacional y desintegración nacional en América Latina, Estudios internacionales, 1971
8 Algunos editorialistas incitaron a la violencia del Estado en los días previos al conflicto de Bagua, como lo hicieron también en Tacna, Moquegua, Islay, Majaz, Chala. La lista es extensa.
9 Monereo José Luis, La democracia en Crisis, Madrid, El viejo topo, 2004
10 Degregori Carlos I., El nacimiento de Sendero Luminoso, Lima, IEP, 1991
11 cifra calculable con datos del propio organismo especializado del Estado (INEI).
12 MIM-Perú, Situación remunerativa del magisterio peruano, sector público, Lima, Junio 2010.
13 Peor aun si también se desatiende a la ley de desarrollo constitucional, en este caso la Ley General de Educación, que indica que al profesor le corresponde ,percibir remuneraciones justas y adecuadasp y también las bonificaciones establecidas por ley.. o si el Proyecto Educativo Nacional, consensuado y aprobado por Resolución Suprema, manda que el sistema remunerativo docente considere remuneraciones básicas comunes dignas y referenciales de acuerdo a las condiciones y cargas laborales que se asignan”, la realidad como vemos se aleja de estos generosos aunque incumplidos postulados.
14 Que tiene relación con la configuración clasista. Véase, CEPAL: las estructuras de clase en AL, composición y cambios durante la época neoliberal, Serie Políticas sociales, No. 68, División de desarrollo social de CEPAL.

El Estado desigual

por Gonzalo García Núñez
La percepción ciudadana sobre el funcionamiento de los poderes públicos en el Perú es sumamente negativa1.La desaprobación presidencial ronda el 65 por ciento, entre las primeras de América Latina. Sube a más del 80 por ciento en el score del Poder Legislativo y la aprobación es menor a un digito en el Poder Judicial.
De esa desaprobación no se escapa tampoco los liderazgos de instituciones privadas, tipificadas de “explotadores” por dos de cada tres entrevistados de una renombrada firma encuestadora.
Curiosamente, ante la extendida crisis institucional, algunas entidades públicas tomadas por separado reciben una sorprendente aprobación. A menudo lindante con la unanimidad. BCR, SUNAT, municipalidades o presidencias regionales.
Lo que indica que la percepción de las instituciones es desigual y que, a menudo, contradice la valoración general que la gente tiene del Estado y el Sector privado.
Empero esta hecatombe de la imagen de los poderes públicos y sus instituciones mella al régimen democrático en su conjunto menos de lo que se supondría.
Este sistema es admitido como la forma de gobierno que los peruanos admiten como preferida. En efecto, se confirma la percepción de la democracia como forma superior al autoritarismo, en el que se confunden claramente sesgos de derecha y de izquierda. 2 mDicho de otro modo la democracia realmente existente es percibida como un régimen político legítimo y respetado por las mayorías aunque no dejan de existir opciones que le son contrarias y opuestas.3
Y al parecer esta preferencia por la democracia electoral, representativa y deliberativa, se ilustra por la inflación de candidaturas en los niveles sub nacionales, regionales, provinciales y distritales. Millares de peruanos pugnan por una alcaldía local, provincial, una consejería o presidencia regional. Euforia o carnaval, Adrianzen dixit, es una tendencia participatoria que seguramente se prolongará hasta la elección presidencial prevista para abril 2011.4 Además el país rechaza las argumentaciones extremas. En realidad los partidarios del paroxismo neoliberal, racista, golpista y violentista, cuando se develan ante la opinión, no llegan al 3%. Menos aun los que representan abiertamente los intereses con doble pasaporte. Tampoco existen los que encarnan la herencia acuerdista del senderismo.
El rasgo peligroso para la democracia política más bien parece provenir del calculado silencio sobre los grandes temas nacionales que pudiera esconder una regresión autoritaria. O del escudo del discurso corruptor sobre las obras publicas que disfraza la filiación golpista.En tal contexto, sin embargo, la pugna electoral por el gobierno revela que hay muchas visiones del rol del Estado. Y que hay riesgos que acechan al régimen democrático y sus instituciones, cuya prevención es indispensable. Existe, en consecuencia, visiones de Estado de pobres y de ricos, de limeños y provincianos. Centralistas y descentralistas. De instancias desconectadas y sin representación política, visiones de un Estado desigual5

Estado de exclusiones

Este contraste se percibe mejor con la desagregación territorial de las percepciones medidas por encuestas. Los resultados muestran acentuadamente la naturaleza heterogénea, desigual, contrapuesta, excluyente de la economía, la sociedad y la política en el Perú.
Sin duda, la contestación mayoritaria del actual rol desigual del Estado viene de la inmensa desaprobación provinciana. ¿Cuál es su origen? La pobreza. Que se mide por el acentuado déficit de atención de las instituciones que cubren la demanda de trabajo y de servicios ciudadanos de las mayorías de todo el país. Y la desigualdad. Es posible, tal vez, hablar figuradamente de “Lima y el desierto peruano”, parafraseando un apotegma viejo de los planificadores europeos.
Es una imagen que da sentido a la desigual acumulación de infraestructura y de la dotación de servicios públicos entre el concentrado medio urbano y el falente medio rural, entre el atendido sector costeño y el lejano andino amazónico. Este contraste hace crisis cuando se comparan zonas de frontera y las opuestas vitrinas de otros estados circunvecinos. Ciertamente el acceso de las comunidades originarias, andinas y los pueblos jóvenes periurbanos a redes de productos y servicios ofrecidos por las instituciones públicas es desigual en extremo. En particular la conexión a la salud pública, el agua potable y el alcantarillado, las redes de alumbrado, las aulas, la conectividad física, carreteras y vías menores, las telecomunicaciones, la seguridad y los servicios de justicia. Estos son elementos indispensables para la vida humana y ciudadana en este siglo.6
Estos debieran conformar un piso básico bien atendido y de acceso garantizado a servicios universalizados. Son los que satisfacen derechos fundamentales, recuerda Amartya Sen: Posta médica, Comisaria, Juzgado, Aula pública, Alumbrado, Teléfono comunitario, Acceso a la red carretera, Oficina bancaria, limpieza y disposición de residuos, red de datos, local municipal y sedes partidarias, casas de la cultura y de la juventud, instituciones celulares básicas de la vida democrática.
Si bien en el pasado reciente la limitación financiera del ogro benefactor era evidente, tanto o más es hoy la acendrada convicción ciudadana que no son recursos los que le faltan al Estado para construir y mantener estas instituciones económicas y democráticas básicas. La misma lectura de la desagregación territorial revela el rechazo mayoritario de la gente a la concesión de los recursos naturales, gasíferos, hídricos y energéticos, mineros y metalúrgicos, forestales y biodiversos de la Nación. Que el Estado neoliberal y privatizado -desde dentro- ha entregado a los operadores internacionales en condiciones adversas para el interés general. Tanto que ni siquiera la renta publica sirve para atender las necesidades premiosas de las mayorías rurales, alto andinas y amazónicas. Además hay asuntos más conflictivos que no resuelve el Estado desigual.
Si uno mira el catastro, el mapa de las concesiones espaciales otorgadas por este gobierno, y el territorio de comunidades amazónicas e indígenas se comprueba un recubrimiento geográfico inequívoco. Uno a uno. Esta superposición espacial explica bien el conflicto entre el patrimonio colectivo de los habitantes originarios y el individualizado interés extractivista (Carlos Monge) de la explotación comercial de esos recursos. 7 Bagua es el detonador de esta contradicción creciente entre pueblos y un Estado profundamente imbricado al interés transnacional. Allí, en la denominada “Curva del Diablo”, mueren pobladores nativos y custodios del orden en un luctuoso enfrentamiento.
Conflicto que estuvo guiado por la desafortunada interpretación del paradigma del “perro del hortelano”.8 Por eso Sinesio López no vacila en calificarlo de Estado predatorio, actor de un nuevo laudo de la Brea y Pariñas, esta vez gasífero.

Tras cuernos, palos

Nótese que este conflicto es una contradicción resultante del choque entre modos de producción y distribución de sistemas sociales históricamente diversos. Aquel que proviene del capitalismo globalizado de hoy y en el otro extremo, el que vive de la economía recolectora y de caza de los pueblos amazónicos, como hace centurias. Uno que destroza el ambiente, otro que ha sabido adaptarse al mismo y la naturaleza. Regla igual para ciudadanos desiguales, se les aplica a los ocupantes históricos del espacio una normatividad que proviene de la aprobación inconsulta de Tratados jurídicos de libre comercio. Y se dijo, sin ambages, que “antes los tratados que los pueblos originarios”.
Esto no ha hecho más que agravar las cosas. Aquí el rasero de la norma pactada por los afluentes con los EE.UU. u otras potencias se les impuso verticalmente a los demás peruanos, caso de la realidad amazónica, heterogénea y desigual, para contento de pocos y el refunfuñar de los más con relación al rol del Estado. La satisfacción de los primeros, los afluentes, está ligada a los nuevos derechos de propiedad sobre el territorio peruano en los procesos de circulación y realización del capital global otorgado por concesión omnímoda al extranjero. El desagrado de los otros, los segundos, vinculado a la desatención a sus modos de relación con la tierra, el bosque, los ríos, el hábitat diverso. Al rechazo a su derecho de consulta (OIT-169), el olvido de las necesidades de trabajo y la actividad de la pequeña y mediana producción local y regional. Al descuido de los mercados ahora concentrados en extremo y el abandono de las organizaciones que abastecen la demanda interna.9

El socavamiento del estado

Dependiente de la tributación aduanera, los impuestos a la circulación, y sujeto a las fluctuaciones de las cotizaciones internacionales de los recursos naturales, el aparato de Estado apenas se restablece de la anemia perniciosa provocada por el golpe fujimontesinista en 1992. Y en simultáneo, por el socavamiento de la autoridad pública, creado por la auto designada “guerra popular” inspirada en el catecismo de la fenecida cuatrinca china10.
En tal brutal reducción del poder público atacado por varias bandas no era dable pensar en la sobrevivencia de un aparato tecnificado y eficaz en los últimos decenios. A mediados de la década reciente se atisba recién un cierto equilibrio de las cuentas públicas. Hay un mayor saldo para inversión del Estado en infraestructura. Se observa una menor dependencia del endeudamiento con los mercados e instituciones financieras internacionales, el fin del “original sin”, por ejemplo. Inclusive hay un intento tímido de reconstituir políticas públicas y hasta un centro de cuadros gerenciales. Esto debió hacerse rápido y bien en el lustro reciente. Otra cosa hubiera sido si un régimen tributario equilibrado hubiese gravado a la excepcional y gigantesca renta conseguida por las transnacionales en tiempos de sobreprecios mundiales de los commodities andino-amazónicos.Más bien se escogió financiar el aparato del Estado con el pulmón criollo. Con la sobre explotación del personal de trabajadores públicos después de la purga neoliberal de los tempranos noventas. Esta represión salarial mantiene aun varias modalidades operativas. Primero una significativa parte de los empleados públicos se recluta sin régimen pensionario, vacaciones, compensación por tiempo de servicios y otros beneficios sociales. Legislación reciente abre algunas mejoras con los CAS, horarios, contrato a término y otros que atenúan un régimen semiesclavista que descarta sindicatos. Segundo, grandes categorías de servidores se pagan por debajo del valor de la canasta de subsistencia (S/. 2,150 a junio 2010) 11
Veamos el caso de los maestros. Es el destacamento más importante de la empleocracia. Son 488,736 docentes, de los que más de dos tercios sirven en unidades públicas, sin contar por cierto los a los de la educación superior. Según un cálculo reciente del Profesor Chiroque12, el promedio remunerativo de los maestros activos es 1,087.3 soles mensuales. Es decir, el 51% del valor de la canasta básica. Si este cálculo se hace con el ingreso de los maestros cesantes, apenas llega al 37%.según dicha fuente. Desde el 2006 los maestros activos perdieron 8.88% de su poder adquisitivo mientras que los jubilados cayeron en 11.39%, siempre Chiroque.
Además, en Loreto -pero pudo ser en cualquier región alejada- el gobierno regional distribuyó un Oficio circular en que solicitaba a las Unidades de Gestión Educativa que suspendieran -de modo temporal- el pago de conceptos remunerativos de la denominada carrera pública magisterial. No había caja. La ley de carrera pública magisterial (5.3% del total de profesores) fue presentada como analgésico a este crujir de tripas. La cúspide está formada por 50 profesores que trabajan en los Colegios Mayores. Allí la dedicación cronológica laboral es de 48 horas semanales, incluyendo sábados, casi 5,000 soles o 2 canastas básicas. Siguen 553 maestros del V Nivel magisterial a 40 horas, y 4,066 soles. Después 5,968 entre el II y V nivel, y en el Primer Nivel habría 10,943 docentes con regímenes cronológicos de 24, 25 o 30 horas por semana, con ingresos por debajo de la canasta de subsistencia.
Mientras tanto la letra de la Constitución política sigue ordenando que el trabajador “tenga derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual” y añade que “el pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación”. Lo que le queda al Estado privatizado es simplemente el incumplimiento sistemático de ese mandato constitucional, como se ha visto arriba. 13El razonamiento se extiende a otros grandes cuerpos de agentes públicos. Por ejemplo, la salud. Médicos, tecnólogos médicos, enfermeros, obstetras, sicólogos, clínicos, entre otras especialidades profesionales, pugnan en permanencia por un ingreso compatible con su condición y dedicación. Mientras, en las antípodas, licitaciones comatosas de Ministros prontamente descabezados descubren la podredumbre de la corrupción y el desorden en el control de los recursos de todos.
Caso semejante, retraso salarial, ocurre en categorías de activos y pensionistas de Universidades, Fuerzas Armadas, Policiales, agentes de municipios, cuerpos de seguridad y asistencia ciudadanas, entre otros.Luego, esto ya es claro para todos como factor de crisis del Estado, el componente de inversión fue achicado a niveles extremos, inferiores al 2.5% del presupuesto desde los 90s. Sirvió de instrumento para contener el déficit fiscal. ¿Cómo cimentar el piso mínimo de igualdad entre peruanos restringiendo la inversión pública? Por eso ninguna de las promesas electorales de los partidos llegados al gobierno fue colmada con la universalización de los servicios sociales y de proximidad.
En buen romance, en medio de la carencia extrema de más de un tercio de la población, el financiamiento público proviene en gran medida de la represión salarial, el desmantelamiento institucional de la capacidad inversora en servicios públicos, sazonados a la mentira electoral con olor a podre de la corruptela.

In fine

De allí que el descontento brote cuando se hace evidente la contradicción entre el aparataje legal, los discursos de los representantes gubernamentales y la efectividad de lo que se regula y promete.
La separación entre el mundo legal y real es otro de los factores que explican el creciente descredito de las instituciones básicas que describe Douglas North.
Profundiza, además, la crisis de valores que encierra la enajenación de la autoridad pública por la valorativa del lucro desenfrenado y la corrupción. Ciertamente, la herencia de la des institucionalización no escatima el mundo de la empresa o gestión privadas. Los recientes escándalos (petroaudios, BTR,Communicore,,,) comprometen una tejida malla de sobornos provenientes de intereses internacionales, cabilderos, cipayos y operadores públicos. 14Ni la electoral. Un candidato a la alcaldía mistiana, picardía malsana, presume de ser partidario del “robo decente”. Preguntado, responde, “decente porque yo solo pediré 10% porque hay otros indecentes que piden 30%”. 15
Ni la de valores. Otro no encuentra contradicción alguna con su protagonismo en un difundido video con Montesinos. Allí se aconsejan mutuamente en el arte del engaño electoral. nstituciones matrices como la iglesia viven también un crudo momento atravesado por mundializadas denuncias sobre pedofilia. Violencia, desplazados, emigración, globalización sin instituciones, aparecen en la agenda política del double dip, la segunda ola de la crisis mundial. Ante estos riesgos, la tarea de hacer y rehacer instituciones democráticas deviene en una obligación estratégica para enfrentar y superar estos retos dinámicos.


1 Instituto de Opinión Publica de la PUCP, Encuesta sobre valores, Lima, Sept. 2009
2 PNUD, la democracia en el Perú, Lima, Marzo 2006, 3 t., en especial el mensaje de las cifras. Véase: Nueva Sociedad, Gobernanza Global, una Mirada desde América Latina, Caracas 2002
3 PNUD,la democracia en América Latina, Buenos Aires, 2004
4 IDEA, Democracia en la Región Andina, los telones de fondo, Lima, 2005
5 Banco Mundial, Un nuevo contrato social para el Perú, Daniel Cotlear ed., Lima, 2006
6 AFD et alii, www.villesendevenir.org, Paris, 2007 muestra un compendio de las condiciones básicas de existencia urbanas.
7 Que fue percibido finamente por: Sunkel Oswaldo, Capitalismo transnacional y desintegración nacional en América Latina, Estudios internacionales, 1971
8 Algunos editorialistas incitaron a la violencia del Estado en los días previos al conflicto de Bagua, como lo hicieron también en Tacna, Moquegua, Islay, Majaz, Chala. La lista es extensa.
9 Monereo José Luis, La democracia en Crisis, Madrid, El viejo topo, 2004
10 Degregori Carlos I., El nacimiento de Sendero Luminoso, Lima, IEP, 1991
11 cifra calculable con datos del propio organismo especializado del Estado (INEI).
12 MIM-Perú, Situación remunerativa del magisterio peruano, sector público, Lima, Junio 2010.
13 Peor aun si también se desatiende a la ley de desarrollo constitucional, en este caso la Ley General de Educación, que indica que al profesor le corresponde ,percibir remuneraciones justas y adecuadasp y también las bonificaciones establecidas por ley.. o si el Proyecto Educativo Nacional, consensuado y aprobado por Resolución Suprema, manda que el sistema remunerativo docente considere remuneraciones básicas comunes dignas y referenciales de acuerdo a las condiciones y cargas laborales que se asignan”, la realidad como vemos se aleja de estos generosos aunque incumplidos postulados.
14 Que tiene relación con la configuración clasista. Véase, CEPAL: las estructuras de clase en AL, composición y cambios durante la época neoliberal, Serie Políticas sociales, No. 68, División de desarrollo social de CEPAL.
15 Relato en el diario El Pueblo, Arequipa, Junio 2010
Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_ http://www.eldiplo.com.pe/el-estado-desigual