Mercedes se Sube al Coche

Mercedes Aráoz es escoltada por Jorge del Castillo y Omar Quesada, secretarios generales del APRA, luego de oficializarse su designación el martes 2.

Pocas veces se ha visto en tiempos recientes tan de acuerdo a la dirigencia de los compañeros. Fue una encuesta “no publicable” la que pareció determinar el consenso de la cúpula aprista en torno a la candidatura presidencial de la ex ministra Mercedes Aráoz. El partido oficialista encargó en los últimos días un sondeo nacional a CPI que arrojó un resultado incontestable.

El potencial electoral del APRA como mero símbolo, sin importar el candidato, era de 4% según el estudio. Nada descabellado si se toma en cuenta que en las elecciones regionales y municipales los votos apristas fueron alrededor de 1.2 millones de un total de 19.6 millones. Es decir, poco más del 6%.

Siempre según esa encuesta secreta, si al APRA se le añade la presencia de Alan García, no su candidatura, el potencial sube a más del 10%. Y si a ese escenario se le suma Aráoz al frente de la ecuación, ese potencial llegaba al 22%.

Nada más había que discutir.

HAYA INSTANTÁNEO

El mismo martes 2, cuando fue proclamada como la candidata por el Comité Ejecutivo Nacional en Alfonso Ugarte, Aráoz presentó su renuncia al cargo de asesora del presidente Alan García en materias económicas. Varios expertos consultados por la prensa, como Percy Medina de Transparencia, ya aclararon que no se verá afectada por la norma que ponía el 11 de octubre de plazo para que los altos funcionarios que quieran participar en las elecciones del 2011 renuncien a sus cargos. El cargo de Aráoz no se ajustaba a esa definición.

El damero de Alfonso Ugarte ya se había reanimado con la encuesta de Apoyo de octubre pasado (CARETAS 2152), en la que 19% de entrevistados la consideraba la mejor carta del APRA, por encima de Jorge del Castillo (13%) y Javier Velásquez Quesquén (12%). Muy atrás quedaba el también voceado Alfredo Barnechea.

El miércoles 27, el congresista Mauricio Mulder reconoció que el partido se encontraba encargando sondeos para averiguar sobre la percepción del electorado en torno a los probables candidatos. “Eso ya lo tenemos en parte, lo cual nos permite contar con cierta información, pero todavía estamos en proceso. A mediados de noviembre sabremos quién será el candidato presidencial del APRA”, declaró al diario El Comercio. No sería necesario tomarse tanto tiempo. El lunes 1 por la noche ya no cabían dudas.

En los próximos días se conformará el comando de campaña, que podría estar encabezado por Del Castillo o Velásquez Quesquén. Las primeras pintas y banderolas aparecerán esta semana.

Unas versiones señalan que Aráoz aceptó que la conducción de la campaña sea aprista. Freddy Chirinos, que es su cercano asesor de imagen, será una de las adiciones importantes que ella pondrá sobre la mesa. Pero quienes estuvieron en las reuniones que Aráoz sostuvo en Alfonso Ugarte el martes 2 pudieron ver a una mujer que no se va a dejar pisar el poncho. La candidata es, finalmente, quien encabeza la carrera. Y los vientos de género soplan a su favor. Dilma Rousseff ganó en Brasil y los votos de otra mujer, la “verde” Marina Silva, decidieron la segunda vuelta.

Sus primeras declaraciones a la prensa han intentado tender conexiones con el pueblo aprista. Citó a Haya de la Torre sobre sus conceptos de negociar con el capital y Estados Unidos para defender los TLC que tanto impulsó durante su paso por Comercio Exterior. También recordó al patriarca aprista para recalcar que hay que crear riqueza para poder distribuirla. El curso acelerado del ideario hayista busca imprimirle emoción al correcto discurso tecnocrático que la ha caracterizado.

Quien se lo recordó sin remilgos fue el congresista oficialista Javier Valle Riestra, que declaró a la página web de Perú.21 que “más que candidata a la Presidencia de la República, es candidata a un concurso de belleza. De tal manera que yo acepto a la postulante del partido, pero no creo que sea lo más adecuado porque las lideresas son personas que deben tener una capacidad de dirigirse a las masas, de sacudirlas”.

A favor de Aráoz, que le respondió a Valle Riestra que sus palabras “ofenden a la mujer peruana”, habría que recordar que ni Luis Castañeda ni Keiko Fujimori, los punteros de las encuestas, son caracterizados por una oratoria telúrica.

LA CONQUISTA DE LAS BASES

Aún así, en el APRA el suelo todavía no está parejo.

Otro personaje muy influyente en las campañas de Alfonso Ugarte observa con escepticismo el curso de los acontecimientos. “La sociología del voto aprista es muy compleja. García pone esos círculos en movimiento”, considera. “Un porcentaje importante de electores votó por un tipo de empresarios en las últimas elecciones. Ahora hay que preguntarse si el APRA representa hoy a los nuevos sectores populares. ¿El partido responde hoy a las expectativas de la sociedad peruana?”.

Para esta familiarizada fuente, “la verdad no es necesariamente lo que uno ve en las encuestas. Pueden estar comprándose el discurso de los marketeros. La gente rechaza a los políticos pero también vota por ellos. Si un partido tan importante toma decisiones basándose en encuestas y focus groups, estamos fritos”.

Y la fuente advierte: “lo primero que va a tener que hacer esta señora es conquistar al APRA”.

Es que alguna paradoja encierra la designación de Aráoz. Su confirmación como candidata para cumplir la ley de partidos será un mero trámite refrendado mediante una convención de delegados en las próximas semanas.

Esto ocurre cuando dentro del APRA se libraba un debate por democratizar el proceso de elecciones internas. Jorge del Castillo impulsaba la opción de “un militante, un voto” y Javier Velásquez Quesquén se inclinaba por justas abiertas a cualquier ciudadano que quisiera votar.

La discusión ya no tiene razón de ser, pero Carlos Roca declaró que un grupo de dirigentes no tenía que decidir por el resto de la militancia. El propio ex candidato al municipio limeño terminó por allanarse y fue él quien salió a recibir a Aráoz a su arribo en Alfonso Ugarte el martes 2.

Al mismo tiempo, un sector de la dirigencia encabezado por Del Castillo inició conversaciones desde finales de octubre con Lourdes Flores Nano, en aras de algún tipo de entendimiento en torno a la candidatura de Aráoz (CARETAS 2151). La propia pepecista reconoció que contemplaba no solo una alianza con Solidaridad Nacional, sino también con el APRA.

Personajes de ambas tiendas como Mulder y Luis Galarreta han manifestado su abierta oposición a esa posibilidad. Del Castillo en cambio piensa que podría darse una situación similar a la de 1995, cuando Flores declinó su candidatura presidencial pero presentó una lista parlamentaria propia a la que no le fue mal al momento de la cosecha.

IBA POR EL BID

Fue un camino de particularidades.

Primero Aráoz fue tentada para ser la candidata municipal de la estrella. Fue ese el premio consuelo que le ofrecieron en Palacio cuando fue rotada de la cartera de Turismo y Comercio Exterior, desde donde construyó su imagen y a la que llegó impulsada por el ex ministro Hernán Garrido Lecca, al gris Ministerio de la Producción.

Horas antes de que Carlos Roca aceptara el eventualmente frustrado encargo, el premier Velásquez la seguía cortejando con la idea. Pero ya estaba al frente del MEF, que en ese momento consideraba el pináculo de su carrera.

Cuando en junio la entonces ministra de Economía reveló que había recibido propuestas de Velásquez Quesquén, Mauricio Mulder y Wilbert Bendezú para ser la candidata aprista del 2011, el presidente Alan García la criticó con aspereza. Un ministro comentó entonces que el gran error de Aráoz fue no hablar del tema con el principal accionista de la corporación aprista antes de ventilarlo en la prensa.

Salió del ministerio luego de asumir el desgaste político por el debate de la supresión de la célula viva para uniformados. Antes fue criticada por defender a rajatabla los decretos legislativos inconsultos que terminaron en la tragedia de Bagua.

A pesar de su sorpresivo relevo por Ismael Benavides, el Presidente la retuvo como asesora en temas económicos. Le ofrecieron un puesto en la plancha presidencial, pero ella buscaba la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. El colombiano Luis Alberto Moreno deja el cargo este año.

Al presidente García le escucharon decir que pondría a prueba su lealtad antes de patrocinar su candidatura al BID. También le escucharon reconocer que había sometido a Aráoz a exigentes pruebas a lo largo de su gobierno. Cuando ella, en una de sus tempranas manifestaciones de ingenuidad política, reconoció a comienzos del 2007 que los europeos estaban aterrados con la demagógica propuesta presidencial de implantar la pena de muerte, el Presidente no le dirigió la palabra durante casi dos meses.

Luego las encuestas propiciaron un nuevo golpe de timón.

LA BRÚJULA DE GARCÍA

El ex primer ministro Javier Velásquez Quesquén señaló que la designación de Aráoz refleja un “cambio de estrategia”, por el que se abandona la idea del candidato militante. Es el propio “Sipán” la víctima principal del viraje. Durante el último tramo de su paso por el premierato, Velásquez aseguraba que el APRA presentaría un candidato salido de sus canteras.

Cuando en setiembre abandonó el gabinete junto con Aráoz, todas las versiones coincidían que lo hacía para encabezar la carrera por la candidatura alentado directamente por el presidente Alan García. Hubo cenas y compromisos realizados en Palacio donde García, tanto ante grupos pequeños como frente a buena parte de la bancada, daba a conocer su preferencia por el chiclayano, cuya inicial reticencia cedió a la disciplina.

Entonces cayó el baldazo de hielo. Velásquez lanzó su precandidatura en el Museo de las Tumbas Reales de Sipán y, ese mismo lunes 11 de octubre, García acompañó a Luis Castañeda en su acto de renuncia a la alcaldía para tentar suerte en el 2011, tal como lo estipula la ley. Cuando le preguntaron al mandatario sobre el proceso interno de su partido, respondió que “yo no me meto en esas cosas. Aquí estoy parado con mi candidato”.

Luego el Presidente intentó dar marcha atrás y reiteró que votaría por el candidato aprista. Pero sus palabras ya habían hecho mella. Si bien Velásquez volvió a calificarse el martes como un “soldado del partido”, la amargura se la mostró a los más cercanos, particularmente a sus correligionarios del norte.

A fines de la semana pasada el propio círculo de Aráoz recelaba de los planes del Presidente. Todo indica que éste ahora aprueba la designación de la candidata. Con los ojos siempre puestos en el 2016, dice un personaje que participa en las negociaciones, “García quería mantener la categoría pero no estaba interesado en campeonar”. Con Aráoz en el partidor, ya hay apristas que fantasean entre risas nerviosas: “¿Y si gana?”. (Enrique Chávez)

Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_ http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3082&S=&id=12&idE=904&idSTo=0&idA=49396

MÁS ALLÁ DE LO LOCAL: Procesos de negociación en contextos mineros. El caso de la comunidad campesina de MichiquillayMaría Luisa Burneo y Anahí Chaparro*

La expansión actual de las industrias extractivas se enmarca en un modelo impulsado desde el gobierno, donde la promoción de la inversión es considerada el factor más importante para el desarrollo del país, y en función del cual este define su agenda económica y política. Parte de esta agenda es el marco normativo que busca promover y garantizar estas inversiones, muchas de las cuales involucran el territorio de comunidades campesinas. En este contexto, las organizaciones rurales son uno de los actores centrales en el ámbito de las negociaciones entre las industrias extractivas y la población. Esta situación nos plantea la importancia de analizar el rol de las comunidades cuando se redefinen los usos de los recursos y cambia la mirada que se tiene del territorio y del papel que juega lo rural en el desarrollo regional y nacional.1 Por lo anterior, sostenemos que los procesos que se dan en los territorios rurales con presencia de actividad minera deben ser analizados tomando en cuenta tanto las dinámicas locales como una dimensión más amplia, que incluya el marco institucional definido por el Estado y las políticas corporativas de las trasnacionales. En este artículo nos interesa discutir dos temas. El primero se refiere a la situación de las comunidades que, en muchos casos, presentan una condición de fragilidad institucional y fragmentación política interna. Ante ello, podría considerarse válido el argumento según el cual, la dificultad para implementar de manera exitosa los mecanismos de negociación con las comunidades, se debe a la realidad local. Esta explicación nos parece insuficiente: es importante tomar en cuenta que las empresas, conociendo esta realidad, persiguen igualmente que los mecanismos funcionen en los ritmos que ellas deciden, en función del proceso de inversión y de los plazos acordados con el Estado. El segundo tema es que, en este contexto, la intervención de empresas mineras es un factor que altera y/o acelera procesos de cambio a nivel local, al entrar a tallar nuevos intereses, ofrecimientos y expectativas, y al generarse mayor incertidumbre sobre el futuro del uso de la tierra y otros recursos de la comunidad. Ilustraremos la problemática expuesta a partir de un caso: el proceso que se viene dando en la comunidad campesina de Michiquillay, en Cajamarca, en el marco de la negociación del “Acuerdo Social” con la empresa minera Anglo American (AA). El “Acuerdo Social” fue aprobado por la comunidad en junio del año pasado para que AA inicie su fase de exploración. La comunidad campesina de Michiquillay, que es área de influencia directa de tres proyectos mineros, tiene una Junta Directiva Comunal y ocho sectores con representantes propios. Este caso nos permite dar cuenta de algunas tensiones que se generan cuando la comunidad y los comuneros se convierten en actores de un proceso que no se juega solo en su territorio sino también en la escala nacional y global. Cabe señalar que las distintas formas de organización que toman en la práctica las comunidades campesinas, nos plantean el reto de comprender cada contexto local ante el riesgo de imaginar comunidades que funcionan tal como plantean las definiciones de comunidades campesinas construidas, fundamentalmente, en base a comunidades de la sierra centro y sur del país.2 Este imaginario puede conllevar a la utilización de mecanismos o instrumentos de negociación por parte del Estado y las empresas, que suponen la existencia de una organización representativa del conjunto de comuneros que controla los recursos del colectivo. En esta visión se diluyen los diversos intereses y posturas que existen entre los diferentes grupos de comuneros. La comunidad campesina de Michiquillay y la consulta para el “Acuerdo Social” Cajamarca es uno de los departamentos con mayor inversión minera del país. En el ámbito de la comunidad campesina de Michiquillay, en el distrito de La Encañada, convergen las concesiones de tres empresas mineras: Minera Yanacocha (MYSA), Lumina Cooper y, recientemente, Anglo American (AA). Anteriormente, la comunidad estaba dividida en dos anexos: Michiquillay y Quinuamayo, con sus respectivos caseríos, y existía un solo órgano de gobierno: la Junta Directiva Comunal. Hace tres años, la comunidad se dividió en ocho sectores y se conformó igual número de Comités de Administración Local con sus respectivos presidentes, encargados de canalizar la comunicación entre cada sector y la Junta Central, además de gestionar los recursos provenientes de las negociaciones con las empresas, como los fondos de proyectos y los cupos para los trabajos rotativos. Si bien sucede que los anexos de varias comunidades buscan independizarse con el tiempo, en este caso, la división de sectores coincide con la entrada del proyecto Deborah (MYSA) al ámbito comunal. La mayoría de comuneros entrevistados sostiene que esta división se dio, principalmente, porque cada caserío buscaba acceder a sus propios cupos de trabajo y a proyectos ofrecidos por la empresa. La formación de sectores y la presencia de los proyectos mineros han generado un cambio en el peso de los anexos al interior de la comunidad de Michiquillay. En este nuevo contexto, el sector de Quinuamayo Bajo ha adquirido un mayor protagonismo en la vida política comunal —de donde proviene el actual presidente y uno de los más favorables a la inversión minera— frente al sector Michiquillay —considerado por sus habitantes como la comunidad madre—, en donde se encuentra la concesión de AA y donde se centra la oposición a la actual Junta Directiva. Si bien este grupo de comuneros no está en contra de la explotación minera, es quien ha liderado las opiniones críticas frente a las condiciones de negociación del “Acuerdo Social”. La empresa propuso la figura del “Acuerdo Social”, como mecanismo para obtener el permiso para realizar sus actividades en territorio comunal [...] El “Acuerdo Social” se refiere a un permiso para que la empresa tenga derecho de paso y uso de todo el terreno comunal [...] sujeta a una contraprestación para la comunidad. Luego de un proceso de licitación que había generado fuertes tensiones entre grupos de la comunidad y ProInversión, en abril de 2007 la empresa minera AA ganó la concesión del proyecto Michiquillay. La empresa propuso la figura del “Acuerdo Social”, como mecanismo para obtener el permiso para realizar sus actividades en territorio comunal, que debía darse antes de vencer el plazo fijado en el contrato de concesión con ProInversión. Cabe señalar que la figura propuesta por AA es distinta al acuerdo previo establecido, hasta ese momento, en la Ley 26505 que exigía la aprobación de los dos tercios (66.6%) de los comuneros para autorizar transacciones de tierras. El “Acuerdo Social” se refiere a un permiso para que la empresa tenga derecho de paso y uso de todo el terreno comunal (uso de agua para actividades de exploración, construcción de caminos, plataformas, etcétera), sujeta a una contraprestación para la comunidad. Para la consulta sobre el “Acuerdo Social”, la empresa sugirió a la Junta Directiva que conformara un equipo técnico compuesto por profesionales de la comunidad, para recoger las propuestas de los ocho sectores y elaborara el documento a partir del cual se negociarían los puntos del “Acuerdo Social”. La empresa, a su vez, presentaría un documento con su propuesta. La negociación entre la propuesta de la comunidad y la de la empresa se realizó en sesiones de trabajo en las que participaron representantes de esta última, el equipo técnico y miembros de la Junta Directiva. Como resultado de la negociación, se aprobó el documento final del contrato en el que se establecieron las condiciones del “Acuerdo Social”. Dicho documento, sin embargo, no fue difundido y consultado entre los sectores de la comunidad antes de la asamblea del 24 de mayo del mismo año, donde se realizaría la votación para aprobar el ‘Acuerdo Social’. Esta asamblea fue suspendida por generarse obser¬vaciones y desorden entre los asistentes. Según los comuneros entrevistados, el desconocimiento del contrato final fue una de las razones que explican la situación generada; otra de las razones fue el problema del padrón comunal que, al no encontrarse saneado y actualizado, y al haberse presentado a la votación comuneros retornantes, no permitía tener claridad sobre quiénes podían votar. Frente a ello, se decidió suspender la asamblea y se acordó que el acuerdo escrito debía ser consultado con los ocho sectores antes de una nueva votación. Imagen 1: Afiche de la consulta El tiempo entre la asamblea del 24 de mayo y la nueva votación dejó solo nueve días para volver a discutir los puntos del contrato y consultarlos a los ocho sectores. Así, el 3 de junio se pasó directamente a votar por la aprobación del “Acuerdo Social”; votaron 1,168 de los aproximadamente 2,230 comuneros. Ganó el Sí con 736 (63%) votos, frente al No que alcanzó 432 votos. El plazo señalado en el contrato entre la empresa y ProInversión para que esta confirmara el inicio de su exploración vencía el 5 de junio. Más allá del “Acuerdo Social” Luego de la consulta, un grupo de comuneros —principalmente del sector de Michiquillay y Quinuamayo Alto— cuestionó la validez de los resultados y manifestó su desacuerdo con las condiciones del contrato. Inclusive criticó al equipo técnico debido a que, según sus testimonios, no había recogido los puntos que ellos querían incluir en el Acuerdo. Finalmente, ambos sectores no presentaron el acta con sus propuestas, como señal de protesta. Señalaron que tampoco estuvieron de acuerdo con la manera apresurada con la que se llevó a cabo la consulta, ya que opinaban que impidió que el documento final del contrato fuera debidamente discutido en Asamblea Comunal. Por último, tampoco reconocieron la consulta como legítima dado que, según ellos, el día que esta se llevó a cabo, no todos los comuneros pudieron votar debido a que el padrón comunal no estaba actualizado. En este contexto, el padrón adquirió un peso central y fue el centro de disputas y acusaciones entre dirigentes y ex dirigentes sobre su uso y manipulación. De acuerdo a las autoridades y comuneros entrevistados, la discusión puso sobre el tapete el debate sobre los “tipos de comuneros” (migrantes, retornantes, posesionarios nuevos, otros) que debía incluirse en el padrón y, por lo tanto, sobre quiénes tenían derecho a decidir en la comunidad, evidenciándose así un desfase con la normativa nacional que solo distingue entre comuneros calificados y no calificados. mientras que para AA el “Acuerdo Social” es un contrato por lo que tiene un peso central y resulta ser determinante, para los comuneros, este parece ser el punto de partida para una negociación permanente que podría variar en sus condiciones, según el contexto.   Por otro lado, se puede señalar que, mientras que para AA el “Acuerdo Social” es un contrato —por lo que tiene un peso central y resulta ser determinante—, para los comuneros, este parece ser el punto de partida para una negociación permanente que podría variar en sus condiciones, según el contexto. Dentro de la comunidad, hay quienes señalan haber votado por el Sí y no conocer el contenido del “Acuerdo”; asimismo, hay un grupo de comuneros que también afirma desconocer el contenido del mismo y no haber participado de la consulta, pero que, a pesar de ello, aprueban la presencia de la empresa: “ …queremos la mina porque nos traerá beneficios, pero yo no conozco ese documento del “Acuerdo”, y varios ni hemos ido a votar porque vino gente de fuera” (comunero del sector Michiquillay). Lo anterior nos plantea la importancia de abrir un debate respecto a la legitimidad del proceso del “Acuerdo Social”, que es presentado como un instrumento de negociación, producto del consentimiento de toda la comunidad. De acuerdo a los comuneros y directivos entrevistados de la Junta Comunal y de los sectores Michiquillay, Quinuamayo Bajo y Quinuamayo Alto, poco antes de la fecha de la consulta, AA otorgó cien puestos rotativos de Mano de Obra No Calificada (MONC) para la comunidad, y ofreció que, de producirse el “Acuerdo”, otorgaría cien puestos más. Este ejemplo sugiere otro tema importante: el tipo de relaciones que se van construyendo entre empresa y comunidad. Las relaciones de clientelismo pueden generar a mediano o largo plazo, una negociación de beneficios que termine siendo poco estratégica para la población y, de otro lado, poco provechosa para la empresa por verse atada de manos a ceder ante exigencias muy puntuales y dispersas de cada sector. No es extraño encontrar respuestas en las entrevistas como “…nosotros dejamos que la empresa esté acá mientras nos den trabajo si no, los sacamos…” (comunero de Quinuamayo Alto), lo cual sugiere la fragilidad del “Acuerdo” en la percepción de los comuneros. Algunas implicancias del “Acuerdo Social” sobre la organización comunal El “Acuerdo Social” contempla, además, la creación de diversos comités dentro de la comunidad: 1) un Comité de Mediación que tendría vigencia mientras dure el “Acuerdo”, como mecanismo para establecer cualquier disputa y resolver controversias —aunque la comunidad decidió después que eso funcionara a través de la Asamblea—; 2) un Comité de Trabajo Laboral y Adquisición de Bienes y Servicios, cuya función es evaluar a los comuneros presentados por la comunidad para acceder a puestos de trabajo; 3) un Comité para la Negociación de la Contraprestación, para acordar los precios y mecanismos de la transferencia de terrenos; 4) un Comité para evaluar los mecanismos de reubicación de familias comuneras —que aún no entra en funcionamiento—; y 5) un Comité de Monitoreo Ambiental, conformado por dos personas de cada sector de la comunidad a las que la empresa les paga. Frente a esto, además, la comunidad decidió crear un comité del medio ambiente paralelo para supervisar a los monitores contratados por AA, debido a que perciben que estos, a pesar de ser comuneros, han pasado a servir a los intereses de la empresa. Estos comités ad hoc, creados para negociar con la empresa, se han convertido en espacios de disputa del poder dentro de la comunidad, ya sea debido a las posibilidades de acceder a empleos remunerados —a través de la distribución de los cupos para el MONC, de los contratos con empresas comunales o de los puestos remunerados en el caso del Comité de Monitoreo— o frente a la posibilidad de posicionarse en la comunidad y luego acceder a otros cargos políticos dentro de ella o del municipio. la comunidad, a través de la Junta Comunal, debe asumir la función de negociar y discutir el destino de enormes recursos en un escenario local donde los nuevos incentivos ya han generado cambios en las dinámicas políticas y en la distribución del poder A lo anterior se suma la creación del Fondo Social para manejar el monto de US$ 200 millones para las comunidades de Michiquillay (75%) y La Encañada (25%). En este contexto, la comunidad, a través de la Junta Comunal, debe asumir la función de negociar y discutir el destino de enormes recursos en un escenario local donde los nuevos incentivos ya han generado cambios en las dinámicas políticas y en la distribución del poder: la variación del peso relativo de los sectores de la comunidad, la aparición de nuevas listas electorales (es la primera vez que se presentan cuatro listas) y la formación de nuevos comités. Así, se aceleran procesos de fragmentación espacial y política —por la creación de diversas instancias de toma de decisión sobre nuevos recursos (puestos de trabajo, proyectos, otros)—, al mismo tiempo que se dinamiza la política local y que se requiere una mayor capacidad de representación y de gestión por parte de la Junta Directiva para la negociación de fondos colectivos, como el Fondo Social. La institucionalidad comunal y la presencia de un actor global Más allá de posiciones ideológicas o de buscar atribuir niveles de responsabilidad a uno u otro actor, lo cierto es que se están generando procesos de cambio y no es estratégico negarlos. Hay más bien que conocerlos y reconocerlos, así como reconocer, también, que la presencia de cualquier empresa minera —más allá del tipo de comportamiento que tenga—, tiene mucho que ver en estas transformaciones. Queremos resaltar la im¬portancia de reflexionar sobre lo que sucede cuando, en un contexto de débil ins¬titucionalidad, ingresa un actor globalizado con intereses propios. El problema, entonces, no es solo la ausencia del Estado o la fragmentación local, sino que no haya un desarrollo institucional que incluya: un conocimiento compartido sobre precios de la tierra en contextos mineros, acceso a información, un Estado que se responsabilice por que existan condiciones adecuadas para la negociación, y un mayor debate y desarrollo de la esfera pública. La intervención de un actor globalizado hace más explícita esta realidad. Un tema importante que nos muestra el caso de Michiquillay es la falta de instrumentos claros que regulen las relaciones y negociaciones entre empresas y comunidades, puesto que el Estado —en particular el Ejecutivo y el sector minero—, asume que se trata de una negociación entre privados. Un tema importante que nos muestra el caso de Michiquillay es la falta de instrumentos claros que regulen las relaciones y negociaciones entre empresas y comunidades, puesto que el Estado —en particular el Ejecutivo y el sector minero—, asume que se trata de una negociación entre privados (Alayza 2007). Esta postura, más que implicar una falta de presencia del Estado, evidencia la opción que este adopta, sin considerar la asimetría de poder entre las partes. Al mismo tiempo, sin embargo, el Estado impone condiciones que pueden generar mayor presión en los ámbitos de negociación, como sucedió con los términos del contrato de ProInversión, en los que se enmarcaban los plazos de la consulta. Por otro lado, la falta de información resulta más evidente cuando la misma población, en este caso los comuneros, señalan que no cuentan con los criterios necesarios para valorizar sus parcelas y negociar adecuadamente la contraprestación de tierras, lo cual genera incertidumbre. Por ejemplo, los comuneros entrevistados señalaron que, dado que AA les explicó el contexto del mercado de capitales y la crisis internacional, aceptaron finalmente una suma mucho menor a lo que ellos habían imaginado; en parte, por no tener parámetros para negociar el precio, en parte, por temor a que la empresa se retirrara de la zona y con ello perderían también los recursos del Fondo Social y los puestos de trabajo.3 El problema, entonces, no es solo cómo se establece el valor de las parcelas, sino que se trata de un problema sobre el significado y uso de la tierra en un contexto donde estos valores son alterados por usos alternativos y por el ingreso de capital financiero.4 En este contexto, las reglas del juego se definen en diferentes ámbitos: el de la comunidad, el del Estado —cuya postura define su tipo de ‘presencia’—, y el de las políticas de la empresa y su aplicación. Es en la interacción de estos donde se configuran las formas de tomar decisiones sobre el territorio. Sin embargo, las implicancias de estas decisiones no son las mismas para todos; para las familias comuneras lo que está en juego es la redefinición de sus estrategias de vida: posibilidades de trabajo, mayores o menores ingresos, posibilidades de contaminación que afecten las capacidades productivas de la tierra y el agua, cambios en las relaciones sociales al interior de la comunidad, entre otros. Ante ello, resulta indispensable que las negociaciones entre poblaciones rurales y empresas se den en un marco de trasparencia, donde haya un Estado que garantice que ambas partes conozcan los intereses en juego y tengan un margen de decisión. * Antropólogas, investigadoras del Centro Peruano de Estudios Sociales-CEPES. Este artículo utiliza información de campo recogida para el programa de investigación de la Universidad de Manchester “Territorios, conflictos y desarrollo en los Andes”http://www.sed.manchester.ac.uk/research/andes/. Agradecemos los comentarios de Anthony Bebbington, Alejandro Diez y Fernando Eguren. 1 Anthony Bebbington (Ed.) Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas: una ecología política de transformaciones territoriales, IEP-CEPES, 2007. Y Alejandro Diez et al., ¿Qué sabemos de las comunidades campesinas?, ALLPA-CEPES, Lima 2007. 2 Ibid. 3 En este caso, de acuerdo a los testimonios recogidos, las posturas sobre el monto de la contraprestación fueron bastante disímiles y fluctuantes: en un inicio, la comunidad demandaba S/.14 mil por hectárea por año, durante los cuatro años de la exploración, y la empresa ofrecía S/.300; en un segundo momento, la comunidad sugirió S/.5,300 para al final de la negociación llegar a la cifra de S/.600.4 Alejandro Diez, comunicación personal. Referencias bibliográficas Alayza, Alejandra. No pero sí comunidades y minería: consulta y consentimiento previo, libre e informado en el Perú,  Cooperación, Lima. 2007

Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_ http://www.revistargumentos.org.pe/index.php?fp_verpub=true&idpub=192