MÁS ALLÁ DE LO LOCAL: Procesos de negociación en contextos mineros. El caso de la comunidad campesina de MichiquillayMaría Luisa Burneo y Anahí Chaparro*

La expansión actual de las industrias extractivas se enmarca en un modelo impulsado desde el gobierno, donde la promoción de la inversión es considerada el factor más importante para el desarrollo del país, y en función del cual este define su agenda económica y política. Parte de esta agenda es el marco normativo que busca promover y garantizar estas inversiones, muchas de las cuales involucran el territorio de comunidades campesinas. En este contexto, las organizaciones rurales son uno de los actores centrales en el ámbito de las negociaciones entre las industrias extractivas y la población. Esta situación nos plantea la importancia de analizar el rol de las comunidades cuando se redefinen los usos de los recursos y cambia la mirada que se tiene del territorio y del papel que juega lo rural en el desarrollo regional y nacional.1 Por lo anterior, sostenemos que los procesos que se dan en los territorios rurales con presencia de actividad minera deben ser analizados tomando en cuenta tanto las dinámicas locales como una dimensión más amplia, que incluya el marco institucional definido por el Estado y las políticas corporativas de las trasnacionales. En este artículo nos interesa discutir dos temas. El primero se refiere a la situación de las comunidades que, en muchos casos, presentan una condición de fragilidad institucional y fragmentación política interna. Ante ello, podría considerarse válido el argumento según el cual, la dificultad para implementar de manera exitosa los mecanismos de negociación con las comunidades, se debe a la realidad local. Esta explicación nos parece insuficiente: es importante tomar en cuenta que las empresas, conociendo esta realidad, persiguen igualmente que los mecanismos funcionen en los ritmos que ellas deciden, en función del proceso de inversión y de los plazos acordados con el Estado. El segundo tema es que, en este contexto, la intervención de empresas mineras es un factor que altera y/o acelera procesos de cambio a nivel local, al entrar a tallar nuevos intereses, ofrecimientos y expectativas, y al generarse mayor incertidumbre sobre el futuro del uso de la tierra y otros recursos de la comunidad. Ilustraremos la problemática expuesta a partir de un caso: el proceso que se viene dando en la comunidad campesina de Michiquillay, en Cajamarca, en el marco de la negociación del “Acuerdo Social” con la empresa minera Anglo American (AA). El “Acuerdo Social” fue aprobado por la comunidad en junio del año pasado para que AA inicie su fase de exploración. La comunidad campesina de Michiquillay, que es área de influencia directa de tres proyectos mineros, tiene una Junta Directiva Comunal y ocho sectores con representantes propios. Este caso nos permite dar cuenta de algunas tensiones que se generan cuando la comunidad y los comuneros se convierten en actores de un proceso que no se juega solo en su territorio sino también en la escala nacional y global. Cabe señalar que las distintas formas de organización que toman en la práctica las comunidades campesinas, nos plantean el reto de comprender cada contexto local ante el riesgo de imaginar comunidades que funcionan tal como plantean las definiciones de comunidades campesinas construidas, fundamentalmente, en base a comunidades de la sierra centro y sur del país.2 Este imaginario puede conllevar a la utilización de mecanismos o instrumentos de negociación por parte del Estado y las empresas, que suponen la existencia de una organización representativa del conjunto de comuneros que controla los recursos del colectivo. En esta visión se diluyen los diversos intereses y posturas que existen entre los diferentes grupos de comuneros. La comunidad campesina de Michiquillay y la consulta para el “Acuerdo Social” Cajamarca es uno de los departamentos con mayor inversión minera del país. En el ámbito de la comunidad campesina de Michiquillay, en el distrito de La Encañada, convergen las concesiones de tres empresas mineras: Minera Yanacocha (MYSA), Lumina Cooper y, recientemente, Anglo American (AA). Anteriormente, la comunidad estaba dividida en dos anexos: Michiquillay y Quinuamayo, con sus respectivos caseríos, y existía un solo órgano de gobierno: la Junta Directiva Comunal. Hace tres años, la comunidad se dividió en ocho sectores y se conformó igual número de Comités de Administración Local con sus respectivos presidentes, encargados de canalizar la comunicación entre cada sector y la Junta Central, además de gestionar los recursos provenientes de las negociaciones con las empresas, como los fondos de proyectos y los cupos para los trabajos rotativos. Si bien sucede que los anexos de varias comunidades buscan independizarse con el tiempo, en este caso, la división de sectores coincide con la entrada del proyecto Deborah (MYSA) al ámbito comunal. La mayoría de comuneros entrevistados sostiene que esta división se dio, principalmente, porque cada caserío buscaba acceder a sus propios cupos de trabajo y a proyectos ofrecidos por la empresa. La formación de sectores y la presencia de los proyectos mineros han generado un cambio en el peso de los anexos al interior de la comunidad de Michiquillay. En este nuevo contexto, el sector de Quinuamayo Bajo ha adquirido un mayor protagonismo en la vida política comunal —de donde proviene el actual presidente y uno de los más favorables a la inversión minera— frente al sector Michiquillay —considerado por sus habitantes como la comunidad madre—, en donde se encuentra la concesión de AA y donde se centra la oposición a la actual Junta Directiva. Si bien este grupo de comuneros no está en contra de la explotación minera, es quien ha liderado las opiniones críticas frente a las condiciones de negociación del “Acuerdo Social”. La empresa propuso la figura del “Acuerdo Social”, como mecanismo para obtener el permiso para realizar sus actividades en territorio comunal [...] El “Acuerdo Social” se refiere a un permiso para que la empresa tenga derecho de paso y uso de todo el terreno comunal [...] sujeta a una contraprestación para la comunidad. Luego de un proceso de licitación que había generado fuertes tensiones entre grupos de la comunidad y ProInversión, en abril de 2007 la empresa minera AA ganó la concesión del proyecto Michiquillay. La empresa propuso la figura del “Acuerdo Social”, como mecanismo para obtener el permiso para realizar sus actividades en territorio comunal, que debía darse antes de vencer el plazo fijado en el contrato de concesión con ProInversión. Cabe señalar que la figura propuesta por AA es distinta al acuerdo previo establecido, hasta ese momento, en la Ley 26505 que exigía la aprobación de los dos tercios (66.6%) de los comuneros para autorizar transacciones de tierras. El “Acuerdo Social” se refiere a un permiso para que la empresa tenga derecho de paso y uso de todo el terreno comunal (uso de agua para actividades de exploración, construcción de caminos, plataformas, etcétera), sujeta a una contraprestación para la comunidad. Para la consulta sobre el “Acuerdo Social”, la empresa sugirió a la Junta Directiva que conformara un equipo técnico compuesto por profesionales de la comunidad, para recoger las propuestas de los ocho sectores y elaborara el documento a partir del cual se negociarían los puntos del “Acuerdo Social”. La empresa, a su vez, presentaría un documento con su propuesta. La negociación entre la propuesta de la comunidad y la de la empresa se realizó en sesiones de trabajo en las que participaron representantes de esta última, el equipo técnico y miembros de la Junta Directiva. Como resultado de la negociación, se aprobó el documento final del contrato en el que se establecieron las condiciones del “Acuerdo Social”. Dicho documento, sin embargo, no fue difundido y consultado entre los sectores de la comunidad antes de la asamblea del 24 de mayo del mismo año, donde se realizaría la votación para aprobar el ‘Acuerdo Social’. Esta asamblea fue suspendida por generarse obser¬vaciones y desorden entre los asistentes. Según los comuneros entrevistados, el desconocimiento del contrato final fue una de las razones que explican la situación generada; otra de las razones fue el problema del padrón comunal que, al no encontrarse saneado y actualizado, y al haberse presentado a la votación comuneros retornantes, no permitía tener claridad sobre quiénes podían votar. Frente a ello, se decidió suspender la asamblea y se acordó que el acuerdo escrito debía ser consultado con los ocho sectores antes de una nueva votación. Imagen 1: Afiche de la consulta El tiempo entre la asamblea del 24 de mayo y la nueva votación dejó solo nueve días para volver a discutir los puntos del contrato y consultarlos a los ocho sectores. Así, el 3 de junio se pasó directamente a votar por la aprobación del “Acuerdo Social”; votaron 1,168 de los aproximadamente 2,230 comuneros. Ganó el Sí con 736 (63%) votos, frente al No que alcanzó 432 votos. El plazo señalado en el contrato entre la empresa y ProInversión para que esta confirmara el inicio de su exploración vencía el 5 de junio. Más allá del “Acuerdo Social” Luego de la consulta, un grupo de comuneros —principalmente del sector de Michiquillay y Quinuamayo Alto— cuestionó la validez de los resultados y manifestó su desacuerdo con las condiciones del contrato. Inclusive criticó al equipo técnico debido a que, según sus testimonios, no había recogido los puntos que ellos querían incluir en el Acuerdo. Finalmente, ambos sectores no presentaron el acta con sus propuestas, como señal de protesta. Señalaron que tampoco estuvieron de acuerdo con la manera apresurada con la que se llevó a cabo la consulta, ya que opinaban que impidió que el documento final del contrato fuera debidamente discutido en Asamblea Comunal. Por último, tampoco reconocieron la consulta como legítima dado que, según ellos, el día que esta se llevó a cabo, no todos los comuneros pudieron votar debido a que el padrón comunal no estaba actualizado. En este contexto, el padrón adquirió un peso central y fue el centro de disputas y acusaciones entre dirigentes y ex dirigentes sobre su uso y manipulación. De acuerdo a las autoridades y comuneros entrevistados, la discusión puso sobre el tapete el debate sobre los “tipos de comuneros” (migrantes, retornantes, posesionarios nuevos, otros) que debía incluirse en el padrón y, por lo tanto, sobre quiénes tenían derecho a decidir en la comunidad, evidenciándose así un desfase con la normativa nacional que solo distingue entre comuneros calificados y no calificados. mientras que para AA el “Acuerdo Social” es un contrato por lo que tiene un peso central y resulta ser determinante, para los comuneros, este parece ser el punto de partida para una negociación permanente que podría variar en sus condiciones, según el contexto.   Por otro lado, se puede señalar que, mientras que para AA el “Acuerdo Social” es un contrato —por lo que tiene un peso central y resulta ser determinante—, para los comuneros, este parece ser el punto de partida para una negociación permanente que podría variar en sus condiciones, según el contexto. Dentro de la comunidad, hay quienes señalan haber votado por el Sí y no conocer el contenido del “Acuerdo”; asimismo, hay un grupo de comuneros que también afirma desconocer el contenido del mismo y no haber participado de la consulta, pero que, a pesar de ello, aprueban la presencia de la empresa: “ …queremos la mina porque nos traerá beneficios, pero yo no conozco ese documento del “Acuerdo”, y varios ni hemos ido a votar porque vino gente de fuera” (comunero del sector Michiquillay). Lo anterior nos plantea la importancia de abrir un debate respecto a la legitimidad del proceso del “Acuerdo Social”, que es presentado como un instrumento de negociación, producto del consentimiento de toda la comunidad. De acuerdo a los comuneros y directivos entrevistados de la Junta Comunal y de los sectores Michiquillay, Quinuamayo Bajo y Quinuamayo Alto, poco antes de la fecha de la consulta, AA otorgó cien puestos rotativos de Mano de Obra No Calificada (MONC) para la comunidad, y ofreció que, de producirse el “Acuerdo”, otorgaría cien puestos más. Este ejemplo sugiere otro tema importante: el tipo de relaciones que se van construyendo entre empresa y comunidad. Las relaciones de clientelismo pueden generar a mediano o largo plazo, una negociación de beneficios que termine siendo poco estratégica para la población y, de otro lado, poco provechosa para la empresa por verse atada de manos a ceder ante exigencias muy puntuales y dispersas de cada sector. No es extraño encontrar respuestas en las entrevistas como “…nosotros dejamos que la empresa esté acá mientras nos den trabajo si no, los sacamos…” (comunero de Quinuamayo Alto), lo cual sugiere la fragilidad del “Acuerdo” en la percepción de los comuneros. Algunas implicancias del “Acuerdo Social” sobre la organización comunal El “Acuerdo Social” contempla, además, la creación de diversos comités dentro de la comunidad: 1) un Comité de Mediación que tendría vigencia mientras dure el “Acuerdo”, como mecanismo para establecer cualquier disputa y resolver controversias —aunque la comunidad decidió después que eso funcionara a través de la Asamblea—; 2) un Comité de Trabajo Laboral y Adquisición de Bienes y Servicios, cuya función es evaluar a los comuneros presentados por la comunidad para acceder a puestos de trabajo; 3) un Comité para la Negociación de la Contraprestación, para acordar los precios y mecanismos de la transferencia de terrenos; 4) un Comité para evaluar los mecanismos de reubicación de familias comuneras —que aún no entra en funcionamiento—; y 5) un Comité de Monitoreo Ambiental, conformado por dos personas de cada sector de la comunidad a las que la empresa les paga. Frente a esto, además, la comunidad decidió crear un comité del medio ambiente paralelo para supervisar a los monitores contratados por AA, debido a que perciben que estos, a pesar de ser comuneros, han pasado a servir a los intereses de la empresa. Estos comités ad hoc, creados para negociar con la empresa, se han convertido en espacios de disputa del poder dentro de la comunidad, ya sea debido a las posibilidades de acceder a empleos remunerados —a través de la distribución de los cupos para el MONC, de los contratos con empresas comunales o de los puestos remunerados en el caso del Comité de Monitoreo— o frente a la posibilidad de posicionarse en la comunidad y luego acceder a otros cargos políticos dentro de ella o del municipio. la comunidad, a través de la Junta Comunal, debe asumir la función de negociar y discutir el destino de enormes recursos en un escenario local donde los nuevos incentivos ya han generado cambios en las dinámicas políticas y en la distribución del poder A lo anterior se suma la creación del Fondo Social para manejar el monto de US$ 200 millones para las comunidades de Michiquillay (75%) y La Encañada (25%). En este contexto, la comunidad, a través de la Junta Comunal, debe asumir la función de negociar y discutir el destino de enormes recursos en un escenario local donde los nuevos incentivos ya han generado cambios en las dinámicas políticas y en la distribución del poder: la variación del peso relativo de los sectores de la comunidad, la aparición de nuevas listas electorales (es la primera vez que se presentan cuatro listas) y la formación de nuevos comités. Así, se aceleran procesos de fragmentación espacial y política —por la creación de diversas instancias de toma de decisión sobre nuevos recursos (puestos de trabajo, proyectos, otros)—, al mismo tiempo que se dinamiza la política local y que se requiere una mayor capacidad de representación y de gestión por parte de la Junta Directiva para la negociación de fondos colectivos, como el Fondo Social. La institucionalidad comunal y la presencia de un actor global Más allá de posiciones ideológicas o de buscar atribuir niveles de responsabilidad a uno u otro actor, lo cierto es que se están generando procesos de cambio y no es estratégico negarlos. Hay más bien que conocerlos y reconocerlos, así como reconocer, también, que la presencia de cualquier empresa minera —más allá del tipo de comportamiento que tenga—, tiene mucho que ver en estas transformaciones. Queremos resaltar la im¬portancia de reflexionar sobre lo que sucede cuando, en un contexto de débil ins¬titucionalidad, ingresa un actor globalizado con intereses propios. El problema, entonces, no es solo la ausencia del Estado o la fragmentación local, sino que no haya un desarrollo institucional que incluya: un conocimiento compartido sobre precios de la tierra en contextos mineros, acceso a información, un Estado que se responsabilice por que existan condiciones adecuadas para la negociación, y un mayor debate y desarrollo de la esfera pública. La intervención de un actor globalizado hace más explícita esta realidad. Un tema importante que nos muestra el caso de Michiquillay es la falta de instrumentos claros que regulen las relaciones y negociaciones entre empresas y comunidades, puesto que el Estado —en particular el Ejecutivo y el sector minero—, asume que se trata de una negociación entre privados. Un tema importante que nos muestra el caso de Michiquillay es la falta de instrumentos claros que regulen las relaciones y negociaciones entre empresas y comunidades, puesto que el Estado —en particular el Ejecutivo y el sector minero—, asume que se trata de una negociación entre privados (Alayza 2007). Esta postura, más que implicar una falta de presencia del Estado, evidencia la opción que este adopta, sin considerar la asimetría de poder entre las partes. Al mismo tiempo, sin embargo, el Estado impone condiciones que pueden generar mayor presión en los ámbitos de negociación, como sucedió con los términos del contrato de ProInversión, en los que se enmarcaban los plazos de la consulta. Por otro lado, la falta de información resulta más evidente cuando la misma población, en este caso los comuneros, señalan que no cuentan con los criterios necesarios para valorizar sus parcelas y negociar adecuadamente la contraprestación de tierras, lo cual genera incertidumbre. Por ejemplo, los comuneros entrevistados señalaron que, dado que AA les explicó el contexto del mercado de capitales y la crisis internacional, aceptaron finalmente una suma mucho menor a lo que ellos habían imaginado; en parte, por no tener parámetros para negociar el precio, en parte, por temor a que la empresa se retirrara de la zona y con ello perderían también los recursos del Fondo Social y los puestos de trabajo.3 El problema, entonces, no es solo cómo se establece el valor de las parcelas, sino que se trata de un problema sobre el significado y uso de la tierra en un contexto donde estos valores son alterados por usos alternativos y por el ingreso de capital financiero.4 En este contexto, las reglas del juego se definen en diferentes ámbitos: el de la comunidad, el del Estado —cuya postura define su tipo de ‘presencia’—, y el de las políticas de la empresa y su aplicación. Es en la interacción de estos donde se configuran las formas de tomar decisiones sobre el territorio. Sin embargo, las implicancias de estas decisiones no son las mismas para todos; para las familias comuneras lo que está en juego es la redefinición de sus estrategias de vida: posibilidades de trabajo, mayores o menores ingresos, posibilidades de contaminación que afecten las capacidades productivas de la tierra y el agua, cambios en las relaciones sociales al interior de la comunidad, entre otros. Ante ello, resulta indispensable que las negociaciones entre poblaciones rurales y empresas se den en un marco de trasparencia, donde haya un Estado que garantice que ambas partes conozcan los intereses en juego y tengan un margen de decisión. * Antropólogas, investigadoras del Centro Peruano de Estudios Sociales-CEPES. Este artículo utiliza información de campo recogida para el programa de investigación de la Universidad de Manchester “Territorios, conflictos y desarrollo en los Andes”http://www.sed.manchester.ac.uk/research/andes/. Agradecemos los comentarios de Anthony Bebbington, Alejandro Diez y Fernando Eguren. 1 Anthony Bebbington (Ed.) Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas: una ecología política de transformaciones territoriales, IEP-CEPES, 2007. Y Alejandro Diez et al., ¿Qué sabemos de las comunidades campesinas?, ALLPA-CEPES, Lima 2007. 2 Ibid. 3 En este caso, de acuerdo a los testimonios recogidos, las posturas sobre el monto de la contraprestación fueron bastante disímiles y fluctuantes: en un inicio, la comunidad demandaba S/.14 mil por hectárea por año, durante los cuatro años de la exploración, y la empresa ofrecía S/.300; en un segundo momento, la comunidad sugirió S/.5,300 para al final de la negociación llegar a la cifra de S/.600.4 Alejandro Diez, comunicación personal. Referencias bibliográficas Alayza, Alejandra. No pero sí comunidades y minería: consulta y consentimiento previo, libre e informado en el Perú,  Cooperación, Lima. 2007

Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_ http://www.revistargumentos.org.pe/index.php?fp_verpub=true&idpub=192

TERRITORIALIDADES Y TERRITORIOS EN COMUNIDADES AYMARAS DE PERÚ Y BOLIVIA Gerardo Damonte*

En los últimos años los conflictos entre el Estado y las comunidades rurales han tenido una dimensión territorial distinta a las históricas luchas por la tierra. En el escenario político actual ellas van más allá del tema de la propiedad y nos muestran un variado y complejo conjunto de demandas territoriales. El presente artículo analiza la presencia de dichos discursos y reclamos en comunidades aymaras asentadas en Perú y Bolivia.1 En particular, se busca responder a las siguientes preguntas: ¿qué tipo de discursos y reclamos territoriales están surgiendo? y ¿qué implicancias tienen estos procesos en el contexto nacional? Para desarrollar mi argumento propongo la utilización de dos categorías analíticas: territorialidades y territorios. Territorialidades Para comenzar, definimos territorialidades como discursos o narrativas que tienen una dimensión territorial explícita y evidente para quien los enuncia.  Así, cada tipo de territorialidad describe el espacio físico-social, enfocándose en aquellas características más funcionales al eje argumentativo que la narrativa propone. Por ejemplo, si el discurso se centra en la biodiversidad, la narrativa territorial o territorialidad hará un inventario de las distintas especies de acuerdo al espacio donde se desarrollan. Si por el contrario, el discurso busca resaltar la diversidad cultural, la territorialidad nos describirá las distintas culturas existentes en relación al espacio en el que se desarrollan. A la primera llamaríamos territorialidad de la diversidad, mientras a la segunda territorialidad cultural. La diferencia entre discurso y territorialidad es el acento en la dimensión espacial que se convierte en parte integral del argumento. Por ejemplo, un discurso sobre una identidad determinada puede mencionar o no un espacio geográfico vinculado a dicha identidad, mientras que una territorialidad de identidad necesariamente la territorializa. En las territorialidades el aspecto espacial es una parte integral del discurso. Las narrativas territoriales pueden ser construidas por distintos actores como el Estado, las empresas, las ONG, la academia y la población local. Estos últimos discursos son transmitidos principalmente de manera oral en lugares públicos por dirigentes y campesinos. Eventualmente, las narrativas territoriales locales son apropiadas por la academia, el sector público o la prensa. En el presente ensayo identificaremos dos de las principales territorialidades locales presentes en las comunidades aymaras de la zona del lago Titicaca.  La primera es la que denominamos territorialidad de gestión de recursos. Esta narrativa describe las formas consuetudinarias de uso de recursos incidiendo en que los territorios de gestión de recursos trascienden los límites de las propiedades comunales. En particular, la territorialidad se centra en la formas de acceso y uso de recursos. Como ejemplos se mencionan la rotación de cultivos coordinados entre familias y comunidades, el usufructo coordinado de los recursos del lago para la extracción de totora y pesca, y la circulación complementaria de productos entre las zonas circunlacustre media y alta, que definen el macro espacio alrededor del lago.  En el lado peruano, la propiedad comunal es un primer referente de acceso a recursos, pero este espacio comunal se extiende principalmente hacia el lago. En el caso boliviano, la territorialidad también toma como eje del territorio la propiedad familiar y comunal pero se incluye a todo el lago como el espacio de los recursos accesibles. Es importante notar que estas territorialidades extendidas hacia el lago están presentes principalmente en las comunidades circunlacustres de Perú y Bolivia donde el minifundio es un problema visible.  Al trascender los límites de la propiedad, las territorialidades de gestión buscan establecer derechos de uso sobre recursos que en términos legales no les pertenecen. En este caso, lo novedoso no son las prácticas y estrategias familiares de manejo de recursos sino la elaboración de narrativas territoriales en base a dichas prácticas. Al trascender los límites de la propiedad, las territorialidades de gestión buscan establecer derechos de uso sobre recursos que en términos legales no les pertenecen. Por ejemplo, en las narrativas territoriales se considera que el Estado debe consultar antes de establecer reservas en el lago, dar concesiones mineras o petroleras, o permitir el desarrollo turístico en sus territorios de gestión, es decir, allí donde la población local hace uso de los recursos territoriales. Es así como en esta narrativa se distingue propiedad de territorio: la propiedad solo se refiere a la tierra y tiene un alcance superficial, mientras el territorio incluye la superficie acuática y los recursos del subsuelo. Asimismo, esta territorialidad tiene un sustento histórico-institucional que explica el uso legítimo de los recursos. Un caso especialmente interesante lo encontramos en la reserva del Lago Titicaca en Perú, donde la administración de la reserva, conjuntamente con la población local, estableció comités de gestión territorial para impulsar el uso sostenible de los recursos del lago (Kent 2008). Así, se identificaron territorios de gestión, es decir, unidades espaciales de uso coordinado de recursos,  los cuales podían incluir: tierra de propiedad comunal, parcialidades y productores independientes. Al buscar un referente  histórico-institucional para la constitución de dichas territorialidades en ciertos casos se encontraron referencias a ayllus prehispánicos. De manera general, las territorialidades mencionan ayllus, haciendas y comunidades madres como referentes históricos de lo que consideran sus territorios de gestión. Es interesante constatar que las demandas territoriales no están basadas en usos colectivos comunales de los recursos, puesto que las formas productivas en el lago tienen a la familia como unidad de producción, sino en los derechos coordinados de las familias a los recursos territoriales de la comunidad o la “nación” aymara en el caso boliviano. Una segunda territorialidad emergente en la zona del lago Titicaca es la territorialidad  de identidad aymara. Hasta hace una década la identidad territorial en la zona del lago era principalmente campesina, comunal o local, sin embargo, esto ha ido cambiando primero en Bolivia y luego en el Perú. La identidad aymara ha ido emergiendo hasta constituir una clara narrativa territorial. Consideramos que la emergencia de este tipo de territorialidad se explica por dos razones. En primer lugar, una revitalización de la cultura aymara que incluye procesos como el mayor uso público del idioma aymara.  En segundo lugar, una revitalización de formas religiosas indígenas que adquieren mayor visibilidad en ámbitos públicos y urbanos. En este caso, el espacio religioso de adscripción se define a partir de apus (cerros sagrados) que son mencionados y ubicados discursivamente, a manera de marcadores de un espacio compartido, en lugares tan alejados como el norte de Chile.   Las territorialidades de gestión e identidad aymara han sido articuladas para dar lugar a una narrativa territorial política, donde se rescata el uso ancestral y el derecho colectivo de los recursos como forma de sustentar la existencia de una nacionalidad originaria previa a la imposición colonial y estatal-republicana. Principalmente, en el caso boliviano se ha desarrollado una tercera territorialidad: la política. Las territorialidades de gestión e identidad aymara han sido articuladas para dar lugar a una narrativa territorial política, donde se rescata el uso ancestral y el derecho colectivo de los recursos como forma de sustentar la existencia de una nacionalidad originaria previa a la imposición colonial y estatal-republicana. El discurso que ha enlazado estas territorialidades es el del “buen vivir”, el cual propone incentivar las prácticas productivas originarias, las cuales son concebidas como armoniosas y sostenibles, en contraposición al desarrollo productivo occidental, que se define como destructivo. Esta territorialidad política reivindicativa ha sido elaborada por las elites intelectuales y dirigenciales teniendo en la actualidad bastante difusión y aceptación en las comunidades aymaras del lado boliviano, mientras en el lado peruano su difusión es relativamente reciente y aún no es asumida completamente por las familias comuneras.  Como observamos a partir de estos ejemplos, las territorialidades son aproximaciones discursivas al entendimiento de un determinado espacio. Puesto que los discursos que guían dichas aproximaciones varían constantemente, los límites geográficos de las territorialidades son difusos y cambiantes. Por ejemplo, si hasta hace algunas décadas la identidad hegemónica en las comunidades del lago era la campesina, mientras la territorialidad de identidad aymara no era tan visible, ahora esta última ha adquirido protagonismo, expandiéndose geográficamente más allá de las fronteras comunales y nacionales. Esto no quiere decir que el sentimiento de pertenencia indígena no existiera sino que no se expresaba en términos discursivos y menos territoriales con tanta claridad.  Las narrativas territoriales solo delimitan espacios cuando se crean territorios.  Territorios Los territorios son construcciones sociales que fijan los límites y definen un determinado espacio físico-social, nutriéndose de una o varias territorialidades. Los territorios se constituyen a partir de un eje temático donde un espacio específico sirve de base para el análisis o la argumentación. Es a partir de las territorialidades que se constituyen los territorios. Por ejemplo,  los comités territoriales de la reserva del lago Titicaca fueron constituidos por el sector público y las comunidades locales a partir de las formas consuetudinarias de uso de los recursos, es decir, de territorialidades de gestión. Los territorios pueden constituirse con fines analíticos para estudios específicos, como por ejemplo, los territorios lingüísticos, o con fines programáticos de intervención, como los territorios de pesca o las áreas de influencia de los proyectos extractivos. Los mapas son los instrumentos preferidos para graficar territorios, pero debemos tener en cuenta que los mapas solamente “congelan” discursos territoriales, oscureciendo su dinamismo. Asimismo, los territorios pueden ser planteados, constituidos y/o “graficados” por distintos actores sociales como empresas, el sector público o las comunidades. Así, la constitución de territorios tiene un contenido político que se manifiesta en la intención con la que se afirman cierto tipo de territorialidades sobre otras. Es en el contexto de la lucha política, que ciertas aproximaciones y conocimientos territoriales se imponen sobre otros al momento de constituir territorios. Un interesante trabajo de Orlove (1991) en el lago Titicaca, justamente analiza políticas de representación contenidas en los mapas. Los mapas pueden ser espacio de luchas políticas entre distintas territorialidades por fijar una representación dominante del espacio: un territorio. En el contexto de las políticas de representación existe un tipo especial de territorialidad y territorio que está vinculado al control territorial soberano, es decir, al poder. Esta es una territorialidad fundamentalmente política que lo que busca es establecer grados de control autónomo de un espacio determinado. Esta narrativa territorial busca fijar territorios con el fin de establecer dominios territoriales. El territorio de poder por excelencia es el estatal-nacional. A partir de una narrativa política pública el Estado busca legitimarse como el legítimo y soberano gobernador del territorio nacional. Como analizan Ferguson y Gupta (2002) existe una espacialización estatal que se da a partir de dos principios: verticalidad, es decir, el Estado impone los espacios desde arriba a la sociedad y agrupamiento, es decir, el Estado integra en un todo territorial a las distintas localidades.  Sin embargo, la constitución de territorios de poder no es patrimonio del Estado. En las últimas décadas la legitimidad del control absoluto de los estados sobre los territorios nacionales ha sido cuestionada por grupos sociales que acusan el origen colonial del dominio territorial estatal-nacional. Esto grupos se auto declaran indígenas u originarios apelando a derechos territoriales precoloniales. En este caso estamos hablando de narrativas políticas que buscan sustentar la existencia de nacionalidades con derechos legítimos a territorios nacionales propios. Para ser efectivas, estas narrativas territoriales tienen que articular un conjunto de territorrialidades que apelen a la diferencia cultural, al uso consuetudinario del espacio, a la especificidad político-organizativa, a la administración propia de justicia, entre otras dimensiones de diferencia y autonomía. Así, las territorialidades de poder que se generan al margen de los estados no cuestionan las formas de gobierno territorial sino la legitimidad de dicho gobierno sobre el territorio, generando pugnas y conflictos con los gobiernos nacionales. En este tema, la realidad política actual de las comunidades del lado peruano y boliviano del lago, es distinta. En la última década las comunidades bolivianas que viven alrededor del lago Titicaca han venido desarrollando territorialidades de poder, es decir, discursos políticos que cuestionan la soberanía nacional-estatal sobre ciertas dimensiones del gobierno territorial. Luego de años de luchas, el actual gobierno ha hecho eco de varias de las demandas territoriales originarias, introduciendo cambios importantes en la nueva constitución. Así, en la constitución boliviana se reconoce el carácter plurinacional de Bolivia lo que implica reconocer ciertos grados de autonomía y autogobierno territorial a las naciones originarias. En este contexto, algunas comunidades han comenzado la labor no solo de definir territorialmente y “mapear” su territorio nacional originario sino también de reconstituir las divisiones territoriales prehispánicas de Markas y Ayllus. Es decir, se plantea la constitución de un territorio de poder que si bien acepta una tutela estatal, busca establecer una nación aymara al interior de la nación boliviana. Este proceso complejo es resultado del desarrollo histórico de un proyecto político territorial aymara, cuya actual implementación genera una constante tensión entre las comunidades y el estado central al momento de definir el alcance de la autonomía territorial. Este proceso, además, tiene connotaciones transnacionales puesto que puede servir de referencia para otras poblaciones campesinas e indígenas altoandinas en busca de autonomía política territorial. Para articular las narrativas de identidad y de gestión en la constitución de territorios de poder hace falta un proyecto político nacional, que proponga territorios y autoridades distintas a las establecidas desde el Estado, y este tipo de proyecto aun no es evidente en las comunidades del Perú.  En el caso peruano, el discurso territorial político está menos desarrollado. Existen intentos discursivos de constituir territorios; por ejemplo, se habla de las seis provincias con mayoría de hablantes aymaras como el territorio aymara. Asimismo, se afirma en círculos intelectuales locales la existencia histórica de una gran nación aymara que abarcaría partes de Perú, Bolivia y Chile. Sin embargo, consideramos que estamos ante narrativas territoriales de identidad más que de constitución de territorios originarios autónomos. Los discursos territoriales que apelan a la diferencia no han logrado articularse en una narrativa política autónoma. Los referentes territoriales siguen siendo  las divisiones administrativas estatales como las provincias y regiones, mientras los referentes políticos siguen siendo las autoridades públicas nacionales como los tenientes o alcaldes. Como nos muestra la crónica de los hechos de Ilave narrados por Pajuelo (2009), las causas del conflicto no se pueden explicar por el surgimiento de un separatismo indígena aymara sino por causas más conocidas como la marginación y la pobreza en que vive la población local. Para articular las narrativas de identidad y de gestión en la constitución de territorios de poder hace falta un proyecto político nacional, que proponga territorios y autoridades distintas a las establecidas desde el Estado, y este tipo de proyecto aun no es evidente en las comunidades del Perú. A manera de conclusión En el caso de las comunidades aymaras, los discursos territoriales que están surgiendo son el de gestión e identidad. Estos discursos articulan reclamos concretos como el derecho a mantener acceso sobre los recursos en los territorios que las familias comuneras consideran ancestralmente suyos o el derecho a imprimirle una identidad indígena propia al espacio que habitan. En general, las territorialidades son parte de nuestra vida social y están inmersas en las formas con las que buscamos explicar las relaciones que establecemos con nuestros espacios de referencia. Sin embargo, el surgimiento de territorialidades denota nuevas preocupaciones o afirmaciones relacionadas al conocimiento o las vivencias en dichos espacios. Cuando hablamos del surgimiento de territorios desde abajo, es decir, desde sectores que no detentan el poder político, se está hablando de cuestionamientos y formas de resistencia a los discursos territoriales dominantes. En el Perú el surgimiento de estos discursos puede entenderse como una respuesta a la actual política pública de manejo territorial que margina social y culturalmente a las comunidades mientras ejerce presión externa sobre recursos naturales locales. En estos casos es labor del Estado el escuchar, conciliar y encontrar los mecanismos para integrar estas nuevas demandas territoriales dentro de las políticas públicas y visones oficiales del territorio nacional. En otras palabras, el surgimiento de territorios contestatarios supone nuevas necesidades que no están siendo atendidas por los discursos o formas de administración territorial vigentes. Cuando el Estado no tiene capacidad de integrar estas territorialidades, estos discursos se radicalizan y pueden ser articulados en territorialidades y territorios de poder.  En el Perú, el discurso territorial político que cuestiona el derecho estatal-nacional sobre el uso de recursos como el agua, es cada vez más común. Las comunidades altoandinas reclaman consultas previas, asumiendo ciertos derechos territoriales. Sin embargo, a diferencia de Bolivia, estas territorialidades no logran ser articuladas en un proyecto político territorial que busque el reconocimiento de una o más nacionalidades indígenas. El surgimiento y constitución de territorios de poder desde abajo como, por ejemplo, pueblos o naciones indígenas, denota el debilitamiento o fracaso del proyecto unitario nacional y la necesidad de encontrar nuevas formas de integrar la pluralidad cultural y política. En este sentido, el surgimiento del proyecto nacional aymara, así como la solución estatal boliviana por la plurinacionalidad, ciertamente han causado entusiasmo y expectativa entre la población aymara a ambos lados de la frontera. Sin embargo, se trata de un proceso complejo que debe solucionar no solamente el tema de los grados de autonomía en aspectos centrales para la economía boliviana como el desarrollo de proyectos extractivos, sino principalmente cubrir las viejas expectativas de la población campesina: una distribución más justa de la riqueza y el poder político. * Antropólogo PhD. Investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE). Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)1 La información sobre las comunidades aymaras proviene de conversaciones con autoridades y comuneros en visitas realizadas en el marco de distintos estudios en los años 2004 y el 2009.  Referencias bibliográficas Ferguson, James y Akhil Gupta. “Spatializing States: Towards and Ethnography of neoliberal governmentality.” American Ethnologist, N° 29 (4) pp. 981-1002. 2002 Kent, Michael.  “The Making of Customary territories: Social Change at the Intersection at State and Indigenous territorial politics on lake Titicaca, Peru”. Journal of Latin American and Caribbean Anthropology, N° 13 (2) pp. 283-310. 2008 Orlove, Benjamin. “Mapping Reeds and Reading Maps: The Politics of Representation in Lake Titicaca” American Ethnologist, N° 18 (1) pp. 3-38. 1991 Pajuelo, Ramón. “No hay ley para nosostros…” Gobierno local, sociedad y conflicto en el altiplano: el caso Ilave. Lima: IEP – SER, 2009.

Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_ http://www.revistargumentos.org.pe/index.php?fp_verpub=true&idpub=188