22 oct. 2010


Impostura del capitalismo moral

por Yvon Quiniou
En plena crisis financiera, frente al atrevimiento de los grandes bancos, los líderes políticos de los países capitalistas golpean la mesa. Los más audaces llaman a una moralización del capitalismo por temor a cuestionar profundamente el sistema. Desde entonces, las promesas han desaparecido. Sólo queda la mistificación.
¿No sería tiempo de moralizar el capitalismo? En lo más álgido de la crisis, la pregunta fue formulada por nuestros dirigentes, con Nicolas Sarkozy a la cabeza; es decir, por los mismos que antes se libraban a una irreflexiva apología del liberalismo que parecía representar el “fin (dichoso) de la historia”. Formulada así, la cuestión es ambigua: si hay que moralizarlo, es porque el capitalismo es inmoral; si puede hacérselo, es porque no es intrínsecamente inmoral en sus estructuras. Sólo se cuestionarían sus excesos. Ahora bien, la inmoralidad es constitutiva del capitalismo, contrariamente a la concepción de los que ven en la economía una realidad que escapa a la moral.
Ya en el siglo XX, el economista ultraliberal Friedrich Hayek había enunciado esta objeción (1): tan sólo un comportamiento individual intencional podría calificarse de justo o injusto –quizás no sea el caso de un sistema social que, en tanto tal, no fue querido por nadie–. Lo que lleva a Hayek a rechazar el propio concepto de “justicia social” decretado absurdo, ya que juzga lo que no puede ser juzgado. Por ejemplo, escribe: “No existe criterio por el cual podríamos descubrir lo que es ‘socialmente injusto’, porque no hay sujeto que pueda cometer esa injusticia” (2).
Incluso ve allí un vestigio de antropomorfismo de intenciones humanas que se proyecta sobre una realidad inhumana (en el sentido de impersonal); este antropomorfismo estaría animado por la corriente socialista y su pretensión de redistribuir de manera justa la riqueza y los medios de producirla. La concepción de Hayek desemboca pues en un total amoralismo en el campo de la organización económica de la sociedad, incluso en una forma de cinismo que se adjudica por adelantado los medios de enmascarar el mal que alimenta, dado que al quitarle todo fundamento intelectual, teóricamente lo niega (3).
Recientemente, esta tesis adquirió una nueva juventud gracias a André Comte-Sponville con su libro Le capitalisme est-il moral? (4), cuyo éxito mediático, incluso si la crisis tomó su contenido, traduce bien la imposición de la ideología liberal. Al distinguir en el seno de la vida social el orden científico-técnico, el orden jurídico-político, el orden moral y el orden ético (que define por el amor), coloca la economía en el primer lugar: “La moral carece de toda pertinencia para describir o explicar cualquier proceso que se desarrolle en ese primer orden. Eso vale en especial para la economía, de la que forma parte”, afirma (5).

Cinismo respecto de la política

Entonces, la moral aparece posicionada en el exterior, mientras que el capitalismo se sitúa fuera del campo: ni moral ni inmoral, sino amoral. No es que la moral no pueda intervenir –nadie sostiene una posición tan radical–. Pero sólo puede hacerlo de manera marginal para atenuar sus perjuicios a través de la política y el derecho, sin poder ni sobre todo tener que suprimir sus causas. Además, ya que ningún sujeto opera en los procesos económicos, no se puede juzgar en nombre de normas que sólo pueden aplicarse a actos subjetivos: de nuevo mutis a la idea de que habría una significación moral de la justicia o de la injusticia sociales, y un deber de modificar la economía si no responde al criterio de la justicia. Sin embargo, [Compte-Sponville] reconoce que el capitalismo puede ser injusto, así como la naturaleza cuando distribuye el talento entre los hombres, pero por cierto no inmoral, y por lo tanto no puede ser fundamentalmente cambiado (6).
Este tipo de discurso no sólo contribuye a declarar inocente al capitalismo por los considerables perjuicios que tenemos a la vista –y por lo tanto a justificarlo ideológicamente–, sino que alimenta un cinismo generalizado con respecto a la política, al quitarle cualquier ambición moral fuerte. Su justificación se basa en un error mayor, perfectamente visible en Compte-Sponville y presente en todos los partidarios del capitalismo: la integración de la economía al orden de la ciencia y de la técnica, en efecto moralmente neutro. Es olvidar lo que los separa fundamentalmente.
La ciencia y la técnica (con las cuales la economía está evidentemente articulada) son tan sólo medios y sólo puede juzgarse su uso social. Así, una nueva técnica de producción que aumenta la productividad del trabajo no es en sí misma causante de desempleo y por lo tanto mala; al contrario, permite disminuir el tiempo de trabajo y así el sufrimiento del hombre: puede producirse lo mismo en menos horas, con los mismos trabajadores; o incluso brinda la posibilidad de retribuir mejor a los asalariados gracias al aumento de productividad. Su valor reside, pues, en el uso que se le de.
En cambio –y es la gran lección de Marx, ese olvidado de las teorías económicas oficiales hasta la reciente crisis– la economía está constituida por prácticas por las que algunos –los capitalistas– se comportan de una determinada manera con respecto a otros –los obreros o distintos asalariados– explotándolos, sometiéndolos a ritmos infernales, despidiéndolos so pretexto de competitividad, u oponiéndolos los unos contra los otros mediante una cultura de resultado o nuevas reglas de management, que hoy se sabe hasta qué punto generan un sufrimiento laboral verdaderamente insoportable (7).
Todo eso no nace de la técnica o de la ciencia sino de una práctica social que organiza el trabajo, que es querida como tal en base a objetivos mercantiles (la ganancia) y que se ofrece pues por definición al juicio moral: práctica humana o inhumana, práctica moral o práctica inmoral. Marx lo había comprendido con claridad cuando afirmaba que “la economía política no es la tecnología” (8).
Con una perspectiva más extensa –ya que aquí está en juego el poder de la política–, lo que hay que rechazar es ese tipo de realidad que por lo general se adjudica a la economía: una realidad objetiva y absoluta, decretada independiente de los hombres (que la hacen) y sometida a leyes implacables, análogas a las de la naturaleza, y que por supuesto no habría que juzgar: no se critica la ley de la gravedad…. Incluso cuando ocasionalmente pueda hacer mal. Esta deriva intelectual lleva un nombre: economismo, que no sólo consiste en erigir la actividad económica como valor primordial que tiene que subordinar a todos los otros, sino en considerar que en lo esencial está hecha de procesos sustraídos de la responsabilidad política.
Sin embargo, hay que comprender que si bien existen muchas leyes de economía capitalista, son estrictamente internas a un cierto sistema de producción regido por la propiedad privada; pueden ser modificadas e incluso, en el principio, abolidas si se cambia de sistema. Por ello hay que ver en ellas reglas de funcionamiento de un determinado tipo de economía (que no es el fin de la historia), organizando un cierto tipo de relaciones prácticas entre los hombres y teniendo ellas mismas un estatus práctico. Fueron instituidas (hasta a nivel mundial en la actualidad), por lo que pueden ser modificadas. Lo que significa que las llamadas “leyes económicas” se someten directamente a la legislación de las leyes morales, como todo lo que concierne a la práctica.
Por esta razón la propia “ciencia económica” no podría ser una ciencia pura, virgen de juicios de valor: como las ciencias sociales en general y, de acuerdo a la naturaleza de su objeto –están implicadas personas–, la ciencia económica compromete valores, al menos de manera implícita; aprehende la actividad humana y orienta el análisis de lo real en tal o cual sentido, que puede aprobarse o no.
El economista estadounidense Albert Otto Hirschman lo señaló al subrayar la complejidad, a menudo inconsciente, de la ciencia económica y de la moral. Observó que “la moralidad… ocupa el centro de nuestro trabajo, a condición de que los investigadores en ciencia social estén moralmente vivos” (9); formula pues el deseo de que las preocupaciones morales sean explícita y conscientemente asumidas por la ciencia social –volviendo a Marx cuando afirma en los Manuscritos de 1844 que la economía es “una ciencia moral real, la más moral de las ciencias” (10).
Queda por saber cuál es esta moral que nos pide que nos preocupemos por la economía y no la consideremos como una realidad ante la cual la política debería inclinarse fríamente. En primer lugar, conviene romper con una visión moral de lo humano replegada a la esfera de las relaciones interpersonales y que sólo se interesa por las virtudes y los vicios individuales. En cambio, hay que admitir que, distinguida de la ética y en consecuencia referida a las relaciones con el prójimo (11), esta moral debe aplicarse al conjunto y por lo tanto a las relaciones sociales en su globalidad, es decir a la vida política (en sentido estricto, a las instituciones), social (siempre en sentido estricto, a los derechos sociales) y económico. Sin embargo, si bien empezó a ocupar los dos primeros campos desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 hasta la de 1948, sería deseable que se detuviera ante las puertas de la economía. Lo que hay que eliminar es esta prohibición, encarando una política moral que sea también una economía moral, es decir una política que cumpla con los valores morales, incluso en el campo económico.
Pero entonces, ¿qué valores y qué política? La respuesta puede encontrarse en la fórmula que enunció Kant y que se une al sentido moral común: el criterio de lo Universal ordena respetar al otro y no instrumentalizarlo, y exige promover su autonomía. Libre de cualquier segundo plano metafísico o religioso, exige que suprimamos la dominación política (ejercida en parte a través de instituciones democráticas), la opresión social (hecha en parte a través de los derechos que el movimiento obrero conquistó a partir del siglo XIX), pero al mismo tiempo la explotación económica: lo que todavía no se consiguió; recién al ganarlo protegerá y profundizará, mediante la política, las adquisiciones morales obtenidas en los otros campos.
En verdad la moralización del capitalismo se revela rigurosamente imposible, ya que este es en sí mismo inmoral, se pone al servicio de una minoría afortunada, instrumentalizando a los trabajadores y negando su autonomía. En realidad, exigir su moralización debería llevar a exigir su supresión, cualquiera fuese la dificultad de la tarea.


1 Ver en especial F. Hayek, Droit, législation et liberté, Presse universitaire de France (PUF) 3 tomos, 1980-1983.
2 Ob. Cit., t. 2, p. 94.
3 Interrogado sobre las consecuencias humanas del liberalismo, Hayek pudo decir que si hubiera víctimas en el recorrido, “¡Y bien, tanto peor!”.
4 Albin Michel, París, 2004, reeditado en 2009.
5 Ob. cit., 2º edición, p. 78.
6 Ob. cit., p. 238-239.
7 Ver particularmente los trabajos de Christophe Dejours o de Jean-Pierre Durand “Nouvelles aliénation”, Actuel Marx, PUF, París, Nº 39, mayo de 2006.
8 Karl Marx, Contribution à la critique de l’économie politique, Editions sociales, París, p. 151.
9 Albert O. Hirschman, en L’économie comme science morale et politique, Gallimard/Seuil, París, 1984, p. 109.
10 Pasado su período juvenil, Marx no teorizó esta complejidad: es una laguna en su obra.
11 En mi vocabulario, la ética sólo concierne a la vida individual y puede presentarse bajo la forma de una sabiduría, aconsejada pero facultativa.
*Filósofo. Acaba de publicar L’ambition moral de la politique. Changer l’homme?, L’Harmattan, colección Raison mondialisée.

Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_

21 oct. 2010


Fiebre del oro en Colombia

por Laurence Mazure
 “¿De qué va a vivir Bolivia si no explota sus recursos naturales?” se preguntaba recientemente el presidente boliviano Evo Morales. Con el alza de las cotizaciones de las materias primas, los gobiernos latinoamericanos no han vacilado en reforzar un modelo de acumulación que es, sin embargo, crítico. Mientras el objetivo de unos es mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos, otros, en cambio, desean atraer a los capitales externos. Tal es el caso de Colombia.
Alto Guayabal, en los confines de las provincias de Antioquia y Chocó, en el noroeste de Colombia. El 30 de enero de 2010, antes del amanecer, las Fuerzas Armadas colombianas lanzaron una ofensiva contra la vivienda tradicional de una familia indígena del pueblo embera katio. Asesinaron a un niño de 18 meses, hirieron a otras cuatro personas, destruyeron cultivos de subsistencia y descuartizaron animales domésticos. El ejército habló inmediatamente de un “error” en la persecución de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Para las organizaciones indígenas del país, se trata de un capítulo más en la ofensiva de las transnacionales mineras en Colombia. El bombardeo afectó a una de las comunidades que rodean al cerro Careperro, monte “sagrado” que la compañía estadounidense Muriel Mining Corp., atraída por la presencia de mineral aurífero, tiene en la mira. ¿Puro azar?
Los embera katios, desplazados en el año 2000 por el conflicto armado interno, intentan actualmente regresar a sus tierras ancestrales, como los autoriza la Constitución de 1991. Durante su ausencia, la agencia gubernamental Ingeominas entregó nueve licencias de exploración y explotación a Muriel Mining, sin preocuparse por los procedimientos de consulta a las comunidades, previstos sin embargo por la ley. Según William Carupia, portavoz de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), la comunidad indígena estaría sufriendo, desde hace dos años, un “nuevo desplazamiento forzado” (1).
En un país donde la justicia respalda con demasiada frecuencia la dominación de los poderosos, la Corte Constitucional arbitró, el 29 de marzo de 2010, a favor de las comunidades indias y afrocolombianas de Chocó y Antioquia; sentó una jurisprudencia que confirmó los derechos constitucionales específicos de las comunidades, y enfatizó la obligación de todos –incluidas las transnacionales– de respetar los procedimientos legales y los imperativos de protección de la biodiversidad (2). Un avance importante, puesto que frente a los embera katios estaban los representantes de los Ministerios del Interior y de Justicia, de Medio Ambiente, Defensa, Asuntos Sociales, de Minas y Energía, así como las Fuerzas Armadas del país. Un comité que ni el azar habría podido reunir por sí solo…

Para seducir al capital

El 21 de septiembre de 1999, el presidente estadounidense William Clinton y su par colombiano Andrés Pastrana lanzaron el Plan Colombia, “por la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado”, asegurando que el proyecto apuntaba a la lucha contra el narcotráfico. También se propusieron ayudar al ejército colombiano a acabar con las guerrillas que dominaban determinadas partes del territorio, mediante el desembolso de 1.600 millones de dólares en tres años (3).
Desde el 20 de octubre de 1999, una enmienda vino a subrayar la segunda función del plan: favorecer las inversiones extranjeras “insistiendo en que el gobierno colombiano complete las urgentes reformas destinadas a abrir completamente su economía a la inversión y el comercio exterior” (4). Sus creadores entendieron que ambos objetivos estaban estrechamente ligados. En particular en el campo de la minería. Cuando, años más tarde, el Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019 del Ministerio de Minas y Energía (publicado en 2006), señaló que “sólo el sector privado es capaz de desarrollar la industria minera en Colombia”, lo hizo para identificar qué empresas tenían necesidad de “seguridad”.
Diez años después, Arturo Quiroz, miembro de la Asociación de la Industria Minera Colombiana (Asominas) podía alegrarse: “Actualmente, tenemos un sector dinámico (…) que atrae a algunas de las más importantes empresas del mundo” (5). Con la llegada de las empresas AngloGold Ashanti (sudafricana), BHP Billinton (anglo-australiana), Greystar Resources Ltd. (canadiense), Drummond Co. y Muriel Mining Company (estadounidenses), las inversiones extranjeras directas (IED) en el sector minero pasaron de 463 millones de dólares en 1999 a 3.000 millones de dólares en 2009, con un aumento del 640% (6). En 2009, esta industria registraba el mayor crecimiento de la economía colombiana, representando el 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB). ¿El objetivo para los diez próximos años? Superar el 6% del ingreso nacional, como ocurrió en Perú o en Chile.
Para lograrlo, el gobierno acaba de gastar más de 5.000 millones de dólares en el acondicionamiento de infraestructuras vinculadas a los sectores de la minería y la energía: 2,5 veces sus gastos en infraestructuras del transporte, 10 veces más que las sumas gastadas en vivienda y 20 veces más que en la red de telecomunicaciones (7). Por otro lado, el presidente Álvaro Uribe Vélez, en el poder desde 2002, flexibilizó, en 2009, el código minero para facilitar la obtención de las concesiones de exploración y su registro. Su duración se extendió de 5 a 11 años y el impuesto por la utilización de los terrenos, que en otros tiempos podía ascender a los 2.000 dólares por hectárea, acaba de llevarse al ámbito de lo razonable: 8 dólares por hectárea y por año en cualquier parcela.
Pero para Quiroz, “el entusiasmo internacional por Colombia en tanto gran centro de actividad para la extracción minera”, se explica ante todo por la política securitaria de la administración Uribe. Gracias al Plan Colombia, el país “hizo de la lucha contra los grupos insurrectos una prioridad” (8). Que, de paso, el conflicto condujera al desplazamiento desafortunado (pero muy oportuno) de poblaciones que, al igual que los embera katios, tuvieron la mala idea de permitir a sus antepasados instalarse sobre unos yacimientos codiciados… no fue motivo de queja para las compañías mineras.
Para dimensionar este “entusiasmo”, basta observar el mapa del Ministerio de Medio Ambiente colombiano, que delimita los territorios que han sido objeto de una solicitud de concesión (ver mapa): estaría comprometido más del 40% del territorio, incluyendo algunas zonas supuestamente protegidas. Si se la trasladara a Francia, esta superficie correspondería a las regiones de Provenza-Alpes-Costa Azul (PACA), Languedoc-Rosellón, Pirineos Medios, Aquitania, Ródano-Alpes y Auvernia unidas.
En el centro de todas las codicias: el platino, el uranio, los metales y minerales escasos como el molibdeno o el coltán. Pero sobre todo el oro, a propósito del cual la revista digital Portafolio mencionaba recientemente una nueva corrida, comparándola con un “acceso de fiebre” (9). Las cifras son elocuentes: entre 2006 y 2009, la producción de oro en Colombia se triplicó, alcanzando 1,75 millones de onzas en 2009. Esta tendencia es alimentada por la subida de las cotizaciones en los mercados mundiales, con un aumento mayor al 30% anual. Las previsiones para 2012 hablan de una producción de 3 millones de onzas.
Pero la industria minera está apenas en ciernes. Mario Ballesteros, director del Instituto de Geología y Minería colombiano (Ingeominas), estima que la superficie total actualmente explorada asciende a 1,69 millones de hectáreas. No obstante, Andrés Idarraga, especialista en asuntos mineros para el Centro Nacional de la Salud, el Medio Ambiente y el Trabajo (la ONG CENSAT) señala que “por el momento, hay muy pocos proyectos en fase de explotación”. Según él, la especulación estaría fomentando la “fiebre” actual: “Lo que pasa es que las compañías chicas realizan los trabajos de exploración con la intención de revender sus concesiones a las grandes transnacionales, apostando a la suba de los precios si confirman la presencia de minerales” (10). O sea que las 19.800 demandas de concesión ya registradas estarían destinadas al regazo de las “gigantes” ya que, si se cuentan las 5.000 compañías mineras de Colombia, en realidad sólo tres de ellas –la sudafricana AngloGold Ashanti, la canadiense Greystar y la estadounidense Muriel Mining– se reparten el sector, la mayoría de las veces a través de filiales.
Resta saber de forma precisa dónde están localizadas las concesiones. Mientras el gobierno filtra minuciosamente el acceso a los catastros –aunque la ley estipula que los mapas del Ministerio de Medio Ambiente deben ser públicos–, las disposiciones que enmarcan la presentación de las solicitudes (Ley 685 de 2001) alimentan la confusión. Toda solicitud de concesión abre automáticamente la vía a los trabajos de exploración sin exigir ningún estudio medioambiental. La solicitud, facilitada al máximo, se efectúa en línea, mediante cuatro coordenadas GPS que determinan un polígono: un número de documento de identidad o pasaporte, un nombre acompañado por una dirección postal y un número de teléfono. Todo esto junto al pago de 400 dólares para el registro de la solicitud. No se efectúa ningún tipo de verificación de las garantías bancarias del demandante y menos aún de sus antecedentes judiciales. Como alcanza con que los polígonos no coincidan por completo, varias solicitudes pueden superponerse parcialmente, lo cual ocurre muy a menudo.

Concesiones millonarias

La legislación, que apunta a establecer un “clima de confianza favorable a los inversores extranjeros”, ignora el interés general… así como las cuestiones del medio ambiente. El 9 de febrero de 2010, se votó la Ley 1.382 para proteger los páramos (ecosistemas tropicales fríos de los Andes colombianos) así como 500.000 hectáreas de reservas forestales estratégicas amenazadas por nuevos títulos y solicitudes. Pero el texto carece de efecto retroactivo sobre las concesiones que ya se hayan obtenido… Y además, suele suceder que los tribunales sepan entender los argumentos de las transnacionales, según los cuales una legislación demasiado coercitiva obstaculiza su desarrollo.
En mayo de 2010, la canadiense Greystar consiguió la aprobación. Obtuvo su apelación contra una denuncia del gobierno que le exigía presentar un nuevo estudio sobre el impacto medioambiental de sus futuras instalaciones en Angostura, en las montañas del departamento de Santander. Las autoridades colombianas habían evaluado inicialmente que el gigantesco proyecto de mina de oro a cielo abierto podía llegar a dañar los ecosistemas locales. Además, consideraban que las unidades de tratamiento del mineral (con cianuro), situadas en zonas muy altas de los Andes, eran una amenaza para toda la red hídrica situada río abajo de los páramos, que funcionan como gigantescas esponjas naturales que alimentan a ríos y arroyos.
Tal vez no contaron con que el proyecto permitiría a Greystar apropiarse de más de 10 millones de onzas de oro. A más de 1.000 euros la onza en los mercados (11), semejante yacimiento ameritaba que la multinacional librara una batalla; que ganó cómodamente… Según su vicepresidente ejecutivo, Frederick Felder, la compañía nunca se inquietó: “En ese período, proseguimos nuestros estudios de factibilidad. (…) No dudábamos de que el gobierno finalmente validaría nuestro expediente” (12).
Pero las cuestiones relacionadas con la industria no son sólo de orden medioambiental. Adelso Gallo Toscano milita contra el acaparamiento de algunos grandes grupos mineros en territorio colombiano dentro de la coordinadora Red Colombia, que reúne a asociaciones, sindicatos y cooperativas agrícolas.
El activista puntualiza: “Nosotros no nos oponemos a la mina en sí. Podría ser una industria interesante para el desarrollo del país si el gobierno aceptara discutir los proyectos con las organizaciones sociales. Y sobre todo, si la explotación de los recursos naturales del país se hiciera en beneficio de la población”. ¿Cómo? “Nacionalizando la industria o, por lo menos, garantizando una transferencia de tecnología para evitar depender, más adelante, del capital extranjero. Además, y sobre todo, habría que respetar el medio ambiente”.
Gallo Toscano alude, entusiasmado, a los ejemplos de Ecuador, Venezuela y Bolivia, donde las cosas se estarían dando mejor. Colombia no es el único país que promueve la extracción minera como uno de los ejes de su desarrollo económico: Latinoamérica, que antes recibía apenas el 12% de las inversiones mundiales en el sector minero, hoy recauda un tercio de las mismas (13). Pero sería un tanto apresurado sugerir que la extracción del petróleo ecuatoriano y venezolano o del gas boliviano no encuentra ninguna resistencia en una parte de la población.
Aunque se la destine al mejoramiento del nivel de vida general, a través del financiamiento de programas sociales –lo cual no parece ser el propósito en Colombia–, esa explotación suscita de todos modos preocupaciones, vinculadas simultáneamente con cuestiones ecológicas y los derechos de los pueblos indígenas, pero también con un modo de desarrollo que refuerza el carácter “primario” de las economías de la región. Así y todo, en estos países, el debate –a veces violento– parece –bien o mal– haberse iniciado. Colombia cuenta ya sus muertos.
En diciembre de 2009, en la región de Cauca, en Suárez, donde la empresa AngloGold Ashanti tiene mucha presencia, se dirigieron amenazas al representante sindical de la Central Unitaria de los Trabajadores colombianos (CUT), que lideró un movimiento de oposición a los trabajos de la transnacional. El 13 de febrero de 2010, se supo del asesinato, precedido de torturas, de Omar Alonso Restrepo y su hermano, José de Jesús, conocidos por su oposición a la presencia de AngloGold Ashanti en la región. Ambos eran integrantes del comité de acción comunitaria de la localidad de El Dorado y militaban en una organización de mineros artesanales y agricultores que desde hace varios años denuncia los estragos medioambientales, económicos y sociales de las transnacionales. Veintiséis organizaciones sociales que firmaron un comunicado denunciando esos asesinatos subrayaron “la macabra alianza entre el gobierno y las multinacionales del oro como AngloGold Ashanti”, así como la continuidad de la “militarización de la región [que] hace posible la acción de los grupos paramilitares” (14).
La situación es tanto más seria en la medida en que el recién electo presidente colombiano, Juan Manuel Santos, el 17 de mayo de 2010 prometió: “En el sector minero haremos todo lo posible por estimular el mayor crecimiento posible, demostrando al mismo tiempo responsabilidad en lo referente al medio ambiente” (15). Teniendo en cuenta que Santos eligió a su predecesor, Uribe Vélez, como modelo, las transnacionales mineras que operan en Colombia no deberían tener grandes motivos de quejas. 

1 Entrevista con el autor, Bogotá, 20-2-10.
2 Fallo T-796-32009 de la Corte Constitucional.
3 Véase Maurice Lemoine, “Plan Colombie, passeport pour la guerre”, Le Monde diplomatique, París, agosto de 2000.
4 “S.1758 - Alliance with Colombia and the Andean Region (Alianza); Act of 1999 (Introduced in Senate)”, 106th Congress (1999-2000), Washington, 20-10-1999.
5 Citado por Adam Thomson en “Mining: Vast resources remain largely untapped”, The Financial Times, Londres, 23-9-09.
6 Según el portal de información sobre la actividad minera en Colombia www.imcportal.com. Las cifras de 2009 son todavía provisorias.
7 Naomi Mapstone, “Infrastructure: Eager to link up disjointed land”, The Financial Times, Londres, 6-4-10.
8 Citado por Adam Thomson, op. cit.
9 Ricardo Santamaría Daza, “Se dispara la ‘fiebre’ del oro en diversas regiones del país”, 9-5-10 (www.portafolio.com.co).
10 Entrevista con el autor, Bogotá, 4-6-10.
11 Cotización al 8-6-10.
12 Diana Delgado, “Greystar says Colombia accepts its gold mine appeal”, 31-5-10 (www.reuters.com).
13 Anthony Bebbington, “The New Extraction: Rewriting the Political Economy of the Andes?”, Nacla Report on the Americas, Vol. 42, N° 5, Nueva York, septiembre de 2009.
14 “Colombia: continúa exterminio contra Fedeagromisbol. Asesinan a dos agromineros en el Sur de Bolívar”, 15-2-10 (www.biodiversidadla.org).
15 Entrevista concedida a Yamid Amat, el 17 de mayo de 2010 (www.galeriapolitica.com).
*Periodista.

Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_  http://www.eldiplo.com.pe/fiebre-del-oro-en-colombia