BP se ríe de la ley
por Khadija Sharife
Hasta un 40% de las aguas del Golfo de México estarían amenazadas por la marea negra desatada tras la explosión, el 20 de abril pasado, de Deepwater Horizon, la plataforma de perforación de BP (ex British Petroleum). En el banquillo de los acusados, BP depositó parte de sus beneficios en una cuenta bloqueada. El caso saca a la luz los métodos a que recurre la industria petrolera desde hace más de sesenta años para escapar a todas las regulaciones.
En la sede de la compañía de perforación petrolera Transocean, en el cantón de Zug (Suiza), la explosión de Deepwater Horizon fue celebrada en un hotel de lujo. El 14 de mayo pasado, tres semanas después del siniestro, el propietario de la plataforma, valuada en 650 millones de dólares antes de la explosión, esperaba de su asegurador el pago de un primer anticipo de 401 millones de dólares por la pérdida ocasionada. Al mismo tiempo, el dueño de la firma, Steven Newman, decidía, durante una reunión a puertas cerradas, otorgar a sus accionistas mil millones de dólares de dividendos. Gran optimismo… muy pensado. En efecto, el derecho marítimo internacional considera a las plataformas petroleras como buques; de este modo, los abogados de Transocean pueden pedir que se limiten las responsabilidades financieras de la sociedad en la catástrofe al valor de la plataforma posterior al accidente: apenas 27 millones dólares. Una operación jurídica basada en una ley de… 1851, la Limitation of Liability Act, que en 1912 permitió a los propietarios del Titanic pagar a las víctimas sólo 95.000 dólares: el valor de los equipos de salvataje y de los botes de los rescatados.
Mientras prosiguen las operaciones para clausurar el escape de petróleo y las enormes tareas de limpieza de las costas de Louisiana, ya ha comenzado la pulseada jurídica para las familias de los once obreros muertos en la explosión del pasado 20 de abril y las miles de otras víctimas de la marea negra, trabajadores del litoral o representantes de sociedades de preservación de la naturaleza. Transocean, como se ha visto, espera rehabilitarse mediante un pase de magia, mientras BP (ex British Petroleum), la operadora de la plataforma, concentra las críticas. Las otras majors petroleras comenzaron a diferenciarse de la multinacional de origen británico, señalando que el escape era “evitable” y que ellas, por su parte, “no habrían procedido a la perforación de ese pozo” (1). La Casa Blanca prepara un arreglo por el cual este año los dividendos de BP serían suspendidos para ser depositados en una cuenta de dépositos, a la espera de las primeras evaluaciones de los daños. La moratoria de seis meses sobre las perforaciones off shore decidida por el presidente Barack Obama inquieta a los petroleros, que esperan volver lo más rápido posible a su régimen habitual. Un régimen que, sin embargo, preparaba la catástrofe.
“Jurisdicción del secreto”
Reston, estado de Virginia, en los suburbios de Washington D.C. Estamos a más de mil kilómetros del Golfo de México, de sus costas empetroladas y del desastre ecológico que allí se está produciendo. Sin embargo, aquí es donde todo comenzó. Aquí tiene sus oficinas la sociedad International Registries Inc. (IRI).
Las oficinas son pequeñas; la actividad de IRI no requiere una mano de obra abundante. La firma ofrece a su clientela de empresas eludir la reglamentación marítima “domiciliando” sus buques en un país con leyes más amenas: la República de las Islas Marshall, un archipiélago de 62.000 habitantes situado en medio del Océano Pacífico. En su ámbito, IRI se jacta de ser la empresa “más experimentada” del mundo; sus competencias cubren tanto la perforación como el transporte. Entre sus clientes se encuentra la sociedad Transocean, y también BP. En 2009, el registro de matriculación marítima de las Islas Marshall tuvo el crecimiento más grande del mundo, con un total de 221 buques petroleros, o sea cuatro veces más matriculaciones que en Estados Unidos, el país de las más grandes empresas petroleras. A semejanza de Panamá y de Liberia, las Marshall ofrecen una “jurisdicción del secreto”. Bandera de conveniencia, la República oficia también de paraíso fiscal y de centro financiero off shore.
Para adquirir un pabellón de conveniencia en el registro de las Islas Marshall y crear “una sociedad, una asociación limitada, una sociedad de responsabilidad limitada o una entidad marítima extranjera”, no es necesario ir hasta allí. Bastan algunos intercambios de cartas, de fax o de correos electrónicos. Tal como pudimos verificarlo…
Bajo el pretexto de actuar por cuenta de un cliente “deseoso de escapar a las trabas reglamentarias de su país de origen”, tomamos contacto, en los días que siguieron a la explosión de Deepwater Horizon, con los servicios de IRI. Un primer correo electrónico nos hace saber que la creación de una sociedad de derecho marshalliano no tarda más de un día, con un costo total de 650 dólares. “Más 450 dólares de renovación anual”, precisa nuestro interlocutor. Los estatutos de nuestra sociedad sólo serán publicados “si el cliente lo pide expresamente”, y de entrada podremos aprovechar la jurisdicción marshalliana: imposición cero y niveles de confidencialidad comercial inigualables.
Bajo el pretexto de actuar por cuenta de un cliente “deseoso de escapar a las trabas reglamentarias de su país de origen”, tomamos contacto, en los días que siguieron a la explosión de Deepwater Horizon, con los servicios de IRI. Un primer correo electrónico nos hace saber que la creación de una sociedad de derecho marshalliano no tarda más de un día, con un costo total de 650 dólares. “Más 450 dólares de renovación anual”, precisa nuestro interlocutor. Los estatutos de nuestra sociedad sólo serán publicados “si el cliente lo pide expresamente”, y de entrada podremos aprovechar la jurisdicción marshalliana: imposición cero y niveles de confidencialidad comercial inigualables.
Nuestro cliente desea registrar un buque en las Islas Marshall. Un buque del tamaño de la plataforma BP, por ejemplo. Respondiendo a nuestro correo electrónico, IRI nos ofrece un “plan de pagos” que se eleva a 15.000 dólares, a los cuales conviene agregar un monto modesto –15 centavos por tonelada marítima (2)– de honorarios anuales. Nuestro interlocutor, buen comerciante, nos concede de buena gana “una reducción del 50%” para “el registro simultáneo de una flota de diez buques (o más) que tengan menos de 15 años”. La oferta es seductora: permite evitar el pago de impuestos y regalías, el derecho del trabajo (3), así como toda reglamentación medioambiental. Transocean, la mayor sociedad del mundo en subcontratación de perforación petrolera, lo ha entendido bien: 29 de los 83 buques descriptos en su sitio internet están registrados en las Islas Marshall; los demás navegan principalmente bajo banderas liberianas o panameñas.
Pero nuestro mandatario ficticio se inquieta: “¿Qué sucederá –preguntamos– en caso de un incidente, por ejemplo, si las autoridades preguntan por su identificación?”.
Pero nuestro mandatario ficticio se inquieta: “¿Qué sucederá –preguntamos– en caso de un incidente, por ejemplo, si las autoridades preguntan por su identificación?”.
Inmediatamente, nuestro interlocutor nos tranquiliza: “Si las autoridades quisieran controlar nuestro registro o nuestra jurisdicción para solicitar la divulgación de informaciones complementarias relativas a los accionistas, los directores de la sociedad, etc., sepa usted que nosotros mismos ignoramos esas informaciones, dado que toda la organización del negocio y su conducción se efectúan directamente por sus abogados y directores. A menos, por cierto, que los nombres de los directores y de los accionistas hayan sido publicados en las Islas Marshall –lo que no es obligatorio (4)–, no estaríamos por lo tanto en condiciones de develar esa información”. Ahora estamos tranquilos…
Refugios regulatorios y fiscales
Las empresas como IRI son herederas directas de la política exterior de Estados Unidos. La “tradición” se remonta a los días posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Se notaba entonces que, como la demanda superaba la oferta, el oro negro iba a convertirse en un recurso geoestratégico central. Con el apoyo de la Standard Oil (5) y de un ex secretario de Estado del entonces presidente F.D. Roosevelt, Edgard R. Stettinius, Liberia creó en 1948 el primer “registro abierto de matriculación marítima”. Era gestionado desde Nueva York por la firma Stettinius Associates-Liberia Inc. Según el historiador Rodney Carlisle, el código marítimo liberiano fue en ese entonces “leído, corregido y aprobado por la Standard Oil” (6).
Hasta el comienzo de los años 1990 fue IRI –la sucesora de Stettinius Inc. tras una serie de fusiones y adquisiciones de bancos y de empresas– quien hizo de Liberia un puerto de paz para… los petroleros. Sin embargo, durante la guerra civil que desgarró al país, el presidente Charles Taylor se mostró demasiado ambicioso para esa empresa. Así desencadenó la ruptura de una relación que aportaba, en el peor momento de la guerra, hasta el 70% de los ingresos legales de su gobierno. Entonces el IRI se volcó hacia las Islas Marshall –una antigua posesión japonesa, bajo tutela estadounidense a partir de 1947 e independiente desde 1986 (7)– para desarrollar allí un nuevo programa de matriculaciones de conveniencia. Transfirió allí activamente a sus clientes y, en unos quince años, propulsó la república hacia los primeros puestos entre los refugios regulatorios y fiscales.
No obstante, un porcentaje significativo de los buques petroleros del planeta sigue registrado en Liberia. Esa bandera ya no está administrada por la empresa Stettinius, sino por el Registro Internacional Liberiano de Buques y Empresas (LISCR, en inglés), cuyas oficinas también se encuentran en las afueras de Washington, en Vienna… a 13 km de Reston. “Más de 3.100 buques de más de 96 millones de tonelajes brutos, es decir el 10% de la flota mundial”, están registrados en Liberia, se enorgullece la empresa en su sitio internet (8).
“Muchos se sorprenderán al enterarse de que los registros marítimos de Liberia y de las Islas Marshall se encuentran en realidad a algunos kilómetros de Washington”, observa John Christensen, un ex ejecutivo de la Isla de Jersey (un paraíso fiscal británico) que, desde entonces, fundó la asociación internacional Tax Justice Network (TJN). Pero no ve en eso ninguna paradoja: “En verdad, estos dos registros fueron creados por intereses estadounidenses para evitar las regulaciones concebidas para proteger a los ciudadanos estadounidenses, entre otras cosas, de los daños que precisamente se están produciendo en el Golfo de México”.
“Muchos se sorprenderán al enterarse de que los registros marítimos de Liberia y de las Islas Marshall se encuentran en realidad a algunos kilómetros de Washington”, observa John Christensen, un ex ejecutivo de la Isla de Jersey (un paraíso fiscal británico) que, desde entonces, fundó la asociación internacional Tax Justice Network (TJN). Pero no ve en eso ninguna paradoja: “En verdad, estos dos registros fueron creados por intereses estadounidenses para evitar las regulaciones concebidas para proteger a los ciudadanos estadounidenses, entre otras cosas, de los daños que precisamente se están produciendo en el Golfo de México”.
Los fastos de la “autorregulación”
Volvemos a nuestro intercambio con IRI. De pronto, su representante desea introducir un pequeño matiz en su discurso entusiasta: “Si una plataforma móvil de exploración off shore bajo bandera extranjera opera en las aguas territoriales de otro país, el propietario debe adherir al conjunto de demandas formuladas por ese país antes de tener la autorización para operar”. ¿En consecuencia, el registro de las plataformas en las Islas Marshall no colocaría a sus operadores fuera del alcance de la legislación estadounidense? La duda no los inquieta tanto como podría imaginarse.
Durante la investigación pública sobre la explosión de Deepwater Horizon, los estadounidenses se sorprendieron al enterarse de que “no existe ninguna vigilancia” de las plataformas petroleras. Peor aun, durante la audiencia de Mike Saucier, director regional del Servicio de Gestión de Minerales (Mineral Management Service, MMS) (9), descubrieron que los operadores y los propietarios “se autocertificaban, y establecían ellos mismos los criterios de lo que estimaban adecuado” (10). El capitán de los guardacostas Hung Nguyen intentó resumirlo de esta manera: “Las reglas están concebidas según los criterios de la industria, elaboradas por la industria e implementadas por la industria, sin supervisión del gobierno durante la construcción o el mantenimiento. ¿Verdad?”. Mike Saucier no tuvo otra opción que asentir.
Algunos años antes, otra investigación había establecido que el MMS había exceptuado a BP del cumplimiento de las regulaciones de seguridad petrolera.
Algunos años antes, otra investigación había establecido que el MMS había exceptuado a BP del cumplimiento de las regulaciones de seguridad petrolera.
En esa ocasión, Earl Devaney, ex inspector general del Departamento del Interior, había calificado al servicio de “irresponsable en el plano ético”. ¿Acaso no aceptaban regularmente “regalos” provenientes de las empresas del sector de la energía? (11).
Incluso en la hipótesis de que la regulación de la industria en materia de seguridad fuera aplicada, ¿les plantearía un verdadero problema a las grandes empresas? No es seguro, porque la definición de los criterios de vigilancia, especialmente de instrumentos clave como son los sistemas antiexplosión, está confiada... a las grandes empresas y a institutos profesionales como el Instituto Estadounidense del Petróleo (API), donde tienen su asiento los representantes de 400 empresas del sector del petróleo y del gas.
Barack Obama, el primer beneficiario de los fondos aportados por BP a los candidatos a la elección presidencial, heredó un sistema implementado durante la administración de su predecesor George W. Bush, y bajo la presión del (muy discreto) Grupo para el Desarrollo de una Política Nacional de Energía, conducido por el ex vicepresidente, Richard Cheney.
Incluso en la hipótesis de que la regulación de la industria en materia de seguridad fuera aplicada, ¿les plantearía un verdadero problema a las grandes empresas? No es seguro, porque la definición de los criterios de vigilancia, especialmente de instrumentos clave como son los sistemas antiexplosión, está confiada... a las grandes empresas y a institutos profesionales como el Instituto Estadounidense del Petróleo (API), donde tienen su asiento los representantes de 400 empresas del sector del petróleo y del gas.
Barack Obama, el primer beneficiario de los fondos aportados por BP a los candidatos a la elección presidencial, heredó un sistema implementado durante la administración de su predecesor George W. Bush, y bajo la presión del (muy discreto) Grupo para el Desarrollo de una Política Nacional de Energía, conducido por el ex vicepresidente, Richard Cheney.
Este grupo de trabajo, formado una semana después de la entrada en funciones del entonces presidente Bush, en enero de 2001, dio a luz, en tres semanas, al Decreto Ejecutivo Nº 13.211 sobre energía. Los trabajos fueron tanto más rápidos cuanto que, según el Consejo Nacional para la Defensa de los Recursos Nacionales (NRDC), el texto retomaba “la estructura” y las “conclusiones” de un documento del API (12). De hecho, las sesiones de trabajo se habían resumido a encuentros, en privado, con los grandes dirigentes del sector petrolero; entre los cuales se encontraba el de BP, John Browne (13).
En esos años gloriosos BP, a la cabeza de 294 filiales registradas en países que ofrecen la seguridad del “secreto”, decidió aumentar su producción –al mismo tiempo que reducir su exposición a riesgos– a través de la subcontratación de las operaciones de perforación. Así, la petrolera le alquiló Deepwater Horizon a Transocean por un millón de dólares diarios, hasta 2013. Bajo la dirección ejecutiva de Tony Hayward, su ex jefe del Departamento de Exploración-Producción, BP hizo crecer vertiginosamente su actividad en los yacimientos petrolíferos off shore.
El 20 de abril pasado, los trabajos de implementación de la plataforma estaban cerca de terminarse, con la excepción de un pozo que necesitaba una obturación. Ante el costo diario de esta plataforma, los gerentes de BP decidieron ignorar los procedimientos de seguridad de Transocean. Y, a pesar de ser conscientes de que el sistema antiexplosión planteaba problemas, sólo tenían un objetivo: perforar, perforar a cualquier precio, “drill baby drill” (“perfora, nene, perfora”), según el eslogan de campaña de la malograda candidata republicana a la vicepresidencia, Sarah Palin.
Al ecosistema de Nueva Orleans le podría llevar varios cientos de años restablecerse. El director de comunicación de Transocean, que sufría de una “urgencia dental”, no pudo responder a nuestras preguntas. En cuanto al director de BP, Tony Hayward, tendrá algunas dificultades para hacer olvidar sus declaraciones del 1º de mayo pasado: “El impacto ambiental de esta catástrofe será probablemente muy modesto”.
1 “Oil Executives Testify”, The Wall Street Journal, 16-6-10.
2 Unidad que sirve para definir el tamaño del porte de un buque: una tonelada marítima equivale a 2,83 m3.
3 "Véase François Ruffin, “Naufrage industriel pour la marine marchande”, Le Monde diplomatique, París, noviembre de 2005.
4 Es nuestro interlocutor el que subraya.
5 Standard Oil se fusionó con Mobil Oil Corp., para luego convertirse en Exxon.
6 Véase Andrew Leonard, “The Gulf oil spill spreads to the South Pacific”, Salon.com, 13-5-10, y Rodney Carlisle, “The American Century Implemented: Stettinius and the Liberian Flag of Convenience”, The Business History Review, Vol. 54, Nº 2, Boston, 1980.
7 Su atolón de Kwajalein aloja una base militar y, en el marco de un pacto de libre asociación, el archipiélago goza de la protección militar estadounidense así como de una importante ayuda financiera (de alrededor de 1.000 millones de dólares desde 1990).
8 www.liscr.com
9 Encargado, dentro del Departamento del Interior, de supervisar la explotación de los recursos minerales y de recaudar los impuestos correspondientes.
10 David Hammer, “Kenner hearing: Some Coast Guard oil rig safety regulations outdated”, The Times-Picayune, Nueva Orleans, 12-5-10.
11 Charlie Savage, “Sex, Drug Use and Graft Cited in Interior Department”, The New York Times, 10-9-08.
12 NRDC, “The Cheney energy task force” comunicado del 27-3-02.
13 En ese entonces, Lord Browne dirigía BP. Hoy es examinado por la coalición conservadora británica para dirigir un comité de “expertos” (surgidos principalmente del ámbito empresarial) encargado de validar los presupuestos de los ministerios del Reino Unido.
2 Unidad que sirve para definir el tamaño del porte de un buque: una tonelada marítima equivale a 2,83 m3.
3 "Véase François Ruffin, “Naufrage industriel pour la marine marchande”, Le Monde diplomatique, París, noviembre de 2005.
4 Es nuestro interlocutor el que subraya.
5 Standard Oil se fusionó con Mobil Oil Corp., para luego convertirse en Exxon.
6 Véase Andrew Leonard, “The Gulf oil spill spreads to the South Pacific”, Salon.com, 13-5-10, y Rodney Carlisle, “The American Century Implemented: Stettinius and the Liberian Flag of Convenience”, The Business History Review, Vol. 54, Nº 2, Boston, 1980.
7 Su atolón de Kwajalein aloja una base militar y, en el marco de un pacto de libre asociación, el archipiélago goza de la protección militar estadounidense así como de una importante ayuda financiera (de alrededor de 1.000 millones de dólares desde 1990).
8 www.liscr.com
9 Encargado, dentro del Departamento del Interior, de supervisar la explotación de los recursos minerales y de recaudar los impuestos correspondientes.
10 David Hammer, “Kenner hearing: Some Coast Guard oil rig safety regulations outdated”, The Times-Picayune, Nueva Orleans, 12-5-10.
11 Charlie Savage, “Sex, Drug Use and Graft Cited in Interior Department”, The New York Times, 10-9-08.
12 NRDC, “The Cheney energy task force” comunicado del 27-3-02.
13 En ese entonces, Lord Browne dirigía BP. Hoy es examinado por la coalición conservadora británica para dirigir un comité de “expertos” (surgidos principalmente del ámbito empresarial) encargado de validar los presupuestos de los ministerios del Reino Unido.
Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_ http://www.eldiplo.com.pe/bp-se-r%C3%ADe-de-la-ley
