DESCENTRALIZACIÓN EN TIEMPOS DE NEOLIBERALISMOMoquegua, Tacna y el PremierMaría Isabel Remy S.*

La invitación del Presidente de la República a que un Presidente Regional dirija su nuevo gabinete, enfrente la crisis internacional y salve al gobierno del escándalo de corrupción (es decir, no de la corrupción sino solo del escándalo) en el que se han implicado varios de los líderes del partido de gobierno abre una pequeña puerta, inesperada, a la posibilidad de hacer avanzar un proceso de descentralización que había sido puesto en “neutro” (si no en franco retroceso) por la actual administración. Efectivamente, de entre los pocos sectores que hoy en día presionan por una profundización de la descentralización, se cuentan los Presidentes Regionales, que tocan en lo cotidiano las limitaciones del tímido y vacilante proyecto descentralista en curso. El conflicto que ventilan en las carreteras las poblaciones de Tacna y Moquegua por los recursos del canon muestra el hecho de que la descentralización no es más parte de un proyecto o de una estrategia nacional y que, en los tiempos actuales, sucede con la descentralización lo mismo que con la marinera: cada quien baila con su propio pañuelo. Esto es un cambio importante. Pero no solo por el nuevo Primer Ministro la cuestión de la descentralización entra en la coyuntura. El conflicto que ventilan en las carreteras las poblaciones de Tacna y Moquegua por los recursos del canon muestra nuevas aristas del tipo de descentralización en marcha, como las dificultades de un proceso que crea gobiernos regionales sobre bases departamentales, no regionales, pero además muestra algo que desarrollamos más ampliamente en este artículo: el hecho de que la descentralización no es más parte de un proyecto o de una estrategia nacional y que, en los tiempos actuales, sucede con la descentralización lo mismo que con la marinera: cada quien baila con su propio pañuelo. Esto es un cambio importante. Una historia breve y necesaria Efectivamente, la cuestión de la descentralización, que plantea el problema de cómo se distribuye poder en el territorio, estuvo siempre asociada a una discusión sobre la nación y sus opciones de cambio. A comienzos del siglo XX, el debate sobre descentralización era parte del debate sobre la modernización del país. Un país feudalizado por los regímenes hacendarios, donde la mayoría de la población rural no recibía un salario por su trabajo y por lo tanto quedaba fuera del mercado, no podía desarrollar dinámicas de industrialización y urbanización (las imágenes de modernidad del siglo XX). La pregunta era quién lideraría un proceso de cambios modernos que ampliaran el mercado interior e integraran, por la economía y los intercambios, el territorio. Para Víctor Andrés Belaúnde, el actor que transformaría el país desde su interior serían los sectores urbanos de las provincias, comerciantes y tempranos industriales, que disputaban poder con los tradicionales hacendados y “gamonales”; por eso argumentaba a favor de la descentralización, que significaría otorgarles a estos sectores modernos de las provincias el poder para transformar sus entornos tradicionales. Otros, Mariátegui por ejemplo, desconfiaban de las demandas regionalistas o federalistas, porque precisamente significarían entregar más poder a hacendados y gamonales, ya que estas burguesías provincianas eran demasiado incipientes. Esta última posición termina imponiéndose y casi tres cuartos del siglo XX fueron centralistas y vieron organizar procesos de modernización elaborados y conducidos desde el gobierno central, “desde arriba”. Políticas de protección a la industria nacional, de creación de bancos de fomento, de construcción de grandes obras de infraestructura (carreteras, irrigaciones) y hasta políticas de redistribución de la tierra (reforma agraria) y de los ingresos fueron los medios, desde el centro, para modernizar el país. Su éxito en términos territoriales fue, sin embargo, mediocre y, en paralelo a la centralización del poder en la capital, se termina centralizando la economía, la población, los recursos, las finanzas, el crecimiento, etc. A finales de los 70, se procesa nuevamente una discusión nacional, esta vez impulsada por intensas movilizaciones regionales que exigen la ejecución de los grandes proyectos de desarrollo o el retener en la región recursos que en ella se generan (canon petrolero, boleto turístico, etc.). Se trata precisamente de cuestionar las enormes desigualdades en el nivel de desarrollo y de disponibilidad de servicios entre las regiones: las desigualdades entre regiones y espacios mercantiles, como llama Efraín Gonzales a los territorios poco integrados; las desigualdades entre las grandes regiones naturales evocando la imagen, nuevamente de Mariátegui, de una costa capitalista, una sierra feudal y una selva como territorio colonial del Estado; las desigualdades entre el norte y el sur; y, particularmente, las enormes desigualdades entre la capital, Lima, y el resto de regiones. La idea entonces es poner en marcha las reformas que permitan lograr un desarrollo equitativo en el territorio nacional. Al inicio de los 90, en un país que se venía abajo, entre terrorismo, hiperinflación y quiebra de empresas, el proyecto no se consolida y, nuevamente, se opta por que “el centro” (el gobierno central) resuelva la crisis. Fujimori cierra los gobiernos regionales que no llegaron nunca a tener una renovación electoral que permitiera corregir sus errores de inicio. La descentralización esta vez gana la partida: para producir un desarrollo más armónico y acabar con los abismos de diferencias entre las regiones, se requiere darles a los actores regionales poder de decisión y recursos para que elaboren políticas más adecuadas a sus entornos y decidan sus propias y diversas agendas prioritarias. El proyecto descentralista contenido en la Constitución de 1979, y que se pone en marcha con un plan nacional de regionalización primero y las leyes de formación de regiones de 1988-89, consideraba precisamente la integración de departamentos vecinos (ricos y pobres; grandes y pequeños; de costa, sierra y selva) en regiones, es decir, en espacios amplios con población relativamente numerosa (que justifique el montaje de nuevos aparatos de gestión pública), con actividades económicas diversas y complementarias, y articulados, o con potencial articulación, por la circulación de productos y factores a través de vías de comunicación. El proceso además producía mecanismos de representación amplios (territorial, por sectores sociales y económicos, y política) en unas asambleas regionales de representantes que debían elaborar la agenda, las políticas y los proyectos específicos para el desarrollo de la región. Pero el proyecto llega tarde. Al inicio de los 90, en un país que se venía abajo, entre terrorismo, hiperinflación y quiebra de empresas, el proyecto no se consolida y, nuevamente, se opta por que “el centro” (el gobierno central) resuelva la crisis. Fujimori cierra los gobiernos regionales que no llegaron nunca a tener una renovación electoral que permitiera corregir sus errores de inicio. Con la transición democrática luego de la caída del régimen autoritario, se abre un nuevo capítulo descentralista: el actual. Pero su forma, sus contenidos, sus procedimientos y, sobre todo, sus objetivos han cambiado. Descentralización neoliberal En los dos momentos que hemos evocado, la descentralización como medio para la modernización y como medio para eliminar desigualdades territoriales, hay un mismo supuesto, y es que el Estado tiene un rol central en los procesos de cambio y, por lo tanto, la discusión de qué tan centralizado o qué tan descentralizado en el territorio está ese poder era fundamental. Pero, en el Perú reformado por el ajuste estructural de los 90, en el marco de la Constitución de 1993 y del sentido común que se instala en las élites políticas y económicas, que entregan la función de producir los cambios a la iniciativa privada empresarial y en esquemas privatizadores relegan al Estado a un rol subsidiario, ¿cómo se define la descentralización? La descentralización se instala en una discusión sobre la transición democrática, una discusión política, en la medida en que la dinámica económica a cargo de las empresas y el Ministerio de Economía y Finanzas en “piloto automático” no se discute. Así, la discusión sobre descentralización se configura en términos de dar capacidad de decidir sobre sus recursos a las élites regionales legitimadas por el voto. En realidad, la descentralización se instala en una discusión sobre la transición democrática, una discusión política, en la medida en que la dinámica económica a cargo de las empresas y el Ministerio de Economía y Finanzas en “piloto automático” no se discute. Así, la discusión sobre descentralización se configura en términos de dar capacidad de decidir sobre sus recursos a las élites regionales legitimadas por el voto. En este marco, importa la capacidad de gestión, la capacidad de hacer obras; no de elaborar políticas o de redistribuir entre las regiones, en función de sus agendas, los recursos de todos los peruanos, los recursos de la nación. Así, la descentralización aparece ahora como el iniciador de una carrera en la cual cada quien corre utilizando (maximizando) lo que ya tiene: lo que la naturaleza puso en el subsuelo o en el mar de aquello que terminó siendo un departamento, o lo que se heredó de periodos previos de grandes inversiones públicas (carreteras, irrigaciones, hospitales), o lo que deja el dinamismo que haya llegado a generarse en una provincia o en un departamento (recursos financieros, organizaciones empresariales, organizaciones laborales o de productores, nivel y calidad de sus universidades, etc.). Es decir, importa aquello con lo que se cuenta en términos de capital natural, activos públicos, capital social, capital humano. Y si no cuenta con ellos, por el azar de la naturaleza o el azar de la delimitación de una línea de frontera departamental, por el descuido de los gobiernos anteriores o porque su geografía o su poblamiento no facilitaron dinamismos económicos, sociales y culturales... mala suerte1. La diferencia es un punto de partida, un dato; no un problema a ser enfrentado. En este contexto, la integración de departamentos en regiones no resulta siendo una demanda de nadie sino todo lo contrario: se trata de evitar compartir con la población de otros departamentos lo que se tiene. En este contexto, la integración de departamentos en regiones no resulta siendo una demanda de nadie (eventualmente solo de los que no tienen nada, quienes al mismo tiempo serían considerados por sus vecinos como un pasivo) sino todo lo contrario: se trata de evitar compartir con la población de otros departamentos lo que se tiene. Tampoco se requiere una amplia representación para el discernimiento de las políticas públicas que mejor se adapten a las condiciones ecológicas, económicas y societales de la región, en la medida en que no hay políticas que definir sino solo recursos que gestionar y obras que ejecutar. Así, la representación de la sociedad se disuelve en unos consejos regionales con menos legitimidad y funciones que los municipales, y unos Consejos de Coordinación Regional (CCR) que prácticamente nunca logran quórum para sesionar. El canon2, al haber cambiado de sentido, refuerza esta nueva orientación. Originalmente, el canon minero y petrolero fue conquistado en movilizaciones populares como una renta regional a ser invertida en actividades productivas que compensaran la extracción de recursos no renovables y previnieran los problemas económicos que previsiblemente se generarán cuando el recurso se agote. Poco a poco, el imperativo de inversión en actividades productivas se convirtió, en el lenguaje de la administración pública, en “inversiones”, que resulta siendo casi sinónimo de “obras”. Con el incremento del canon normado durante el gobierno de Toledo, con el objetivo de que los pueblos visibilicen directamente el beneficio que les generan las industrias extractivas y no les creen problemas, y en el contexto de alza de los precios de minerales e hidrocarburos, el canon ha terminado convirtiéndose en una renta en el sentido rentista del término (como comprarse una casa para arrendarla) que se aplica a un territorio administrativo (un departamento, sus provincias y distritos), al margen de si se trata del más directamente afectado por la extracción del recurso, y se convierte en obras de infraestructura (en cemento: plazas, estadios, calles…) que han generado, para su construcción, puestos de trabajo. Cualquier intento de racionalizar o de alterar de cualquier manera esta renta choca ahora con las economías de personas muy pobres en las regiones que están recibiendo un salario, recibido por la construcción de obras cuyo potencial de desarrollo futuro, en cambio, nadie defiende. Nuevos escenarios de conflictos Conflictos como el que protagonizan Moquegua y Tacna por el mecanismo de distribución del canon generado por las explotaciones de Toquepala (Tacna) y Cuajone (Moquegua) de una misma empresa (...) son producto de esta nueva descentralización, en la que no hay más grandes proyectos de desarrollo, asociación, solidaridad, sino la disputa por una fuente de recursos en contextos de pobreza. Conflictos como el que protagonizan Moquegua y Tacna por el mecanismo de distribución del canon generado por las explotaciones de Toquepala (Tacna) y Cuajone (Moquegua) de una misma empresa, Southern Copper Corporation (que paga un impuesto a la renta por el conjunto de operaciones y entonces requiere un mecanismo de medición para distribuir lo que le corresponde a cada departamento), son producto de esta nueva descentralización, en la que no hay más grandes proyectos de desarrollo, asociación, solidaridad, sino la disputa por una fuente de recursos en contextos de pobreza y alta exclusión. En esos términos, hay varios potenciales conflictos y no solo por canon sino también, por ejemplo, por el uso en diferentes departamentos de una misma fuente de agua. Lambayeque y Piura avanzan, por ejemplo, las grandes obras de infraestructura para dos proyectos de riego con el mismo acuífero que, tal como están diseñados, no alcanzará para ambos. Este tipo de comportamientos, en el actual marco institucional de una descentralización sin objetivos de integración, del canon como renta y, sobre todo, del rol secundario que le otorga la Constitución al Estado en materia de desarrollo y dinamismo económico son, por cierto, no los mejores, pero claramente racionales. Nada en el entorno institucional del Perú reformado de los 90 valoriza ni solidaridades ni compromiso con un esfuerzo común ni estrategias que permitan la orientación del gasto público hacia el desarrollo. Es decir, lo que se hace hoy en día es cuidar lo que se tiene y evitar que “otro” (es decir, un hermano nacido al otro lado de una línea imaginaria definida en leyes que ya nadie recuerda) lo use en “su” provecho. Esto genera un campo nuevo de conflictos, el de conflictos, digamos, “horizontales” (entre iguales, entre hermanos) que se suman a los conflictos “verticales” (conflictos que oponen pequeños a grandes o pobres a ricos, “clasistas”, digamos) que ya no son estrictamente laborales como siempre fueron, sino que, en el contexto de orientación del crecimiento solo por la iniciativa privada, se redefinen y construyen también en función de referentes territoriales. Esto genera un campo nuevo de conflictos, el de conflictos, digamos, “horizontales” (entre iguales, entre hermanos) que se suman a los conflictos “verticales” (conflictos que oponen pequeños a grandes o pobres a ricos, “clasistas”, digamos) que ya no son estrictamente laborales como siempre fueron, sino que, en el contexto de orientación del crecimiento solo por la iniciativa privada, se redefinen y construyen también en función de referentes territoriales. Este marco explica, por ejemplo, el fracaso rotundo del mecanismo de regionalización (es decir, de formación de regiones integrando departamentos) que se definió en la ley de bases de descentralización: las iniciativas ciudadanas puestas a referéndum. Efectivamente, la primera rueda de consultas pasó en 2004 sin que se constituyera ninguna región y las razones fueron muchas: por qué integrarse con un departamento “rico” que nos va a relegar; por qué integrarse con un departamento “pobre” que va a pedirnos plata; por qué integrarse con un departamento grande que no nos va a hacer caso; por qué ser cola de león cuando se puede ser cabeza de ratón; por qué correr el riesgo de que la capital regional se traslade a cuatro horas de distancia cuando ahora está a media hora en combi… Es decir, ¿qué beneficio trae el costo? Lo sorprendente es que la ley de integración sigue vigente a pesar del fracaso y en 2009 (dentro de pocos meses) un nuevo proceso debiera ser convocado que, previsiblemente, tendrá el mismo fracaso. Hoy, en plena crisis mundial y con un Primer Ministro descentralista (por fin), cuando hasta los principales conversos al consenso de Washington y a las reformas neoliberales claman porque nuevamente el Estado intervenga en la economía, y en un momento en que los recursos provenientes de canon empezarán a disminuir, quizás podamos volver a mirar nuestras propias reformas y construir nuevas imágenes comunes de desarrollo y racionalidad del gasto público que alimenten debates regionales sobre los grandes proyectos que articulen las regiones del país y sobre la dinámica que deben generar sus gobiernos regionales. Una descentralización no residual al modelo económico actual, sino que vuelva a plantear una cuestión nacional relevante. * Socióloga, Investigadora del IEP.1 El yacimiento de Camisea, el depósito de gas en explotación más importante del país, se ubica casi en la línea de frontera entre Ayacucho y Cusco. Pero “casi”, en términos de demarcación, está en Cusco, y por lo tanto no reditúa ni un sol como canon a Ayacucho. Antamina, la mina que se explota en la provincia de San Marcos, Ancash, queda muy cerca del límite con el departamento de Huánuco y reciben canon provincias de Ancash totalmente alejadas de esta zona, y las limítrofes de Huánuco no reciben nada. 2 El canon minero, petrolero o gasífero se forma con un porcentaje del impuesto a la renta que pagan las industrias extractivas. Por mucho tiempo, fue el 20%; el gobierno anterior lo incrementó a 50%

Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_ http://www.revistargumentos.org.pe/index.php?fp_verpub=true&idpub=131

VERGÜENZAS Y ESPERANZASElecciones municipales con un trasfondo de impunidad para los violadores de DD. HH.Carlos Iván Degregori*

Cuando el río suena es porque piedras trae. El que más suena por estos días es el río electoral, pero hay otros de aguas más profundas —afluentes algunos del primero, otros no— cuyas turbulencias pueden tener mayores repercusiones para el devenir del país en los próximos años. Brotes verdes en tierra baldía Que ningún partido de los que van punteros en la intención de voto para las presidenciales de 2011 se haya atrevido a presentar candidatos a la alcaldía de Lima ya ha sido señalado y ha producido asombro. No se trata solo de cálculos costo-beneficio sino constatación del estado ruinoso en que se encuentran. Solidaridad Nacional no existe, y es un baldón para su candidato natural haber tenido que configurar una bancada de tránsfugas en los meses previos. Perú Posible tiene un conjunto de “notables” en diferentes partes del territorio nacional y en distintos niveles de influencia, algo así como ángeles, arcángeles, querubines y serafines o más precisamente condes, duques, marqueses y príncipes, todos validos cortesanos girando alrededor de la figura bicéfala de Alejandro Toledo y su esposa. Fuerza 2011 es un ente político todavía inclasificable —ni partido, ni frente, ni movimiento— pero existente y con casi tantas simpatías y reconocimiento como la estrella aprista. Todo un tema de estudio: su surgimiento y consolidación como núcleo político agresivo y eficaz alrededor de Alberto Fujimori y su heredera, tal vez como consecuencia de un liberalismo urbano, especialmente para los sectores altos y un clientelismo rural/popular. Es interesante constatar cómo la periferia fujimorista, aquellos que no están directamente en Fuerza 2011, no aprenden por lo menos a fingir que respetan las reglas democráticas. La torpe actuación de Alex Kouri, que lo lleva a la tacha; al igual que las de Cáceres Velásquez o Absalón Vásquez, fujimoristas por vocación o por perfil moral, lo constatan. Lo más desalentador para quienes añoramos los partidos ha sido ver cómo el propio liderazgo destruyó lo poco que quedaba de institucionalidad aprista, para culminar la conversión de ese partido de militantes en partido de súbditos de un segundo mesías. Lo más desalentador para quienes añoramos los partidos ha sido ver cómo el propio liderazgo destruyó lo poco que quedaba de institucionalidad aprista, para culminar la conversión de ese partido de militantes en partido de súbditos de un segundo mesías, este con un perfil muy siglo XXI en comparación con el Haya del siglo XX. El apoyo solapado a Kouri y la demolición de la candidatura aprista de Carlos Roca a la alcaldía de Lima es hasta el momento la prueba más documentada y la “confesión de boca” más completa de lo que viene pasando en dicho partido ya desde los años ochenta, pero especialmente a partir de 2006. Y el grito “Alan sí puede” que se oyó en el Congreso el 28 de julio era la declaración de “eunucos por su propia voluntad” —para usar una frase evangélica— de la dirigencia aprista, extirpándose voluntariamente cualquier asomo de agencia propia para poner su futuro de cortesanos, y quién sabe sus negocios, en manos del único capaz de asegurarles una vida intermitente cuyo próximo espasmo tendría lugar en el quinquenio 2016-2021. Y sin embargo, la miseria de los partidos contrasta con la actuación de las autoridades electorales. Es bueno recordar que luego de la caída de Fujimori y Montesinos, las nuevas autoridades electorales desarrollaron elecciones impecables en el año 2001, y desde entonces no han recibido críticas de fondo. Más bien, han superado insuficiencias o tal vez solo se han adecuado para cumplir las nuevas disposiciones legales promulgadas esta década para controlar mejor el desarrollo de las elecciones y mejorar la calidad de la democracia. Lo cual prueba de paso la importancia que tiene la presencia de congresistas honestos en el poder más desprestigiado del Estado, la presión de la opinión pública, el “avergonzamiento” público a los representantes y la acción de ONG como Transparencia o Proética, que, curiosamente, no son descalificadas con tanta intensidad como “caviares”, como lo son sus pares defensoras de DD. HH., por ejemplo. El término “bolsones de excelencia” se acuñó en los noventa. La Sunat fue el primero, y su sentido estaba limitado al ámbito económico, pero a veces surgieron en otros campos, como la Defensoría del Pueblo desde los propios años noventa. Algunos fueron destruidos, como la procuradoría anticorrupción, pero otros subsisten y parecen gozar de buena salud. “Brotes verdes” en medio de lo que aparece todavía como una tierra baldía. Aunque hay otros. Juguemos en el bosque electoral Ya mucho se ha dicho sobre las elecciones en Lima metropolitana. Solo quisiera reiterar que ante la ausencia de partidos, los medios han vuelto a revelarse como los grandes electores, y esta vez su papel ha sido más matizado que en otras ocasiones. Por un lado, no toda la prensa se ha dejado arrastrar hasta el nivel de histeria que afloró en Correo contra Susana Villarán, su alianza con el MNI y su nivel de apoyo en los sectores A/B, que provocó en su director un lamento más desgarrador que el de Ricolás cuando abalean a Peter en Al fondo hay sitio. Curiosamente, quien ha recogido la posta de los ataques a Villarán de manera más clara ha sido la propia Lourdes Flores. ¿Nervios? En todo caso, cuidado que esas campañas pueden ser contraproducentes y acabar haciendo más conocida y no más odiada a Villarán en los sectores D y E. Ante la ausencia de partidos, los medios han vuelto a revelarse como los grandes electores, y esta vez su papel ha sido más matizado que en otras ocasiones. La prensa, por su parte, no solo se ha enfrascado en campañas de demolición sino que ha propiciado debates varios. Claro, podríamos decir que al privilegiar al mismo tiempo los pleitos entre Blanca Nieves y Caperucita borraban con una mano lo que hacían con la otra, pero hasta el momento se ha podido cuando menos atisbar que las principales candidatas tienen equipos y propuestas. Ojalá eso sea lo que predomine en estas próximas semanas. Lo que parece innegable es que tendremos alcaldesa, y eso puede ser saludable. No estoy en condiciones de opinar sobre las elecciones fuera de Lima, pero el proceso no parece ir peor que el anterior. El JNE ha sacado de la competencia a connotados corruptos o juzgados por delitos graves como Cáceres Velásquez en Arequipa o Valdez en Pucallpa, incluso Absalón Vásquez en Cajamarca. A pesar de todos los peros, considero que es positiva una segunda vuelta si nadie alcanza el 30% de la votación, sobre todo si las agrupaciones que participan se van fortaleciendo, y ese parece ser el caso en algunos lugares. El lado oscuro es que lejos de las cámaras, los controles y el alcance de las autoridades electorales, muchos alcaldes reeleccionistas siguen creyendo que pueden hacer lo que les da la gana en sus jurisdicciones. El propio Burgos en San Juan de Lurigancho fue un ejemplo de ello hasta que al parecer le han hecho tascar el freno en el PPC. La otra sombra, todavía mayor, es el crimen, peor aún, el sicariato, que comienza a hacerse sentir en el proceso electoral en distintas jurisdicciones. Pie de página  Sin dejar de criticar sus posiciones ni transar con maniobras, incluirlos reconociendo su papel en la supervivencia del país y de la democracia, puede ayudar a que encuentren otra forma de ser radicales. Tengo un par de ideas sobre el Sutep, y de paso Patria Roja. Fácilmente olvidamos, o no sabemos, que si bien un sector del magisterio apoyó a Sendero Luminoso, el grupo terrorista nunca pudo conquistar mayoría en la organización gremial de los docentes. Y así, tal vez a su pesar, durante los años de violencia fueron, parafraseando a Coetzze, uno de los principales guardianes de nuestras fronteras contra los bárbaros. Porque aparte de los ronderos, en esas fronteras solo patrullaban, y morían, algunas autoridades de izquierda, algunos evangélicos, algunos curas y monjas, algunos “caviares oenegientos”. Habría que refrasear los ataques de los negacionistas y preguntar: en esos sitios donde se cebó el horror, ¿dónde estaban entonces los que hoy atacan al Sutep? ¿Qué decían? ¿Qué hacían? Es cierto que ellos mismos no han sabido reivindicar a sus mártires (no son los únicos), y es cierto también que se han quedado congelados ideológicamente en esos años, sin poder elaborar otro discurso. En parte por las prácticas tortuosas heredadas de la izquierda marxista-leninista algunos por seguir gozando de los microprivilegios que les puede otorgar la conducción de un sindicato o de la Derrama Magisterial, pero muchos, especialmente los más jóvenes, tal vez porque no saben dónde poner su rabia, su dolor, su radicalismo, parafraseando esta vez a Rosaldo. La marginación y el desprecio del resto, tanto de la derecha como del centro y de la izquierda más moderna, contribuyen a que se pasmen en un pasado traumático. Sin dejar de criticar sus posiciones ni transar con maniobras, incluirlos reconociendo su papel en la supervivencia del país y de la democracia puede ayudar a que encuentren otra forma de ser radicales. Por mi parte, no les pido que dejen de serlo, con el tamaño de la crisis que vive el planeta y —aunque no se advierta tan dramáticamente— el país, sino que encuentren nuevas formas de serlo, democráticas y sin tener que saludar como quien se persigna a Fidel y otros líderes seniles, o mediocres como Chávez. Tarde o temprano lo harán, especialmente los jóvenes, aunque puedo equivocarme. Vergüenza nacional. Lo más grave de esta coyuntura, sin embargo, se ubica más allá de los ajetreos electorales y tiene que ver con la promulgación de los DL nº 1094, 1095, 1096 y 1097, especialmente este último, que solo reconoce como crímenes de lesa humanidad aquellos cometidos a partir de 2003 (¡!), abriendo así las puertas de la impunidad a asesinos como los del grupo Colina y varias decenas más, justamente cuando las sucesivas exhumaciones que se llevan a cabo en diferentes partes del país hacen imposible cualquier negación de los crímenes atroces cometidos en las décadas previas por miembros de las FF. AA. y por Sendero Luminoso. Al momento de escribir estas líneas, el ex director de la Dinte, general (r) Juan Rivero Lazo, miembro del grupo Colina, ha pedido se declare sobreseído el proceso que se le sigue por la matanza de Barrios Altos, en aplicación del Decreto Legislativo n° 1097. Su suerte depende de las tres juezas que deben pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de dicho DL. Mucho se ha escrito ya estos días sobre el repulsivo retroceso que en materia de derechos humanos y modernidad política y cultural representan estos decretos legislativos. Recomiendo especialmente el artículo de Fernando Rospigliosi, “Regreso a la oscuridad” (La República, 5.9.10). Solo queda añadir que la línea más gruesa y definitiva entre modernidad e ideas obsoletas, retrógradas y antidemocráticas no la traza la alianza con el MNI sino el estar de acuerdo o no con estos decretos, pues, como dice Rospigliosi citando a Ronald Gamarra: “Insertarse en un mundo globalizado no solo es firmar tratados de libre comercio y abrir las puertas para el intercambio de bienes y servicios. También es ponerse a tono con el sistema internacional de vigencia de libertades democráticas y respeto a los derechos humanos”. Si bien esta discusión aparece hasta el momento en sordina por aquella otra en torno a la cédula viva y los aumentos salariales a los miembros de las FF. AA., el punto más grave es que la vigencia de estos DL, especialmente el 1097, entreabre además las puertas para una próxima libertad del propio Alberto Fujimori. Coda: el movimiento se demuestra andando Ha llegado la hora para el gobierno de sintonizar otra vez con los aspectos más autoritarios e inhumanos del fujimorismo. Si no se logra revertir esos decretos, especialmente el DL 1097, habremos regresado a un período periodo de vergüenza nacional. No hubo un pacto de gobierno. No hay ningún documento como el firmado en Wansee por los nazis ni el que sancionaba el Plan Cóndor, ni siquiera la foto de algún almuerzo como la de Haya, Odría y Beltrán hace ya medio siglo, pero las coincidencias estratégicas entre aprismo y fujimorismo son innegables y amenazan el futuro de la democracia en el país. Venían de antes, y parecen haber sido muy bien pensadas por Alan García ya desde que elaboró su plancha presidencial. El viaje de Fujimori a Chile, su captura y posterior extradición al Perú fue un tropezón inesperado, de esos que cualquiera da en la vida, aunque no sea un caído del palto. Ante ello, lo mejor era mirar hacia otro lado y dejar que la justicia actúe. Lo extraordinario es que actuó y terminó condenando a Fujimori a 25 años de prisión. Pero ahora, aprovechando el temor surgido alrededor de la seguridad ciudadana, la obsecuencia de una clase política totalmente cómoda en su papel de tutelada por las FF. AA.; ahora, después de que el propio presidente declarara que mataría a cincuenta malhechores con sus propias manos o que no le parecería mal echar agua hirviendo en la cara de algún agresor dada la morosidad del Poder Judicial, ha llegado la hora para el gobierno de sintonizar otra vez con los aspectos más autoritarios e inhumanos del fujimorismo. Si no se logra revertir esos decretos, especialmente el DL 1097, habremos regresado a un periodo de vergüenza nacional. * Antropólogo. Investigador del IEP.

 Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_ Degregori Carlos Iván. “Vergüenzas y esperanzas: elecciones municipales con un trasfondo de impunidad para los violadores de DD. HH.”. En Revista Argumentos, año 4 n° 4. Setiembre 2010. Disponible en  http://www.revistargumentos.org.pe/index.php?fp_verpub=true&idpub=377 ISSN 2076-7722