19 jul. 2010

El juego entre vivir de vivir para la politica con reglas democraticas no es vigente hoy en una sociedad mediatizada.

El salario de la política
Por Alain Garrigou
La manera de vivir con bastante facilidad

Todo trabajo merece un salario… salvo el trabajo político. Desde que la democracia se confunde prácticamente con el régimen representativo, la sospecha siempre atravesó la relación entre los elegidos y los electores: ¿pueden los primeros representar verdaderamente a los segundos si con ello obtienen algún interés particular, empezando por una retribución financiera? En 1789, los delegados de los Estados Generales no tenían previsto dejar sus provincias por mucho tiempo.

Apremiados por los gastos en Versalles –cuyos alquileres representaban una bendición para los arrendadores, tempranamente bloqueados en París por la transformación de los Estados Generales en Asamblea Nacional Constituyente–, y lejos de su casa y su familia, estos delegados se encontraron en dificultades financieras más o menos rápidamente en función de su condición social y, para los más modestos, de la amplitud del peculio que les habían asignado sus mandantes. Así pues, el 1º de septiembre de 1789, la Asamblea votó una dieta legislativa de 18 libras por día, con tanta discreción que el voto no fue registrado en el acta de las sesiones. A continuación, el régimen censitario, limitando la capacidad del elector y del elegido al pago de cierto impuesto, y por lo tanto a la riqueza, excluyó del mandato toda remuneración.

Y este principio perduró en los comienzos del sufragio universal: aunque el derecho de voto estaba abierto a todos los hombres (todavía no a las mujeres), era necesario tener una fortuna para ser elegido. ¿Cómo podría un pobre acariciar la absurda idea de ser elegido como representante? En Francia, la dieta legislativa adoptada sin discusión en 1848 con el sufragio universal abrió el camino a legisladores provenientes de ámbitos más modestos. Sin duda, no hubo jamás asambleas más “populares” que las de principios del siglo XX. En países como el Reino Unido, donde la remuneración no estaba legalizada (habría que esperar hasta 1911), esta “democratización” del reclutamiento político pasó por los sindicatos (trade unions), ya que estos últimos se hicieron cargo de los emolumentos de los diputados del partido laborista.

Todos los regímenes políticos instauraron finalmente una dieta parlamentaria: una manera de decir que el cargo no es un trabajo, sino que merece una compensación financiera. A pesar de su lógica elemental, sería un error creer que esta institución fue aceptada tan fácilmente. Al fijar inmediatamente la dieta en veinticinco francos por día, la Segunda República provocó una protesta antiparlamentaria, ya que el salario de un obrero parisino estaba comprendido entonces entre los dos y los cuatro francos. Su supresión por el Segundo Imperio y su posterior restablecimiento por su asamblea legislativa no arreglaron el asunto. Por mucho tiempo todavía, los veinticinco francos por día, restaurados en 1871 –bajo la forma de nueve mil francos anuales–, fueron un motivo de ironía, si no de hostilidad hacia los diputados. A tal punto además que hubo que esperar hasta 1906, y la llegada de una cámara más popular, con el Bloque de Izquierdas, para ver aumentar esta dieta a quince mil francos. También allí la medida fue tan discreta que desató quejas. Sus partidarios se ganaron el despectivo apodo de “quincemilistas”.
 
El 23 de noviembre de 1906, recordando la suerte del parlamentarista Alphonse Baudin, abatido cuando se oponía al Golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851, Le Matin escribía irónicamente: “Baudin en su barricada moría por veinticinco francos por día. Ayer nuestros diputados decidieron vivir con cuarenta y un francos y nueve centavos”. Había que imaginar, pues, otro procedimiento para adaptar la dieta al aumento de precios. En 1938, fue indexada sobre los salarios de la alta función pública, lo que le permitía crecer regularmente sin que los parlamentarios tuvieran que votarla. Al término de esta historia agitada, la institución de la remuneración de los cargos ya parece conseguida. Los manuales de derecho, aunque discretos sobre el tema, hacen de ella un principio democrático.

El sociólogo Max Weber, sin duda más realista, sugería en una conferencia de 1919 (Politik als Beruf) que el pago era “una condición del reclutamiento no plutocrático del personal político” (1). Pero su generalización no resolvió todo, pues falta ponerse de acuerdo sobre su monto y su transparencia (véase el artículo sobre Noruega). El escándalo de las sumas gastadas por los parlamentarios británicos para su uso privado recordó recientemente el carácter explosivo de la cuestión. Hacer más libre al representante está muy bien, pero ¿respecto de quién? La pregunta fue suscitada en los partidos socialistas, donde los militantes veían con malos ojos la retribución legal de sus propios elegidos, sobre todo si –como en el Reino Unido– éstos atendían a sus necesidades antes que al propio Estado. En un primer momento la institucionalización de la dieta parlamentaria desligó a los representantes de sus camaradas, puesto que su reelección ya no dependía del partido sino de los electores. En parte por esta razón, el Partido Comunista en Francia exigía de sus diputados que cedieran su dieta; a cambio, él les pagaba un salario –ajustado al de un obrero calificado– y se hacía cargo de sus gastos. En la actualidad, la cuestión ya no se plantea en esos términos. La investidura partidaria se volvió la condición obligatoria de la reelección de los parlamentarios.

Esta dependencia impone una rigurosa disciplina que los constriñe a votar por el gobierno, o a favor de su bloque, a veces incluso contra sus convicciones. Así se comprende mejor cómo una institución que es aceptada como necesaria engendra nuevas tensiones. En esta ocasión, la retribución de los cargos parlamentarios contribuyó sin duda a “democratizar” socialmente el reclutamiento político, pero con mayor seguridad contribuyó a profesionalizarlo. La política se volvió un oficio en el transcurso de un largo proceso iniciado en el siglo XIX. No era tan fácil para un médico como Georges Clémenceau, vencido en las elecciones de 1893, tener que recuperar una actividad profesional. Se comprende, pues, el creciente lugar que ocuparon los funcionarios en las asambleas después de la segunda guerra mundial (antes era incompatible), ya que la reintegración automática a sus puestos les ofrece una seguridad considerable contra los avatares electorales.

La idea es vulgar, pero cuando perder equivale a conocer la desocupación, se piensa dos veces antes de arriesgarse en política. Además, evitar esta dolorosa experiencia merece concesiones a la disciplina y al compromiso. La evolución se acentuó más en nuestros días, en que algunos dirigentes políticos no han tenido jamás ningún otro oficio sino la política –como asistente parlamentario, por ejemplo–, antes de ganar una circunscripción y de ser siempre reelegidos en su feudo. Otros, incluso, no han ejercido sino un oficio de fachada. Y qué decir de los altos funcionarios cuya carrera se desarrolla entre los gabinetes ministeriales y su lugar de destino. Por supuesto, no hay solamente inconvenientes en estas carreras que parecen asegurar la competencia de los elegidos.

Pero sí los hay, incontestablemente, en el alejamiento de una profesión –que forzosamente tiene sus intereses, sus hábitos, sus relaciones– respecto de los ciudadanos que debe representar. ¿Hay que ver allí una de las razones de la reducción de las diferencias ideológicas entre las formaciones políticas? La tensión entre vivir de y vivir para la política sigue más viva de lo que permite pensar el consenso aparente sobre las reglas del juego democrático.
Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_ http://www.eldiplo.com.pe/el-salario-de-la-pol%C3%ADtica

16 jul. 2010

El fnomeno de la identidad cltral y sus necesidades politicas se manifiestan en la posicion de asumir una nacion propia como la que podria sr la nacion quechua, la nacion aymara, la nacion amazonica y la nacion costeña, con toda su vision ancestral y la presencia de la confederacion peruena no es nada descabellada..

Compendio de desestabilización, a la luz del caso boliviano

Por Hernando Calvo Ospina
No más golpes de las Fuerzas Armadas
 
Además de la “zanahoria” económica y de los “gruesos bastones” de la intervención militar (a los cuales el reciente golpe de Estado en Honduras acaba de ofrecer un inesperado baño de juventud), a Estados Unidos no le falta inspiración para contener las veleidades de emancipación política de sus vecinos del sur.
Uno de los métodos consiste en apoyar las reivindicaciones de emancipación política de las elites locales, cuyas “identidades” serían cuestionadas por… las políticas de redistribución de los gobiernos progresistas. Una estrategia utilizada en Nicaragua a comienzos de los años 80 (1). Y más recientemente, en Bolivia.
En diciembre de 2005, Evo Morales llegó a ser presidente de Bolivia. Apoyado por la pequeña burguesía urbana, el dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) sedujo también a las organizaciones indígenas, en una campaña en la que le dio gran importancia al discurso identitario (2). Pero el Estado plurinacional promovido por el MAS pronto suscitó una reivindicación inesperada: la de las elites locales que defendían un “separatismo social”, al cual abre la vía, según ellos, el proyecto de una nueva Constitución –que “da validez a diferentes niveles de autonomía: indígena, municipal y regional, sin definir su articulación” (3)–. Todo esto lleva a que Estados Unidos sostenga un movimiento que va de la defensa de las minorías oprimidas… a la posibilidad de desestabilizar a las autoridades bolivianas. 
Rápidamente, la estrategia estadounidense identificó al departamento de Santa Cruz como un objetivo prioritario: la economía de Bolivia depende de sus recursos naturales (especialmente los hidrocarburos, el oro y el hierro). Tan ricos en gas como en tierras fértiles, los departamentos de Tarija, Pando y Beni –que, junto con Santa Cruz, constituyen la región llamada de la “Media Luna”– se unieron prontamente a las reivindicaciones de Santa Cruz, cuya capital –homónima del departamento–, se convirtió en el centro de la oposición a Morales.
Dos meses después de haber entregado sus cartas credenciales, el 13 de octubre de 2006, Philip Goldberg, el embajador estadounidense en Bolivia, inició conversaciones con la oposición de la Media Luna. De 1994 a 1996, en el momento de la guerra de los Balcanes, este diplomático había dirigido las oficinas del Departamento de Estado en Bosnia. Más tarde, de 2004 a 2006, fue “jefe de misión” en Pristina, capital de Kosovo, donde, según Morales, “apoyó el separatismo de esta región con la consecuencia de miles de muertos” (4). Semejante pedigrí anunciaba más que el simple apoyo de los estadounidenses a las organizaciones políticas de la oposición “separatista”.
En Bolivia, “su trabajo no era un secreto para nadie –afirma Hugo Moldiz, abogado y director del semanario La Época–. Tampoco se escondía. El plan implementado estaba dirigido a provocar un estado de falta de gobernabilidad a partir de acciones violentas y mortíferas, que comprometían a las Fuerzas Armadas y a la Policía, con el objetivo de lograr la renuncia del presidente y la convocatoria a elecciones en las cuales ganaran los candidatos cooptados por la embajada”.
La operación se apoyaba especialmente en la acción de la Unión de Jóvenes de Santa Cruz (UJS) cuyos miembros se lanzaron contra todo lo que representaba el gobierno central, sin ninguna discriminación. Paralelamente, grupos de paramilitares asesinaron a cerca de treinta campesinos indefensos, en septiembre de 2008, antes de tomar posesión del aeropuerto de Beni, así como de los campos petroleros de Tarija y Santa Cruz. Sergio Espinal, oficial ya retirado, está convencido de que “su modo de acción permitía adivinar la existencia de consejos de expertos extranjeros así como la participación de paramilitares colombianos”. Peor aún, “la pasividad de las fuerzas armadas, que incluso se dejaron desarmar en los campos petroleros, demostraba que algunos de sus miembros formaban parte de la conspiración”.
 
Cerca de las elites de la “Media Luna”, los medios de comunicación privados no se quedaron de brazos cruzados: “la prensa informaba todos estos hechos no para condenarlos, sino para contribuir a un clima de inestabilidad y de miedo –informa un campesino cocalero, hoy diputado, Sabino Mendoza–. El mensaje que se transmitía era que si ‘Evo’ no renunciaba, podría estallar una guerra, con la intervención del ejército de Estados Unidos. Rumores, mentiras y exageraciones apuntaban a sembrar la confusión en el espíritu de aquellos que, como yo, apoyaban al presidente”.
Desde julio de 2007, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) era acusada de canalizar fondos para los grupos de oposición. El gobierno había logrado encontrar documentos que mencionaban la necesidad de financiar programas para “restablecer un gobierno democrático”. Un eufemismo bien conocido, explica la socióloga Cristina Guzmán: “Estas organizaciones, directamente o por intermedio de otras agencias, financian a varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG), a las estructuras de la pretendida ‘sociedad civil’ y a los partidos políticos para que, bajo la bandera de los derechos humanos, de la libertad de prensa y empresa, alienten la hostilidad contra el gobierno”.
Durante todo ese tiempo, la oficina de Morales mantenía la descabellada cercanía… de una antena de la CIA, dentro mismo del palacio presidencial (vestigio de una época en que los gobiernos se preocupaban menos por la soberanía que por las buenas relaciones con Estados Unidos). “Era un servicio administrado por un general de la policía, denominado Centro de Operaciones Policiales Especiales (COPES), ¡que dependía directamente de la embajada de Estados Unidos!”, precisa Jorge Cuba, director de la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Habiendo observado que un viento de internacionalización derechista soplaba sobre las brasas del separatismo local, Morales hizo desmantelar esa antena. Por otra parte, el 3 de noviembre de 2008 anunció que, por razones de “dignidad nacional”, la agencia ya no era bienvenida en Bolivia. En la víspera había expulsado a la organización estadounidense de lucha contra el narcotráfico, la Drug Enforcement Administration (DEA), al observar que sus prerrogativas parecían haber sido ampliadas con el apoyo de la oposición secesionista de la Media Luna, sin que eso entrara de ninguna manera en el marco de su misión oficial. Para terminar, el 11 de setiembre de 2008, en un momento en que la situación era extremadamente tensa entre el gobierno y la oposición, el presidente Morales declaró persona non grata al embajador de Estados Unidos.
Expulsión del embajador, límites impuestos a la USAID, partida de la CIA y de la DEA: extrañamente, la fiebre separatista dio signos de apaciguamiento, sin contar que Morales sigue obteniendo importantes éxitos electorales. Los más radicales abandonaron rápidamente toda reivindicación política y pasaron, sin pestañear, de la pretendida “defensa de la democracia” al proyecto de magnicidio. En efecto, para ellos había una sola opción: terminar con ese “indio” en la presidencia, así como con su vicepresidente Álvaro García Linera.
La operación fue conducida por el hombre de negocios Branco Marinkovic. Hijo de un paramilitar croata refugiado en Bolivia, presidía en ese momento el Comité Cívico pro Santa Cruz (CPSC) (5) y dirigía el Movimiento Nación Camba de Liberación (MNCL) que reclama la “independencia” de la Media Luna. En el sitio de Internet del MNCL puede leerse: “Antes de que corra la sangre al río, ¿no sería mejor separarnos como amigos para que cada nación gestione sus propios recursos y solucione sus propios problemas?”. A pesar de estos propósitos dulzones, Jorge Cuba piensa que, según Marinkovic, “la solución era transponer el escenario racista, religioso y secesionista de la guerra de los Balcanes a Bolivia”.
Precisamente, de esa región del mundo hizo venir Marinkovic a Eduardo Rózsa, que había participado en el conflicto desde las fuerzas croatas ultranacionalistas. Acompañaban a Rózsa: Michael Dwyer (irlandés), Arpád Magyarosi (rumano-húngaro), Elod Tóasó (húngaro) y Mario Tadic (croata), casi todos veteranos de la guerra de los Balcanes. “El plan se desarrollaba perfectamente, relata Cuba, hasta que un policía, ‘un indiecito’, como dirían ellos, se infiltró en el grupo. El 16 de abril de 2009, la policía llegó al hotel donde se encontraban y tres, que se negaron a entregarse fueron abatidos, incluyendo a Rózsa. Esa noche también murió el último proyecto de división de Bolivia”. En ese contexto, Marinkovic prefirió huir, encontrando una tierra para su asilo en Estados Unidos.
Una tela de araña de fundaciones y de ONG se aprovechaba así de su imagen de miembros intocables de la “sociedad civil”, para desestabilizar gobiernos (véase el recuadro). La  historiadora Villegas no lo duda: “Todas demostraron, en diferentes situaciones a través del mundo, que podían ser más eficaces que un ejército de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte]”.
Probado en Bolivia, hoy el método parece haber sido adoptado también en Ecuador y en Venezuela. “Más allá de la Media Luna boliviana, analiza la historiadora ecuatoriana Adriana Villegas, en Venezuela alientan a los que desean la independencia del Estado de Zulia –que dispone de una de las más importantes industrias petroleras del mundo– y en Ecuador a los que tienen el mismo proyecto para la provincia de Guayas, principal puerto y centro económico del país. Además, al igual que Santa Cruz atrajo a su causa a otros tres departamentos (Beni, Pando y Tarija), el estado de Zulia hace lo mismo con los de Táchira y Mérida y en Ecuador el de Guayas con Manabí”.

1 Véase Maurice Lemoine, “L’autonomie perdue des Miskitos du Nicaragua“, Le Monde diplomatique, París, septiembre de 1997.
2 Los indígenas representan, oficialmente, el 60% de la población boliviana.
3 Franck Poupeau y Hervé Do Alto, “L’indianisme est-il de gauche?”, Civilisations, 58-1, 2009, http://civilisations.revues.org/index1971.htm
4 El Mundo, Madrid, 11-9-08.
5 Institución regionalista implementada por el departamento de Santa Cruz, con gran influencia del empresariado local
Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_ http://www.eldiplo.com.pe/compendio-de-desestabilizaci%C3%B3n-la-luz-del-caso-boliviano