La tierra del tio SAM, al parecer se acabo el Sueño Norteamericano PLOP “una sociedad democrática, que les da una oportunidad a todos”, pues “parte de la población está excluida de la educación”.

EE.UU. Colegios de la Comunidad

Por Dominique Godrèche

Profesionales en medio de la crisis

De paso por París el 5 de julio de 2009 Jill Biden, esposa del vicepresidente estadounidense Joseph R. Biden, declaró que los community colleges eran la “solución del futuro” para su país.

El 14, el presidente Obama se comprometió a impulsar la tasa de profesionales universitarios en Estados Unidos y llevarla al primer puesto mundial –luego de años de estancamiento–, apoyándose en esos establecimientos de enseñanza superior públicos de primer ciclo (ver recuadro).
Un plan valuado en 12.000 millones de dólares y bautizado American Graduation Initiative debería permitirles obtener cinco millones de profesionales por año a partir de 2020. Por su parte, las fundaciones Gates, Lumina, Kellog y Ford anunciaron que ofrecerán su apoyo a los colleges…
¿Cómo es que de pronto los colleges despiertan semejante entusiasmo de parte de los dirigentes estadounidenses pero también de sus administrados, dado que desde hace un año éstos se inscriben en masa?
Las razones no faltan: son en primer lugar de orden económico, en estos tiempos de crisis. Los community colleges, accesibles para todos, sin limitaciones de edad ni distinciones sociales o de proveniencia académica, representan la alternativa a una enseñanza universitaria que en Estados Unidos es tan cara como selectiva. A la salida de la escuela secundaria, estos cursos de dos años otorgan el Associate degree, necesario para obtener –luego de dos años de universidad– el Bachelor degree. Así, los alumnos pertenecientes a las clases desfavorecidas, que no podrían financiar cuatro años de estudios en una universidad privada, pueden acceder a la educación superior. Además, estos colleges dispensan una enseñanza profesional avalada por Certificates, así como una educación diversificada en una franja de la población que de otro modo no tendría derecho a nada, en particular los inmigrantes. Por último, desempeñan un papel fundamental en la formación continua y la reinserción de personas en fracaso escolar o que deseen reciclarse profesionalmente. 

El college de Santa Fe (Nuevo México), fundado en 1982, constituye un ejemplo típico. Sus departamentos proponen un variado programa de estudios: desde derecho hasta cine, desde enfermería hasta nuevas tecnologías solares, etcétera. Es así como un estudiante de psicología toma cursos de economía o justicia penal. Para Bruno Bornet, decano del departamento Psychology and Liberal Art Studies, el college encarna “una sociedad democrática, que les da una oportunidad a todos”, pues “parte de la población está excluida de la educación”. Santa Fe, ciudad del arte, solicita nuevas vocaciones: escultores y galeristas afluyen hacia su college, como profesores o como estudiantes.
Douglas Barkey, decano del departamento de arte, señala la importancia de esta carrera a nivel local: “Formamos tres mil estudiantes por semestre, de unos 40 años en promedio, así como artistas confirmados y estudiantes secundarios. Los profesores deben tener una maestría o acreditar una experiencia profesional de unos veinte años: nuestro staff vale tanto como el de la universidad”.
La integración de los community colleges en el tejido económico de sus regiones y la capacidad de reacción de la que dan prueba para adaptar los cursos a las necesidades nuevas constituyen para ellos ventajas de importancia. Además, la formación continua y la figura del alumno oyente favorecen tanto el desarrollo personal como el enriquecimiento profesional. Así, el college de Santa Fe recibe a jubilados de otros estados que están deseosos de familiarizarse con el entorno hispano; o a nuevos residentes como Kathleen, que sigue un curso de español “para comprender los nombres de las calles y comunicarse con [sus] empleados hispanos”; o incluso niños, que complementan el home schooling (la educación en casa) que prodigan sus padres. “Cuando un muchacho de por aquí se casa –cuenta Félix Lopez, que hace imágenes de santos y enseña el arte de su fabricación–, se anota en un curso sobre construcción con adobe, porque prefiere vivir en una casa tradicional y no en una casa rodante. Es en el college donde se perpetúa nuestra cultura. Mi clase tiene dieciséis alumnos de entre 20 y 70 años que llegan de los alrededores, pero también del extranjero.”
Davis Coss, alcalde de Santa Fe, se aferra a ese derecho a la formación para inmigrantes, cualquiera sea su estatuto: “Algunos estados aducen que la educación de los hijos de ilegales es demasiado cara. En Nuevo México, que sin embargo es uno de los estados más pobres, pensamos que no educarlos le cuesta demasiado caro a la economía local”. “Santa Fe siempre ha sido una ciudad refugio donde los inmigrantes tienen derecho a trabajar y a estudiar”, agrega Andrew Lovatto, profesor en el college desde hace veinte años. A él le parece lógico que los community colleges tengan tanto éxito: “Las empresas cierran y nos encontramos frente a una masa de gente desempleada cuya única opción es aprender un segundo oficio para encontrar un trabajo. Nosotros ofrecemos esa posibilidad. Y esa es la fuerza de los colleges: la educación permanente”.
De ahí el papel que les fue otorgado por el Estado federal: convertirse en el instrumento que favorezca la recuperación económica nacional (y, en el plano internacional, constituir un modelo para los países en vías de desarrollo). “La universidad es un sálvese quien pueda –observa Sheila Ortego, presidenta del college de Santa Fe–. Nosotros hacemos todo lo posible para ayudar a nuestros estudiantes a ‘llegar’. Tenemos una calidad que a menudo es superior a la de la universidad, donde las clases tienen más de trescientos estudiantes. Y para las personas de edad y la gente que, con una familia a cargo, no pueden dejar de trabajar, el college representa la última esperanza de un futuro mejor. Por eso, lo diré claramente: es ahí donde el dinero debe ser invertido, no en las universidades.”
Durante el último año, la crisis provocó un fuerte aumento en las inscripciones de estos establecimientos: en el de Santa Fe fue del 12%. Pero, paralelamente, los estados hicieron importantes recortes presupuestarios en el dinero destinado a la educación: en Virginia del Norte, por ejemplo, estos fondos pasaron del 60% al 45% del presupuesto estatal en cuatro años, aun cuando los inscriptos en el Northern Virginia Community College habían aumentado, ya el verano pasado, un 10% respecto del año anterior. Debido a ello, los colleges se ven ante una situación inédita, pues su financiamiento depende a la vez de impuestos locales, ayudas estatales y derechos de matrícula. “Como no tenemos los medios para contratar a nuevos profesores, nos vemos obligados a rechazar las inscripciones de último minuto –se lamenta Ortego–. Y la situación es aún peor en otros estados; en California, por ejemplo.” Para intentar hacer frente a esta afluencia, muchos colleges multiplican los cursos que conducen a los estudios superiores. Según la American Association of Community Colleges, casi la mitad de los estudiantes que preparan el Bachelor lo hacen en sus aulas. Más precisamente, estas estructuras acogen en su mayoría a afroamericanos e hispanos, y tienen una población estudiantil esencialmente femenina. La enseñanza libre y las bajas tarifas de inscripción para los desempleados también se están desarrollando (2); y como los pedidos de beca aumentan, muchas instituciones vieron cómo suben sus recursos (en un 9,2%, según un estudio realizado para 2009-2010 por la National Association of Independent Colleges and Universities sobre varios cientos de establecimientos a nivel nacional).
En cuanto a las universidades privadas, la recesión las obligó por primera vez a acudir a sus listas de espera y, según la misma encuesta, a aumentar muy poco sus derechos de matrícula (el 4,2% en la cursada 2009, la cifra más baja de los últimos 37 años) con el fin de alcanzar el alumnado completo. Sin embargo, esos derechos no son menos prohibitivos para muchas familias, y las universidades más baratas llenan su matrícula en detrimento de las otras, que no obstante son más renombradas (la inscripción en primer año cuesta 41.610 dólares en la universidad privada George Washington, contra menos de 8.000 dólares en la universidad pública de Maryland). Según un sondeo de Oppenheimer Funds, nueve estadounidenses de cada diez están convencidos de que si sus tarifas continúan escalando, la enseñanza superior se volverá inaccesible; y el 43% de ellos no llegaron a ahorrar ni 5.000 dólares con ese fin.
El aumento del desempleo y la reducción a nada de muchas carteras de acciones cambiaron el panorama en el país: aun cuando uno de los mejores modos de conseguir un trabajo sigue siendo la adquisición de un Bachelor, lo cierto es que, cada vez más, la gente se procura este diploma mediante la preparación acelerada creada en 2005 (en tres años en lugar de cuatro), que se hace por internet, y sobre todo mediante los community colleges. En total, los alumnos inscriptos en estos últimos crecieron un 30% en nueve años: ahorrando en los gastos globales de escolaridad, se aseguran el financiamiento de toda la carrera y al mismo tiempo se quedan cerca de la familia. Más allá de las instituciones prestigiosas (con un 97% de éxito en Harvard), hoy el trayecto hacia el Bachelor atraviesa a menudo por lo menos dos establecimientos, y las tasas de éxito varían muchísimo de una escuela a otra, ya que dependen en gran medida de la evolución de las ayudas financieras y de los derechos de matrícula. Es por eso que el plan de Obama ha sido tan bien recibido en los colleges: la intervención del Estado federal podría ayudarlos a mejorar sus resultados y a reducir la persistente brecha que existe entre las clases acomodadas y las menos favorecidas.
Las autoridades responden a estas expectativas; en particular, se declaran dispuestas a formar una mano de obra “verde”, en un momento en que los temas de medio ambiente cuestionan a los ámbitos industriales. Así, el Lane Community College, de Oregón, ofrece cursos y diplomas en tecnología de energías renovables, conservación de los recursos acuáticos y gestión de la energía.
Los “empleos verdes”, tema predilecto de militantes ecologistas y personalidades políticas estadounidenses, acaparan la atención. En efecto, el gobierno federal acaba de promulgar una ley de reactivación económica que, entre otras cosas, destina más de 100.000 millones de dólares a proyectos de energía renovable, refacción de edificios para adecuarlos a las nuevas normas ecológicas, uso eficaz de la energía y modernización de la red eléctrica, todos ellos proyectos financiados tanto por donaciones como por préstamos, y que deberían crear cientos de miles de empleos.
Según un informe de Naciones Unidas, la escasez de trabajadores especializados en técnicas “verdes” constituiría el principal obstáculo para el crecimiento del sector de las energías renovables y el mejor uso de la energía en el mundo. Así pues, se trata de crear programas de formación, a escala federal y estatal, para evitar dicha escasez; por otra parte, en un informe publicado junto con el Consejo Nacional para la Formación de la Mano de Obra, la asociación Academy for Educational Development subraya el papel que se espera… de los colleges. “Miles de trabajadores son despedidos y deben mejorar sus habilidades o recibir una nueva formación –indica una de sus redactores, Mindy Feldbaum–. Los community colleges son establecimientos únicos. Gracias a sus estrechos lazos con el mercado laboral (…), pueden responder a las nuevas necesidades de las industrias emergentes y de los empleadores” (3). “Encarnan el eslabón clave de los destinos profesionales, y a menudo son la última posibilidad para escapar de la pobreza –confirma Ortego–; por eso resultan determinantes para la economía del país.”

1 Algunos colleges reclutan activamente fuera de Estados Unidos, en particular en China. La cantidad de estudiantes extranjeros habría aumentado en un 10,5% durante el período 2008-2009 (http://chronicle.com/ article/Number-of-Foreign-Students-in/49142).
2 Otras ayudas provienen de programas estatales, y hay becas y préstamos otorgados en el marco de la Free Application for Federal Student Aid.
3 “Colegios universitarios comunitarios preparan para empleos verdes”, 1-4-09 (www.america.gov/st/env-spanish/2009/April/20090401115434liameruoy0.89204...).Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_ http://www.eldiplo.com.pe/eeuu-colegios-de-la-comunidad

Solo falta ñps campos de cncentracion Nazi y la historia se hbra repetido, “Gestión concertada de los flujos migratorios” “lucha contra la inmigración ilegal”.

Cómo Europa encierra a sus vecinos

Por Alain Morice y Claire Rodier

Los controles migratorios subcontratados a países externos

Europa ha cambiado de muros. Hace veinte años, en Berlín, los representantes de las naciones democráticas recibían de forma unánime la caída del muro como una victoria de la libertad. “Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio”: al fin podría aplicarse el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

En una resolución de 1991, el Consejo Europeo se regodeaba: “Hoy, ciertos cambios políticos permiten que las personas se desplacen libremente por Europa, lo que constituye una condición esencial para la subsistencia y el desarrollo de las sociedades libres y las Culturas florecientes” (sic). Libertad cuyas recaídas no tardaron en temerse. Primero, se recordó que “el derecho a desplazarse libremente, como lo prevén los convenios internacionales, no implica la libertad de instalarse en otro país”. También hubo preocupación por “el espectacular aumento de la cantidad de solicitantes de asilo en Europa occidental y algunos países de Europa central, tentados de utilizar el Convenio de Ginebra para sortear las restricciones a la inmigración”. (1)

El fin de la guerra fría hizo que aparecieran nuevas líneas de frente a lo largo de las cuales surgieron de la tierra o balizaron los mares otras murallas, reales o virtuales, pero más estancas y muy sangrientas. En el Este, la Unión Europea supo negociar su ampliación a cambio de que los nuevos miembros se comprometieran a vigilar sus fronteras. Cada uno debería construir su propio muro de Berlín. En las costas del Mediterráneo, la cumbre europea de Tampere preconizó desde 1999 una “cooperación regional entre los Estados miembros y los terceros países limítrofes de la Unión en materia de lucha contra la criminalidad organizada”, lo cual incluía la “trata de seres humanos”.

Recurrentemente calificados de “clandestinos” y “víctimas” y reprimidos como “pasadores” de envergadura internacional, puesto que se ayudan entre sí, (2) los inmigrantes serían, de allí en más, el blanco de un discurso que justifica que se los combata para protegerlos mejor. La cumbre de jefes de Estado de Sevilla (junio de 2002) consagraría la lucha contra la inmigración ilegal como una prioridad absoluta de la Unión en sus negociaciones con los Estados vecinos.

Así pues, de allí en más, el Viejo Continente, considerándose capaz de controlar sus fronteras, comenzó a derivar metódicamente esa tarea –ignorando los acuerdos internacionales existentes– a los países de proveniencia o de tránsito. (3) Migreurop, una red de investigadores (léase, a continuación, “Las fuentes”), popularizaría el concepto de “externalización”, tomado de los economistas, para calificar esas trabas a la libertad de circular prevista por los textos internacionales.

Las fronteras exteriores del espacio Schengen (véase el mapa) se beneficiaron de allí en más de una segunda muralla, exterior, que requiere la colaboración de los terceros países. Bautizada de forma eufemística “dimensión exterior de la política de inmigración y de asilo” por el programa de La Haya de 2004, (3) la “externalización” acarrea todo un cortejo de subterfugios ideológicos. En los hechos, se trata de hacer que la responsabilidad de controlar las fronteras recaiga sobre los Estados no europeos, en el marco de una cooperación tan oscura como injusta, pero los dirigentes de los Veintisiete se ven forzados a presentar el asunto como una “gestión concertada de los flujos migratorios”.

La “externalización” consiste en instaurar un dispositivo flexible, cada vez un poco más alejado de las fronteras. Sus dos formas principales son la deslocalización de los controles y la subcontratación de la “lucha contra la inmigración ilegal”. Los grandes perdedores son: el ejercicio del derecho de asilo, que sin embargo todos los países de la Unión se comprometieron a respetar al ratificar el Convenio de Ginebra sobre los refugiados, y el derecho a salir de “cualquier país, inclusive del propio” proclamado por varios textos internacionales.

 Ya desde los años 1990, la Unión envió asesores técnicos, en especial a los futuros Estados miembros, para encauzar las migraciones en el país de origen. En 2004, se instauró formalmente una red de “funcionarios de enlace de inmigración” con el objetivo de “contribuir a la prevención de la inmigración ilegal y a la lucha contra ese fenómeno, al regreso de los inmigrantes ilegales y a la gestión de la inmigración ilegal”. Así, la inmigración se ve calificada de “ilegal” aun antes de haberse producido. La principal tarea de estos funcionarios de enlace es ayudar a las autoridades locales a controlar en los aeropuertos la validez de los documentos de viaje, lo cual, en la práctica, los lleva a no respetar, en ciertos casos, la soberanía del país de partida.

En 2001, una directiva de la Unión instauró un sistema de sanciones financieras para las empresas de transporte culpables de trasladar a personas cuyos pasaportes o visas no son válidos. Muy disuasivas –las multas pueden alcanzar los 500.000 euros y las compañías deben hacerse cargo del traslado de regreso de las personas interceptadas–, obligan a un personal sin competencia a efectuar una selección de los pasajeros antes del embarque. Esa privatización de los controles reduce el trabajo de filtraje en el momento de la llegada. Tiene importantes consecuencias cuando las partidas se justifican por una necesidad de protección; puesto que, si bien, en principio, a los solicitantes de asilo no se les puede objetar la irregularidad de su situación o la falta de visa una vez llegados al país de acogida, tienen que haber podido llegar hasta allí. Así pues, siete pescadores tunecinos fueron inculpados y encarcelados en agosto de 2007 por un juez italiano por “ayudar a la inmigración ilegal”, y sus barcos fueron confiscados porque habían salvado del naufragio a una embarcación y llevado a sus pasajeros a Lampedusa (Sicilia), el puerto más cercano, como sin embargo está previsto por los reglamentos marítimos. (5)

Desde 2005, una agencia de la Unión Europea, llamada Frontex, (6) coordina las operaciones de intercepción marítima entre la costa africana y las islas Canarias, y también en el canal de Sicilia. A fines de 2009, José Luis Rodríguez Zapatero, el primer ministro español, se jactó de haber reducido a la mitad los arribos “ilegales” por mar a España. Sin embargo, todo indica que, por su parte, la mortalidad de los inmigrantes, tanto en el mar como en el desierto, no ha disminuido (véase el mapa en la página de al lado). Aunque el refuerzo de los obstáculos no frena las partidas, obliga a recurrir a rutas migratorias indirectas, más peligrosas. Nadie sabe en qué condiciones se lleva a cabo (o no), durante las intervenciones de Frontex, la identificación de eventuales solicitantes de asilo, un procedimiento en principio obligatorio según las normas europeas de acceso al territorio de los Estados miembros. Más allá del hecho de que se desarrolla al abrigo de todo control democrático, esta deslocalización, de la cual Frontex se ha vuelto el símbolo, permite que los países europeos se sustraigan a las exigencias impuestas en su territorio por sus compromisos en el ámbito de los derechos fundamentales.

La externalización del control de las fronteras constituye la trama de la “cooperación global con los países de origen y de tránsito” consagrada por el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, firmado por los Veintisiete en 2008, por iniciativa de Francia, que entonces ejercía la presidencia de la Unión y había convertido la lucha contra la “inmigración sufrida” en su caballito de batalla. En nombre de la “sinergia entre las migraciones y el desarrollo”, el texto coloca a los países de proveniencia y de tránsito de los inmigrantes en ruta hacia la Unión Europea en la posición de guardias de frontera obligados. Así pues, están encargados de proteger a la distancia las fronteras europeas a cambio de contrapartidas, que a veces son económicas y, otras, políticas.

 

El “estatuto avanzado” que Marruecos obtuvo ante la UE en 2008 recompensa a un país que no escatimó esfuerzos por cumplir el papel que se espera de él en la gestión de las migraciones. En el otoño de 2005, mientras se producían los repetidos intentos por cruzar los “alambrados” que cierran la frontera entre España y Marruecos (7) en Ceuta y Melilla, unas veinte personas de origen subsahariano fallecieron, por caída, asfixia, o bajo las balas del ejército marroquí. Esa masacre y los sanguinarios traslados posteriores hacia la zona desértica en la frontera con Argelia, sin embargo cerrada, fueron ampliamente mediatizados por un gobierno marroquí preocupado por mostrar su preocupación. Menos comentado por la prensa fue el drama que se produjo el 28 de abril de 2008 en las costas de Alhucemas (noreste de Marruecos): unas treinta personas, cuatro de las cuales eran niños, fallecieron ahogadas después de que las fuerzas del orden, según testimonios que coinciden, pincharan su embarcación neumática de forma voluntaria. (8) Ninguna investigación independiente permitió arrojar luz sobre este hecho.

Los acuerdos de “readmisión” firmados con los países vecinos constituyen un elemento clave del dispositivo. Para poder expulsar a un extranjero que se encuentra en situación irregular en el suelo europeo, es necesario que su país de origen, o el último país que atravesó, lo reconozca. Conscientes del hecho de que los terceros países no tienen ningún interés en aceptar el regreso de sus ciudadanos –y mucho menos el de los inmigrantes que sólo estuvieron en tránsito en sus países–, los Estados europeos se embarcaron en un ciclo interminable de negociaciones, cuya lógica alimenta una floreciente corrupción y un retroceso generalizado de los derechos fundamentales. De ese modo, en Senegal, Ucrania o ciertos países de los Balcanes, se realizan devoluciones de “clandestinos” sin ninguna formalidad o garantía de protección a cambio de diversas “facilitaciones”. (9)

El derecho de asilo es la víctima directa de esa guerra conducida por la Unión y sus Estados miembros contra los candidatos al exilio. Rechazados o retenidos en los “países tampón” encargados de proteger la fortaleza Europa, las personas que podrían acceder al estatuto de refugiado se ven privadas de la posibilidad de solicitarlo. En nombre de un supuesto “reparto de la carga”, la UE finge creer que los solicitantes de asilo que ella ya no quiere recibir serán recibidos en buenas condiciones por países aliados cuya colaboración ha sabido aprovechar. De ese modo, alienta, en países que no tienen ni la capacidad logística para integrar refugiados ni la voluntad política de hacerlo (por ejemplo los países del Magreb), los brotes xenófobos contra una población que no es aceptada y que es forzada a llevar una vida precaria. (10)

También incita al desarrollo de una multitud de campos de detención –que ella financia–, como en Ucrania desde 2004. Aunque se trata de un país signatario del Convenio de Ginebra sobre los refugiados. No es el caso de Libia, donde los maltratos infligidos a los inmigrantes y refugiados están ampliamente documentados. (11) Sin embargo, desde mayo de 2009, Italia rechaza embarcaciones de inmigrantes para entregarlos a las autoridades libias. De esa forma, viola a la vez el derecho marítimo internacional y el principio de no rechazo, que prohíbe devolver a personas susceptibles de necesitar protección. (12) Esas violaciones de principios por parte de la UE respecto de los derechos fundamentales fueron cometidas por un Estado miembro sin suscitar ninguna reacción, salvo la búsqueda de soluciones para permitirle seguir actuando de ese modo. En julio de 2009, la Comisión Europea le proponía a Libia entablar una “cooperación para lograr una gestión conjunta y equilibrada de los flujos migratorios”, mientras que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ofrecía sus buenos servicios para una “gestión humanitaria” de los centros de detención.

Más allá de la cuestión del ataque a los derechos de los refugiados, la instrumentalización por parte de la UE de la cooperación con los terceros países constituye una peligrosa amenaza contra una libertad primordial: la de ir y venir. También afecta los flujos migratorios de aquellos que no desean particularmente ir a Europa... El concepto de “codesarrollo”, que puede parecer una excelente idea, puesto que asocia migración y desarrollo, está, de hecho, al servicio de esa regresión. Puesto que, si bien oficialmente sólo constituyen una parte de ese concepto, las cuestiones ligadas a la seguridad de las fronteras ocupan un lugar preponderante dentro de una trampa para ingenuos: muchas de las medidas consideradas y de los financiamientos prometidos conciernen a la lucha contra la “inmigración ilegal”, es decir, visto desde los países de partida, contra la emigración.

El discurso del codesarrollo permite hacer que poblaciones de pronto calificadas de “actores de su propio desarrollo” acepten decisiones europeas unilaterales y, simultáneamente, propagar la idea –en Europa, pero también en los lugares de partida– de que el desarrollo de los países de origen va a frenar la inmigración ilegal. Doble engaño: pues el despegue económico de un país tiende más bien a favorecer la movilidad de sus ciudadanos; en cuanto a la “ayuda”, a menudo es malversada por ciertos dirigentes. Pero es un engaño eficaz, pues, para asegurar su misión de filtraje, los países abroquelan sus fronteras y se transforman en carceleros de sus propios conciudadanos. Esos son los resultados tangibles de la cooperación instaurada, por ejemplo, entre España y algunos de sus vecinos de África: en Argelia y Marruecos, la ley convierte la “emigración ilegal” en un delito, mientras que Senegal la sanciona en los hechos. Las poblaciones no son ingenuas respecto de ese bloqueo inverso. En abril de 2010, el presidente de Mali supo escuchar a su diáspora cuando cuestionó “las devoluciones sistemáticas a la frontera”. Como intitulaba sobriamente el diario senegalés Le Soleil el día previo a la conferencia euroafricana de Rabat de 2006: externalización significa “Europa cierra nuestras fronteras”.

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1  Conclusiones de la cuarta Conferencia de Ministros Europeos Responsables de las Cuestiones de Migración, Luxemburgo, 1991.
2  Léase el dossier “Passeurs d’étrangers”, Plein Droit, n° 84, marzo de 2010.
3  Jelle Van Buuren, “Quand l’Union européenne s’entoure d’un cordon sanitaire”, Le Monde Diplomatique, enero de 1999.
4  Plan de cinco años que establece las diez prioridades de la Unión Europea.
5  Léase Philippe Rekacewicz, “Migrants, sauvetage en mer et droits humains”, Visions Cartographiques, 27 de septiembre de 2009. http://blog.mondediplo.net/
6  Léase Jean Ziegler, “Réfugiés de la faim”, Manière de voir 108 “Indispensable Afrique”, diciembre de 2009-enero de 2010.
7  Migreurop (libro coordinado por Emmanuel Blanchard y Anne Sophie Wender), Guerre aux migrants. Le livre noir de Ceuta et Melilla, Sillepse, París, 2007.
8  Loubna Bernichi, “La marine royale enfoncée”, Maroc Hebdo, 16 de mayo de 2008.
9, Claudia Charles, “Accords de réadmission et respect des droits de l’homme dans les pays tiers”, nota informativa del Parlamento Europeo, septiembre de 2007. También véase el dossier dedicado por la red Migreurop a los acuerdos de readmisión: http://migreurop.org/article1348.html
10  Sobre Marruecos, léase GADEM (Grupo Antirracista de Seguimiento y Defensa de Extranjeros y Emigrantes), “Rapport relatif à l’application par le Maroc de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille”, Rabat, febrero de 2009: http://www.migreurop.org/article1395.html
11  Véase ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione), “I respingimenti di migranti in Libia violano il diritto d’asilo, le norme nazionali, comunitarie e internazionali”, Bolonia, junio de 2009: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=314&l=it
12  Informe sobre Italia del Comité para la Prevención de la Tortura y las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) del Consejo Europeo, 28 de abril de 2010.
Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_ http://www.eldiplo.com.pe/c%C3%B3mo-europa-encierra-sus-vecinos