¿Cuál es el balance social de Lula?

por Geisa Maria Rocha

 El 29 de marzo pasado, cuando The Wall Street Journal se interrogaba sobre qué esperan los brasileños de su próximo (o próxima) presidente, cuya elección se realizará en octubre de este año, concluyó muy rápidamente: “¡Qué las cosas no cambien!”. Un deseo que no sorprende del todo. Aunque más no sea a causa del acceso a una alimentación correcta, desde hace algunos años, de la gente que antes no comía hasta satisfacer su hambre.

En septiembre de 2003, durante su primer año en el poder, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva había asegurado: “Desde ahora hasta el final de mi mandato ningún brasileño sufrirá hambre”. Esas circunstancias son propicias para las promesas exaltadas. Sin embargo, los progresos fueron considerables. En siete años, según las estadísticas oficiales, cerca de 20 millones de brasileños (sobre una población de 190 millones) salieron de la pobreza. El programa Fome Zero (Hambre Cero) garantizó especialmente el acceso de las familias indigentes a los productos alimenticios básicos, con ayudas que iban (a comienzos de 2007) de 18 a 90 euros mensuales. Como consecuencia, sólo durante el primer mandato de Lula, la malnutrición infantil retrocedió un 46%. En la región del Nordeste –de la cual el jefe de Estado es originario y donde también conoció el hambre–, retrocedió un 74%. En mayo de 2010, el Programa Alimentario Mundial (PAM) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) distinguió a Lula da Silva otorgándole el título de “campeón mundial de la lucha contra el hambre”.

Brasil sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo, pero ahora lo es un poco menos (1). Entre 2003 y 2010, los ingresos del 10% de la población más pobre crecieron un 8% anual: mucho más rápido que la economía y que los ingresos del 10% de la población más rica (+1,5%). La participación de las clases medias inferiores –hogares cuyo ingreso mensual se ubica entre 1.065 y 4.591 reales (467 y 2.000 euros)– pasó del 37% de la población a más de la mitad. En el ámbito de la educación, el programa ProUni da apoyo a los estudiantes de las familias modestas, mientras que la duración de la escolarización promedio pasó de 6,1 años en 1995 a 8,3 en 2010.

Durante los dos mandatos del ex sindicalista se crearon 14 millones de empleos y el salario mínimo aumentó un 53,6% en términos reales, es decir descontando la inflación. Esta última medida beneficia no sólo a los salarios bajos –los más numerosos–, sino también a los jubilados y a los beneficiarios de los programas de ayuda a personas discapacitadas, que perciben sumas indexadas con la remuneración mínima. También contribuyó a la evolución de la participación de los ingresos del trabajo en el Producto Interno Bruto (PIB), que pasó del 40% en 2000 al 43,6% en 2009.

La Bolsa Família sigue siendo el dispositivo emblemático de las políticas sociales. Este programa de pago de asignaciones involucra a las familias que viven bajo el umbral de pobreza. Según las cifras del gobierno, beneficia a 12,4 millones de hogares, o sea más de 40 millones de personas, que perciben un promedio de cerca de 95 reales por mes (un poco más de 41 euros).

“Redes de seguridad” sociales

Sin embargo, cuando se trata de analizar el balance de la gestión de Lula, algunos se muestran más dubitativos. Para explicar su punto de vista, hay que remontarse a los orígenes del programa Bolsa Família.

Todo comenzó a fines de los años 1990, cuando se conjugaron crisis monetarias y movilizaciones sociales. Las medidas de ajuste estructural y de estabilización económica prescriptas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) hundieron a la población en la miseria. En América Latina, la cantidad de pobres casi se duplicó entre 1980 y 2001, pasando de 120 a 220 millones. ¿Mala suerte? No realmente: según la confesión de uno de los economistas del Banco Mundial, el Consenso de Washington de los años 1980-1990 “despreciaba cualquier consideración ligada a la equidad” y trataba de “evitar cualquier medida con intención redistributiva” (2).

No obstante, los daños sociales y el cuestionamiento de las instituciones financieras internacionales pronto obligaron al Banco Mundial a “darle otro aspecto” a su programa económico. La operación tomó la forma de una relegitimación de sus estrategias, a la cual el economista John Williamson atribuyó el nombre de “reformas de segunda generación” (3).

Una batería de medidas que iba en ese sentido fue publicada en el “Informe del Banco Mundial sobre el Desarrollo en el Mundo, 2000-2001”. En el prefacio, el presidente de la institución, James Wolfensohn, devela un objetivo hasta ese momento inédito: “Fotalecer la aceptación de las reformas y de los procesos de estabilización”, con el fin de “impedir los conflictos vinculados a la distribución de los recursos, que con frecuencia traen consigo bloqueos, agravan las crisis económicas y pueden incluso hacer caer a los gobiernos” ¿Cómo? Creando “redes de seguridad” sociales.

En Brasil, las recomendaciones del Banco Mundial se tradujeron, desde abril de 2001 –durante la presidencia de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), quien fuera el arquitecto de la reforma neoliberal en el país– en la implementación de programas como Bolsa Escola (4), luego Bolsa Alimentação (5) y Auxílio Gás (6). Estas medidas fueron precursoras de la Bolsa Família, que reagrupó –y extendió– esas iniciativas.
La Bolsa Família le aseguró a Lula da Silva, en ocasión de su amplia victoria en la votación presidencial de 2006, el apoyo de los más pobres. Pero no disuadió a los más ricos para otorgarle mayoritariamente sus votos para un segundo mandato. Su presidencia marcó así lo que el universitario Armando Boito Jr. describe como “una alianza (…) que une, de manera bastante paradójica a priori, a los dos extremos de la sociedad brasileña” (7). Pero esta alianza no sirvió a los dos extremos de la misma manera.
Al asumir sus funciones, el 1 de enero de 2003, Lula anunció: “El cambio, ésa es nuestra palabra clave”. Sin embargo, prosiguió la política de estabilización macroeconómica de su antecesor, Cardoso, a quien, sin embargo, antes de su elección calificaba como “verdugo de la economía brasileña”. Lula, que hasta la campaña de 1989 había prometido una moratoria de la deuda, superó las exigencias del FMI para su reembolso. ¿El Fondo exigía un excedente primario (8) de 3,75% en 2003? Lula les ofreció el 4,25%, un “esfuerzo suplementario” equivalente a 8.000 millones de reales (2.200 millones de euros) (9).

Buenos negocios para el sector privado

Aunque la austeridad le permitió a Brasil salir de la trampa del FMI, lo llevó a la de los acreedores nacionales, o sea, los hogares de más altos ingresos. Éstos aceptaron financiar al Estado comprando títulos de su deuda interna, con la única condición de que se les pagara una de las tasas de interés más lucrativas del mundo (10,25% en julio de 2010). En 2009, por ejemplo, el 5,4% del PIB aterrizó en los bolsillos de los poseedores de la deuda interna, o sea más de 13 veces las sumas destinadas al programa social faro del gobierno de Lula.

El economista Pierre Salama, al constatar que “la cantidad de individuos que poseían más de un millón de dólares en activos financieros se había incrementado en un 19,1% entre 2006 y 2007”, resumió los años de Lula de esta manera: “La cantidad de pobres ha disminuido y más de un tercio de los brasileños ha aumentado sus ingresos pero, para una fracción ínfima de la población, el crecimiento de los ingresos ha sido mucho más fuerte”. Según sus cálculos, las desigualdades disminuyeron, pero no tanto gracias a las transferencias sociales sino por “la recuperación del crecimiento, la naturaleza de este crecimiento y sus efectos en el mercado de trabajo” (10). Un crecimiento que dependió menos de las disposiciones sociales de Lula da Silva que del frenesí con que la economía brasileña devora las materias primas del país.

Tampoco las políticas fiscales manejaron de la misma manera los intereses de los más ricos y los de los más pobres. En febrero de 2009, Olivier de Shutter, informante especial sobre el derecho a la alimentación del Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), explicaba: “La tasa impositiva es muy elevada para los bienes y servicios, y baja para los ingresos y el patrimonio. Las familias que perciben un ingreso equivalente a menos de dos salarios mínimos pagan en promedio el 46% de sus ingresos en impuestos indirectos”.

En mayo de 2010, Moisés Naím, ex jefe de redacción de la (muy liberal) revista Foreign Policy, opinaba en El País que Lula había sido “uno de los presidentes más favorables al mercado, al sector privado y a la inversión extranjera en Brasil”. No totalmente en desacuerdo con él, algunos miembros o simpatizantes del Partido de los Trabajadores (PT) piensan que Lula fue partícipe de eso que el teórico marxista italiano Antonio Gramsci denominaba la “revolución pasiva”: una estrategia política que emprende la burguesía para acabar con sus oponentes cuando ve su hegemonía amenazada, especialmente a través de la integración gradual pero continua de dirigentes de las “clases subalternas” al bloque del poder.

Aunque se le ofrecían otras soluciones, sin duda muchos factores inherentes a la vida política brasileña lo impulsaron a esta vía. Cuando fue elegido, en 2002, el PT sólo disponía de 91 diputados sobre 513 en el Parlamento. Para gobernar, debió implementar una coalición de nueve partidos y recurrir a aliados poco confiables que, según explica el periodista Marc Saint-Upéry, “se disputan favores, empleos y recursos públicos”. En Brasil, “un tercio de los diputados, en promedio, cambia de partido al menos una vez durante la duración de su mandato. Y un cuarto lo hace más de una vez” (11). Actualmente, 147 parlamentarios están sometidos a procedimientos judiciales, al igual que 21 de los 81 senadores. La corrupción estaría costando alrededor de 40.000 millones de dólares (31.000 millones de euros) anuales en Brasil, cinco veces más que el programa Bolsa Família. En estas condiciones, es difícil evitar que corroa la política y erosione la resolución de los caracteres mejor templados (12).

En estas condiciones, desde la campaña presidencial de 2002, el programa de Lula da Silva fue derivando hacia el centro. Entonces el PT, cuyas filas, en su origen, estaban cerradas para los empresarios, los propietarios de tierras y los banqueros, se alió a un empresario millonario (y evangelista), José Alencar, que se convirtió en su candidato a la vicepresidencia. El consejero en comunicación de Lula en ese momento, Duda Mendonça, sugirió que su cliente, en ese estadío de su carrera, estaba “listo para cualquier compromiso con el objeto de ganar la presidencia”.

Para los brasileños, el “período Lula” seguirá siendo, de todas maneras, uno de los más positivos de la historia reciente. La prueba es que la mayoría de ellos desea que se prolongue con su sucesora. ¿Será posible? 

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1 Véase Renaud Lambert, “Brasil, un gigante empantanado”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, junio de 2009.
2 Nancy Birdsall, Augusto de la Torre, Felipe Valencia Caicedo, The Washington Consensus: Assessing a Demaged Brand, Policy Research Working Group 5316, The World Bank Office of the Chief Economist, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Centro para el Desarrollo Global, LUGAR, mayo de 2010, págs. 29-30.
3 Restarting Growth and Reform in Latin America, bajo la dirección de Pedro-Pablo Kuczynski y John Williamson, Institute for International Economics, Washington, DC, 2003.
4 “Bolsa escolar”: asegura un suplemento de ingreso a las familias pobres, con la condición de que sus niños en edad escolar (7 a 14 años) vayan a clase.
5 “Bolsa alimentaria”: destinada a las familias con niños en edad preescolar y para mujeres embarazadas.
6 Literalmente: “ayuda para el gas”; este programa del Ministerio de Energía y Minas distribuía 15 reales (6,5 euros) por familia pobre para ayudar a pagar la factura energética. En 2002, se beneficiaron con este programa 5,7 millones de familias.
7 “As relações de classe na nova fase do neoliberalismo no Brasil”, Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina (bajo la dirección de Gerardo Caetano), Consejo Latinoamericano de Ciensas Sociales (Clacso), Buenos Aires, 2006.
8 Saldo de los ingresos y gastos públicos del Estado. Si es positivo, el Estado puede pagar su deuda. Si es negativo, debe tomar préstamos.
9 Cifras extraídas de Laurent Delcourt (dir.), Le Brésil de Lula: un bilan contrasté, Alternatives Sud, Volumen 7-2010/1, Syllepse y Centre tricontinental, París, 2010.
10 “Lula a-t-il vraiment fait reculer la pauvreté?“, Alternatives Internationales, Número especial, N° 7, París, diciembre de 2009.
11 Le rêve de Bolivar, La Découverte, París, 2007.
12 “Lula” debió pagar el costo en 2005, cuando estalló el escándalo del mensalão, esas mensualidades pagadas a parlamentarios menos preocupados por defender su programa político que su billetera.

Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_  http://www.eldiplo.com.pe/%C2%BFcu%C3%A1l-es-el-balance-social-de-lula

De la “diplomacia compañera” al mercado

por Igor Fuser

“El proceso de integración sudamericano exige consistencia y rapidez, teniendo en cuenta el momento de transición de un mundo unipolar hacia un mundo multipolar que vive el planeta. América del Sur puede constituirse en uno de los polos de esa nueva configuración mundial. (…) El hecho de ser el más grande (de los países sudamericanos) le impone a Brasil mayores responsabilidades”, según Marco Aurelio García, asesor especial de política exterior de Brasil (1).

Pero hay otras opiniones. “La conclusión que se impone, desde mi punto de vista, es que debemos proponer un retroceso estratégico en la integración de América Latina. (…) A falta de una convergencia en los valores, fines y medios entre los países, es mejor renunciar a una integración ambiciosa, pero intangible, y contentarnos con una integración viable, aunque modesta” (2).

El contraste abismal entre estas dos ideas expresa con suma claridad el impasse que domina los rumbos de la diplomacia brasileña en vísperas de la sucesión presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. Durante sus ocho años de gestión, las divergencias respecto de la política exterior ganaron un inédito relieve en la agenda política cotidiana. Se trata de un fenómeno sorprendente en una sociedad que, a lo largo de la historia, siempre le ha dado poca importancia a lo que sucedía más allá de sus propias fronteras y en la que los asuntos exteriores parecían reservados a una elite de especialistas. En los últimos años, sin embargo, el enfrentamiento entre los dos bloques en que se divide el espacio político brasileño –los oficialistas, liderados por el Partido de los Trabajadores (PT) y la oposición conservadora, donde se destacan el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y sus aliados en los medios– ha transcurrido, de manera creciente, alrededor de la agenda internacional del país.

Temas como la presencia del depuesto presidente hondureño en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, el ingreso de Venezuela en el Mercosur y las relaciones con Irán, entre otros, se imponían como obligatorios en el discurso de la oposición incluso mucho antes de la campaña electoral. Ahora vuelven, con mayor relieve, en las semanas que preceden al embate decisivo entre Dilma Rousseff, la candidata de Lula, y José Serra, el líder del PSDB.
Tres factores explican lo que sucede. En primer lugar, la patética ausencia de una propuesta de la oposición. En su defensa, se admite que no será una tarea fácil, de hecho, articular una retórica eficaz contra un Presidente que cuenta con más del 80% de aceptación popular. Un segundo motivo es la inédita proyección que Brasil alcanzó en la escena mundial, lo cual, naturalmente, amplía el interés de la sociedad por esos temas. Por último, el hecho de que desde la asunción de Lula, las diferencias ideológicas entre su gobierno y los que lo precedieron se han manifestado de forma mucho más clara en temas de la agenda internacional que en cuestiones internas, donde la ortodoxia económica, personificada en el presidente del Banco Central Henrique Meirelles, ha contribuido a diluir las diferencias entre la izquierda y la derecha.

“En el ámbito de la política exterior, las diferencias siempre fueron muy visibles”, señala Valter Pomar, secretario de Relaciones Internacionales del PT. “En rigor, podemos decir que la política exterior anticipó el movimiento progresista realizado por el gobierno de Lula en su conjunto, estando desde el principio bajo la hegemonía de las concepciones fuertemente críticas al neoliberalismo y a la hegemonía de Estados Unidos” (3).

Por la densidad de las relaciones de Brasil con sus vecinos sudamericanos, el clivaje de posiciones en torno a las relaciones exteriores adquiere efectos prácticos mucho mayores que, digamos, la postura de Itamaraty ante el conflicto palestino-israelí. La plataforma de Serra propone explícitamente el abandono de la prioridad al Mercosur y una revalorización de los vínculos tradicionales con Europa y Estados Unidos, en contraste con el énfasis “Sur-Sur” adoptado por Lula y su canciller, Celso Amorim. La probable victoria de Dilma aleja el riesgo de un colapso político del Mercosur y de los proyectos integracionistas sudamericanos en general. Pero es ilusorio suponer que los actuales dilemas se resolverán tan sólo por el veredicto de las urnas. Lo que otorga relevancia e intensidad al debate sobre la política exterior brasileña no es precisamente el peso electoral de los actores que se oponen a la orientación progresista de Itamaraty, sino su dimensión económica. Allí radica el gran obstáculo al proyecto gubernamental de profundización de los lazos regionales para incluir la integración política –por medio de la UNASUR– y la llamada integración productiva, mediante la adopción de una estrategia neodesarrollista en el ámbito sudamericano (Sosa, pág. 12). Esa propuesta se enfrenta, más que con la resistencia, con la abierta hostilidad de los segmentos influyentes del empresariado brasileño y sus portavoces en el Poder Legislativo y en los medios.

Aún hoy persiste un sentimiento de nostalgia por el fracasado proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) entre los hombres que dirigen los sectores más dinámicos de la economía brasileña, en especial el del agrobusiness, la industria asociada al capital extranjero y los grandes grupos financieros. La preferencia brasileña, en el primero de los dos mandatos presidenciales de Fernando Henrique Cardoso (1994-1998 y 1998-2002), era a favor de la iniciativa estadounidense, a la cual Brasil llegó a adherir formalmente. Pero las negociaciones se complicaron ante la intransigencia de Washington en preservar el proteccionismo en productos vitales para las exportaciones brasileras como el acero, los calzados, el jugo de naranja y el algodón.
El gobierno de Lula, en cambio, adoptó una postura nítidamente contraria al ALCA, entendida por el PT y los diplomáticos progresistas de Itamaraty como un plan de anexión colonial de las economías latinoamericanas a Estados Unidos. Finalmente, en la conferencia de Mar del Plata, en 2005, el proyecto estadounidense fue archivado ante la resistencia de Brasil, Venezuela y Argentina. En la actualidad, los mismos empresarios que antes defendían el ALCA se quejan de que la opción preferencial por el Mercosur inviabiliza un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE), cuyos términos serían bastante similares a los de la frustrada integración con Estados Unidos.

“No existe consenso en la elite brasileña sobre la estrategia a ser adoptada en relación a la región”, explica el politólogo Ricardo Sennes (4). Y agrega: “Parte de esa elite apoya un proyecto regional amplio, multitemático y basado en compromisos e instituciones políticas, mientras otra parte defiende un compromiso regional selectivo, volviendo a tópicos específicos, pero sin instituciones y compromisos profundos”. La ausencia de ese consenso, según Sennes, impone límites objetivos al alcance de las iniciativas brasileñas de integración. Según su análisis, ese contexto ha llevado a la actuación regional de Brasil en América Latina a guiarse por acuerdos poco institucionalizados, en base a reuniones de cúpula (lo que incluyó al propio Mercosur), y proyectos basados en la noción de “integración económica rasa”, es decir, centrada en cuestiones comerciales, en detrimento de temas ligados a la integración productiva, financiera y logística. En la práctica, el énfasis brasileño acaba por orientarse hacia emprendimientos puntuales de integración energética e infraestructura y, sobre todo, hacia las inversiones directas de empresas brasileras en mercados sudamericanos, con el creciente apoyo de agencias financieras estatales, especialmente el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

La internacionalización de empresas se volvió la señal más visible del crecimiento de las relaciones entre Brasil y su entorno geográfico. Las inversiones privadas brasileñas en América del Sur presentaron un incremento sustancial en los últimos cinco años, como reflejo de un movimiento más amplio –impulsado desde el Estado– de expandir la actividad de empresas nacionales en el exterior. La opción fue presentada por Lula en un discurso pronunciado en 2005 en el Foro Económico Mundial de Davos: “Algo que he señalado sistemáticamente a los empresarios brasileños, es que no deben tener miedo de convertirse en empresas multinacionales, en hacer inversiones en otros países, porque eso sería bueno para el país” (5). Desde entonces, la vecindad sudamericana pasó a ser valorada como un espacio prioritario de expansión de los intereses brasileños, ya sea por medio de la integración vial y energética, que ya se esbozaba con la creación del IIRSA (6), o por el apoyo estatal a las inversiones directas de grandes empresas. En 2007, Brasil alcanzó el segundo lugar en el ranking de los países en vías de desarrollo con inversiones externas y el primero entre los latinoamericanos. En ese mismo año, las compañías brasileñas destinaron el 16% de un total de 11,6 billones de dólares de inversión en el exterior a América Latina (7). La primera etapa de esa expansión se centró en el Mercosur y en Argentina en particular, que recibe actualmente 7 billones de dólares en inversiones directas brasileñas. La transacción más significativa de este período fue la compra de la cervecería Quilmes por Ambev, un gigantesco conglomerado resultante de la fusión, a inicios del 2000, entre las dos mayores empresas brasileñas del rubro, Brahma y Antarctica.

El segundo ciclo de internacionalización tuvo como principales destinatarios a Chile, Colombia y Perú. Según datos oficiales, los stocks de inversiones brasileñas en Chile crecieron más de 11 veces entre 2001 y 2006, pasando de 160 millones de dólares a 1,8 billones (8). En Colombia, Brasil ya es el tercer mayor inversor externo, con fuerte presencia en la industria siderúrgica, sin tener en cuenta la compra, en 2004, de la compañía aérea Aviancapelo grupo Synergy, del empresario boliviano naturalizado brasileño Germán Efromovich.
El avance sobre los mercados de América del Sur se basa en la actuación del Estado. En la política exterior brasileña, el BNDES ejerce un papel estratégico, según lo define su presidente, Luciano Coutinho: “La internacionalización de las empresas brasileñas es una política de Estado a favor de la cual deben utilizarse todos los recursos de poder, desde los mercados de capitales hasta las inversiones en infraestructura, el desarrollo tecnológico y la plena utilización de la democracia” (9).

Para viabilizar la conquista de los mercados vecinos, el BNDES creó, ya en 1997, una línea de financiamiento específico para obras de infraestructura realizadas por empresas brasileñas en la región, tales como hidroeléctricas, gasoductos, rutas, ómnibus y líneas de transporte subterráneo. El aporte financiero para esas operaciones creció drásticamente en la última década. En el primer mandato de Lula (2003-2006), el BNDES destinó un promedio anual de 352 millones de dólares para inversiones directas en América del Sur, 26% más que el promedio en los últimos cuatro años de la presidencia de Cardoso. En el segundo mandato de Lula, iniciado en 2007, esa línea de financiamiento tuvo un aumento del 77% con respecto al primer gobierno, con un promedio anual de 622 millones de dólares, alcanzando en 2009 un récord de 726 millones de dólares (10). Vale la pena señalar que, desde 2006, Brasil invierte en el exterior una suma de capitales mayor que el monto de las inversiones directas extranjeras que recibe.

El éxito de la expansión empresarial está acompañado por las ganancias en la balanza comercial: Brasil ha acumulado, año tras año, saldos comerciales crecientes con todos los países vecinos, con excepción de Bolivia, esto último debido a las grandes remesas de gas destinadas al parque industrial de San Pablo.

Esos resultados se presentan ante la opinión pública como la prueba del acierto de la estrategia integracionista, sobretodo porque, contrariamente a la pauta de exportaciones nacionales para China y Europa, dominada por los commodities como la soja y el hierro, los productos brasileños destinados a los vecinos se caracterizan por su alto valor agregado, con amplio predominio de las manufacturas.
Pero el desequilibrio en los intercambios genera gran insatisfacción entre los socios regionales, reavivando antiguas preocupaciones por una supuesta vocación brasileña de ejercer un papel “subimperialista” en la región.

Los políticos progresistas a la cabeza de la diplomacia en Brasilia reconocen en esta asimetría el mayor obstáculo en el camino a la “integración estructural”, el proyecto estratégico adoptado por el gobierno de Lula, que enfatiza la búsqueda de vínculos políticos con los países vecinos y la adopción de una política industrial común, en contraste con el enfoque puramente comercial que marcó el Mercosur en su primera década de existencia. Como medida práctica para suavizar las asimetrías económicas, el asesor presidencial Marco Aurélio Garcia anunció en 2008 la disposición brasileña de incorporar la industria de otros países sudamericanos en la construcción de los alrededor de 200 navíos que, según se calcula, serán necesarios para explorar las inmensas reservas petrolíferas descubiertas en la plataforma continental brasileña, en el área denominada “pre-sal”. Según García, la demanda creada por esas encomiendas contribuiría a la integración de las cadenas productivas a escala regional, estimulando “el proceso de industrialización o reindustrialización en la región” (11).

Pero como muchas otras buenas ideas, también ésta quedó en el plano de las intenciones. Según el consenso de los especialistas brasileños en relaciones internacionales, el proyecto progresista del regional-desarrollismo, con base en la integración productiva, enfrenta un obstáculo que hasta ahora se ha mostrado insuperable: la falta de disposición de la sociedad brasileña, en especial de sus elites empresariales, a asumir los costos de un proceso de integración según el modelo europeo, con énfasis en la reducción de los desequilibrios.
En el caso del Mercosur, donde por ejemplo las asimetrías entre la competitividad de la industria brasileña y la argentina en beneficio de la primera son evidentes, las autoridades brasileñas sufren una presión permanente por parte de las organizaciones empresarias, especialmente de la poderosa Fiesp (12), siempre listas para denunciar cualquier concesión a las reivindicaciones argentinas como una traición a los intereses nacionales.

De la misma manera, la belicosa reacción de la oposición conservadora y de los medios brasileños a la revisión de los contratos de Petrobras en Bolivia en 2006, luego de la asunción de Evo Morales, señala claramente los límites que el escenario político brasileño impone a un proyecto integracionista más osado. Cualquier concesión, como ocurrió en 2009, cuando el gobierno de Brasilia aceptó revisar los términos humillantes impuestos a Paraguay por el tratado para el uso de la electricidad en la represa de Itaipú en la década de 1980, ya está estigmatizada por la prensa empresarial con la denominación sarcástica de la “diplomacia de la generosidad”. O, peor aún, de la “diplomacia compañera”, una alusión maliciosa a los lazos políticos entre el PT brasileño y otros gobernantes de izquierda, muy utilizada por ex-diplomáticos que ejercieron posiciones destacadas en la gestión de Cardoso, y que hoy son críticos feroces de la política exterior de Lula.

La expectativa del ala progresista de los diseñadores de la política exterior brasileña es que una victoria arrasadora de Dilma Rousseff en las elecciones de octubre debilite la resistencia conservadora a una agenda más cooperativa de Brasil en América del Sur. En palabras de Garcia: “Brasil hizo una clara elección. Ya no quiere ser un país próspero en medio de un conjunto de países pobres y desesperanzados en cuanto a su futuro. El orgullo no es incompatible con la solidaridad. Y la solidaridad también sirve al interés nacional, que muchos invocan sin comprender realmente lo que significa” (13).

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1 Marco Aurélio Garcia, “O lugar do Brasil no mundo”, en Emir Sader y M. A. Garcia, Brasil entre o pasado e o futuro, Boitempo Editorial, San Pablo, 2010.
2 Rubens Ricupero, “Como entender nossos rotos heróis”, O Estado de São Paulo, San Pablo, 3-8-09.
3 Valter Pomar, “O PT e a política externa do Brasil”, documento presentado en el Seminario internacional del Partido de los Trabajadores, Brasilia, 18-2-10.
4 Conferencia en el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología para Estudios sobre Estados Unidos (INEU), San Pablo, 18-6-10.
5 “Em Davos, Lula defende multinacionais brasileiras”, Agencia Brasil, Brasilia, 24-2-05.
6 Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), un conjunto de proyectos de construcción de caminos, hidrovías, aeropuertos, represas hidroeléctricas y gasoductos, lanzado en el año 2000 en una reunión en Brasilia, convocada por el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso.
7 Armando Mendes, “A primavera latino-americana”, PIB- Presença Internacional do Brasil, San Pablo, septiembre-octubre de 2008.
8 Íbid.
9 Citado en el documento “Termo de referência: internacionalização de empresas brasileiras”, lanzado en diciembre de 2009 por la Cámara de Comercio Exterior (Camex) y por la Secretaría de Comercio Exterior (Secex) del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC).
10 “BNDES bate recordé de desembolsos à América Latina”, Folha de São Paulo, 8-3-10.
11 “Países sul-americanos poderão cooperar com a produção do pré-sal”, Agencia Brasil, 30-8-08.
12 Federación de Industrias del Estado de San Pablo.
13 Marco Aurélio Garcia, op. cit.

Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_ http://www.eldiplo.com.pe/de-la-%E2%80%9Cdiplomacia-compa%C3%B1era%E2%80%9D-al-mercado