14 may. 2010

Si el Perú necesita desarrollar su potencial hidroeléctrico, lo racional sería agotar primero las fuentes del Pacífico y la alta montaña, antes de emprender la explotación amazónica, ganando una tregua para subsanar la inexistencia de un plan de aprovechamiento amazónico y para elaborar y hacer madurar proyectos, hasta reducir su impacto a lo realmente tolerable.

Perú: el desarrollo amazónico y el potencial hidroeléctrico

Por Carlos Herrera Descalzi*
Cálculos y costos en cuestión

Durante el siglo XX el Perú vivió en la convicción de que sus recursos energéticos eran infinitos frente a sus necesidades. El gas de Camisea, el petróleo por encontrar en la selva y en el zócalo continental, el carbón por explorar, reservas de uranio, fuentes renovables como la geotermia, la energía solar, la eólica y otras; entre todas ellas, lo descollante es su potencial hidroeléctrico.
En el último lustro del Siglo XX, la demanda eléctrica del Perú cruzó la barrera de 2,000 MW. Ese año (1997), la hidroenergía participó con 92.85% de la generación eléctrica. Casi la mitad (49.20%) del total provino del complejo hidroeléctrico del Mantaro1, cuya capacidad conjunta bordea los 1,000 MW.



Los 1,000 MW ya aprovechados en el río Mantaro quedan empequeñecidos frente a la cifra de 58,300 MW de potencial hidroeléctrico económicamente aprovechable con que contaría el Perú, según estudios hechos entre 1970 y 1980 por la Misión Alemana de Energía, válidos para las condiciones de la época.
A mediados de los años 80, en la selva sur se encontró el gigantesco reservorio de Camisea, conteniendo gas natural y líquido, de los cuales el gas aportaba el 78% del contenido energético. Como las reservas de gas se expresan en pies cúbicos estándar o en BTU2, se buscó términos más asequibles. Se indicó que existía gas para 300 años3.
Con 58 Mantaros por desarrollar y gas para 300 años, la imaginación no exigía cálculo alguno para determinar que Perú tenía suficiente energía para varios Perú por varios siglos. Se sentía que la existencia de recursos naturales estaba holgadamente cubierta; que la única tarea era obtener los capitales que materializasen los sueños en obras.
Camisea se materializó cerrando sus contratos junto con el siglo (diciembre 2000). El proyecto inició operaciones en agosto de 2004. De allí en adelante, hasta mayo del 2008, cada proyecto que pretendía consumir gas se planteaba muchas preguntas (incluidas las rutinarias de entes financieros y agencias de crédito) antes de cerrar compromisos de inversión, excepto ¿Hay suficiente gas? y ¿existe suficiente capacidad de transporte? Hubo quienes primero compraron el equipamiento y luego, al pedir el gas, terminaron de participantes en una subasta –aún inconclusa– disputando los últimos 80 MPCD4 de Camisea, sin poder tocar nada de los 620 MPCD que se reserva para exportar a precios de regalo.
¿Qué ocurrió? Se comprometió un gran volumen de reservas para exportación sin medir el consumo acumulado que alcanzaría en un par de décadas una fuente de energía barata y limpia que penetró en el mercado con una demanda exponencial.
El 28 de agosto de 2008, el Perú presentó información sobre su potencial hidroeléctrico exportable a Brasil. El 17 de mayo del mismo año, los Ministros de Energía de ambos países firmaron un Convenio de Integración Energética con la finalidad de evaluar proyectos hidroeléctricos para la exportación de energía de Perú a Brasil, incluyendo la transmisión asociada. Acordaron que toda la información generada o intercambiada sería tratada como información confidencial.
Después de pensarlo mejor, Perú cambió su propuesta. Así, el 17 de julio de 2009 propuso que el potencial a desarrollar fuese entre 2,000 y 6,000 MW, que atendiese prioritariamente al mercado peruano y que la concesión concluyese a los 30 años, pasando la infraestructura a propiedad del Perú. Asimismo, que las concesiones se otorgasen vía licitación internacional y que cada país pagase la infraestructura de transmisión destinada a conducir la energía a su mercado, aún cuando las obras se construyesen en territorio del otro país.
El 22 de setiembre del mismo 2009 el Ministerio de Minas y Energía de Brasil retrucó que la nueva propuesta peruana no correspondía a lo propuesto inicialmente: que las tratativas fueron con las reglas vigentes al 2008 (concesión a perpetuidad) y que por ello las empresas brasileras ya habían invertido ingentes recursos; que desde el inicio el gobierno peruano propuso un potencial de 20,000 MW, destinados al mercado brasileño. En términos sencillos: emulando al General Mariano Melgarejo, en su entusiasmo, no midió bien los términos y sin proponérselo, en la práctica, el Perú había ofrecido regalar 20,000 MW de su potencial hidroeléctrico a su vecino, dejándole los beneficios y quedándose con los costos sociales y ambientales que se producirían en su territorio.
El futuro consumo eléctrico y por ende las necesidades de equipamiento se estima a partir de la demanda actual y de la tasa promedio de crecimiento anual, hasta un año horizonte; se agrega un porcentaje para reserva (20% a 30%). La tasa de crecimiento eléctrico en Perú es mayor en 1% a 2% mayor a la del Producto Bruto Interno (PBI). Bajo escenarios que van de lo conservador a lo moderado optimista, el Perú podría tener tasas de crecimiento eléctrico entre 4% y 10% anual. Bajo las premisas señaladas, Perú podría necesitar del total de su potencial hidroeléctrico entre los años 2040 y 2060, según desarrolle más lenta o rápidamente.
Una primera pregunta es si cuenta realmente con los cerca de 60,000 MW estimados hace 30 años, cuando los aspectos sociales y ambientales no intervenían y el cambio climático no se identificaba y, menos aún, su efecto sobre la cuantía de las precipitaciones pluviométricas. Hasta mejor información, lo razonable sería situar lo realmente aprovechable alrededor de los 40,000 MW.



La localización de los proyectos es otra consideración importante: unos están vinculados a la cuenca del Pacífico; otros a la del Atlántico, con aguas tributarias del Amazonas. Los últimos a su vez se diferencian entre los ubicados en alta montaña (encima de los 1000 msnm) y los de la zona amazónica; la distinción es importante porque su concepción obedece a esquemas distintos, con efectos ambientales muy distintos. Los del Pacífico y los de alta montaña se construyen derivando aguas mediante túneles o canales con un trayecto casi horizontal, hasta provocar una caída significativa para devolver las aguas al río, previa extracción de su energía mayormente mediante turbinas Pelton. Este tipo de proyectos normalmente no causa problemas sociales ni ambientales; la más de las veces contribuye positivamente en ambos aspectos. Los proyectos de la Amazonía tienen un esquema de explotación distinto; la caída se provoca a través de la construcción de una represa que genera un embalse de agua; en terrenos de poca pendiente (casi planos) como son los suelos amazónicos, la superficie del embalse generado es apreciable, e inunda grandes áreas de terreno, con los efectos conocidos.
A grosso modo, incluyendo los transvases de aguas de la cuenca atlántica al Pacífico, los recursos peruanos se localizan 20% en la cuenca del Pacífico, 40% en alta montaña y 40% en la zona amazónica.
La Amazonía es sede de recursos valiosos para el siglo XXI: de carácter renovable como los forestales, absorción de CO2 y purificación del aire, agua, biodiversidad e hidroenergía; también los perecibles, como minerales e hidrocarburos. Lo ideal sería mantenerla intangible, al menos hasta que luego de haber establecido y evaluado informada y concienzudamente los pros y contras, se cuente con un plan que defina el mejor aprovechamiento de los recursos. La situación real es que el plan no existe, que el Estado carece de recursos y -peor aún- de convicción para proteger su intangibilidad y que migraciones incontrolables en busca de tierras, madereros y minería ilegales y narcotráfico, la están destruyendo desde tiempo atrás y cada vez en mayor escala, ante la impotencia del Estado.
Si el Perú necesita desarrollar su potencial hidroeléctrico, lo racional sería agotar primero las fuentes del Pacífico y la alta montaña, antes de emprender la explotación amazónica, ganando una tregua para subsanar la inexistencia de un plan de aprovechamiento amazónico y para elaborar y hacer madurar proyectos, hasta reducir su impacto a lo realmente tolerable. Este escenario sería incuestionable, si no existiese ya el aprovechamiento ilegal y destructivo que se viene produciendo. Entonces, no se puede dejar de considerar que una explotación insuficientemente madura, pero al menos legal y controlable y que facilite la presencia del Estado en la zona para combatir le explotación ilegal tiene el carácter de mal menor.
La existencia de recursos naturales es condición básica para materializar emprendimientos. Pero sin capitales difícilmente se materializan. Cada proyecto hidroeléctrico tiene sus bemoles; implica largos plazos de maduración, inversiones pre-operativas importantes –ante las cuales vacilan los inversionistas privados– e involucran riesgos constructivos e inversiones cuantiosas.
Analizadas en sus órdenes de magnitud de decenas, centenas o millares de Megawatt (MW) cada orden de magnitud es una historia distinta. Las de la decena de MW pueden ser ejecutadas por empresas medianas. Las de 100 MW, requieren empresas grandes y fuertes o el Estado. Históricamente, las grandes hidroeléctricas en el Perú las ha construido el Estado, con la excepción de la muy reciente Platanal. Una hidroeléctrica de 1000 MW insume cerca de 2,000 millones de dólares. Un riesgo de esta magnitud en el Perú casi sólo está al alcance del Estado porque puede diluirlo entre 6 millones de familias, que no es lo mismo que repartirlo entre un par de decenas de accionistas. En cambio, para Brasil, con una necesidad de cien mil MW en los próximos 20 años, proyectos de 1000 MW son una tarea mediana y acometible.
El Perú comienza a necesitar de proyectos de 1,000 MW que de tiempo en tiempo acompañen a los de 100 MW. La frecuencia de esta necesidad se hará mayor en las próximas décadas.
El reto del país es cómo organizarse para lograrlo. Una primer cambio necesita ser la conciencia que las grandes obras son resultado de un proceso de gestión, de permanente optimización, donde abunda el compromiso entre funcionalidad, calidad y costo a través de sucesivas etapas de estudios, diseños e ingeniería que preceden a su ejecución. Que esos intangibles, invisibles a los ojos, son determinantes en su éxito. Que gracias al costo previo a la construcción, que es menor al 10% del costo final, con un buen proceso de gestión se puede ahorrar hasta un 25% en ese costo final. A la clase gobernante del país le falta interiorizar que se necesita contar con una cartera de proyectos, es decir, con ideas destiladas, maduras y suficientemente bien elaboradas y expresadas, como para poder construirse.
En la correspondencia entre pares durante la iniciativa peruana de proponerle a Brasil desarrollar el potencial hidroeléctrico de la Amazonía peruana se evidencia que Perú se vio forzado a cambiar su propuesta inicial. Quizás fue éste el motivo de no cerrar el acuerdo entre ambos países al momento de la visita del Presidente de Brasil en diciembre de 2009, días después que el Colegio de Ingenieros del Perú expresase sus puntos de vista, incluyendo el rechazo a una cesión de recursos a perpetuidad. Perú cometió el error estratégico de ceder la iniciativa de los estudios a Brasil y renunciar así a contar con información privilegiada sobre sus propios recursos naturales. En condición de marcada asimetría se sentó a la mesa de negociación.
Al plantear el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico, se lo puede diseñar y dimensionar de forma que contribuya a optimizar el sistema eléctrico al cual pertenece. Inambari, eslabón entre los sistemas peruano y brasileño, puede concebirse en la perspectiva de optimizar uno u otro. Esta versatilidad debiera ser parte a contemplar en las negociaciones, considerando los beneficios colaterales. El Perú perdió las ventajas de quien estudia y desarrolla el proyecto.
Cuando se presentó a discusión el proyecto de Inambari, ya habían trascendido noticias sobre él: no sólo inundaría 46,000 Km. de bosque y obligaría a desplazamiento poblacional, sino que también inundaría parte de la muy recientemente carretera interoceánica, en su ruta por Puno. El secretismo inicial con que se manejó el proyecto y la escasa credibilidad en las promesas gubernamentales, se sumaron a los problemas de carácter ambiental y social, para formar una atmósfera adversa, poniendo a Inambari a remar contra la corriente. Buena parte de los problemas y objeciones iniciales no se hubieran dado con un manejo más cauteloso y transparente del proyecto, anticipando a los problemas con soluciones a las que de otra forma se llega vía transacciones, luego de haber ocurrido las oposiciones.
Lo desventajoso del proceso seguido es pasar de la razón a la pasión y que junto a la oposición basada en la razón nazca otra oposición basada en la pasión. Existe una experiencia previa en Perú, donde la falta de tacto dio pie a una convulsión social conocida como “el Arequipazo” que en junio de 2002 derribó al gabinete y frustró la privatización de Egasa y Egesur, generadoras estatales con sedes en Arequipa y Tacna. Lo que ocurra con Inambari puede afectar negativamente al desarrollo de las hidroeléctricas de la Amazonía e incluso al aprovechamiento de su potencial hidroeléctrico.
En el caso de Inambari, un esquema alterno, más lento pero más seguro, hubiese consistido en desarrollarlo como proyecto de Electroperú, diseñado bajo su conducción con Electrobras como socio y concursando la ejecución de las obras vía una concesión tipo BOOT (Build, Own, Operate & Transfer), que hiciese que la propiedad retornase a control de Electroperú en 25 años, con acceso a los mercados peruano y brasileño para la colocación de la energía. La presencia de Electroperú habría levantado muchas de las resistencias vía confianza. ♦

REFERENCIAS

(1) El complejo hidroeléctrico del Mantaro toma su nombre del río cuya energía aprovecha. Está constituido por dos hidroeléctricas en cascada: “Santiago Antúnez de Mayolo” (SAM) y Restitución. La primera de ellas aprovecha la caída de agua que se obtiene gracias a una primera curva del río Mantaro.
(2) BTU = British Thermal Units
(3) Sin mayor raciocinio, rutinariamente se dividió la magnitud de las reservas halladas entre el consumo anual de gas del Perú de aquel entonces, sin considerar que el Perú solo consumía gas en Talara, una suerte de provincia hidrocarburífera, pero cuya demanda no podía ser representativa de un consumo potencial a escala nacional.
(4) MPCD significa millones de pies cúbicos estándar por día.

*Ex Ministro de Energía y Minas. Ex Decano del Colegio de Ingenieros del Perú.
Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_ http://www.eldiplo.com.pe/peru-el-desarrollo-amazonico-y-el-potencial-hidroelectrico

13 may. 2010

Tanto los “verdaderos creyentes” del Pentágono como los halcones de Tokio quieren que el paraguas nuclear esté basado sobre el concepto de “disuasión extendida”, por el cual las fuerzas estadounidenses responden, por medio de las armas de este tipo, a cualquier ataque, sea llevado a cabo por vectores nucleares, químicos, biológicos o convencionales.

Armas nucleares por siempre

Por Selig S. Harrison*
Los halcones de EE.UU. frente a los anuncios de desarme de Obama

Mientras avanzan las negociaciones entre Moscú y Washington para poner límites al armamento nuclear estratégico de ambos países, Estados Unidos se dispone a hacer pública su nueva doctrina en la materia. Ésta ha sido objeto de numerosas presiones por parte del Pentágono y de los “halcones” japoneses, y debería estar bastante lejos de la visión expresada hace sólo unos meses por el presidente Barack Obama.


Unas pocas palabras elocuentes hubieran bastado al presidente Barack Obama para estar más cerca de la obtención del premio Nobel de la Paz y convertirse, a la vez, en el héroe de los militantes del desarme y en la bestia negra de los fanáticos del programa nuclear. Cuando prometió renovar y extender los acuerdos firmados con Rusia sobre el control de las armas nucleares –conocidos bajo el nombre de Tratados de Reducción de las Armas Estratégicas (Strategic Arms Reduction Treaty, START) (1)– que disminuirían moderadamente el arsenal de los dos países, estos últimos no se sorprendieron (2). Pero esos “verdaderos creyentes” (3) se preocuparon cuando, el 5 de abril de 2009, Obama declaró en Praga: “Reduciremos el rol de las armas nucleares en nuestra estrategia de defensa nacional”. Tanto más cuanto que el Presidente acababa de iniciar el muy oficial “Balance de la posición nuclear” (Nuclear Posture Review, NPR) que se establece con la llegada de toda nueva administración. Cuando repitió esta declaración, casi con las mismas palabras, en su discurso del 23 de septiembre de 2009, ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aquellos manifestaron sus temores en cuanto a algunas cuestiones esenciales:
  • ¿La nueva doctrina implica que Estados Unidos renuncie a “golpear primero” con armas nucleares, como ya lo hicieron China e India y como lo prometió la administración Clinton en el controvertido acuerdo de 1994 con Corea del Norte (derogado, por cierto, durante la administración de George W. Bush, ver recuadro)?
  • En la eventualidad de un ataque químico o biológico, ¿Estados Unidos descarta una respuesta nuclear?
  • ¿Aceptará Obama retirar de Alemania, de aquí a cuatro años, las armas nucleares estadounidenses controladas por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), tal como se lo pidió recientemente Berlín? ¿Hará lo mismo con las otras armas nucleares tácticas que permanecen en Europa?
  • Muy importante para las industrias de Defensa: ¿limitará la cantidad de bombarderos nucleares, de submarinos lanzadores de misiles Trident, de misiles balísticos intercontinentales?
  • El comité Nobel noruego explicó que había “acordado una importancia particular a la visión y a la acción de Obama a favor de un mundo sin armas nucleares”. Pero de conversaciones con funcionarios y consejeros estrechamente implicados en la NPR surge que Obama sin duda complacerá a los “verdaderos creyentes” en el texto que va a ser publicado el 1º de abril de 2010. Y esto, a pesar de las batallas encarnizadas que se libraron hasta último momento dentro de su administración y que afectan directamente la posición estadounidense en las actuales negociaciones con Moscú sobre el acuerdo START. Ya se ha convenido que el papel de las armas nucleares en la estrategia de Defensa estadounidense no será reducido de manera significativa.
Durante la Guerra Fría, Estados Unidos había afirmado su derecho a utilizarlas en caso de ataque convencional. En esa época, el bloque soviético gozaba de una ventaja aplastante en el escenario europeo, tanto en fuerzas armadas como en poder de fuego, y la OTAN predecía incluso una invasión irresistible de sus tropas en caso de conflicto. Un razonamiento parecido fue utilizado para justificar la amenaza de “golpear primero” en el caso de Corea del Norte.

“Candor pacifista”

Pero, para retomar el argumento del ex ministro alemán de Relaciones Exteriores, Joschka Fischer, “ya no hay división blindada que pueda atravesar nuestra frontera en menos de cuarenta y ocho horas. La política de golpear primero era una respuesta a una situación que cambió radicalmente”. En cuanto a Corea del Norte, su imponente ejército de ayer ya no puede medirse con las fuerzas militares de Corea del Sur, que se han desarrollado gracias a la ayuda estadounidense.
Las propuestas de renunciar a “golpear primero” son a menudo descartadas como sueños ingenuos de gente buena que no comprende nada de la dura realidad de la política internacional. Pero atenerse al principio inverso no parece más realista. Así, “si tomamos en serio la no proliferación –observa Fischer– las potencias nucleares actuales deben crear un clima de desarme capaz de frenar la aspiración de otros países de pasar al programa nuclear”. El artículo 6 del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), firmado en 1968, preveía la disminución de los arsenales existentes (especialmente los de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas), en compensación por el mantenimiento “fuera del programa nuclear” de las otras potencias. Pero el ritmo infinitesimal de reducción de los armamentos involucrados y la amenaza de “golpear primero” corren el riesgo de llevar a los Estados a no sentirse ya ligados por el tratado.
El Pentágono afirma, por ejemplo, que “las armas nucleares deben disuadir y constituir una respuesta a la utilización de armas de destrucción masiva contra Estados Unidos o sus aliados”, poniendo así “en la misma bolsa” las armas químicas, biológicas y nucleares. La Casa Blanca, por su parte, busca una formulación lo suficientemente ambigua como para sugerir una reducción del rol de las armas nucleares, como fue prometido en Praga, y al mismo tiempo dejar abiertas las puertas para el uso de la fuerza. Algunos propusieron dejar asentado que el único fin de estas armas es ejercer represalias, en caso de que sean utilizadas por otros países contra Estados Unidos o sus aliados. La elección del término “represalias” equivale aquí a una clara limitación de la acción a una respuesta.
Así pues, se propusieron varios acuerdos: el derecho a usar el arma nuclear contra un ataque convencional o químico proveniente de un país que, como Corea del Norte, viole el TNP; el remplazo de “ejercer represalias” por “responder a”, expresión que implica que un ataque podría eventualmente ser desencadenado a partir del momento en que los preparativos de una ofensiva enemiga son descubiertos.
Después del discurso de Praga, una delegación de halcones influyentes del Ministerio de Defensa japonés empezó a hacer presión sobre el Congreso y sobre el gobierno estadounidense. Advirtió que Tokio desarrollaría sus propias armas nucleares si Estados Unidos descartaba el derecho a “golpear primero” contra China y Corea del Norte o no desarrollaba lo que Japón considera fuerzas nucleares suficientes.
La delegación pidió especialmente que los misiles de crucero Tomahawk, dotados de ojivas nucleares, sigan siendo instalados. Ahora bien, está previsto detenerse en 2013: la Marina estadounidense estima suficiente la eficacia de los submarinos nucleares lanzadores de misiles Trident y de los bombarderos de largo alcance dedicados a la protección de Japón. Ocho de esos submarinos patrullan constantemente el Pacífico Norte al alcance de blancos escogidos, y siete de entre ellos están en permanente “alerta roja” con un tiempo de respuesta previsto de doce minutos.
Tanto los “verdaderos creyentes” del Pentágono como los halcones de Tokio quieren que el paraguas nuclear esté basado sobre el concepto de “disuasión extendida”, por el cual las fuerzas estadounidenses responden, por medio de las armas de este tipo, a cualquier ataque, sea llevado a cabo por vectores nucleares, químicos, biológicos o convencionales. Esta doctrina expresa una línea dura respecto de China y de Corea del Norte, defendida por el Partido Liberal Demócrata (PLD) que dirigió Japón durante las cinco últimas décadas.
La alternancia política de agosto de 2009 modifica la situación, ya que el Partido Demócrata (PD) más bien comparte el punto de vista de Obama tal como fue expresado en Praga. El ministro de Relaciones Exteriores Katsuya Okada manifestó varias veces este apoyo. En el momento de la asunción del gabinete, el 16 de septiembre de 2009, se preguntó “si los países que declaran su voluntad de utilizar las armas nucleares para ‘golpear primero’ tienen todavía el derecho de hablar de no proliferación nuclear”. El 16 de octubre, en el transcurso de un encuentro con el secretario estadounidense de Defensa, Robert Gates, Okada formuló el deseo de discutir la cuestión. Gates evitó el tema pero, en una conferencia de prensa, expresó la necesidad de una “disuasión flexible”. El mismo día, en Kioto, Okada señaló una contradicción en la política pasada de su país. “Hasta ahora –señaló–, el gobierno japonés dijo a Estados Unidos, ‘no queremos que ustedes descarten el derecho de golpear primero porque eso debilitaría la fuerza de disuasión nuclear’. Japón no es coherente cuando llama al desarme nuclear en el mundo y a la vez exige para sí mismo el derecho a golpear primero” (4). Respondiendo a las críticas, Okada declaró que si Washington renunciaba a “golpear primero”, “eso no significa que Japón quedaría fuera del paraguas. En la desdichada eventualidad de que Japón sufriera un ataque nuclear, no descartamos una respuesta de este tipo”.

Conflictos y disidencias

Okada también escandalizó a los halcones, tanto en Tokio como en Washington, al declarar, a propósito de la amenaza de Corea del Norte, que “las armas convencionales bastan para hacer frente”, y también que sería deseable una “zona desnuclearizada en Asia del Noreste”. Por cierto, el primer ministro Yukio Htoyama se mostró más circunspecto que Okada, y no es seguro que el ministro de Relaciones Exteriores exprese la opinión de Ichiro Ozawa, el dirigente de su partido, más belicista. Divisiones profundas atraviesan esta formación y la sociedad entera. Muchos halcones, que privilegian la disuasión extendida, son también partidarios de una fuerza nuclear japonesa independiente, y se aferrarían encantados a una divergencia con la administración Obama para reforzar sus argumentos.
La mayoría de los belicistas de Washington no toman en serio ni a Okada ni a Guido Westerwelle, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, que reclamó en varias oportunidades el retiro de armas nucleares tácticas estadounidenses de su territorio. Miran a los dos hombres como figuras políticas provisorias que tarde o temprano serán desplazadas. Morton H. Halperin, que durante la administración de William Clinton era presidente del Consejo de Planificación Política del Departamento de Estado, nos confió que un alto funcionario de su ministerio había desechado estas declaraciones políticas afirmando: “No es el verdadero gobierno alemán”. Una actitud similar se manifiesta a propósito de los nuevos dirigentes japoneses.
Según Hans Kristensen, de la Federación de Científicos Estadounidenses, Estados Unidos conserva de “diez a veinte” bombas nucleares B61 de caída libre en la base militar de Büchel, en el oeste de Alemania, y posee un total de ciento cincuenta a doscientos cuarenta cabezas nucleares en Alemania, en Bélgica, en los Países Bajos y en Turquía. Se espera que la NPR descarte todo retiro por dos razones: Turquía quiere conservarlas para disuadir un eventual ataque nuclear iraní, y el Pentágono sostiene que, ya que la OTAN debe revisar su estrategia el año próximo, sería “prematuro” abandonarlas unilateralmente.


Otro argumento utilizado es que el futuro acuerdo START no afectará más que a los arsenales estratégicos. Dejará, pues, una ventaja táctica a Rusia en la medida en que las evaluaciones tienen en cuenta de 500 a 1.200 armas nucleares tácticas estadounidenses, incluidas las presentes en Europa, contra alrededor de 2.000 desplegadas por Rusia. Moscú tendría hasta 6.000 en reserva. Estos equipos tienen un alcance de cuatrocientos cincuenta a seiscientos kilómetros.
En el marco del acuerdo START, el intento por parte de la administración Obama de una reducción de la cantidad de cabezas nucleares estratégicas –de 2.200 a 1.500 y 1.675 aproximadamente– decepcionó a los partidarios del desarme. En efecto, Rusia señaló que estaba lista para disminuir a mil, con el fin de reducir su presupuesto de Defensa. Además, en Washington existe desde hace tiempo un consenso sobre el hecho de que habría allí un buen nivel de seguridad. Incluso el intransigente John Deutch, que dirigió la NPR de la administración Clinton, defendió ese objetivo.
Sin embargo, para los expertos, la manera en que la “tríada” nuclear (gran cantidad de bombarderos estratégicos, de misiles superficie, tierra o agua) sea repartida importa más que la cuestión de las ojivas nucleares. Una lucha encarnizada se llevó a cabo para decidir si era necesario reducir la cantidad de bombarderos, la de los misiles balísticos intercontinentales o la de submarinos portadores de Trident, divergencias que retrasaron la definición de la NPR.
Sorprendentemente, hasta la Air Force Association, que defiende los intereses de la fuerza aérea, recomendó que los 114 bombarderos nucleares B-52 y los B-2 en servicio fueran eliminados progresivamente a favor de los misiles balísticos intercontinentales y submarinos. En efecto, estos últimos tendrían más chances de resistir un primer ataque. Esta recomendación tiene sin embargo pocas chances de ser aceptada y la cantidad de misiles balísticos intercontinentales –actualmente 450– probablemente será reducida en el marco del acuerdo START. Es posible que sólo se mantengan los trece submarinos nucleares, que llevan ochenta misiles Trident.

El fantasma coreano

La comprobación es inapelable: la política seguida por Estados Unidos con Corea del Norte simplemente no funcionó y no funcionará. Aunque los estadounidenses hayan retirado unilateralmente sus armas nucleares tácticas de Corea del Sur, siguen desplegando en el Pacífico, a tiro del ataque del Norte, misiles balísticos y aeronaves dotadas de armas nucleares sobre sus portaaviones. Ahora bien, en el marco del acuerdo de 1994 concluido con la administración de William Clinton, Pyongyang no aceptó congelar su programa nuclear sino a condición de que Washington “proporcione garantías formales sobre la ausencia de amenazas o de uso de armas nucleares” (artículo 3).
En el presente, una promesa similar, combinada con un calendario de normalización de las relaciones bilaterales, parece ser necesaria para obtener de Pyongyang un nuevo acuerdo de desnuclearización. Pero esta opción fue explícitamente rechazada por el comité del Pentágono que dirigió el “Balance de la Posición Nuclear” (Nuclear Posture Review, NPR), en alianza con la Casa Blanca. A menos que haya una intervención de último minuto del presidente Barack Obama, la NPR ratificará el postulado del Pentágono, según el cual toda restricción al principio de “golpear primero” de las armas nucleares privaría a los generales estadounidenses de la posibilidad de actuar por sorpresa para evitar una eventual utilización de armas químicas por Pyongyang. Conocidas bajo el nombre de “Bailarín ágil”, las maniobras del ejército estadounidense en Corea del Sur prevén explícitamente, en ese caso, bombardeos nucleares.
El comité de la NPR rechazó los contraargumentos desarrollados tanto por el ex secretario de Defensa William Perry como por un comité de expertos cuidadosamente seleccionados de la Brookings Institution. Perry declaró que “Estados Unidos podría responder de manera devastadora a un ataque químico sin utilizar armas nucleares”. El comité de expertos concluyó por su parte que “los sitios de producción y de almacenamiento tanto como los vehículos de entrega de las armas químicas “podrían ser destruidos de manera preventiva” por armas convencionales en la eventualidad de una guerra con Corea del Norte. Además, en la hipótesis según la cual las armas químicas o biológicas resistieran a estos embates, “ataques convencionales masivos contra blancos militares podrían limitar el alcance de los ataques químicos y biológicos sin recurrir a las armas nucleares”. ♦
Los miembros del Congreso aliados a los “verdaderos creyentes” del Pentágono están descontentos con las reducciones previstas. Amenazaron con retrasar la ratificación del acuerdo START si el proyecto de ley de “modernización” de las armas nucleares estadounidenses no los satisface. La administración Bush había elevado en vano un programa controvertido, llamado Programa Confiable de Remplazo de Ojivas, cuyo objetivo era renovar el arsenal de Estados Unidos. Obama propone simplemente renovar las armas existentes (Stockpile Stewardship and Management Program). Pero los cuarenta senadores republicanos, más el senador independiente Joseph Lieberman, le enviaron una carta el 17 de diciembre de 2009: “No creemos que las nuevas reducciones previstas por el programa START puedan ser de interés para la seguridad nacional de Estados Unidos, en ausencia de un programa significativo de modernización de nuestra fuerza de disuasión nuclear”. Pidieron especialmente una renovación rápida de las ojivas nucleares B-61 y W-76.
La muy respetada Asociación para el Control de Armamentos anunció que el Strategic Command (Stratcom), órgano de control militar de las armas nucleares, y la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA) “insisten sobre la capacidad de crear nuevas ojivas”. El año último, desde la NNSA se filtró un plan destinado a desarrollar la capacidad de fabricación de plutonio, dentro de las instalaciones de Los Álamos (Nuevo México), Oak Ridge (Tennessee) y Kansas City (Missouri). La NNSA busca el apoyo del Congreso para poner en práctica este programa que, si es llevado a término, permitiría a Estados Unidos cuadruplicar su producción anual, de veinte a ochenta unidades.
Hasta ahora, el plan de la NNSA no fue sometido a consideración del Congreso, pero el simple hecho de que exista da una idea de la importancia de los intereses que Obama tendría que enfrentar si intentara concretar su visión de desarme nuclear. El presidente parece haber subestimado en gran medida a sus enemigos dentro del complejo militar-industrial, como lo hizo con el complejo farmacéutico-seguro médico y con los bancos. No solamente conservó a Gates como secretario de Defensa, sino que no nombró a civiles favorables a sus tesis para puestos claves del Pentágono, abandonando la NPR a los halcones. Mantuvo en su puesto al director de la NNSA, proveniente de la administración Bush, así como a todo el personal responsable del plan de cuadruplicar la capacidad de producción de plutonio. En la Casa Blanca, el mejor abogado del desarme nuclear entre sus consejeros, Ivo Daalder, fue relegado con la aprobación presidencial a un empleo tranquilo dentro de la OTAN, con el fin de dejar la vía libre a los miembros de la seguridad nacional que gozan de los favores del Pentágono.
A partir del momento en que Obama comenzó a multiplicar las declaraciones sobre la necesidad de “mantener una disuasión fuerte durante el tiempo que exista el arma nuclear”, perdió la batalla del desarme nuclear en beneficio del belicoso general Kevin Chilton, comandante de la Stratcom. El 11 de noviembre de 2009, este oficial predijo que Estados Unidos dentro de cuarenta años todavía tendría necesidad de armas nucleares. El 15 de diciembre de 2009, en Omaha (Nebraska), durante una conferencia organizada por el programa de información nuclear, con el apoyo financiero de la Stratcom, en la cual participaban 105 expertos militares y especialistas en el control de armamentos, fue más claro al asegurar: “Necesitaremos armas nucleares mientras Estados Unidos exista”. ♦

Trágico y grotesco

Nuclear Weapons: At what cost?
Ben Cramer
Bureau International de la Paix, Ginebra, 2009. 170 páginas, 25 francos suizos.
Cuando un juez, un abogado o un policía dice a un acusado “esto le va a costar caro”, no está hablando en realidad de precios sino del valor negativo (en privación de libertad) que la ley atribuye al crimen o al delito. Habla, pues, en términos de valor de la libertad. Como se sabe, ésta no tiene precio. Se supone que el arma nuclear asegura la supervivencia de los Estados y, aunque cueste cara financieramente, su precio es tolerable para un valor infinito: la existencia de la nación. Ben Cramer desbarata esta afirmación en un pequeño libro publicado en inglés.
El costo del arma nuclear debe ser estimado en aspectos no calculables en euros, pero que son, sin embargo, físicos y morales, y hasta políticos y sociales y, por lo tanto, evaluables positiva o negativamente. Cramer describe el daño causado al medio ambiente, a la democracia, a la salud de los ciudadanos –incluida la salud mental–, a la cooperación internacional y finalmente a nuestros valores fundamentales.
En el contexto actual de crisis, el arsenal nuclear, que data de la Guerra Fría, debe también ser reexaminado desde el punto de vista estratégico. El ciclo de la “disuasión” como garantía paradojal de la paz se terminó a partir del fin de la Unión Soviética. Quizás evitó la tercera guerra mundial, pero en la actualidad ese arsenal hace pesar sobre los Estados más pobres, sin el fair-play de la reciprocidad, una amenaza a la vez grotesca y trágica.
Grotesca, porque una salva nuclear comporta repercusiones no controlables sobre el medio ambiente y porque el blanco preciso no suprime el deambular impreciso de la nube atómica. Trágica, pues se vuelve a hablar del derecho a “golpear primero” de esta arma de destrucción masiva. Mantener las fuerzas nucleares en el mundo costaba todavía 145 millones de dólares por día en 2007-2008, en Estados Unidos; 18 millones en Rusia; 12,4 millones en China; 12,3 en Francia; 8,4 en India; 4,2 en Israel. Según el autor, todo esto justifica su reconsideración y desmantelamiento a cualquier precio. ♦
Alain Joxe
(1) Los acuerdos START 1 seguidos de START 2 fueron firmados a principios de los años noventa. Preveían una reducción sustancial de los arsenales estratégicos de las dos superpotencias.
(2) Olivier Zajec, “Paridad estratégica en juego”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, abril de 2008.
(3) “True Believers”: alusión al concepto elaborado por el movimiento llamado del “escepticismo científico”, que analiza los mecanismos cognitivos “disonantes” de la creencia irracional en fenómenos paranormales y el hecho de no aceptar ni argumentos ni hechos que contradigan esta fe.
(4) Masa Takubo, “The role of nuclear weapons: Japan, the US, and ‘Sole Purpose’”, Arms Control Today, noviembre de 2009.

*Director del Programa Asia en el Center for International Policy, Washington.
Edición de Luz & Sombras. Fuente original:_ http://www.eldiplo.com.pe/armas-nucleares-por-siempre