9 feb. 2011


Crimen y prejuicio

 “Quien asocie la pobreza a la violencia estará justificando, involuntaria e inadvertidamente, el procedimiento de la policía”, afirma el antropólogo y politólogo brasileño Luiz Eduardo Soares, que coordinó el área de Seguridad Pública de Río de Janeiro entre 1999 y 2000 y fue secretario nacional de Seguridad Pública de Brasil durante 2003. Soares fue asimismo uno de los autores del libro Tropa de elite, del que anuncia una segunda parte, y cuya versión cinematográfica generó una fuerte polémica sobre el accionar de la policía en democracia.
El aumento de la inseguridad pública pone en jaque a las democracias de la región. Brasil es un ejemplo brutal de ese fenómeno. Luiz Eduardo Soares sostiene en esta entrevista que deben revisarse los preconceptos y que es urgente “hacer implosionar la estructura organizativa (policial) legada por la dictadura”.
El Dipló: ¿Cuáles son las causas de la violencia y la criminalidad que asuelan a Brasil de manera creciente?
Luiz Eduardo Soares: No creo que se deba hablar de causas, porque evocarlas implica suponer que su existencia provoca efectos, entre ellos el fenómeno denominado “violencia” o “criminalidad”. Algunos responderían: la pobreza. Yo lo refutaría, apuntando al inmenso océano de pobreza que hay en Brasil y diciendo: he ahí millones de pobres viviendo en paz y respetando las leyes. ¿Y los banqueros, empresarios y políticos presos y condenados? ¿No cometieron crímenes? Son ricos y educados y cometieron crímenes.
Hay países mucho más desiguales o pobres que otros con mucha menos violencia y criminalidad, así como hay regiones en el interior de un mismo país que presentan esas mismas características, invirtiendo el cliché. Quien asocie la pobreza a la violencia estará justificando, involuntaria e inadvertidamente, el procedimiento del policía que, entre el pobre y el rico, elige abordar y registrar al pobre. O sea, una teoría social que elija la pobreza como causa acaba por respaldar el estigma, el prejuicio.
Otro problema grave incluido en los presupuestos de la pregunta es la idea de que la violencia y la criminalidad pueden ser referidas en singular, como si hubiese una sola forma o como si todas las formas pudieran ser sintetizadas en una palabra o un concepto.
La suposición es falsa y sirve para la reproducción del sentido común, cuyos pecados son la generalización y el reduccionismo, ambos plataformas convenientes a los prejuicios y a las visiones conservadoras, útiles para la reproducción de las prácticas estatales (en el área de la seguridad y de la política criminal) que se han revelado como opresivas, brutales e inicuas.
¿De cuál violencia estamos hablando? ¿Doméstica, contra la mujer, racista, homofóbica? ¿Pelea de tránsito? ¿Entre vecinos? ¿En el fútbol? ¿Entre bandas o mafias? ¿Ataques terroristas por motivos étnicos, religiosos, políticos? ¿O estamos hablando de la violencia involucrada en la apropiación privada de recursos públicos que salvarían vidas? ¿O nuestro objeto es la brutalidad policial? ¿O la de traficantes y milicianos? ¿O el foco es el bullying o la humillación a la que los más poderosos a veces someten a los más vulnerables, sobre todo en sociedades desiguales como la nuestra? ¿O nos referimos a la violencia sufrida por los que no tienen acceso a la justicia?
En cada caso, los dramas son diferentes, sus actores son distintos, los procesos físicos, psíquicos, simbólicos, culturales, emocionales, ambientales, sociales y económicos son diversos. Las lógicas bajo las múltiples dinámicas varían y, por lo tanto, aun cuando consideráramos razonable emplear el lenguaje de la causalidad, tendríamos que identificar una multiplicidad enorme de causas y efectos.
Otro punto: criminalidad. Ahora bien, el crimen no nace como la vegetación o el cabello, las uñas o la columna. No es una cosa, un evento, un accidente, fenómeno o hecho. Es una cualidad que ciertos tipos de sociedad atribuyen a determinadas prácticas, en momentos precisos de su historia. La cualidad es la de la transgresión, la que supone el establecimiento de leyes. Ilegal o delictivo es lo que se desvía del patrón dictado por normas legales. No existe el uno sin el otro. Y, como las leyes varían de sociedad en sociedad y cambian radicalmente con el tiempo, por razones de lo más diversas, también el crimen varía.
El adulterio femenino en el Irán contemporáneo es un crimen castigado con la muerte. En ciertos Estados de Estados Unidos, el sexo anal heterosexual era un crimen hasta la década de 1950. Valores asociados a circunstancias políticas y económicas proporcionan legislaciones enteramente diferentes. Por eso, sería un absurdo atribuir a cualquier factor la causa de la criminalidad, aunque se adoptara el lenguaje de las causas y los efectos. Más apropiado sería indagar sobre las causas de las leyes que criminalizan acciones humanas, al gusto de la historia.Así como hay innumerables modalidades de prácticas y experiencias pasibles de merecer la designación genérica de “violentas”, y tantos tipos de crímenes como leyes existentes, es vaga e incierta la idea de una “criminalidad violenta”.
Dicho esto, barrido el camino de presupuestos peligrosos que embotan la reflexión crítica, podemos recolocar la cuestión, ahora en otros términos: ¿habría factores cuya presencia facilitaría o estimularía la práctica de determinados actos justificadamente considerados violentos y clasificados como delictivos en Brasil, hoy? Claro que sí. A condición de no subestimar jamás la importancia de la actividad humana, del sujeto individual y de su libertad, a pesar de las innumerables y poderosas restricciones y de los inevitables condicionamientos. Siempre que comprendamos esos factores como variables cuya presencia favorece la práctica de actos criminales violentos y que, por lo tanto, deben ser evitadas si deseamos reducir las chances de que ocurran.
Pueden ser definidos como factores facilitadores de la violencia doméstica contra las mujeres: una cultura machista que, tácita o explícitamente, autoriza agresiones físicas y/o psicológicas y morales, asociada a la falta de apoyo institucional en la defensa de las mujeres y sumada a la ingestión abusiva de alcohol. Otro ejemplo, en el caso de factores facilitadores del reclutamiento de jóvenes de sexo masculino para bandas armadas, que practican homicidios: evasión escolar; depreciación de la autoestima; experiencias traumáticas en casa, en la escuela o en la comunidad; asociación cultural entre masculinidad y brutalidad; ausencia de alternativas atrayentes de ocio; falta de perspectivas de acceso al empleo y la renta; expectativa de reproducción de la vida económicamente subalterna y desvalorizada de los padres; contraste entre la convocatoria universal al consumo y a la posesión de fetiches (que valorizan, identifican e, ilusoriamente, distinguen y singularizan) y el veto, en la práctica, al ingreso a esa fiesta hedonista y seductora.
El Dipló: ¿Cómo interpreta usted la ocurrencia en Brasil de 35.000 muertes al año por armas de fuego? Casi todos son muy jóvenes, negros o morochos, y pobres. ¿Existe algo así como la criminalización de la pobreza?
L.E.S.: La criminalización de la pobreza existe, claro que sí. Los datos son elocuentes. Basta consultar los informes anuales de los Tribunales de la Infancia y de la Juventud, en todo Brasil. Hace ya 15 años que viene aumentando tanto el número de casos que involucran a jóvenes menores de 18 años como el uso o comercio de drogas. La inmensa mayoría de los jóvenes identificados es pobre. La presencia entre ellos de negros no retrata con equilibrio la distribución en la población, es decir, hay una evidente concentración de negros cumpliendo medidas socioeducativas. ¿Por qué? ¿Los niños pobres consumen más drogas ilícitas? ¿Comercializan más?
Cuando los jóvenes de clase media son atrapados con drogas, sus familias compran su libertad a la policía; lo que es más oneroso y complicado para las familias pobres que, en general, ni siquiera son despertadas en medio de la noche por llamados telefónicos atentos y preocupados por parte de policías que, en tono paternal, solicitan el comparecimiento del padre para una conversación acerca de drogas y juventud, con especial foco en su hijo adolescente. O la actitud de un juez que tiende a emplear la libertad de interpretación que le facultó la “flexibilización” de la ley, saludada en 2006 como un avance. ¿Cómo aplica esa libertad? Si se encuentra determinada cantidad de drogas en posesión de un joven de clase media, aun cuando sea superior al consumo inmediato, el magistrado tiende a aceptar la versión de que se trata de una provisión para mucho tiempo, porque el joven quiere mantener distancia de los traficantes, o que es una provisión para una fiesta circunstancial. La misma cantidad en un joven pobre tiende a ser interpretada como tráfico. En este caso, las justificaciones ya no se aplican.
Enviado a una entidad socioeducativa, el joven pobre comienza a pavimentar su camino hacia los márgenes, por razones conocidas de sobra. La hipócrita política de drogas ha servido sólo a la criminalización de los pobres y a la corrupción policial (en sociedad con las familias ricas que no quieren ver a sus hijos enredados en esa maraña perversa).
En cuanto al número aterrador de homicidios dolosos practicados en Brasil con armas de fuego y que victimizan sobre todo a jóvenes pobres de sexo masculino de entre 15 y 24 años, frecuentemente negros, la cuestión es otra. Ellos forman un grupo más vulnerable al reclutamiento, por los motivos expuestos en la respuesta anterior.
el Dipló: Hay distintos análisis sobre el papel de la policía. Unos dicen que debe actuar para hacer respetar las leyes, garantizar el orden público. Otros dicen que su papel es mantener a las clases subalternas bajo control, sumisas. En su opinión, ¿a qué conclusión lleva el análisis de las prácticas policiales?
L.E.S.: Lo que debe ser a menudo difiere de lo que es. En el caso de las policías brasileñas, difiere intensamente, profundamente, dramáticamente. ¿Qué son y qué han sido las policías brasileñas, de manera general y en la mayor parte de sus respectivas historias? Instrumento de opresión de los más pobres y de los negros, al servicio del Estado autoritario y excluyente, en un ambiente de impúdica desigualdad en el acceso a la justicia.
Con frecuencia, los trabajadores policiales son antes víctimas de las instituciones en las que actúan que voluntarios y conscientes verdugos de sus hermanos de clase.
Pero, ¿qué debe ser la policía? Para quien tiene convicciones democráticas y defiende, además de la libertad, la equidad en el acceso a la justicia, a la educación, a la salud, a las oportunidades, la policía debe ser instrumento de defensa de los derechos y las libertades constitucionales, velando para que algunos no violen a la fuerza o a través de subterfugios los derechos ajenos. Si actuara de esa forma, siempre protegiendo la vida y los derechos, la policía (cualquiera sea ella) recurriría a la fuerza medida y adecuada a cada caso sólo para impedir que un inocente se convierta en víctima.
La propia palabra “represión”, siempre exorcizada como un espectro diabólico, ligada a todo lo negativo, muestra otra cara cuando pensamos a partir de otra perspectiva. Por ejemplo: una criatura está por ser violada por un agresor. ¿Impedir la brutalidad significa oprimir el deseo y la libertad del agresor o significa defender a la criatura, a la vida, los derechos humanos y constitucionales? La represión del gesto violador, la represión del linchamiento, del racismo, de la violencia perpetrada contra la mujer o contra homosexuales, la represión que protege al mendigo humillado en la calzada, la represión que bloquea el uso del arma para matar, que evita el asesinato, el secuestro, la tortura, la apropiación privada de recursos públicos por la corrupción, el lavado de dinero. Esa es la represión que preserva la vida, los derechos humanos y constitucionales, las libertades. La palabra es terrorífica. Causa repulsión, y por buenos motivos. Pero crea la falsa imagen de que todo uso medido de la fuerza es contrario a los derechos humanos y a las libertades.
La policía es y será una institución indispensable mientras sean indispensables el Estado y el monopolio legítimo de los medios de coerción.
Cuando los seres humanos consigan convivir en paz, respetándose mutuamente, en plena libertad autogestionada, a partir de normas consensuales sobre bases de efectiva equidad, cuando ese sueño un día se realice, no habrá más Estado, clases, ni instituciones del Estado, ni incluso policía. Pero, hasta entonces, conviviremos con la necesidad de disponer de medios públicos de defensa contra violaciones, para que no retrocedamos al tiempo anterior a las policías, tiempo de linchamientos y milicias locales, baronías que hacían sus leyes y se regían por la vendetta (cualquier semejanza con ciertas realidades cariocas no es mera coincidencia…).
Si no decimos qué policía queremos, otros lo dirán. En nuestro modelo de policía para la democracia y los derechos humanos, para la ciudadanía y la equidad, bajo control externo y con transparencia, sin sesgos de clase y color, tiene que constar con énfasis la valorización de los policías, ciudadanos, trabajadores, seres humanos que merecen reconocimiento público, salario decente y tratamiento digno.
Quien confunda el ser con el deber ser, en este caso, correrá el riesgo de condenar lo que es a la inmutabilidad, de matar en la fuente los proyectos de cambio y de atar el futuro a los rastros del pasado.
El Dipló: ¿Cómo se puede entender la existencia, tolerada por gobiernos, de grupos de exterminio, escuadrones de la muerte, e incluso de actos de violencia como la masacre de Carandiru, o las propias milicias que surgen en Río de Janeiro, controlando territorios y enfrentando al narcotráfico? ¿Los policías tienen licencia para matar? ¿La impunidad de sus crímenes no sugiere eso?
L.E.S.: Detrás de todo eso están la tolerancia a la ejecución extrajudicial y el desprecio por la legalidad constitucional cuando está en juego la criminalidad practicada por los pobres, los descartables, los que están en la mira.
La historia de las milicias en Río de Janeiro, por ejemplo, es objeto del libro Elite da tropa 2, que acabo de escribir con Cláudio Ferraz, André Batista y Rodrigo Pimentel, y que será lanzado el día 8 de octubre junto con la película Tropa de elite 2.
La milicia remite, en su génesis, a la seguridad privada, a la degradación de instituciones políticas y policiales, a políticas de seguridad desastrosas. Hoy, son lo que hay de peor, de más bárbaro y más grave. Constituyen lo que, técnicamente, se llama “crimen organizado”. Son mafias formadas, sobre todo, por policías. Ya ocupan espacios políticos. Las UPP (1), en Río, tan celebradas –que retoman nuestra política antibelicista y comunitaria de las Asambleas por la Paz (1999) y del GPAE (2) (2000/2001)–, no sobrevivirán si las policías no son transformadas radicalmente.
Hoy, el Estado, en Río de Janeiro, por medio de sus policías, en función de las milicias, está metido en el pantano hasta el cuello, pero mantiene el aplomo, la elegancia y la sonrisa suave de los delicados. Ocurre que el pantano chupa el cuerpo como un vampiresco monstruo de las profundidades de la tierra. Las promisorias UPP serán tragadas hacia el fondo en poco tiempo, como ocurrió con las dos experiencias anteriores, porque la hegemonía en las policías impone límites estrechos al proyecto.
El Dipló: ¿Cree usted que la actual estructura de las corporaciones policiales tiene posibilidades de reforma, o sería mejor disolver las policías y comenzar todo de nuevo? ¿Existen condiciones políticas para ello?
L.E.S.: Tenemos que empezar de nuevo, respetando derechos laborales adquiridos y valorizando el conocimiento y la experiencia de los miles de excelentes y honestos policías que hay en las policías estatales. Sobre esto he escrito mucho, hace mucho tiempo. En cuanto a las condiciones, creo que hoy no existen, pero tendrán que ser creadas. También analicé las razones de nuestras dificultades en esta área. Para sintetizar, diría que aún no fuimos capaces de construir, ni siquiera entre nosotros, un consenso mínimo que trascienda la dimensión negativa y apunte a alternativas realistas, eficientes y realmente capaces de adecuarse, en la práctica, a nuestros valores. Nosotros, los segmentos movilizados y socialmente comprometidos, radicalmente democráticos de la sociedad brasileña, todavía no logramos entender que la seguridad es un derecho básico que el Estado tiene el deber de garantizar universalmente, con equidad.
Eso fue comprendido en el campo de la salud, y de ahí nació el SUS (Sistema Único de Salud), promovido por movimientos sociales y de profesionales suprapartidarios. Lo mismo pasó en los campos de la asistencia social –véase la LOAS (Ley Orgánica de Asistencia Social)– y de la educación. En la seguridad todavía hay resistencia a reconocer que la cuestión no se agota en los temas de violencia policial contra los pobres y de la criminalización de la pobreza. El tema abarca otras formas de violencia que alcanzan a todos los grupos sociales, inclusive actos de pobres contra ricos y contra policías. El pobre no siempre es víctima. El policía no siempre es verdugo.
Los derechos humanos, que defendemos y debemos defender siempre de manera intransigente son, por definición, de todos. No podemos admitir sus violaciones por quien sea contra quien sea, por más que comprendamos motivaciones, procesos históricos, dinámicas sociales, sufrimientos y traumas, experiencias intersubjetivas negativas.
En general, el niño pobre que se arma y se lanza a una vida de violencia comienza como víctima, se convierte en verdugo y acaba como víctima. Entender y sentir compasión, inclusive por los verdugos, no puede llevarnos a romper los compromisos con los derechos humanos de todos. Creo (espero) que un consenso en este sentido será posible en breve y viabilizará cambios profundos. El consenso se dará en torno a la defensa de la vida y de los derechos humanos, y de la equidad en el acceso a la justicia. O sea, alrededor de la idea de que son inaceptables la brutalidad policial y la brutalidad de cualquier ciudadano contra otro u otra, a no ser en el caso extremo de la legítima defensa.
La excelente noticia es que el 70% de los policías brasileños se declara contrario al actual modelo de policía, en el que el municipio es olvidado, la Unión vaciada y los Estados divididos con dos policías mutuamente hostiles, cada cual destinada a cumplir una parte del ciclo del trabajo policial. Una esquizofrenia absurda que sólo podría generar ineficiencia, desarticulación y el cuadro imposible de administrar que tenemos hoy en buena parte de las policías. El dato fue obtenido en la investigación “Qué piensan los profesionales de la seguridad en Brasil” (“O que pensam os profissionais da segurança no Brasil”) que realicé en 2009 con Marcos Rolim y Sílvia Ramos, con apoyo del Ministerio de Justicia y del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), en el que fueron escuchados 64.130 policías y demás profesionales de la seguridad pública de todo el país.
el Dipló: Si el problema es tan grave ¿por qué no se invierte en la calificación de la policía, salarios, equipamientos, entrenamiento, selección más perfeccionada, requisito de mayor escolaridad, etc.?
L.E.S.: Todo eso sería importante, pero estaría lejos de resolver el problema. Tenemos que hacer implosionar la estructura organizativa legada por la dictadura, fijada en el artículo 144 de la Constitución, que determina el modelo policial. Además de eso, necesitamos políticas de seguridad cuyas prioridades sean la vida, los derechos y las libertades con equidad.


1 Unidade de Policiamento Pacificadora: Unidad de Vigilancia Pacificadora [N. de la T.]. Sobre este tema véase por ejemplo, Eric Nepomuceno, “Pacificar a las favelas de Río”, Página/12, Buenos Aires, 12-4-10.
2 Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais: Grupo de Vigilancia en Áreas Especiales. [N. de la T.]

Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_ http://www.eldiplo.com.pe/crimen-y-prejuicio

8 feb. 2011


¿Cuál es el balance social de Lula?

 El 29 de marzo pasado, cuando The Wall Street Journal se interrogaba sobre qué esperan los brasileños de su próximo (o próxima) presidente, cuya elección se realizará en octubre de este año, concluyó muy rápidamente: “¡Qué las cosas no cambien!”. Un deseo que no sorprende del todo. Aunque más no sea a causa del acceso a una alimentación correcta, desde hace algunos años, de la gente que antes no comía hasta satisfacer su hambre.
En septiembre de 2003, durante su primer año en el poder, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva había asegurado: “Desde ahora hasta el final de mi mandato ningún brasileño sufrirá hambre”. Esas circunstancias son propicias para las promesas exaltadas. Sin embargo, los progresos fueron considerables. En siete años, según las estadísticas oficiales, cerca de 20 millones de brasileños (sobre una población de 190 millones) salieron de la pobreza. El programa Fome Zero (Hambre Cero) garantizó especialmente el acceso de las familias indigentes a los productos alimenticios básicos, con ayudas que iban (a comienzos de 2007) de 18 a 90 euros mensuales. Como consecuencia, sólo durante el primer mandato de Lula, la malnutrición infantil retrocedió un 46%. En la región del Nordeste –de la cual el jefe de Estado es originario y donde también conoció el hambre–, retrocedió un 74%. En mayo de 2010, el Programa Alimentario Mundial (PAM) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) distinguió a Lula da Silva otorgándole el título de “campeón mundial de la lucha contra el hambre”.
Brasil sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo, pero ahora lo es un poco menos (1). Entre 2003 y 2010, los ingresos del 10% de la población más pobre crecieron un 8% anual: mucho más rápido que la economía y que los ingresos del 10% de la población más rica (+1,5%). La participación de las clases medias inferiores –hogares cuyo ingreso mensual se ubica entre 1.065 y 4.591 reales (467 y 2.000 euros)– pasó del 37% de la población a más de la mitad. En el ámbito de la educación, el programa ProUni da apoyo a los estudiantes de las familias modestas, mientras que la duración de la escolarización promedio pasó de 6,1 años en 1995 a 8,3 en 2010.
Durante los dos mandatos del ex sindicalista se crearon 14 millones de empleos y el salario mínimo aumentó un 53,6% en términos reales, es decir descontando la inflación. Esta última medida beneficia no sólo a los salarios bajos –los más numerosos–, sino también a los jubilados y a los beneficiarios de los programas de ayuda a personas discapacitadas, que perciben sumas indexadas con la remuneración mínima. También contribuyó a la evolución de la participación de los ingresos del trabajo en el Producto Interno Bruto (PIB), que pasó del 40% en 2000 al 43,6% en 2009.
La Bolsa Família sigue siendo el dispositivo emblemático de las políticas sociales. Este programa de pago de asignaciones involucra a las familias que viven bajo el umbral de pobreza. Según las cifras del gobierno, beneficia a 12,4 millones de hogares, o sea más de 40 millones de personas, que perciben un promedio de cerca de 95 reales por mes (un poco más de 41 euros).

“Redes de seguridad” sociales

Sin embargo, cuando se trata de analizar el balance de la gestión de Lula, algunos se muestran más dubitativos. Para explicar su punto de vista, hay que remontarse a los orígenes del programa Bolsa Família.
Todo comenzó a fines de los años 1990, cuando se conjugaron crisis monetarias y movilizaciones sociales. Las medidas de ajuste estructural y de estabilización económica prescriptas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) hundieron a la población en la miseria. En América Latina, la cantidad de pobres casi se duplicó entre 1980 y 2001, pasando de 120 a 220 millones. ¿Mala suerte? No realmente: según la confesión de uno de los economistas del Banco Mundial, el Consenso de Washington de los años 1980-1990 “despreciaba cualquier consideración ligada a la equidad” y trataba de “evitar cualquier medida con intención redistributiva” (2).
No obstante, los daños sociales y el cuestionamiento de las instituciones financieras internacionales pronto obligaron al Banco Mundial a “darle otro aspecto” a su programa económico. La operación tomó la forma de una relegitimación de sus estrategias, a la cual el economista John Williamson atribuyó el nombre de “reformas de segunda generación” (3).
Una batería de medidas que iba en ese sentido fue publicada en el “Informe del Banco Mundial sobre el Desarrollo en el Mundo, 2000-2001”. En el prefacio, el presidente de la institución, James Wolfensohn, devela un objetivo hasta ese momento inédito: “Fotalecer la aceptación de las reformas y de los procesos de estabilización”, con el fin de “impedir los conflictos vinculados a la distribución de los recursos, que con frecuencia traen consigo bloqueos, agravan las crisis económicas y pueden incluso hacer caer a los gobiernos” ¿Cómo? Creando “redes de seguridad” sociales.
En Brasil, las recomendaciones del Banco Mundial se tradujeron, desde abril de 2001 –durante la presidencia de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), quien fuera el arquitecto de la reforma neoliberal en el país– en la implementación de programas como Bolsa Escola (4), luego Bolsa Alimentação (5) y Auxílio Gás (6). Estas medidas fueron precursoras de la Bolsa Família, que reagrupó –y extendió– esas iniciativas.
La Bolsa Família le aseguró a Lula da Silva, en ocasión de su amplia victoria en la votación presidencial de 2006, el apoyo de los más pobres. Pero no disuadió a los más ricos para otorgarle mayoritariamente sus votos para un segundo mandato. Su presidencia marcó así lo que el universitario Armando Boito Jr. describe como “una alianza (…) que une, de manera bastante paradójica a priori, a los dos extremos de la sociedad brasileña” (7). Pero esta alianza no sirvió a los dos extremos de la misma manera.
Al asumir sus funciones, el 1 de enero de 2003, Lula anunció: “El cambio, ésa es nuestra palabra clave”. Sin embargo, prosiguió la política de estabilización macroeconómica de su antecesor, Cardoso, a quien, sin embargo, antes de su elección calificaba como “verdugo de la economía brasileña”. Lula, que hasta la campaña de 1989 había prometido una moratoria de la deuda, superó las exigencias del FMI para su reembolso. ¿El Fondo exigía un excedente primario (8) de 3,75% en 2003? Lula les ofreció el 4,25%, un “esfuerzo suplementario” equivalente a 8.000 millones de reales (2.200 millones de euros) (9).

Buenos negocios para el sector privado

Aunque la austeridad le permitió a Brasil salir de la trampa del FMI, lo llevó a la de los acreedores nacionales, o sea, los hogares de más altos ingresos. Éstos aceptaron financiar al Estado comprando títulos de su deuda interna, con la única condición de que se les pagara una de las tasas de interés más lucrativas del mundo (10,25% en julio de 2010). En 2009, por ejemplo, el 5,4% del PIB aterrizó en los bolsillos de los poseedores de la deuda interna, o sea más de 13 veces las sumas destinadas al programa social faro del gobierno de Lula.
El economista Pierre Salama, al constatar que “la cantidad de individuos que poseían más de un millón de dólares en activos financieros se había incrementado en un 19,1% entre 2006 y 2007”, resumió los años de Lula de esta manera: “La cantidad de pobres ha disminuido y más de un tercio de los brasileños ha aumentado sus ingresos pero, para una fracción ínfima de la población, el crecimiento de los ingresos ha sido mucho más fuerte”. Según sus cálculos, las desigualdades disminuyeron, pero no tanto gracias a las transferencias sociales sino por “la recuperación del crecimiento, la naturaleza de este crecimiento y sus efectos en el mercado de trabajo” (10). Un crecimiento que dependió menos de las disposiciones sociales de Lula da Silva que del frenesí con que la economía brasileña devora las materias primas del país.
Tampoco las políticas fiscales manejaron de la misma manera los intereses de los más ricos y los de los más pobres. En febrero de 2009, Olivier de Shutter, informante especial sobre el derecho a la alimentación del Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), explicaba: “La tasa impositiva es muy elevada para los bienes y servicios, y baja para los ingresos y el patrimonio. Las familias que perciben un ingreso equivalente a menos de dos salarios mínimos pagan en promedio el 46% de sus ingresos en impuestos indirectos”.
En mayo de 2010, Moisés Naím, ex jefe de redacción de la (muy liberal) revista Foreign Policy, opinaba en El País que Lula había sido “uno de los presidentes más favorables al mercado, al sector privado y a la inversión extranjera en Brasil”. No totalmente en desacuerdo con él, algunos miembros o simpatizantes del Partido de los Trabajadores (PT) piensan que Lula fue partícipe de eso que el teórico marxista italiano Antonio Gramsci denominaba la “revolución pasiva”: una estrategia política que emprende la burguesía para acabar con sus oponentes cuando ve su hegemonía amenazada, especialmente a través de la integración gradual pero continua de dirigentes de las “clases subalternas” al bloque del poder.
Aunque se le ofrecían otras soluciones, sin duda muchos factores inherentes a la vida política brasileña lo impulsaron a esta vía. Cuando fue elegido, en 2002, el PT sólo disponía de 91 diputados sobre 513 en el Parlamento. Para gobernar, debió implementar una coalición de nueve partidos y recurrir a aliados poco confiables que, según explica el periodista Marc Saint-Upéry, “se disputan favores, empleos y recursos públicos”. En Brasil, “un tercio de los diputados, en promedio, cambia de partido al menos una vez durante la duración de su mandato. Y un cuarto lo hace más de una vez” (11). Actualmente, 147 parlamentarios están sometidos a procedimientos judiciales, al igual que 21 de los 81 senadores. La corrupción estaría costando alrededor de 40.000 millones de dólares (31.000 millones de euros) anuales en Brasil, cinco veces más que el programa Bolsa Família. En estas condiciones, es difícil evitar que corroa la política y erosione la resolución de los caracteres mejor templados (12).
En estas condiciones, desde la campaña presidencial de 2002, el programa de Lula da Silva fue derivando hacia el centro. Entonces el PT, cuyas filas, en su origen, estaban cerradas para los empresarios, los propietarios de tierras y los banqueros, se alió a un empresario millonario (y evangelista), José Alencar, que se convirtió en su candidato a la vicepresidencia. El consejero en comunicación de Lula en ese momento, Duda Mendonça, sugirió que su cliente, en ese estadío de su carrera, estaba “listo para cualquier compromiso con el objeto de ganar la presidencia”.
Para los brasileños, el “período Lula” seguirá siendo, de todas maneras, uno de los más positivos de la historia reciente. La prueba es que la mayoría de ellos desea que se prolongue con su sucesora. ¿Será posible? 


1 Véase Renaud Lambert, “Brasil, un gigante empantanado”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, junio de 2009.
2 Nancy Birdsall, Augusto de la Torre, Felipe Valencia Caicedo, The Washington Consensus: Assessing a Demaged Brand, Policy Research Working Group 5316, The World Bank Office of the Chief Economist, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Centro para el Desarrollo Global, LUGAR, mayo de 2010, págs. 29-30.
3 Restarting Growth and Reform in Latin America, bajo la dirección de Pedro-Pablo Kuczynski y John Williamson, Institute for International Economics, Washington, DC, 2003.
4 “Bolsa escolar”: asegura un suplemento de ingreso a las familias pobres, con la condición de que sus niños en edad escolar (7 a 14 años) vayan a clase.
5 “Bolsa alimentaria”: destinada a las familias con niños en edad preescolar y para mujeres embarazadas.
6 Literalmente: “ayuda para el gas”; este programa del Ministerio de Energía y Minas distribuía 15 reales (6,5 euros) por familia pobre para ayudar a pagar la factura energética. En 2002, se beneficiaron con este programa 5,7 millones de familias.
7 “As relações de classe na nova fase do neoliberalismo no Brasil”, Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina (bajo la dirección de Gerardo Caetano), Consejo Latinoamericano de Ciensas Sociales (Clacso), Buenos Aires, 2006.
8 Saldo de los ingresos y gastos públicos del Estado. Si es positivo, el Estado puede pagar su deuda. Si es negativo, debe tomar préstamos.
9 Cifras extraídas de Laurent Delcourt (dir.), Le Brésil de Lula: un bilan contrasté, Alternatives Sud, Volumen 7-2010/1, Syllepse y Centre tricontinental, París, 2010.
10 “Lula a-t-il vraiment fait reculer la pauvreté?“, Alternatives Internationales, Número especial, N° 7, París, diciembre de 2009.
11 Le rêve de Bolivar, La Découverte, París, 2007.
12 “Lula” debió pagar el costo en 2005, cuando estalló el escándalo del mensalão, esas mensualidades pagadas a parlamentarios menos preocupados por defender su programa político que su billetera.

Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_  http://www.eldiplo.com.pe/%C2%BFcu%C3%A1l-es-el-balance-social-de-lula