Las protestas de junio de 2009 dejaron 34 muertos.
La Curva del Diablo fue un mal sino.
Esta esquina de la selva peruana quedó grabada como el escenario de uno
de los peores enfrentamientos en la historia reciente de Perú. También
dejó al descubierto una tensión latente en la región: la de la lucha por
los recursos naturales de la Amazonía. ¿Qué ha cambiado a un año de los
sucesos?
Ese 5 de junio de 2009, en la norteña provincia
de Bagua, murieron 34 personas, 25 de ellos policías, tras meses de
tensión entre comunidades indígenas y el gobierno peruano, enfrentados
por una serie de leyes que afectaban directamente a la Amazonía.
Basta pasar revista a una
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cronología de los hechos, presentada por una comisión
independiente, para darse cuenta de que parecía haber una cierta prisa
por legislar sobre los recursos naturales en la selva.
En esos momentos, el gobierno peruano estaba
abocado a adecuar su legislación a los requisitos estipulados en el
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, suscrito en 2008.
Lucha por el botín
Pero al mismo tiempo, tenía el compromiso
asumido, mediante el
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Convenio 169 de la OITclic ,
de consultar a las comunidades indígenas cada vez que preparase
legislación que las afectara. Eso nunca sucedió, según el gobierno
peruano, porque no se había reglamentado esa legislación.
Una cuestión de fondo, además de la exclusión
histórica de las comunidades nativas, parece ser lo que el economista
Hernando de Soto llama el último botín de la globalización: la Amazonía.
La barrera que se levantaba entre las
empresas y los recursos eran los pueblos indígenas
Carlos Soria, abogado
del Instituto del Bien Común.
"Antes de la gran recesión, de lo que más se
hablaba era de que iba a haber una escasez de comida y agua en el mundo.
Y entonces, a nivel de los grandes organismos internacionales, se
comenzó a hacer un inventario".
Tras comprobarse las vastas riquezas de esta
región, señala, en los últimos años se está dando una carrera por
hacerse con un pedazo de la torta.
Y no es de extrañar. Además de que no le falta
el agua, esa tierra potencialmente cultivable está salpicada de
minerales preciosos.
Con el 72% de la Amazonía peruana concesionada a
empresas de hidrocarburos, "la barrera que se levantaba entre las
empresas y los recursos eran los pueblos indígenas", señala Carlos
Soria, abogado del Instituto del Bien Común.
La estrategia "de modificar la propiedad de la
tierra y plantear que comunidades enteras salieran de la selva hacia
poblados, con el pretexto de recibir mejores servicios, fracasó", añade
Soria.
Medidas del gobierno peruano
Hay
quienes opinan que la situación de los indígenas ha mejorado un poco,
tras los sucesos en Bagua.
En el último año, el gobierno peruano tomó
medidas en respuesta directa a las exigencias del momento: se derogaron
los cuestionados decretos; se instalaron cuatro mesas de diálogo para
estudiar la problemática indígena; se creó una comisión independiente
para analizar los sucesos de Bagua.
Incluso, el Congreso aprobó recientemente la
llamada Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas, vinculada a sus
obligaciones con el Convenio 169 de la OIT.
"La situación ha mejorado, pero costó 34 vidas",
precisa Soria.
Pero en los temas de fondo, como lo relativo al
régimen de propiedad de la tierra y su acceso a los recursos naturales
para las comunidades nativas, por ahora no hay mucho que mostrar.
Lea:
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Problemas en el paraíso
Desconfianza histórica
El primer ministro dice entender el
escepticismo de los indígenas.
Hablando con BBC Mundo, el primer ministro
Javier Velásquez Quesquén señaló que el gobierno entiende que las
comunidades no crean todo lo que se está haciendo por ellas.
"Uno de los errores que cometió el Estado, no el
gobierno, es haber tenido esta brecha histórica de comunicación con las
comunidades indígenas. Entonces entre ellos hay mucha desconfianza, y
es justificada", comentó Velásquez Quesquén.
Y no se equivoca. Representantes indígenas
acusan al gobierno actual de malas tácticas.
Para Saúl Puerta, Secretario General de la
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la
mayor organización indígena del país, las autoridades "están tratando de
organizar alternativas con otros grupos indígenas, con lo que están
dividiendo a los pueblos. Y no solucionan nada sino que provocan más
división".
Caminos
El dirigente indígena Saúl Puerta
teme que le den la tierra a extranjeros.
Según Carlos Soria, la pregunta de fondo debería
ser cómo hacer sostenible el desarrollo de esta región, tomando en
cuenta las necesidades de las comunidades nativas y la presencia de
grandes empresas.
Y la aplicación del Convenio 169 es un
importante primer paso, señaló.
El riesgo, explicó Saúl Puerta, dirigente
indígena, "es que el gobierno les dé todas las tierras a extranjeros o
gente de fuera, y si no nos escuchan, nuestra última alternativa es
convertirnos en región autónoma, y con eso podemos hacer respetar
nuestros territorios, para hoy y para los hijos de los hijos", señaló.
Ante este panorama, a un año del "Baguazo", lo
más probable es que las fisuras tarden en sanar. Este fin de semana, y
de manera separada, tanto autoridades como grupos indígenas tienen
planificadas una serie de actividades en la Curva del Diablo y otros de
los escenarios donde se dio la batalla.
En Imacita, la población indígena del lugar ha
anunciado que no cantará el Himno Nacional durante la ceremonia del fin
de semana. Según le dijo al diario El Comercio su alcalde, Fernando
Kakias, "la población indígena no se siente identificada con la estrofa
'somos libres' ".
