7 feb. 2011


De la “diplomacia compañera” al mercado

“El proceso de integración sudamericano exige consistencia y rapidez, teniendo en cuenta el momento de transición de un mundo unipolar hacia un mundo multipolar que vive el planeta. América del Sur puede constituirse en uno de los polos de esa nueva configuración mundial. (…) El hecho de ser el más grande (de los países sudamericanos) le impone a Brasil mayores responsabilidades”, según Marco Aurelio García, asesor especial de política exterior de Brasil (1).

Pero hay otras opiniones. “La conclusión que se impone, desde mi punto de vista, es que debemos proponer un retroceso estratégico en la integración de América Latina. (…) A falta de una convergencia en los valores, fines y medios entre los países, es mejor renunciar a una integración ambiciosa, pero intangible, y contentarnos con una integración viable, aunque modesta” (2).
El contraste abismal entre estas dos ideas expresa con suma claridad el impasse que domina los rumbos de la diplomacia brasileña en vísperas de la sucesión presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. Durante sus ocho años de gestión, las divergencias respecto de la política exterior ganaron un inédito relieve en la agenda política cotidiana. Se trata de un fenómeno sorprendente en una sociedad que, a lo largo de la historia, siempre le ha dado poca importancia a lo que sucedía más allá de sus propias fronteras y en la que los asuntos exteriores parecían reservados a una elite de especialistas. En los últimos años, sin embargo, el enfrentamiento entre los dos bloques en que se divide el espacio político brasileño –los oficialistas, liderados por el Partido de los Trabajadores (PT) y la oposición conservadora, donde se destacan el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y sus aliados en los medios– ha transcurrido, de manera creciente, alrededor de la agenda internacional del país.
Temas como la presencia del depuesto presidente hondureño en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, el ingreso de Venezuela en el Mercosur y las relaciones con Irán, entre otros, se imponían como obligatorios en el discurso de la oposición incluso mucho antes de la campaña electoral. Ahora vuelven, con mayor relieve, en las semanas que preceden al embate decisivo entre Dilma Rousseff, la candidata de Lula, y José Serra, el líder del PSDB.
Tres factores explican lo que sucede. En primer lugar, la patética ausencia de una propuesta de la oposición. En su defensa, se admite que no será una tarea fácil, de hecho, articular una retórica eficaz contra un Presidente que cuenta con más del 80% de aceptación popular. Un segundo motivo es la inédita proyección que Brasil alcanzó en la escena mundial, lo cual, naturalmente, amplía el interés de la sociedad por esos temas. Por último, el hecho de que desde la asunción de Lula, las diferencias ideológicas entre su gobierno y los que lo precedieron se han manifestado de forma mucho más clara en temas de la agenda internacional que en cuestiones internas, donde la ortodoxia económica, personificada en el presidente del Banco Central Henrique Meirelles, ha contribuido a diluir las diferencias entre la izquierda y la derecha.
“En el ámbito de la política exterior, las diferencias siempre fueron muy visibles”, señala Valter Pomar, secretario de Relaciones Internacionales del PT. “En rigor, podemos decir que la política exterior anticipó el movimiento progresista realizado por el gobierno de Lula en su conjunto, estando desde el principio bajo la hegemonía de las concepciones fuertemente críticas al neoliberalismo y a la hegemonía de Estados Unidos” (3).
Por la densidad de las relaciones de Brasil con sus vecinos sudamericanos, el clivaje de posiciones en torno a las relaciones exteriores adquiere efectos prácticos mucho mayores que, digamos, la postura de Itamaraty ante el conflicto palestino-israelí. La plataforma de Serra propone explícitamente el abandono de la prioridad al Mercosur y una revalorización de los vínculos tradicionales con Europa y Estados Unidos, en contraste con el énfasis “Sur-Sur” adoptado por Lula y su canciller, Celso Amorim. La probable victoria de Dilma aleja el riesgo de un colapso político del Mercosur y de los proyectos integracionistas sudamericanos en general. Pero es ilusorio suponer que los actuales dilemas se resolverán tan sólo por el veredicto de las urnas. Lo que otorga relevancia e intensidad al debate sobre la política exterior brasileña no es precisamente el peso electoral de los actores que se oponen a la orientación progresista de Itamaraty, sino su dimensión económica. Allí radica el gran obstáculo al proyecto gubernamental de profundización de los lazos regionales para incluir la integración política –por medio de la UNASUR– y la llamada integración productiva, mediante la adopción de una estrategia neodesarrollista en el ámbito sudamericano (Sosa, pág. 12). Esa propuesta se enfrenta, más que con la resistencia, con la abierta hostilidad de los segmentos influyentes del empresariado brasileño y sus portavoces en el Poder Legislativo y en los medios.
Aún hoy persiste un sentimiento de nostalgia por el fracasado proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) entre los hombres que dirigen los sectores más dinámicos de la economía brasileña, en especial el del agrobusiness, la industria asociada al capital extranjero y los grandes grupos financieros. La preferencia brasileña, en el primero de los dos mandatos presidenciales de Fernando Henrique Cardoso (1994-1998 y 1998-2002), era a favor de la iniciativa estadounidense, a la cual Brasil llegó a adherir formalmente. Pero las negociaciones se complicaron ante la intransigencia de Washington en preservar el proteccionismo en productos vitales para las exportaciones brasileras como el acero, los calzados, el jugo de naranja y el algodón.
El gobierno de Lula, en cambio, adoptó una postura nítidamente contraria al ALCA, entendida por el PT y los diplomáticos progresistas de Itamaraty como un plan de anexión colonial de las economías latinoamericanas a Estados Unidos. Finalmente, en la conferencia de Mar del Plata, en 2005, el proyecto estadounidense fue archivado ante la resistencia de Brasil, Venezuela y Argentina. En la actualidad, los mismos empresarios que antes defendían el ALCA se quejan de que la opción preferencial por el Mercosur inviabiliza un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE), cuyos términos serían bastante similares a los de la frustrada integración con Estados Unidos.
“No existe consenso en la elite brasileña sobre la estrategia a ser adoptada en relación a la región”, explica el politólogo Ricardo Sennes (4). Y agrega: “Parte de esa elite apoya un proyecto regional amplio, multitemático y basado en compromisos e instituciones políticas, mientras otra parte defiende un compromiso regional selectivo, volviendo a tópicos específicos, pero sin instituciones y compromisos profundos”. La ausencia de ese consenso, según Sennes, impone límites objetivos al alcance de las iniciativas brasileñas de integración. Según su análisis, ese contexto ha llevado a la actuación regional de Brasil en América Latina a guiarse por acuerdos poco institucionalizados, en base a reuniones de cúpula (lo que incluyó al propio Mercosur), y proyectos basados en la noción de “integración económica rasa”, es decir, centrada en cuestiones comerciales, en detrimento de temas ligados a la integración productiva, financiera y logística. En la práctica, el énfasis brasileño acaba por orientarse hacia emprendimientos puntuales de integración energética e infraestructura y, sobre todo, hacia las inversiones directas de empresas brasileras en mercados sudamericanos, con el creciente apoyo de agencias financieras estatales, especialmente el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).
La internacionalización de empresas se volvió la señal más visible del crecimiento de las relaciones entre Brasil y su entorno geográfico. Las inversiones privadas brasileñas en América del Sur presentaron un incremento sustancial en los últimos cinco años, como reflejo de un movimiento más amplio –impulsado desde el Estado– de expandir la actividad de empresas nacionales en el exterior. La opción fue presentada por Lula en un discurso pronunciado en 2005 en el Foro Económico Mundial de Davos: “Algo que he señalado sistemáticamente a los empresarios brasileños, es que no deben tener miedo de convertirse en empresas multinacionales, en hacer inversiones en otros países, porque eso sería bueno para el país” (5). Desde entonces, la vecindad sudamericana pasó a ser valorada como un espacio prioritario de expansión de los intereses brasileños, ya sea por medio de la integración vial y energética, que ya se esbozaba con la creación del IIRSA (6), o por el apoyo estatal a las inversiones directas de grandes empresas. En 2007, Brasil alcanzó el segundo lugar en el ranking de los países en vías de desarrollo con inversiones externas y el primero entre los latinoamericanos. En ese mismo año, las compañías brasileñas destinaron el 16% de un total de 11,6 billones de dólares de inversión en el exterior a América Latina (7). La primera etapa de esa expansión se centró en el Mercosur y en Argentina en particular, que recibe actualmente 7 billones de dólares en inversiones directas brasileñas. La transacción más significativa de este período fue la compra de la cervecería Quilmes por Ambev, un gigantesco conglomerado resultante de la fusión, a inicios del 2000, entre las dos mayores empresas brasileñas del rubro, Brahma y Antarctica.
El segundo ciclo de internacionalización tuvo como principales destinatarios a Chile, Colombia y Perú. Según datos oficiales, los stocks de inversiones brasileñas en Chile crecieron más de 11 veces entre 2001 y 2006, pasando de 160 millones de dólares a 1,8 billones (8). En Colombia, Brasil ya es el tercer mayor inversor externo, con fuerte presencia en la industria siderúrgica, sin tener en cuenta la compra, en 2004, de la compañía aérea Aviancapelo grupo Synergy, del empresario boliviano naturalizado brasileño Germán Efromovich.
El avance sobre los mercados de América del Sur se basa en la actuación del Estado. En la política exterior brasileña, el BNDES ejerce un papel estratégico, según lo define su presidente, Luciano Coutinho: “La internacionalización de las empresas brasileñas es una política de Estado a favor de la cual deben utilizarse todos los recursos de poder, desde los mercados de capitales hasta las inversiones en infraestructura, el desarrollo tecnológico y la plena utilización de la democracia” (9).
Para viabilizar la conquista de los mercados vecinos, el BNDES creó, ya en 1997, una línea de financiamiento específico para obras de infraestructura realizadas por empresas brasileñas en la región, tales como hidroeléctricas, gasoductos, rutas, ómnibus y líneas de transporte subterráneo. El aporte financiero para esas operaciones creció drásticamente en la última década. En el primer mandato de Lula (2003-2006), el BNDES destinó un promedio anual de 352 millones de dólares para inversiones directas en América del Sur, 26% más que el promedio en los últimos cuatro años de la presidencia de Cardoso. En el segundo mandato de Lula, iniciado en 2007, esa línea de financiamiento tuvo un aumento del 77% con respecto al primer gobierno, con un promedio anual de 622 millones de dólares, alcanzando en 2009 un récord de 726 millones de dólares (10). Vale la pena señalar que, desde 2006, Brasil invierte en el exterior una suma de capitales mayor que el monto de las inversiones directas extranjeras que recibe.
El éxito de la expansión empresarial está acompañado por las ganancias en la balanza comercial: Brasil ha acumulado, año tras año, saldos comerciales crecientes con todos los países vecinos, con excepción de Bolivia, esto último debido a las grandes remesas de gas destinadas al parque industrial de San Pablo.
Esos resultados se presentan ante la opinión pública como la prueba del acierto de la estrategia integracionista, sobretodo porque, contrariamente a la pauta de exportaciones nacionales para China y Europa, dominada por los commodities como la soja y el hierro, los productos brasileños destinados a los vecinos se caracterizan por su alto valor agregado, con amplio predominio de las manufacturas.
Pero el desequilibrio en los intercambios genera gran insatisfacción entre los socios regionales, reavivando antiguas preocupaciones por una supuesta vocación brasileña de ejercer un papel “subimperialista” en la región.
Los políticos progresistas a la cabeza de la diplomacia en Brasilia reconocen en esta asimetría el mayor obstáculo en el camino a la “integración estructural”, el proyecto estratégico adoptado por el gobierno de Lula, que enfatiza la búsqueda de vínculos políticos con los países vecinos y la adopción de una política industrial común, en contraste con el enfoque puramente comercial que marcó el Mercosur en su primera década de existencia. Como medida práctica para suavizar las asimetrías económicas, el asesor presidencial Marco Aurélio Garcia anunció en 2008 la disposición brasileña de incorporar la industria de otros países sudamericanos en la construcción de los alrededor de 200 navíos que, según se calcula, serán necesarios para explorar las inmensas reservas petrolíferas descubiertas en la plataforma continental brasileña, en el área denominada “pre-sal”. Según García, la demanda creada por esas encomiendas contribuiría a la integración de las cadenas productivas a escala regional, estimulando “el proceso de industrialización o reindustrialización en la región” (11).
Pero como muchas otras buenas ideas, también ésta quedó en el plano de las intenciones. Según el consenso de los especialistas brasileños en relaciones internacionales, el proyecto progresista del regional-desarrollismo, con base en la integración productiva, enfrenta un obstáculo que hasta ahora se ha mostrado insuperable: la falta de disposición de la sociedad brasileña, en especial de sus elites empresariales, a asumir los costos de un proceso de integración según el modelo europeo, con énfasis en la reducción de los desequilibrios.
En el caso del Mercosur, donde por ejemplo las asimetrías entre la competitividad de la industria brasileña y la argentina en beneficio de la primera son evidentes, las autoridades brasileñas sufren una presión permanente por parte de las organizaciones empresarias, especialmente de la poderosa Fiesp (12), siempre listas para denunciar cualquier concesión a las reivindicaciones argentinas como una traición a los intereses nacionales.
De la misma manera, la belicosa reacción de la oposición conservadora y de los medios brasileños a la revisión de los contratos de Petrobras en Bolivia en 2006, luego de la asunción de Evo Morales, señala claramente los límites que el escenario político brasileño impone a un proyecto integracionista más osado. Cualquier concesión, como ocurrió en 2009, cuando el gobierno de Brasilia aceptó revisar los términos humillantes impuestos a Paraguay por el tratado para el uso de la electricidad en la represa de Itaipú en la década de 1980, ya está estigmatizada por la prensa empresarial con la denominación sarcástica de la “diplomacia de la generosidad”. O, peor aún, de la “diplomacia compañera”, una alusión maliciosa a los lazos políticos entre el PT brasileño y otros gobernantes de izquierda, muy utilizada por ex-diplomáticos que ejercieron posiciones destacadas en la gestión de Cardoso, y que hoy son críticos feroces de la política exterior de Lula.
La expectativa del ala progresista de los diseñadores de la política exterior brasileña es que una victoria arrasadora de Dilma Rousseff en las elecciones de octubre debilite la resistencia conservadora a una agenda más cooperativa de Brasil en América del Sur. En palabras de Garcia: “Brasil hizo una clara elección. Ya no quiere ser un país próspero en medio de un conjunto de países pobres y desesperanzados en cuanto a su futuro. El orgullo no es incompatible con la solidaridad. Y la solidaridad también sirve al interés nacional, que muchos invocan sin comprender realmente lo que significa” (13).

1 Marco Aurélio Garcia, “O lugar do Brasil no mundo”, en Emir Sader y M. A. Garcia, Brasil entre o pasado e o futuro, Boitempo Editorial, San Pablo, 2010.
2 Rubens Ricupero, “Como entender nossos rotos heróis”, O Estado de São Paulo, San Pablo, 3-8-09.
3 Valter Pomar, “O PT e a política externa do Brasil”, documento presentado en el Seminario internacional del Partido de los Trabajadores, Brasilia, 18-2-10.
4 Conferencia en el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología para Estudios sobre Estados Unidos (INEU), San Pablo, 18-6-10.
5 “Em Davos, Lula defende multinacionais brasileiras”, Agencia Brasil, Brasilia, 24-2-05.
6 Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), un conjunto de proyectos de construcción de caminos, hidrovías, aeropuertos, represas hidroeléctricas y gasoductos, lanzado en el año 2000 en una reunión en Brasilia, convocada por el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso.
7 Armando Mendes, “A primavera latino-americana”, PIB- Presença Internacional do Brasil, San Pablo, septiembre-octubre de 2008.
8 Íbid.
9 Citado en el documento “Termo de referência: internacionalização de empresas brasileiras”, lanzado en diciembre de 2009 por la Cámara de Comercio Exterior (Camex) y por la Secretaría de Comercio Exterior (Secex) del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC).
10 “BNDES bate recordé de desembolsos à América Latina”, Folha de São Paulo, 8-3-10.
11 “Países sul-americanos poderão cooperar com a produção do pré-sal”, Agencia Brasil, 30-8-08.
12 Federación de Industrias del Estado de San Pablo.
13 Marco Aurélio Garcia, op. cit.

Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_ http://www.eldiplo.com.pe/de-la-%E2%80%9Cdiplomacia-compa%C3%B1era%E2%80%9D-al-mercado

6 feb. 2011


Un “rigor” que no servirá para nada

 Las recetas que aplican los gobiernos europeos para calmar a “los mercados” hacen hincapié en el “rigor” para eliminar los déficits de los Estados, provocados en buena medida por las ayudas al sector privado. Además de hacer pagar la crisis a las clases populares, se corre el riesgo de desembocar en una deflación.
La crisis financiera desemboca, dos años después de la quiebra del banco Lehman Brothers, en el castigo a la población del Viejo Continente, firmemente “invitada” al sacrificio para expiar faltas que no cometió. Aunque desde la era Reagan-Thatcher se conoce bien la propensión de los gobiernos neoliberales a agitar el espantajo de la deuda pública (mantenida por los bajos impuestos consentidos a su clientela acomodada) para reducir los gastos del Estado, privatizar las empresas públicas, recortar los programas sociales y debilitar los sistemas de protección social, no podía predecirse que lo conseguirían otra vez, dado que la habitual “estrategia de shock” (1) parecía tener que deslizarse esta vez por una puerta bastante estrecha.
En efecto, había que asustar a la población lo suficiente para que admitiera que no es posible vivir eternamente “por encima de los medios de que se dispone” y, simultáneamente, tranquilizar a los mercados, ya enloquecidos por el monto de esa deuda. Esta doble operación exigía una cierta destreza, que no todos dominaban completamente. Los dirigentes del Fidesz, el partido liberal húngaro en el poder, no tuvieron buenos resultados cuando quisieron echar sobre la espalda de sus predecesores socialistas el estado supuestamente calamitoso de las finanzas públicas (2). Al comparar la situación de Budapest con la de Atenas, lograron por cierto sacudir los espíritus, olvidando tal vez que “los mercados” no tienen mucho espíritu. Al día siguiente de estos anuncios, el florín húngaro cayó un 3% y la prima de seguro contra el riesgo de no pago de la deuda se disparó, provocando así el efecto inverso al buscado.
Desde entonces, la doctrina se ha afinado, al menos en los discursos, para dar lugar a una suerte de ethos de la moderación, que Wolfgang Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, se cuidó de enunciar urbi et orbi: “Estamos totalmente convencidos de que una reducción moderada de los déficits públicos es propicia para el crecimiento, no lo pone en peligro, sino que más bien lo estimula a largo plazo”. Experto en psicología de las multitudes, Schäuble da una explicación: “Los alemanes se preocupan cuando la estabilidad monetaria parece no estar garantizada. Se inquietan mucho por saber si los déficits son controlables. Al reducirlos de manera moderada, luchamos contra el sentimiento de incertidumbre de la población y también sostenemos la demanda” (3). Keynes (la demanda) y el rigor en el mismo lecho, bajo la mirada enternecida de la Reina Victoria… Aparentemente, esta escena le agradó a los mercados, ya que desde hace algunas semanas el euro se estabilizó y las tasas de interés de las deudas públicas alemana y francesa alcanzaron un nivel mínimo. Sobre un fondo de indicadores económicos contradictorios (4), Jean-Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, quiere creer en ello: “La situación está en vías de normalización” (5).

Un sistema impositivo más justo

Si la vía de la “normalización” significa instalar a Europa en un interminable período de deflación larvada, el pronóstico tiene algunas posibilidades de resultar certero. Pero Martin Wolf, economista no precisamente heterodoxo y cronista vedette del Financial Times, previene: “Cuando Japón –o Canadá o Suecia– practicaron el rigor en los años 1990, la economía mundial, que era relevante, pudo absorber sus ofertas excedentes. Pero no hay una economía suficientemente fuerte como para contrabalancear una nueva recesión en Europa y Estados Unidos. En estas circunstancias, una restricción presupuestaria concertada podría fracasar. A medida que las economías se contraigan, déficits cíclicos más amplios contrarrestarán los esfuerzos de rigor estructural. Una gran parte del planeta se vería embarcada en un juego del ‘cada uno para sí’ ante una política presupuestaria estadounidense cada vez más restrictiva” (6).
Como lo peor nunca es seguro, “los mercados” podrían alentar esta política. Pero cuando se vayan despabilando en lo que se refiere a los objetivos de la reducción de los déficits públicos programados para el 2013 –que tarde o temprano aparecerán como falsos, sin duda con la ayuda de las agencias de calificación de riesgo–, ya no será impensable un segundo crack de las obligaciones. Rendidos ante este nuevo extremo, el plan de salvataje europeo, que lleva a Estados ya muy endeudados a endeudarse nuevamente, esta vez colectivamente, para brindar ayuda a otros Estados sobreendeudados, podría no llegar a ponerse en práctica.
Y dicho plan se parecerá entonces a adosar dos caballetes podridos tratando de sostenerlos juntos gracias a sus respectivas fatigas.
Sin embargo, para armar una estrategia de contrashock opuesta a los liberales no deberíamos tener necesidad de agitar la amenaza de una nueva catástrofe. La situación en que se han hundido las economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) habría debido ya legitimar otras opciones…
Si el monto de las deudas públicas se vuelve preocupante (sin ser alarmante), y si la principal amenaza es la deflación, los remedios deberían ser evidentes: detener la dinámica deflacionaria y restablecer un sistema impositivo digno de ese nombre para los altos ingresos y los ingresos del capital. En el Viejo Continente el peligro se agrava por las estrategias de desinflación competitiva adoptadas por los gobiernos que apuestan al rigor salarial para impulsar su economía mediante la demanda externa… proveniente de sus socios menos rigurosos (ver Van Treeck, pág. 20) (7). Si la Europa económica tenía un sentido, ahora apuntaría, por el contrario, hacia una coordinación de las políticas salariales para hacer que las remuneraciones aumenten más rápidamente en los países que acumulan excedentes comerciales, aplanando así (por lo alto) las diferencias de competitividad.
Esta política de “reflación” (8) salarial, concertada a nivel europeo y negociada con los actores sociales, no tiene como único mérito mantener una inflación suave –convertida, de pronto, en controlable sin el concurso del Banco Central Europeo (BCE)– y aligerar las deudas, sino que forzará sin duda a las empresas de los países “hipercompetitivos” y volcados hacia la exportación a comprimir sus márgenes para mantener sus posiciones; lo que sería favorable para un mejor reparto del valor agregado.
Aunque las condiciones de la “reflación” estuvieran dadas, llevar a cabo la recuperación de las finanzas públicas de Europa no plantearía verdaderos problemas. Porque, en promedio, los déficits públicos se deben casi totalmente a la crisis económica y financiera, a los planes de reactivación y a las pérdidas de ingresos fiscales debidos a la caída de la actividad y de los ingresos. En 2007, el año que precedió a la recesión, la suma de los déficits anuales de las finanzas públicas representaba el 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB) de la zona euro (0,8% para los Veintisiete). Dos años más tarde, en 2009, esa suma significaba el 6,3% del PIB en la zona euro (6,8% para los Veintisiete). Un retorno a una mejor suerte –que precisamente exigiría detener las políticas del rigor– podría hacer volver esos déficits a límites más deseables.
Por otra parte, para acelerar la marcha de ese restablecimiento, bastaría que esos países se pusieran de acuerdo para luchar (¡con rigor!) contra el fraude fiscal. Este fraude representa, según la opinión de la propia Comisión, entre el 2% y el 2,5% del PIB europeo (9). Hay mucho más para ganar por este lado que recortando el 1% de aumento a los salarios de los funcionarios (o sea, el 0,06% del PIB francés…) (10).

La situación presupuestaria francesa es una excepción. En efecto, el déficit resulta principalmente de la disminución de los impuestos, realizada a contracorriente de los asociados europeos. Según el Tribunal de Cuentas francés, el déficit “estructural” del Estado (11) representaría el 5% del PIB en 2009, es decir alrededor de 100.000 millones de euros anuales.
De ninguna manera proviene de una deriva “estructural” de los gastos públicos que, en realidad, aumentaron muy poco desde el comienzo de los años 2000 (12). Su origen fue aclarado en un informe reciente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, presentado por Gilles Carrez –diputado de la Unión por un Movimiento Popular (UMP)–: “Entre 2000 y 2009, el presupuesto general del Estado habría perdido entre 101.200 millones (5,3% del PIB) y 119.300 millones (6,2% del PIB) de euros en ingresos fiscales, debiéndose alrededor de dos tercios al costo neto de las nuevas medidas –las ‘disminuciones de impuestos’– y el tercio restante a transferencias de ingresos a otros organismos de la administración pública, como la seguridad social y los gobiernos territoriales, principalmente” (13).
La mitad de esas disminuciones de impuestos (de 33.000 a 41.500 millones de euros) se refiere al impuesto a los ingresos, a través de las sucesivas reducciones de los tramos y de la multiplicación de los nichos fiscales; otra buena porción (del orden de los 10.000 millones de euros) se debe a las bajas del impuesto a los beneficios de las sociedades. En cuanto a las exoneraciones de cotizaciones sociales sobre los salarios más bajos, cuya eficacia es por lo menos dudosa en relación con el empleo, representan alrededor de 27.000 millones de euros de pérdida de ingresos, compensados por el Estado a la Seguridad Social. En estas condiciones, restablecer las finanzas públicas exige menos rigor presupuestario que rigor intelectual y moral: para cerrar las cuentas bastaría con dar marcha atrás en ese desorden que constituyen otros tantos regalos hechos a los ingresos salariales más altos y a los ingresos del capital.

Volver a tener el control de los 40.000 millones de euros de impuestos sobre los ingresos perdidos cada año debería constituir un juego de niños. Bastaría con reinstaurar uno o dos tramos, afectados con entre el 50% y el 70%, con un umbral de puesta en marcha suficientemente bien calibrado como para obtener la mencionada suma. En un contexto en que la amenaza de un nuevo crack de las obligaciones no ha desaparecido completamente, podríamos incluso darnos el lujo de ofrecer una opción a los nuevos sometidos a esas tasas: pagar normalmente el suplemento de impuestos debidos (los 40.000 millones en cuestión), o colocar tres veces esa suma en una cuenta, bloqueada durante siete años, destinada a financiar el déficit que esta “opción fiscal” seguiría manteniendo.
En un sentido, esta opción es la que se ofreció durante largo tiempo a las clases pudientes: votar por gobiernos que redujeran sus impuestos otorgándoles como contrapartida títulos de la deuda pública, que comprarían con el dinero así ahorrado. Esta vez habría que cuidar suprimir el doble dividendo que constituye el pago de los intereses sobre esas colocaciones. Una cuenta en una libreta de ahorros (a tasa cero), que se podría bautizar “Libreta L”, por “Liberal” –dado que daría la opción– lograría recoger, en un régimen de estabilidad (al cabo de siete años), 840.000 millones de euros. La economía para el Estado, en términos de intereses pagados por la deuda, sería del orden de los 32.000 millones de euros anuales. Y la mitad de la deuda pública francesa quedaría así asegurada, colocada fuera del mercado, lo que reduciría a casi nada el riesgo de falta de pago percibido por “los mercados”, al mismo tiempo que se volvería a pasar alegremente bajo los criterios del Pacto de Estabilidad. No estaría prohibido para los demás países inspirarse en esta propuesta...


1 Véase Frédéric Lordon, “La revancha neoliberal”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, marzo de 2010.
2 Aunque el gobierno socialista ya había impuesto a los húngaros una cura de austeridad sin precedentes, que llevó al déficit público por debajo del 5% en 2009, en comparación con el 10% en 2006.
3 Entrevista del diario Les Echos, París, 21-7-10.
4 En Estados Unidos, la recuperación parece debilitarse, con una tasa de crecimiento, a ritmo anual, del 2,4% en el segundo trimestre de 2010, después del 5,6% y el 3,7% en los dos trimestres anteriores. La economía estadounidense destruyó más de 130.000 empleos en el mes de julio.
5 AFP (Agence France-Presse), 3-8-10.
6 “Fear must not blind us to deflation’s dangers”, The Financial Times, Londres, 8-7-10.
7 Sobre este punto véase también el informe 2009/2010 del EuroMemorandum Group: “Europe in Crisis: A Critique of the EU’s Failure to Respond and Proposals for a Democratic Alternative”.
8 N. de la T.: La “reflación” es el incremento de la actividad económica engendrada principalmente por la inyección de moneda y de crédito.
9 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, 2006.
10 El cálculo es nuestro.
11 Es decir, la parte del déficit público que no se explica por la crisis.
12 Los gastos públicos representaban el 55% del PIB en 1993, el 51,5% en 2000 y el 52,5% en 2009, sin considerar las medidas para la recuperación.
13 Informe de la Comisión de Finanzas, N° 2.689, junio de 2010.

Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_ http://www.eldiplo.com.pe/un-%E2%80%9Crigor%E2%80%9D-que-no-servir%C3%A1-para-nada