OPUS DAI PERÚ: Quiere imponer su política institucional católica romana y termina en inquisicional como la historia ya lo fijo y grabo, entonces que no aprendemos que cierren esa FE y se declaren en INVENTARIO

Usted es el Juez

por Henry Bullard

“Para el sostenimiento de la Universidad Católica de Lima, a la que instituyo por principal heredera, y para los demás encargos, legados y mandas,1 que en mis testamentos cerrados establezco, pongo como condición insustituible y nombro como administradora perpetua de mis bienes, una junta que será al propio tiempo la de mi albaceazgo...”2

Lo que acaba de leer, estimado lector, es nada menos que la cláusula quinta del testamento de don José de la Riva Agüero y Osma otorgado en 1938,3 el más grande benefactor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y es justamente esta cláusula la que ha determinado que la PUCP resulte triplemente derrotada (Dos veces en el Poder Judicial y la última y definitiva en el Tribunal Constitucional).

No es necesario ser abogado para entender lo que dice la cláusula; sin embargo me he tomado la libertad de resaltar en negrita los aspectos más importantes para que usted mismo pueda comprobar rápidamente si lo dijo o no Riva Agüero. Verifíquelo usted mismo.

1. Instituyó a la Universidad Católica como su principal heredera.

2. Nombró una Junta.

3. La junta es perpetua administradora de los bienes

4. La junta tiene la condición de insustituible.

La PUCP es la heredera de los bienes y éstos tienen que ser administrados por una Junta. Sin embargo, la PUCP sostuvo a lo largo del proceso judicial que la Junta no había sido encargada de la administración de los bienes de Riva Agüero.

 

Esa fue la postura de la PUCP. Realmente basta una lectura simple para entender que no fue así: Leamos nuevamente: “...y nombro como administradora perpetua de mis bienes, una junta...”. ¿Cómo es posible que la PUCP diga que la Junta no debe administrar los bienes? ¿Qué puede motivar que la PUCP haya pretendido distorsionar la verdad de esa forma? Si algo distingue a esa junta es, precisamente, ser la administradora de los bienes, pues así lo dijo textualmente Riva Agüero. No creo que sea necesario abundar más.

La PUCP también sostuvo durante el proceso judicial que la junta solo era perpetua para cumplir los encargos, legados y mandas, pero no para administrar los bienes.

Nuevamente revisemos lo que dijo Riva Agüero al respecto: “...y nombro como administradora perpetua de mis bienes, una junta...”. La administradora perpetua es la junta, y lo es para administrar sus bienes. ¿Dónde dijo que no era perpetua para administrar sus bienes? ¿Hay algo que debamos “interpretar”?

Estos dos aspectos (Perpetuidad de la Junta y su condición de administradora de los bienes) han sido confirmados en un proceso judicial que ha durado tres (3) años. ¿Es justo pasar tres años discutiendo lo que es obvio? Fue un proceso innecesario por la arrolladora claridad del testamento.

Puede preguntarse –estimado lector- si hubo algo más de fondo. La respuesta es que no. Por increíble que parezca ese –y no otro- fue el meollo del problema, el asunto de fondo.

Lo que no ha dicho la PUCP es que la Junta funcionó ininterrumpidamente desde la muerte de Riva Agüero en 1944 hasta 1994. Nada menos que 50 años, medio siglo, sin conflicto alguno y en perfecta armonía. De pronto todo cambió.

¿Qué pasó en el año 1994? ¿Qué cambió? En 1994 se violó el testamento de Riva Agüero. La PUCP se hizo con la administración de los bienes, pese a que debían ser administrados por la Junta en forma INSUSTITUIBLE y PERPETUA (usted mismo lo ha leído). Eso es todo, pero nada menos.

Es importante que preste atención a la primera expresión de la cláusula quinta del testamento. Comienza diciendo: “Para el sostenimiento de la Universidad Católica de Lima...”, quiere decir que la administración de los bienes que dejó Riva Agüero es sólo y únicamente “Para el sostenimiento de la Universidad Católica de Lima...”, y no –como la PUCP ha dicho tendenciosamente- para el Arzobispado de Lima, el Cardenal Cipriani, el Opus Dei, etc., etc. Sencillamente eso es falso, pero además –y lo sabe la PUCP- es imposible que pueda suceder, pues constituiría una violación al testamento tan flagrante como la que se hizo en 1994. Además, como consta ahora a todos, ha sido el Cardenal Cipriani el primer impulsor para que se respete el testamento de Riva Agüero. El producto de la administración de los bienes solo puede ir a la PUCP y a nadie más.

 

Por ello, si la PUCP es la única beneficiaria, cabe preguntarse cuál era -y es todavía- el interés de las autoridades de la PUCP para que la Junta no administre como quiso Riva Agüero y, por el contrario, sean ellos mismos los que se mantengan administrando el enorme patrimonio. ¿Porqué tanto afán de las autoridades en no perder la administración?

Uno de los motivos que originó el pleito judicial fue el siguiente pedido hecho al Rector de la PUCP: “La Rendición de Cuentas de la gestión que viene realizando la Pontificia Universidad Católica del Perú en el ámbito administrativo de los bienes de la herencia de Don José de la Riva Agüero y Osma”.

Luego de la sentencia del Tribunal Constitucional la PUCP tampoco ha rendido cuentas, y lo que más llama la atención es su actitud en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional. Bien haría la PUCP en hacer público su acatamiento al estado de derecho y respetar las sentencias recaídas en su contra, disponiendo dar cuenta a la Junta sobre la administración que hizo durante 16 años de violación testamentaria.

Otro de los motivos que originó el juicio fue el pedido de hacer una auditoria contable a la administración que hizo de los bienes de Riva Agüero durante 16 años. ¿Alguien podría negarse a ello, a la transparencia? La PUCP se negó al pedido. Hasta ahora lo hace. Más todavía, demandó judicialmente al que lo pidió por el sólo hecho de pedirlo.

Si ya está comprobado que la administración no le correspondía; si dicen ser una universidad transparente; si su lema por los 90 años fue “Bienvenidos Todos”; si quieren demostrar su recta actuación; si tienen vergüenza deportiva o vergüenza torera, etc., etc., entonces ¿Porqué oponerse a la auditoria? La opinión pública desearía que se realice porque el que nada tiene, nada teme... salvo que –como en política- no hay que ser ingenuos.

Es oportuno decir que la auditoria no es sobre la gestión universitaria, sino sobre el manejo que la PUCP hizo sobre los bienes que dejó Riva Agüero. Nada más. Si la gestión universitaria fue auditada, en buena hora, pero eso no es de interés al testamento de Riva Agüero. La auditoria que la PUCP se niega a realizar es sobre la gestión de administración ilegal que hizo de los bienes de Riva Agüero.

Como el título de este artículo es “Usted es el Juez”, tenga en cuenta al formar su criterio, algunos hechos, si se quiere, anecdóticos, pero llenos de sentido al momento de revisar la coherencia de quienes defendieron a la PUCP.

Por ejemplo, que el actual abogado de la PUCP fue nada menos que representante de la Junta desde el año 1972 hasta el año 1975. Tal como lo ha leído. No hay error. El Dr. Jorge Avendaño tuvo poder para disponer del dinero producto de la administración de los bienes. ¿Cómo pudo aceptar ello si la Junta –según él- no tenía facultad para administrar los bienes que fueron de Riva Agüero?

Otra: Durante el informe oral ante el Tribunal Constitucional se le preguntó al mencionado abogado, quiénes eran los dueños de la PUCP. Respondió que la PUCP no tenía dueños. ¿Es así? ¿No los conoce? Sería muy conveniente que se transparentara esa verdad. Los personajes más saltantes de la PUCP son los mismos desde hace 40 años o más. ¿Algo tienen que ver con la propiedad?

El Dr. César Landa, miembro del Tribunal Constitucional, está probadamente vinculado a la PUCP: Es ex-alumno de la PUCP, Director de una revista de la PUCP, ex-profesor de la PUCP, fundador de la Maestría en Derecho de la PUCP y profesor de la misma. ¿Acaso no era juez y parte? No tuvo la iniciativa, ni el cuidado –no digo ya la delicadeza- de inhibirse en el proceso. Se le tuvo que pedir formalmente que se inhibiera por la propia transparencia del juicio. Ni por esas. Los que estuvimos en el informe oral ante el Tribunal Constitucional escuchamos absortos su negativa a apartarse del proceso. Una vergüenza. Fue la presión de sus propios colegas del Tribunal quienes lograron –y no sin esfuerzo- que terminara retirándose. Lamentable la posición que tomó el Dr. Landa. Diría que fue penosa. En contraste fue digna y alturada la de los demás miembros del Tribunal al no permitir su permanencia en el caso.

Si luego de leer la cláusula quinta del testamento que encabeza este artículo, usted, amable lector, ha comprendido lo que el señor Riva Agüero deseó para su Junta de Administración, podemos decir alegóricamente que le volvió a ganar el juicio a la PUCP.

La sentencia de Tribunal Constitucional nos ha dejado muy claro lo siguiente.

· Que la voluntad del testador se tiene que cumplir con exactitud, más aún si ya no está el testador, como es el caso de Riva Agüero.

· Que el paso de los años nunca justifica la violación de un testamento.

· Que los testamentos no son modificables por los herederos.

· Que los testamentos claros no se interpretan. Se cumplen.

· Que entre varios testamentos prima el último.

· Que cuando un heredero acepta una herencia con condiciones, luego no puede incumplir las condiciones y quedarse con la herencia.

· Que es una indecencia que el heredero anteponga su interés al del testador.

· Que cuando un miembro del Tribunal Constitucional resulta juez y parte en una causa, debe inhibirse, y si se niega a hacerlo, el Tribunal actúa con firmeza en defensa de su imparcialidad.

· Que los herederos manifiestan respeto a sus benefactores cumpliendo los objetivos confesionales para los cuales dejaron su patrimonio.

· Que el doble discurso es siempre inaceptable. 

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1  Se trata de la limpieza de sus mausoleos, pago de pensiones, entrega de donativos, celebración de misas, traslados de restos de sus antepasados, etc.

2  Además de administrar los bienes sería la albacea, es decir, encargada de hacer cumplir el testamento.

3  Antes también otorgó otros testamentos, pero el Tribunal los ha desechado porque siempre prima el último que se hizo, por ser la “última voluntad” del testador.
Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_ http://www.eldiplo.com.pe/usted-es-el-juez

Hay palabras tan manoseadas que, llegado un momento, se torna muy difícil, cuando no imposible, definirlas con precisión. ASI: El político profesional no es el ciudadano común que se involucra en los asuntos de la res publica (eso no pasa nunca en nuestras democracias representativas, ¡no puede pasar nunca!) sino la persona –generalmente varón– que se dedica de tiempo completo a moverse en el aparato de Estado, a administrar toda esa maquinaria conociendo los vericuetos íntimos del poder político.

Políticos profesionales: “¡Que se vayan todos!”

Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)

Hay palabras tan manoseadas que, llegado un momento, se torna muy difícil, cuando no imposible, definirlas con precisión. Son términos cuyo sentido originario, al menos según la etimología, ha cambiado tanto, ha sufrido tal proceso de transfiguración que debe hacerse un complicado galimatías hermenéutico para situarlos. Entre éstas, nada curiosamente, se encuentras muchas de las que tienen que ver con el poder, con las relaciones entre los seres humanos (que son siempre, en mayor menor medida, relaciones asimétricas de poder).

Así, por ejemplo, pueden mencionarse “democracia”, “libertad”, “pueblo”. Son tan amplias, tan confusas y vagas que pueden dar para todo; en su nombre se pueden tomar las armas para intentar cambiar el mundo así como invadir un país o declarar “guerras preventivas”. No sucede lo mismo con otros conceptos, mucho más acotados, concretos, que jamás pueden prestarse a equívocos: “lucha de clases”, por ejemplo, o “explotación”, por poner algunos ejemplos.

En ese orden de polisemias problemáticas encontramos la idea de “política”. Y de la mano de ella, la de “político profesional”.

En realidad, no es común hablar de político “profesional”; en todo caso, se habla de “político” a secas, sobreentendiéndose con ello lo que está en juego: aquel que ejerce el ¿oficio? de hacer política como modo de vida. Con esto, la conciencia común no se refiere al cuadro medio de la administración pública, a los funcionarios que sí, efectivamente, mueven los mecanismos de la organización estatal (ese es el nivel técnico) sino a la dirigencia de ese Estado: léase “puestos políticos de los gobiernos” (miembros de los poderes legislativos, ministros y presidentes, autoridades municipales en muchos casos, etc., etc., en general, cargos electivos).

El político profesional no es el ciudadano común que se involucra en los asuntos de la res publica (eso no pasa nunca en nuestras democracias representativas, ¡no puede pasar nunca!) sino la persona –generalmente varón– que se dedica de tiempo completo a moverse en el aparato de Estado, a administrar toda esa maquinaria conociendo los vericuetos íntimos del poder político. La noción es moderna; nace en el capitalismo europeo, en el Estado-nación moderno que crea el capitalismo triunfante en la Europa post renacentista, y que hoy ya se ha extendido globalmente como sinónimo de progreso y modernidad. Esta noción de “político” tiene en la actualidad sus códigos propios, su historia, su identidad. Como mínimo, y aunque suene a chistoso, tiene incluso identidad hasta en su presentación formal: varón de mediana edad, o ya entrado en años –raramente joven– en traje y corbata con pelo corto. Y como la mujer ya ha ingresado también a este “oficio”, por supuesto tiene su correspondiente look, su uniforme: trajecito formal, tacones, pelo recogido.

La profesión ya se ha globalizado, y con las adecuaciones del caso (también vale en algunos casos la túnica o el traje típico de la región; el “traje y la corbata” son, en todo caso, un emblema ideológico) puede encontrársela en cualquier punto del globo. Todo lo cual puede demostrar al menos dos cosas: por un lado, que los vericuetos del poder y de las sociedades basadas en las diferencias de clases, más o menos se repiten por igual en cualquier latitud. Y por otro, que las matrices dominantes que marcan el modo de hacer vienen impuestas por la cultura dominante, en este caso, la visión eurocéntrica, occidental si se quiere decir de otro modo (léase: el traje y la corbata, o… democracia representativa, formal, democracia de los partidos políticos).

Esta concepción lleva a la base una noción que jamás se va a expresar abiertamente, pero que es fundamental; como dijera sarcásticamente Paul Valéry: “la política es el arte de evitar que las personas participen en los asuntos que les conciernen”. Es decir, la idea de político profesional presupone que, más allá de la declaración –siempre pomposa por cierto– de participación ciudadana, gobierno del pueblo y voluntad popular, u otras cosas igualmente altisonantes, no se equivoca en algo básico: el poder no está en el siempre invocado pueblo, en la gente de a pie. Aquello fórmula de “el soberano es el pueblo”, no puede sostenerse más que como mal chiste…

Si se quiere expresarlo con mayor cinismo, la política profesional, la actividad que a lo largo del siglo XX ya se “normalizó” universalmente como práctica de los partidos políticos manejando los aparatos de Estado –eso son las benditas democracias de cuyas supuestas bondades estamos inundados por la ideología dominante, por el acoso mediático que identifica progreso con esa forma de organización–, esa noción de política y del político profesional que la ejerce es lo que, cada vez más, están por el piso.

La “política” como actividad civil está desacreditada, abominada, denigrada –sin mayores posibilidades de arreglo, por lo que se ve– puesto que la mentira que encarna cada vez es más insostenible. Cuando, por ejemplo, se dice de la movilización de un determinado sector social, de una huelga, de una medida de fuerza, etc., que eso es “político”, se encierra ahí una noción de qué entiende el sentido común por actividad política: algo artero, mañoso, sucio, algo que conlleva una agenda oculta non sancta. ¿Por qué? Porque el sistema de partidos políticos y de profesionales de la política que conocemos no puede llevar sino a eso: es el arte (quizá es excesivo llamarlo así: quedémonos con práctica) que consiste en mantener el statu quo, mantener inalterable la estructura económico-social de base, manejando (mejor aún: manipulando) las grandes masas. Es decir: la mentira bien presentada. En palabras de Zbigniew Brzezinky, un ideólogo estadounidense de la extrema derecha muy transparente en sus declaraciones, “el rumbo lo marca la suma de apoyo individual de millones de ciudadanos incoordinados que caen fácilmente en el radio de acción de personalidades magnéticas y atractivas [los políticos profesionales], quienes explotan de modo efectivo las técnicas más eficientes para manipular las emociones y controlar la razón”. La derecha sabe lo que dice, aunque lo diga por lo bajo. ¿Quién se atreve a definir así el trabajo de un político profesional? En los manuales de Ciencia Política eso no aparece, por supuesto. Sólo la altanería que pueda dar la impunidad de saberse todopoderoso permite, como a Brzezinky, decirlo sin pelos en la lengua

Es idea repetida hasta el hartazgo que los males de la sociedad, las injusticias y penurias que sufren las grandes mayorías, se deben a los políticos profesionales (léase: funcionarios de Estado). Ahí es donde puede apreciarse con toda claridad entonces la función social de la política profesional: pasan a ser el fusible de las sociedades. Si se quiere expresarlo de otro modo: son el “chivo expiatorio” de los poderes, de los verdaderos poderes, los que les pagan sus campañas.

La ideología que nos domina elude siempre mostrar la diferencia de clases y el origen real de la explotación, de la riqueza que se genera a partir de la alienación del trabajo de las grandes mayorías. Los problemas sociales –es decir: las diferencias sociales– quedan explicadas por la supuesta mala práctica de quienes administran la cosa pública, por la sempiterna corrupción de los políticos. “Estamos mal, estamos pobre, estamos jodidos porque los políticos se roban todo”, puede escucharse como cantinela interminable. De ese modo el sistema como un todo se asegura, se mantiene intacto: la “culpa” de los males no está en el sistema mismo, sino en la corrupción de quienes lo administran. La treta funciona muy bien, pues en general es eso lo que las mayorías repiten. Es la administración de turno quien hace de “malo de la película”. Exagerando, cuando el sistema hace crisis, se puede llegar a pedir que se marchen todos los políticos, todos los administradores oficiales –de traje y corbata– de la cosa pública, como sucedió en Argentina a fines de 2001, cuando pasaron cinco presidentes en el lapso de dos semanas en una explosión de ingobernabilidad. Más allá de ese desfile de gobernantes, expulsados uno tras otro al calor popular de un indignado “¡que se vayan todos!”, la situación de fondo no se “resolvió” con esas partidas. La “mala praxis” de ningún político profesional explica la caída de la economía argentina, sino los planes de capitalismo salvaje que se aplicaron durante más de dos décadas, que dieron como resultado una crisis espantosa resumida en el tristemente célebre “corralito”. Aunque efectivamente “se vayan todos”, el sistema permanece. Ahí es entonces donde se ve el papel de fusible, de tapón de la verdadera estructura subyacente del sistema que juegan estos encorbatados políticos.

El sistema socioeconómico funciona; es decir: produce y reproduce su estructura (la explotación de una clase por otro, dicho clara y simplemente). Sus administradores, mal o bien, cumplen con su función de mantenerlo andando, de hacer funcionar los aparatos de Estado. Que haya más o menos corrupción en esa tarea, que haya más o menos competitividad y talento en la obra, o mediocridad, en definitiva no altera las cosas. Dicho grotescamente: no importa el color de la corbata de quienes ocupan determinadas sillas, determinados cargos en la administración: el sistema como un todo se mantiene. Por supuesto, alguien tiene que ocupar esas sillas: y ahí está entonces ese oficio tan peculiar.

La “raza” de los políticos profesionales es muy singular: hay que tener una buena dosis de cinismo para poder trabajar de eso que apuntaba Valéry: “el arte de evitar que la gente participe realmente en sus asuntos”. Es decir: hay que ser un buen “mentiroso de oficio”. Pero no se trata de satanizar: los políticos profesionales, detrás de sus uniformes de combate –el traje y sus finas corbatas, o su equivalente en la versión femenina– no son tenebrosos personajes equivalentes a capos mafiosos, aunque en cierta forma así los pinte la conciencia popular. Algo de eso podrán tener, sin dudas; los habrá más o menos mafiosos seguramente. Pero ellos no son los causantes de las penurias de las grandes mayorías. Así se fueran todos, el sistema persistiría, y los efectos del sistema: la explotación, las injusticias, las diferencias irritantes, las asimetrías sociales, no desaparecerían.

Es un lugar común ver a los políticos profesionales como corruptos, aprovechados, ávidos de poder, mentirosos (“construiremos un puente… y si no hay río, ¡construiremos un río!”). Y los partidos políticos, en tanto fábricas de políticos profesionales son, en muchas encuestas que así lo indican, junto a los Parlamentos (cámaras de diputados y/o senadores), las instancias menos reputadas entre la población en términos de credibilidad social, los más abominados, los peor calificados. Todo eso es lo que queda en la conciencia colectiva, sin dudas. Una mirada al entorno político de cualquier país “moderno” –léase capitalista con sistema de democracia formal vía partidos– da más que suficientes fundamentos a esa descripción. Ahora bien: el problema de fondo no está en el viático irritante que puede cobrar un congresista, el vuelto que se le queda pegado a un ministro o el soborno que cobrará algún alcalde para otorgar un permiso de construcción. Esas son lacras del sistema político, definitivamente. Pero así se terminara con todo eso de un día para otro, la explotación inmisericorde, las injusticias y las diferencias de clase no terminarían. Los políticos profesionales, como grupo cerrado, como “gremio” profesional que son, en más de algún caso, o en mucho casos, pueden ser despreciables (quizá más que otros gremios que no juegan con los dineros públicos –nadie desprecia a los bomberos, ni a las enfermeras ni a los arquitectos, por ejemplo–); pero no son ellos la fuente de las injusticias.

Lo dramático en todo esto es que a partir de esa práctica específica de la política, de esa forma peculiar que han ido tomando los partidos políticos en las democracias representativas, la idea misma de política quedó desacreditada. Política, en ese sentido, para el imaginario colectivo es sinónimo de desprestigio, de cosa sucia, de actitud mafiosa. Pero la política no es sólo eso: puede ser también –y esto es lo que hay que rescatar – la participación efectiva de la población en los asuntos que le conciernen.

Imagen: Humor por Sergio LANGER. / Fuente: “Libro – Manual de historia argentina – De Carlos a Néstor”. Editorial Pequeño Editor
Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_ http://www.argenpress.info/2010/08/politicos-profesionales-que-se-vayan.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+Argenpressinfo-PrensaArgentinaParaTodoElMundo+(ARGENPRESS.info+-+Prensa+argentina+para+todo+el+mundo)